AyA fija las tarifas del agua y el SNE las aprueba

Qué cambia

La ley 6806 reforma el artículo 3 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) (art. 1). Le da a AyA la tarea de elaborar las tasas y tarifas de los servicios públicos de agua, los preste una empresa pública o una privada.

Todo proyecto de tarifa llega a AyA, que puede modificarlo por su cuenta para ajustarlo al principio de servicio al costo y a un rédito para desarrollo (art. 1).

El trámite tiene plazos fijos. AyA tiene tres meses improrrogables para aceptar o modificar el proyecto (art. 1). Si no lo hace, el expediente pasa igual al Servicio Nacional de Electricidad (SNE).

Al mismo tiempo, AyA ordena publicar el proyecto en La Gaceta y lo somete a consulta popular durante un mes (art. 1). Cualquier persona puede oponerse con un escrito razonado, presentado directamente ante el SNE dentro de ese mes.

El SNE revisa las oposiciones y el proyecto, y dicta la resolución de fondo en un mes desde que termina la consulta (art. 1). Si no dicta nada en ese plazo, las tarifas quedan aprobadas de forma definitiva.

Si el SNE acepta una oposición, se la traslada a AyA por ocho días hábiles para que responda (art. 1). Luego el SNE tiene quince días hábiles más para la resolución final. Las tarifas se publican en La Gaceta y rigen desde el primero del mes siguiente al de su aprobación.

Para los acueductos municipales hay una regla aparte. El Concejo acuerda las tarifas del agua, previo estudio jurídico y económico del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en consulta con AyA (art. 1). Las manda a publicar como proyecto y al SNE, que tiene treinta días hábiles para aprobarlas o justificar su rechazo. Si no responde, la municipalidad las pone en vigencia desde el mes siguiente al aviso en el Diario Oficial.

El transitorio autoriza, por una sola vez, aumentos mensuales durante siete meses (art. Transitorio). En la categoría domiciliaria, quien consume hasta 15 metros cúbicos paga 4% más, y de 16 a 25 metros cúbicos paga 5% más por cada metro cúbico.

Quien consume más de 25 metros cúbicos paga otros aumentos durante siete meses. Domiciliaria de 25 a 60 metros cúbicos sube 10%, y más de 60 sube 11% (art. Transitorio). Ordinaria sube 11%, reproductiva 12%, preferencial 10% y gobierno 10%. Los servicios fijos suben 10% mensual durante siete meses.

El alcantarillado se mantiene en el veinticinco por ciento del valor del agua consumida, donde exista red sanitaria (art. Transitorio).

A quién le toca

A AyA, que elabora las tarifas y puede modificarlas (art. 1).

Al Servicio Nacional de Electricidad, que aprueba o rechaza las tarifas y resuelve las oposiciones (art. 1).

A los Concejos Municipales, que acuerdan las tarifas de los acueductos municipales (art. 1).

Al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que hace el estudio jurídico y económico para esos acueductos (art. 1).

A las empresas públicas o privadas que prestan servicios de agua en el país, porque sus tarifas pasan por este trámite (art. 1).

A los usuarios domiciliarios, ordinarios, reproductivos, preferenciales y de gobierno, que pagan los aumentos del transitorio (art. Transitorio).

A las comunidades rurales y dispersas, porque la Junta Directiva de AyA puede fijarles tarifas especiales según lo que aportaron a la obra (art. 1).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente y SINALEVI muestra la versión 2 de 2 2.

La Procuraduría General de la República anota un error del legislador. La Ley 6890 del 14 de setiembre de 1983, en su artículo 19, agregó un párrafo final al artículo 8 de la ley 6806 2. Pero la ley 6806 solo tiene dos artículos, así que el párrafo quedó dentro del artículo 1.

Ese párrafo es el de los acueductos municipales, y el texto consolidado lo marca como adicionado por la Ley 6890 (art. 1).

Frente a la Constitución

El artículo 50 de la Constitución reconoce el derecho humano de acceso al agua potable y dice que el agua es un bien de la nación §Constitución, art. 50. La ley 6806 no toca ese derecho: regula cómo se fijan las tarifas, no quién tiene acceso al agua (art. 1).

El artículo 170 declara autónomas a las corporaciones municipales §Constitución, art. 170. La ley les deja a los Concejos acordar las tarifas de sus acueductos, pero el SNE puede rechazarlas (art. 1). El Censo no encontró una contradicción directa con ese artículo, aunque la revisión de un órgano nacional sobre un acuerdo municipal es un punto que podría discutirse.

El artículo 175 somete los presupuestos municipales a la aprobación de la Contraloría General §Constitución, art. 175. La ley no menciona a la Contraloría en el trámite de tarifas municipales (art. 1).

El artículo 121 da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar y reformar las leyes §Constitución, art. 121. La ley 6806 se aprobó por ese camino y no presenta dudas en su formación según el dossier.

Qué puede hacer usted

Si le suben la tarifa y quiere oponerse, presente un escrito razonado ante el Servicio Nacional de Electricidad dentro del mes de consulta popular (art. 1).

Si cree que un acto concreto de AyA o del SNE viola un derecho suyo, puede interponer un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales §guía, p. 24. Necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo cuando se defiendan intereses difusos.

Puede denunciar un manejo irregular de fondos públicos ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. Las denuncias se presentan en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, o al teléfono 2501-8025.

Si el mal funcionamiento de AyA o del SNE le afecta un servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero recaudaron los aumentos del transitorio ni si siguen aplicándose.

El dossier no indica si el Servicio Nacional de Electricidad todavía existe con ese nombre o si sus funciones pasaron a otro órgano.

El dossier no permite saber cuántas oposiciones se han presentado en consultas populares de tarifas.