Papagayo: el ICT manda en las tierras y puede quitar concesiones
La ley 6758 da al Instituto Costarricense de Turismo el control del proyecto turístico de Papagayo: inscribe tierras a su nombre, otorga concesiones y las cancela si se incumple.
Título oficial LEY N°. 6758 DE 6 DE MAYO DE 1982. (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: LEY DE DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO EN BAHIA CULEBRA, PROVINCIA DE GUANACASTE).
Alerta: El artículo 3 inscribe tierras de poseedores a nombre del ICT sin más trámite que planos y documentos de compraventa, y el artículo 13 permite al ICT quedarse con las edificaciones de un concesionario cancelado.
La letra pequeña
Encontramos 4 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
A quién le sirve: Presidente ejecutivo del ICT
El presidente ejecutivo del ICT es representante legal con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.
Para todos los efectos, el presidente ejecutivo será el representante legal con las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.
10, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Concesionarios del proyecto turístico de Papagayo, que pueden perder la concesión y las edificaciones si incumplen
- Personas con derechos de posesión en el área, cuyas tierras no inscritas se inscriben a nombre del ICT
- El ICT, que dirige, administra y controla el proyecto por medio de una oficina ejecutora
- Organizaciones de programas de tercera edad, que tienen un lote reservado para instalaciones recreativas
A quién beneficia
- El ICT queda exonerado de todo impuesto en la compra e importación de maquinaria, equipo y materiales para el proyecto
- Los concesionarios pueden recibir préstamos de los bancos del Sistema Bancario Nacional y de las instituciones del Estado
- Las zonas turísticas del resto del país reciben el 10% de los créditos y los remanentes del fondo
- Las organizaciones de tercera edad tienen derecho a un lote en el área del proyecto
Qué cambia
- El ICT puede cancelar una concesión y quedarse con las edificaciones, además de cobrar daños y perjuicios
- El ICT puede rescatar una concesión por interés público o fuerza mayor, con pago por tasación y reubicación de mutuo acuerdo (art. 15)
- El presidente ejecutivo del ICT es apoderado generalísimo sin límite de suma
- El Poder Ejecutivo puede contratar créditos externos hasta por cuarenta millones de dólares con aval del Estado
La explicación completa
Qué cambia
La ley 6758 regula el proyecto turístico de Papagayo, en Bahía Culebra, Guanacaste (art. 1). En esa área solo se pueden hacer las obras del Plan Maestro que aprobó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) (art. 2).
Las tierras del proyecto que no estén inscritas en el Registro Público, porque son derechos de posesión, se inscriben a nombre del ICT. Basta presentar los planos catastrados y los documentos de compraventa (art. 3).
El ICT puede dar concesiones sobre el uso de esas tierras. Fija los plazos y las condiciones (art. 12). También puede cancelar una concesión si el concesionario incumple los fines del proyecto o las normas técnicas del ICT (art. 13). La cancelación procede además por violar leyes o reglamentos, incumplir cláusulas del contrato, cambiar el destino de las tierras o desobedecer a la oficina ejecutora.
Si se cancela, las edificaciones pasan al patrimonio del ICT. El Instituto puede cobrar además los daños y perjuicios (art. 13).
La concesión se extingue por vencimiento del plazo sin pedir prórroga, por renuncia, por muerte o ausencia legal sin herederos, o por disolución si es una empresa (art. 14).
El ICT puede rescatar una concesión por interés público o fuerza mayor. En ese caso paga las edificaciones y mejoras a tasación de peritos de la Dirección General de la Tributación Directa. También ofrece reubicación de mutuo acuerdo (art. 15).
La compra e importación de maquinaria, equipo y materiales para el proyecto está exonerada de todo impuesto, para uso exclusivo del ICT (art. 5). Esa exoneración viene de una reforma de la ley 8823 de 2010 2.
El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, contrata créditos externos hasta por cuarenta millones de dólares a favor del ICT (art. 6). El 10% de esos créditos va a proyectos de apoyo en el resto del país.
El ICT crea un fondo especial para el proyecto. Todo lo que el proyecto genere va a ese fondo (art. 7). Lo que sobre se destina a proyectos en otras zonas turísticas del país.
En el área del proyecto se reserva un lote para que las instituciones de programas de tercera edad construyan instalaciones recreativas (art. 17).
A quién le toca
A los concesionarios del proyecto: pueden recibir préstamos de los bancos del Sistema Bancario Nacional y de las instituciones del Estado, con garantía de la concesión y sus edificaciones (art. 4). También cargan con las causales de cancelación del artículo 13 (art. 13).
A las personas con derechos de posesión en el área: sus tierras no inscritas se inscriben a nombre del ICT (art. 3).
Al ICT: dirige, coordina, administra y controla el proyecto por medio de una oficina ejecutora adscrita a su Junta Directiva (art. 9). El presidente ejecutivo es el representante legal con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma (art. 10).
A las organizaciones de programas de tercera edad: tienen derecho a un lote reservado en el área para construir instalaciones recreativas (art. 17).
A las zonas turísticas del resto del país: reciben el 10% de los créditos y los remanentes del fondo (art. 6) (art. 7).
Cómo está hoy según SINALEVI
La ley 6758 sigue vigente. SINALEVI muestra la versión 3 de 3 3.
El artículo 5 fue reformado por el artículo 21 de la ley 8823 del 5 de mayo de 2010 2. El texto vigente es el que aparece en el artículo 5 de esta ficha (art. 5).
La Procuraduría General de la República anota que el artículo afectante es el transitorio de esta ley 3. Ese transitorio reformó el artículo 9 de la ley 6370 (art. Transitorio).
El transitorio fijó dos años para concluir los trámites de compra de los inmuebles. Si no se hacían, las propiedades quedaban liberadas de la declaratoria de utilidad pública (art. Transitorio).
Pero la ley 6370, en su versión vigente, dice ocho años y fue reformada por la Ley de Presupuesto Extraordinario No. 6963 del 31 de julio de 1984 4. También subió el monto de créditos a cuarenta millones de colones.
Frente a la Constitución
El artículo 45 de la Constitución dice que la propiedad es inviolable y que nadie puede privarse de la suya si no es por interés público comprobado y con indemnización previa Constitución, art. 45. El artículo 3 de la ley inscribe tierras de poseedores a nombre del ICT sin más trámite que los planos y los documentos de compraventa (art. 3). El Censo ve una duda: la norma habla de compraventa, pero no detalla cómo se prueba el interés público ni la indemnización en cada caso.
El artículo 45 también permite a la Asamblea imponer limitaciones a la propiedad por necesidad pública, con dos tercios de los votos Constitución, art. 45. La ley 6758 es una ley ordinaria y no consta en el dossier que se haya aprobado con esa mayoría. Queda la duda de si el artículo 3 calza con ese requisito.
El artículo 182 ordena que los contratos de obra pública y las compras con fondos públicos se hagan por licitación Constitución, art. 182. El artículo 5 exonera de impuestos la compra e importación de materiales del ICT (art. 5). El Censo no encontró choque: la exoneración es tributaria y la licitación se rige por la Ley de contratación administrativa, que el mismo artículo 5 menciona.
El artículo 184 da a la Contraloría General la potestad de fiscalizar los presupuestos y visar los pagos del Estado Constitución, art. 184. El artículo 5 permite al ICT subastar equipo en desuso libre de impuestos, previo acuerdo de su Junta Directiva (art. 5). El Censo no ve choque: la subasta sigue los procedimientos de la Ley de contratación administrativa.
El artículo 18 de la ley 6758 dice que no puede variarse el concepto de zona pública del artículo 20 de la ley 6043 (art. 18). Ese artículo 20 dice que la zona pública no puede ocuparse bajo ningún título 6. El Censo no encontró choque entre ambos textos.
Qué puede hacer usted
Si un acto concreto del ICT o de la oficina ejecutora le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Lo puede interponer cualquier persona, contra el servidor o el órgano que causa el agravio guía, p. 22.
El amparo se presenta en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos guía, p. 22. Se plantea por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades guía, p. 23.
Si cree que la ley misma choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales guía, p. 24. Necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo que defienda intereses difusos o colectivos.
Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en el proyecto, puede denunciar ante la Contraloría General. Se presenta en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr guía, p. 68.
Si una institución pública le falla en un servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo guía, p. 71.
Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto se tramita en la Asamblea y debe votarse en un plazo máximo de dos años guía, p. 26.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuántas concesiones están activas hoy en Papagayo ni quiénes las tienen.
El dossier no permite saber si el ICT ya inscribió tierras de poseedores a su nombre al amparo del artículo 3.
El dossier no dice si se contrataron los créditos de cuarenta millones de dólares del artículo 6.
El dossier no aclara cuál plazo rige hoy para los trámites de compra: el transitorio de la ley 6758 o el artículo 9 reformado de la ley 6370.
Estado en SINALEVI
VigenteVersión de la norma: 3 de 3Ver en SINALEVI
El artículo afectante es el transitorio de esta ley.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo encontró dudas en el artículo 3 de la ley frente al artículo 45 de la Constitución, por la inscripción de tierras de poseedores a nombre del ICT. En los demás puntos revisados no vio choque.
Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
Esta ley, art. 3"Las áreas destinadas al desarrollo del proyecto turístico de Papagayo, que no estén debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad, por ser derechos de posesión, se inscribirán a nombre del Instituto Costarricense de Turismo, sin más trámites que la presentación de los planos catastrados y del documento o documentos de compra-venta del derecho o derechos, sin perjuicio de terceros."
Hay dudas La Constitución pide interés público comprobado e indemnización previa para quitarle a alguien su propiedad. La ley inscribe tierras de poseedores a nombre del ICT con solo presentar planos y documentos de compraventa. Queda la duda de cómo se comprueba el interés público y la indemnización en cada caso.
Constitución, art. 45"Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social."
Esta ley, art. 3"Las áreas destinadas al desarrollo del proyecto turístico de Papagayo, que no estén debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad, por ser derechos de posesión, se inscribirán a nombre del Instituto Costarricense de Turismo, sin más trámites que la presentación de los planos catastrados y del documento o documentos de compra-venta del derecho o derechos, sin perjuicio de terceros."
Hay dudas La Constitución pide dos tercios de los votos para imponer limitaciones a la propiedad por necesidad pública. La ley 6758 es una ley ordinaria y el dossier no muestra que se haya aprobado con esa mayoría. Queda la duda.
Constitución, art. 182"Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo."
Esta ley, art. 5"La celebración de los remates se realizará conforme a los procedimientos previstos en la Ley de contratación administrativa y su reglamento."
Sin choque aparente La Constitución exige licitación para compras y obras públicas. La ley remite los remates a la Ley de contratación administrativa. El Censo no ve choque.
Constitución, art. 184"No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella;"
Esta ley, art. 5"El Instituto podrá, igualmente, subastar libre de impuestos, previo acuerdo de la Junta Directiva, el equipo y los materiales en desuso o deteriorados, si, una vez consultadas las instituciones autónomas del Estado, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las municipalidades del país, estas instituciones no muestran interés en adquirir estos bienes al precio de su base."
Sin choque aparente La Contraloría fiscaliza los fondos públicos. La subasta del ICT sigue los procedimientos de la Ley de contratación administrativa. El Censo no ve choque.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 6758: LEY N°. 6758 DE 6 DE MAYO DE 1982. (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: LEY DE DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO EN BAHIA CULEBRA, PROVINCIA DE GUANACASTE).
- Ley 8823: Reforma varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública (Vigente)
- Ley 6758 en SINALEVI: Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo (Vigente, Versión de la norma: 3 de 3)
- Ley 6370: Declara de utilidad pública los bienes inmuebles para realizar y ejecutar el proyecto turístico en Bahía Culebra o Papagayo (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Ley 6043: Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
Ley 6758
Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo
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Artículo 1º.- Mediante la presente ley se regula el desarrollo y
ejecución del proyecto turístico de Papagayo, que se realizará en Bahía
Culebra, provincia de Guanacaste.
Artículo 2º.- En el área destinada al desarrollo de este proyecto
deberán llevarse a cabo, únicamente las obras previstas en el Plan
Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas
aquellas obras concordantes con el mismo, de conformidad con las
disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este
Instituto emita al efecto.
Artículo 3º.- Las áreas destinadas al desarrollo del proyecto
turístico de Papagayo, que no estén debidamente inscritas en el Registro
Público de la Propiedad, por ser derechos de posesión, se inscribirán a
nombre del Instituto Costarricense de Turismo, sin más trámites que la
presentación de los planos catastrados y del documento o documentos de
compra-venta del derecho o derechos, sin perjuicio de terceros.
Artículo 4º.- Los bancos del Sistema Bancario Nacional y las
Instituciones del Estado quedan autorizados para conceder préstamos a los
concesionarios del desarrollo a que esta ley se refiere, con garantía de
la respectiva concesión y sus edificaciones, mejoras e instalaciones.
Artículo 5. - Para el uso exclusivo del Instituto Costarricense de Turismo, en cuanto a la ejecución del Proyecto, estará exonerada del pago de todo tipo de impuestos la compra y la importación de maquinaria, equipo y materiales para construcción, desarrollo y ejecución de la actividad turística prevista en esta Ley. El Instituto podrá, igualmente, subastar libre de impuestos, previo acuerdo de la Junta Directiva, el equipo y los materiales en desuso o deteriorados, si, una vez consultadas las instituciones autónomas del Estado, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las municipalidades del país, estas instituciones no muestran interés en adquirir estos bienes al precio de su base. El precio será fijado, en cada caso pericialmente, por el personal capacitado del Instituto Costarricense de Turismo o, en su defecto, la Dirección General de Tributación. La celebración de los remates se realizará conforme a los procedimientos previstos en la Ley de contratación administrativa y su reglamento.
(Así reformado por el artículo 21° de la ley N° 8823 del 5 de mayo de 2010)
Artículo 6º.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y sus
disposiciones legales conexas, el Poder Ejecutivo, por medio del
Ministerio de Hacienda, contratará, conforme al ordenamiento jurídico y a
favor del Instituto Costarricense de Turismo, créditos externos hasta por
la suma de cuarenta millones de dólares o su equivalente en otro tipo de
moneda, en las condiciones más favorables. El diez por ciento (10%) de
estos créditos se destinará al desarrollo de proyectos factibles de apoyo
en el resto del país. En todo caso, los empréstitos respectivos deberán
hacerse tomando en cuenta la capacidad de pago del Estado, cuyo aval se
autoriza. El Poder Ejecutivo deberá incluir, anualmente, en el
presupuesto, las sumas necesarias para amortizar las obligaciones
originadas en tales créditos.
Artículo 7º.- El Instituto Costarricense de Turismo creará un fondo
especial, destinado al desarrollo y ejecución del proyecto. Para tales
efectos, el Instituto consignará, en el presupuesto anual, la suma
necesaria, de acuerdo con las recomendaciones de la oficina ejecutora y
de acuerdo con su capacidad económica. Todos los recursos que el propio
proyecto genere, irán al fondo en referencia. Cualquier remanente que se
produzca, una vez cubiertas las necesidades del proyecto, se destinará a
desarrollar proyectos factibles de apoyo en el resto del país, dando
prioridad a aquellas zonas de aptitud turística que ameriten planes de
inversión.
Artículo 8º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto de
esta ley, se contratarán, igualmente, los créditos que sean necesarios
para que el Instituto Costarricense de Turismo proceda a invertir y a
construir todas las obras necesarias y la infraestructura básica para el
desarrollo total del proyecto, así como también las viviendas e
instalaciones necesarias para levantar un pueblo turístico, que sea
complemento del proyecto por desarrollar. Para tales efectos, el
Instituto también podrá contratar y solicitar los créditos necesarios con
los bancos del Sistema Bancario Nacional.
Artículo 9º.- Para ejecutar y desarrollar el proyecto, el Instituto
Costarricense de Turismo creará una oficina ejecutora que tendrá, en
forma exclusiva, las facultades de dirigir, coordinar, administrar y
controlar el desarrollo a que esta ley se refiere. Esta oficina estará adscrita al Instituto, dependiendo directamente de su Junta Directiva.
Artículo 10.- La oficina ejecutora tendrá un Consejo Director,
integrado por tres representantes del Instituto y dos de la iniciativa
privada, con experiencia en turismo, los cuales serán electos en
definitiva por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo.
El Consejo será presidido por el presidente ejecutivo del Instituto o por
el que su Junta Directiva designe en sus ausencias. Para todos los
efectos, el presidente ejecutivo será el representante legal con las
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.
Artículo 11.-Para la ejecución de las tareaspropias del proyecto, el
Consejo Director nombrará un director ejecutivo, así como el personal
estrictamente necesario. Los actuales servidores de la oficina ejecutora
conservarán todos los derechos que hayan adquirido conforme a la
legislación laboral.
Artículo 12.-La Junta Directiva del Instituto Costarricense de
Turismo podrá otorgar concesiones sobre el uso de las tierras del
proyecto en la zona destinada al mismo, de conformidad con los plazos y
las condiciones que el Instituto establezca al efecto, y de conformidad
con las disposiciones del Artículo 107 de la Ley de la Administración
Financiera de la República.
Artículo 13.-La Junta Directiva del Instituto cancelará una concesión
otorgada cuando se dé cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando haya incumplimiento del concesionario sobre los fines del
proyecto y de las normas técnicas que emita el Instituto.
b) Cuando exista violación a las disposiciones legales y reglamentarias.
c) Cuando se incumplan cláusulas contractuales.
ch) Cuando se varíe el destino indicado para las tierras o las
edificaciones.
d) Cuando no se acaten las disposiciones y órdenes de la oficina
ejecutora sobre aspectos previamente establecidos.
e) Cuando se traspase o ceda, total o parcialmente, o se grave una
concesión, sin autorización previa y expresa del Instituto.
En los casos citados, las instalaciones o edificaciones pasarán a
formar parte del patrimonio del Instituto, sin perjuicio del cobro de los
daños y perjuicios causado al proyecto.
Artículo 14.-La Junta Directiva del Instituto Costarricense de
Turismo declarará extinguida una concesión en los siguientes casos:
a) Por vencimiento del plazo, sin solicitud expresa de prórroga.
b) Por renuncia del interesado o interesados.
c) Por fallecimiento o ausencia legal del concesionario que no haya
dejado herederos.
ch) Por disolución, en el caso de las personas jurídicas.
Artículos 15.-El Instituto Costarricense de Turismo podrá rescatar
una concesión por motivos de interés público o de fuerza mayor. En estos
casos se reconocerá al concesionario el valor de las edificaciones y
mejoras existentes, a justa tasación de peritos nombrados por el
Dirección General de la Tributación Directa, y se le brindará, de mutuo
acuerdo, una reubicación para que siga desarrollando su actividad en el
área que comprende el desarrollo.
Artículo 16.-Cancelada, extinguida o rescatada una concesión, o
vencido el término, todos los derechos y potestades que le correspondan
al concesionario de acuerdo con esta ley, volverán al Instituto.
Artículo 17.-En el área de desarrollo del proyecto se deberá reservar
un lote de terreno, adecuado para que las organizaciones o instituciones
nacionales a cargo de los programas relativos a la tercera edad, puedan
construir instalaciones recreativas para atender a las personas
beneficiarias de estos programas. Estas instalaciones deberán ser
acordes con las regulaciones del plan maestro del proyecto.
Artículo 18.-Esta ley es de orden público y deroga cualquier norma
que se le oponga, excepto en cuanto otorgue derechos o autorice a entes
de derecho público para percibir cánones y tarifas, o que en cualquier
forma les conceda beneficios económicos. No podrá variarse tampoco el
concepto de zona pública, a que se refiere el artículo 20 de la ley Nº
6043 del 2 de marzo de 1977.
Artículo 19.-Rige a partir de su publicación.
Transitorio.-Refórmase el artículo 9º de la ley Nº 6370 del 13 de
setiembre de 1979. Su texto será el siguiente:
"Artículo 9º.- Al cumplirse dos años de la publicación de la
presente ley, deberán quedar concluidos los trámites administrativos,
relativos a la adquisición, por mutuo consentimiento, de los inmuebles y
derechos a que alude el artículo 1º y, en su caso, publicado el
correspondiente decreto de expropiación. En defecto de esos actos
jurídicos, las propiedades y los derechos de posesión quedarán
automáticamente liberados de la declaratoria de utilidad pública, y sus
respectivos dueños recuperarán el ejercicio absoluto de los atributos del
dominio sobre esos bienes y derechos.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, se autoriza
al Banco Central de Costa Rica para contratar, de inmediato, créditos
internos a favor del Instituto Costarricense de Turismo, en las
condiciones más favorables que puedan obtenerse (plazo, tasa de interés y
período de gracia, hasta por la suma de quince millones de colones (¢
15.000.000)".