El presupuesto de 1983 sigue vigente y cambió después de aprobarse
La Ley 6831 fijó los ingresos y gastos del Estado para 1983, pero SINALEVI advierte que varias de sus normas fueron reformadas, derogadas o declaradas inaplicables después.
Título oficial LEY Nº 6831 DE 24 DE DICIEMBRE DE 1982 ( SIN TITULO Y CONOCIDA COMO: LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA 1983 VETO A NORMAS GENERALES RETIRADO EL 24 /01/1983 )
Atención: La norma 54 crea pensiones para diputados y empleados de la Asamblea y la Contraloría, y la norma 70 ya fue declarada inaplicable por la Corte Plena.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Diputados, exdiputados y empleados de la Asamblea Legislativa y la Contraloría
La norma 54 fija pensiones para miembros de los Supremos Poderes y empleados de la Asamblea y la Contraloría. El régimen es facultativo para los diputados.
Los miembros de los Supremos Poderes, los empleados y funcionarios de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría General de la República, podrán pedir su jubilación con derecho a recibir una pensión igual al sueldo promedio devengado en la institución en que presten sus servicios al momento de jubilarse
9, norma 54, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Los diputados y exdiputados, por el régimen de pensión de la norma 54
- Los empleados de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría, incluidos en ese régimen
- Los profesionales con prohibición para ejercer otras funciones, por la compensación de la norma 53
- Las instituciones de asistencia social que reciben parte de la utilidad de la lotería
- La Caja Costarricense de Seguro Social, que recibe el 2% de esa utilidad
- CODESA y los compradores de acciones de sus empresas
- Los funcionarios públicos que quieran viajar al exterior
A quién beneficia
- Los diputados pueden quedar fuera del régimen de pensión si lo piden por escrito
- Las cooperativas y organizaciones de trabajadores tienen prioridad para comprar acciones de CODESA
- El Fondo Especial para la Educación Superior recibe 142 millones de colones al mes
- Los derivados del petróleo no pagan impuesto de ventas durante 1983
Qué cambia
- La ley sigue vigente aunque fue vetada parcialmente y el veto se retiró después
- La norma 70 fue declarada inaplicable por la Corte Plena en 1983
- La norma 89 quedó derogada por la Ley 7018 de 1985
- La norma 69 quedó derogada por la Ley 6963 de 1984
La explicación completa
Qué cambia
La Ley 6831 aprobó los ingresos y egresos del Estado para el año 1983. El artículo 1 aprueba los ingresos ordinarios y el artículo 4 los egresos ordinarios y extraordinarios de ese año (art. 1) (art. 4). El texto completo de esos cuadros no está en el dossier: SINALEVI remite al Alcance 42-A de La Gaceta 249 del 28 de diciembre de 1982.
El artículo 9 contiene las reglas de ejecución del presupuesto. Dice que rigen "exclusivamente, durante el período del ejercicio fiscal de 1983" (art. 9).
La norma 5 del artículo 9 ordena girar los gastos de alimentación de la Casa Presidencial como gastos fijos. Para pagarlos no se piden comprobantes (art. 9).
La norma 13 obliga a la Contraloría General de la República a controlar los fondos que se entregan como subvenciones. Las entidades favorecidas deben enviar su liquidación a más tardar el 31 de enero de cada año (art. 9).
La norma 23 autoriza pagar el aguinaldo de 1983 con cargo al presupuesto de 1984 (art. 9).
La norma 33 ordena girar cada mes 142 millones de colones al Fondo Especial para la Educación Superior (art. 9).
La norma 44 dice que durante 1983 no se aplicará el impuesto sobre las ventas a los derivados del petróleo (art. 9).
La norma 49 reforma el artículo 1 de la Ley 1152 del 13 de abril de 1950. Reparte la utilidad neta de la lotería nacional: 2% para la Lucha Antivenérea, 6% para instituciones de asistencia y 2% para la Caja Costarricense de Seguro Social (art. 9).
La norma 51 autoriza a CODESA a vender acciones de sus empresas durante un año. Pone topes: no más del 40% a personas extranjeras y no más del 49% de cada empresa (art. 9).
La norma 54 reforma el artículo 13 de la Ley 148 del 23 de agosto de 1943. Fija pensiones para miembros de los Supremos Poderes y empleados de la Asamblea y la Contraloría (art. 9).
A quién le toca
A los diputados y exdiputados. La norma 54 les da pensión y permite que el régimen sea facultativo para ellos (art. 9).
A los empleados de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría General de la República. La misma norma 54 los incluye en ese régimen de pensión (art. 9).
A los profesionales con prohibición para ejercer otras funciones. La norma 53 fija la compensación en 50% para ciertos profesionales y 45% para egresados en Derecho (art. 9).
A las instituciones de asistencia social que reciben parte de la utilidad de la lotería. La norma 49 las nombra una por una (art. 9).
A la Caja Costarricense de Seguro Social, que recibe el 2% de esa utilidad de forma directa (art. 9).
A CODESA y a quienes compren acciones de sus empresas. La norma 51 pone condiciones y da prioridad a cooperativas y organizaciones de trabajadores (art. 9).
A los funcionarios que quieran salir del país. La norma 52 exige aprobación previa del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (art. 9).
Cómo está hoy según SINALEVI
SINALEVI marca la ley como vigente, en su versión 2 de 2 2.
La Procuraduría General de la República advierte que la ley fue vetada parcialmente, sobre todo en varias Normas Generales. El veto se retiró después y la ley quedó vigente en su totalidad. El retiro se publicó en La Gaceta 40 del 25 de febrero de 1983 2.
La misma ficha dice que el índice de la Colección de Leyes anota varias fe de erratas, pero no el retiro del veto 2.
SINALEVI señala reformas posteriores. La norma 54 modificó el artículo 13 de la Ley de Pensiones de Hacienda, Ley 148 2. La norma 69 amplió el artículo 14 de esa misma ley, pero quedó derogada por el artículo 36 de la Ley 6963 del 31 de julio de 1984.
La norma 89 del artículo 9 quedó derogada por el artículo 14.22 de la Ley 7018 del 20 de diciembre de 1985 2.
La norma 70 fue declarada inaplicable por la Corte Plena el 14 de julio de 1983. La Corte la consideró contraria a los artículos 176, 177 y 178 de la Constitución porque no era de carácter presupuestario. La acción la puso Enrique Brenes Oreamuno como apoderado general del Banco Nacional de Costa Rica 2.
Sobre el artículo 9, SINALEVI muestra dos versiones. El texto aprobado y el vigente que aparecen en el dossier son idénticos en lo transcrito (art. 9).
Lo que se dijo en la Asamblea
Las grabaciones del dossier son de 2026 y tratan el presupuesto de 2027, no la Ley 6831. No hay grabaciones sobre esta ley.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto transcrito y los artículos de la Constitución del dossier.
Hay una duda sobre la norma 5. La Constitución dice que todo gasto del Tesoro Nacional que no sea sueldo de personal permanente debe publicarse en el Diario Oficial Constitución, art. 187. La norma 5 permite pagar gastos de alimentación sin comprobantes (art. 9). La Constitución deja una excepción para gastos que el Consejo de Gobierno considere que no deben publicarse, pero obliga a informarlo a la Asamblea y a la Contraloría. El texto no dice si esos gastos se publican.
Hay otra duda sobre la norma 51. La Constitución reserva a la Asamblea Legislativa la facultad de dictar leyes y aprobar contratos mediante licitación Constitución, art. 121 Constitución, art. 182. La norma 51 deja la venta de acciones de CODESA en manos del Poder Ejecutivo, con aprobación de la Contraloría (art. 9).
La norma 70 ya fue declarada inaplicable por la Corte Plena por chocar con los artículos 176, 177 y 178 2.
Qué puede hacer usted
Esta ley ya rige. Las vías para un proyecto en trámite no sirven aquí.
Acción de inconstitucionalidad. Sirve contra leyes y disposiciones generales que infrinjan la Constitución guía, p. 24. Debe existir un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo cuando se defiendan intereses difusos.
Recurso de amparo. Sirve si un acto concreto viola un derecho fundamental. Cualquier persona puede ponerlo guía, p. 22. Se presenta contra el servidor o el órgano que causa el agravio.
Denuncia ante la Contraloría General de la República. Sirve para reportar un manejo irregular de fondos públicos. Se puede hacer en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr guía, p. 68.
Queja ante la Defensoría de los Habitantes. Sirve si una institución pública le falla en un servicio. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentarla guía, p. 71.
Iniciativa popular. Sirve para proponer una reforma por firmas. El proyecto se tramita en la Asamblea y debe votarse en un plazo máximo de dos años guía, p. 26.
Lo que no sabemos
El dossier no incluye los cuadros de ingresos y egresos de los artículos 1 a 8. Solo remite al Alcance 42-A.
El dossier no permite saber cuánto se recaudó ni cuánto se gastó en 1983.
El dossier no dice si la norma 5 se aplicó con publicación en el Diario Oficial.
El dossier no incluye el texto completo de la norma 70 declarada inaplicable.
Estado en SINALEVI
VigenteVersión de la norma: 2 de 2Ver en SINALEVI
Está en el Alcance No. 42-A. Presupuesto para 1983. Varios tomos. NOTA: Esta ley fue VETADA parcialmente, en especial varias de sus Normas Generales, pero quedó vigente en su totalidad por haberse retirado, posteriormente, dicho veto, según consta de la publicación al respecto hecha en La Gaceta No. 40 de 25 de febrero de 1983. Se hace la advertencia de que en el Indice de la Colección de Leyes correspondiente al I semestre de 1983 se anota la publicación de varias FE DE ERRATAS a la misma, pero no del citado retiro del veto originalmente interpuesto por el Poder Ejecutivo. Reforma los incisos A-B y C del artículo 01 de la ley No. 1152 de 1950. Modifica la Norma General 48 de la ley de presupuesto No. 6700 de 1981. Modifica el inciso K del artículo 01 de la ley No. 6794 de 1982 que ratifica como leyes de la república los decretos ejecutivos que crearon o ampliaron parques y reservas biológicas. En su artículo 9, norma general 54, modifica en lo conducente la norma general 48 de la ley de Presupuesto Nº6700 del 14 de diciembre 1981, para reformar a su vez el artículo 13 de la Ley de Pensiones de Hacienda, Nº148 del 23 de agosto 1943. Así mismo por la norma general 69 del mismo artículo amplía con un párrafo el artículo 14 de dicha ley, norma ésta que resulta tácitamente derogada por el artículo 36 de la Ley Nº 6963 de 31 de julio de 1984, que nuevamente amplía con un párrafo idéntico el relacionado artículo 14 incluyendo, aparte de los empleados de los Ministerios de Trabajo y Agricultura y Dirección General de Servicio Civil (que ya lo estaban por la norma 69) a los de la Imprenta Nacional). El mismo artículo 9, numeral 89 resultó TACITAMENTE DEROGADO por el artículo 14.22 de la Nº 7018 de 20 de diciembre de 1985. En la Opción 2, por razones técnicas del Sistema, aparece derogado el artículo 9 por el 14 precitado. NORMAS INAPLICABLES: La norma 70 de esta ley fue declarada INAPLICABLE por la Corte Plena en sesión del 14 de julio de 1983 por ser contraria a los artículos 176, 177 y 178 de la Constitución Política ya que no era de carácter presupuestario. La acción correspondiente fue interpuesta por Enrique Brenes Oreamuno, en su condición de apoderado general del Banco Nacional de Costa Rica. La publicación de esta declaratoria de inaplicabilidad se encuentra en el Boletín Judicial Nº 153 del 16 de agosto de 1983.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo encontró dudas sobre la norma 5 y la norma 51, y una norma ya declarada inaplicable por la Corte Plena.
Constitución, art. 187"Todo gasto a cargo del Tesoro Nacional que no se refiera a sueldos del personal permanente de la Administración Pública consignado en el presupuesto, deberá ser publicado en el Diario Oficial."
Esta ley, art. 9, norma 5"Todas las sumas aprobadas para gastos de alimentación de la Casa Presidencial, se girarán como gastos fijos y para su pago no se requerirá la presentación de comprobantes."
Hay dudas La Constitución pide publicar los gastos que no sean sueldos. La norma 5 permite pagar alimentación sin comprobantes. El texto no dice si esos gastos se publican.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. 9, norma 51"se autoriza a la Cooperación Costarricense de Desarrollo, S.A. para que, durante un período de un año, pueda vender las acciones de su empresas, previa autorización, en cada caso, del Consejo de Gobierno y de la Contraloría General de la República"
Hay dudas La Constitución da a la Asamblea la facultad de dictar leyes. La norma 51 deja la venta de acciones de CODESA en manos del Poder Ejecutivo y la Contraloría.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 6831: LEY Nº 6831 DE 24 DE DICIEMBRE DE 1982 ( SIN TITULO Y CONOCIDA COMO: LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA 1983 VETO A NORMAS GENERALES RETIRADO EL 24 /01/1983 )
- Ley 6831 en SINALEVI: Ley de Presupuesto para 1983 (Vigente, Versión de la norma: 2 de 2)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
Ley 6831
Ley de Presupuesto para 1983
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N° 6831
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
Artículo 1°-Apruébase los siguientes ingresos ordinarios para el ejercicio fiscal de 1983:
(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 42 A a la Gaceta N° 249 del 28 de diciembre de 1982)
Artículo 2°-Apruébase los siguientes ingresos extraordinarios para el ejercicio fiscal de 1983:
(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 42 A a la Gaceta N° 249 del 28 de diciembre de 1982)
Artículo 3°-Incorpóranse a la presente ley los siguientes ingresos extraordinarios provenientes del crédito externo.
(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 42 A a la Gaceta N° 249 del 28 de diciembre de 1982)
Artículo 4°-Apruébase los siguientes egresos ordinarios y extraordinarios para el ejercicio fiscal de 1983:
(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 42 A a la Gaceta N° 249 del 28 de diciembre de 1982)
Artículo 5°-Apruébase la siguiente relación de puestos para cargos fijos de la Administración Pública para el año de 1983.
(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 42 A a la Gaceta N° 249 del 28 de diciembre de 1982)
Artículo 6°-Apruébase la siguiente relación de puestos para los centros educativos del Ministerio de Educación Pública, para 1983 por direcciones regionales de enseñanza.
(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 42 A a la Gaceta N° 249 del 28 de diciembre de 1982)
Artículo 7°-Apruébase la siguiente relación de puestos de jornales de la Administración Pública para el año1983.
(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 42 A a la Gaceta N° 249 del 28 de diciembre de 1982)
Artículo 8°-Apruébase la siguiente relación de puestos de servicios especiales de la Administración Pública para el año de 1983.
(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 42 A a la Gaceta N° 249 del 28 de diciembre de 1982)
ARTICULO 9º.- Para la ejecución de los dispuesto en los artículos
precedentes, así como para el control de esa ejecución, se establecen las
regulaciones que a continuación se señalan, las cuales tendrán vigencia,
exclusivamente, durante el período del ejercicio fiscal de 1983.
SECCION I.- REGULACIONES ADMINISTRATIVAS
A.- DISPOSICIONES DIVERSAS
Determinación de ingresos:
1º.- Para los efectos del artículo 51 de la Ley de la Administración
Financiera de de la República, Nº 1279 del 2 de mayo de 1951, se
transforman en subvenciones todos los productos de rentas con destino
especial, según detalle contenido en la presente Ley de Presupuestos
Nacionales.
Ordenes de compra provisionales en licitaciones públicas y privadas:
2º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 50 de la Ley de
Administración Financiera de la República, cuando se trate de
licitaciones, tanto públicas como privadas, se podrán emitir órdenes de
compra provisionales, en el caso de que, el 31 de diciembre de cada año,
las licitaciones hayan sido publicadas en "La Gaceta" o se hayan
distribuidos las boletas de cotización, según corresponda.
Créditos presupuestarios destinados a gastos fijos:
3º.- Para los efectos de esta ley, los créditos presupuestarios
destinados a gastos fijos se estimarán comprometidos por la sola razón de
producirse los hechos que generen la obligación prevista en ellos. En
consecuencia, tratándose de sueldos, el hecho mismo de devengarlos
legalmente, constituye el compromiso
Autorización para recodificar:
4º.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para recodificar, mediante
decreto, previa aprobación de la Contraloría General de la República, los
presupuestos ordinario y extraordinarios, incorporados al Presupuesto
Nacional, conforme con la codificación general vigente.
Gastos de alimentación Casa Presidencial:
5º.- Todas las sumas aprobadas para gastos de alimentación de la Casa
Presidencial, se girarán como gastos fijos y para su pago no se requerirá
la presentación de comprobantes. Igual procedimiento se seguirá para la
tramitación de los gastos de la Oficina Económica en Washington.
Partidas de pasajes:
6º.- De las partidas de pasajes al exterior y gastos de viaje,
únicamente se cubrirán gastos realizados por servidores públicos, salvo
los casos de los asesores técnicos de organismos internacionales.
Subpartida gastos de viaje: Servicio exterior:
7º.- Para el traslado de embajadores concurrentes que -en el
ejercicio de su cargo- deban presentar cartas credenciales en sedes
distintas a la permanente, se destinara la subpartida de "Transporte de o
para el Exterior".
De la misma fuente señalada en el párrafo anterior se tomará un
millón y medio de colones para el traslado de los representantes o
delegados que designe el Ministro de Relaciones Exteriores para asistir a
congresos, conferencias o reuniones en lugares distintos al de la sede
permanente en donde dichos servidores ejerzan sus funciones.
Las subpartidas "Gastos de Viaje en el Exterior" y "Transportes de o
para el Exterior" serán utilizadas, exclusivamente, según lo indicado,
para el traslado de tales servidores públicos.
B.- PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION Y DE CONTROL
Trámite de solicitudes de crédito especial y de mercancías:
8º.- No se incurrirá en compromiso alguno, con cargo a una partida de
gastos variables, si previamente la Oficina de Control de Presupuesto del
Ministerio de Hacienda no ha reservado, en la cuenta de crédito del
presupuesto respectivo, la suma suficiente para atender ese pago.
Las solicitudes de crédito especial y las solicitudes de mercancías
o de servicios serán firmadas pro el respectivo superior jerárquico de la
institución correspondiente, o por su delegado, en el momento de su
emisión.
El Superior Jerárquico sólo podrá delegar su autorización en los
funcionarios directamente responsables de la unidad administrativa, a la
cual se le asigne los recursos en los programas presupuestarios de la Ley
de Presupuesto Nacional.
No se tramitará ninguna solicitud de reserva de crédito especial, o
solicitud de mercancías o de servicios, si no llena esos requisitos. Para
la validez de los compromisos, se requiere la aprobación previa de la
Contraloría General de la República.
Acuerdos de pago de órganos constitucionales:
9º.- Los acuerdos de pago, para girar partidas de gastos variables de
los presupuestos de los Poderes Legislativo y Judicial, del Tribunal
Supremo de Elecciones y de la Contraloría General de la República, serán
emitidos o autorizados por estos organismos, previa aprobación - por parte
de las oficinas competentes- de la correspondiente solicitud de mercancías
o de servicios, o de las solicitudes de reserva de crédito especial.
Cuotas de ejecución:
10.- El Ministerio de Hacienda podrá autorizar la ejecución de hasta
tres dozavos de los gastos aprobados en la Ley de Presupuesto Nacional.
Las solicitudes de reservas de crédito especial y las solicitudes de
mercancías o servicios, que impliquen ampliación de la cuota máxima de
tres dozavos, requerirán, además de las firmas señaladas en la norma
primera, la firmas del Ministro de Hacienda y del Tesorero Nacional, o sus
delegados.
Modificación de contratos:
11.- Las órdenes de modificación de contratos de construcción,
consultoría y alquileres, deberán ser aprobadas, previamente, por la
Oficina de Control de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Esta oficina
certificará que los desembolsos financieros, que pueda ocasionar la orden,
tienen contenido económico durante el año fiscal en ejecución.
Con este propósito, los ministerios deberán presentar, a la citada
Oficina, un calendario de desembolso de las partidas que afecten dichos
contratos, sobre la base de las obras que se efectuarán en el año,
mostrando, separadamente, los desembolsos que se generen en el contrato
original y los que se deriven de cada orden de modificación solicitada.
Informes de dependencia:
12.- Las dependencias del Gobierno Central deben presentar a la
Oficina de Presupuesto Nacional, dentro de los quince días hábiles
siguientes a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal, un
informe detallado sobre el avance físico, realizaciones o metas alcanzadas
en la ejecución de cada programa y proyecto. Los ministerios, en
colaboración con la Oficina de Presupuesto Nacional y de acuerdo con los
recursos asignados para cada año, definirán y cuantificarán los objetivos
y metas de los programas presupuestarios.
Control de utilización de recursos:
13.- La Contraloría General de la República deberá ejercer un
estricto control sobre la utilización de los fondos, que se autorizan en
el presupuesto, por medio de subvenciones a diferentes entidades y
organismos, estatales y particulares; y sobre aquellas entidades que, en
forma temporal o permanente, reciban o administren dinero, exenciones y
bienes públicos.
La Contraloría General de la República, una vez que determine cuales
entidades deben someterle un presupuesto para disponer de las sumas a que
se refiere esta norma, comunicará este dato a la Tesorería Nacional, con
el fin de que no se entreguen las subvenciones a aquellas que no hubieran
cumplido con este requisito o con el suministro de cualquier información
referente a la aplicación de fondos públicos A más tardar el 31 de enero
de cada año, toda entidad -estatal o privada- favorecida con subvenciones
debe remitir a la Contraloría, con copia para la Oficina de Presupuesto
Nacional, la liquidación de los presupuestos correspondientes al año
anterior.
Plazo para rendir dictámenes:
14.- En aquellos casos en que la Contraloría General de la República
deba emitir dictamen previo para el cumplimiento del presente cuerpo de
normas presupuestarias, deberán darlo en un lapso no mayor de quince días
hábiles, contados a partir del recibo del proyecto de decreto, en
resolución que le remitirá el Ministerio de Hacienda.
Liquidación de presupuestos extraordinarios:
15.- En la liquidación de los presupuestos extraordinarios, al 31 de
diciembre de cada año, cuyos ingresos se originen en líneas de créditos
con organismos del exterior, serán tomados como recursos los gastos
efectivos que no hayan sido reembolsados por esos organismos, antes de esa
fecha.
Entre los reembolsos por recibir, se incluirán los gastos reconocidos
para obras que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realiza bajo
su administración, y cuyo reembolso solamente puede solicitarse a los
organismos del exterior, una vez efectuadas las obras.
SECCION II.- AUTORIZACIONES
A.- AUTORIZACIONES AL PODER EJECUTIVO
Incorporación de ingresos y gastos contenidos en leyes:
16.- El Presupuesto Nacional constituye un todo indivisible, por lo
que, durante su vigencia, el Poder Ejecutivo -mediante decreto que deberá
ser sometido previamente a estudio jurídico-contable y a la aprobación de
la Contraloría General de la República- podrá incorporarle los ingresos y
gastos contenidos en leyes que se dicten, los cuales no hubieran sido
contempladas en le proyecto de ley de presupuesto para cada año.
Ampliación o disminución de gastos provenientes del crédito público:
17.- Los gastos presupuestos con cargo a fuentes de financiación
provenientes del crédito público, podrán ampliarse o disminuirse, mediante
decreto del Poder Ejecutivo, previa certificación de la Contabilidad
Nacional sobre el saldo efectivamente disponible de tales fuentes, y con
la correspondiente aprobación de la Contraloría General de la República.
Utilización del superávit:
18.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para utilizar el superávit de
Tesorería correspondiente a ejercicios anteriores, para dar contenido a
las resoluciones dictadas por la Dirección General de Servicio Civil, bajo
las previsiones del artículo 11 de la Ley de Salarios de la Administración
Pública, así como bajo las dictadas por entes legalmente facultadas. Se
exceptúa a los servidores no pagados por la partida de servicios
personales.
Traslados y modificación de las relaciones de puestos:
19.- El Ministerio de Hacienda, mediante decreto del Poder Ejecutivo,
podrá:
a) Efectuar transferencia entre partidas para el servicio de la deuda
pública, creando las subpartidas que fueren necesaria,
b) Modificar los detalles referentes a las subpartidas de gastos de
representación, gastos de oficinas consulares, gastos de oficinas
económicas y gastos de oficinas de cancillerías, del programa del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
c) Trasladar sobrantes de sueldos para cargos fijos al servicio de la
deuda pública, y a las partidas para el pago de pensiones a cargo del
Gobierno Central, con el propósito de cubrir faltantes.
Traspasos para el segundo semestre:
20.- En el segundo semestre del año, previa aprobación de la
Contraloría General de la República, y mediante Decreto Ejecutivo, podrán
ordenarse traspasos entre los gastos autorizados en la Ley de Presupuesto
Nacional, excepto en lo relativo a servicios personales y a programas de
transferencias.
Podrán ordenarse traspasos, creando un nuevo tipo de gastos, sin que
con ello se modifique el monto de los recursos asignados al programa,
cuando para su mejor ejecución resultare indispensable.
No se podrán aumentar, mediante Decreto Ejecutivo, la sumas que la
Ley de Presupuesto Nacional autoriza para gastos confidenciales, gastos de
representación, amortización de cuentas pendientes de ejercicios
anteriores, consultorías equipo de transporte, artículos, gastos para
recepciones y gastos en el exterior; tampoco podrán efectuarse traspasos
de gastos autorizados con diferentes fuentes de financiación.
En los presupuestos financiados con recursos provenientes del crédito
externo, sí se permitirán los traspasos de servicios personales a gastos
variables o viceversa, por Decreto Ejecutivo, previa aprobación de la
Contraloría General de la República.
Las solicitudes de traspaso, entre partidas de un mismo programa,
deberán ser presentadas por escrito, debidamente justificadas por los
jefes de los programas presupuestarios y autorizadas por el superior
jerárquico respectivo. Además, el oficial presupuestal correspondiente
certificará el saldo disponible de las subpartidas que se rebajen.
Los citados traspasos o transferencias podrán efectuarse en cualquier
momento, para atender situaciones de emergencia o de calamidad pública,
previamente declaradas por acuerdo del Poder Ejecutivo.
No podrán rebajarse las siguientes subpartidas de los ministerios:
alquileres, telecomunicaciones, energía eléctrica, gasolina, diesel y
medicinas. Tampoco podrán rebajarse las destinadas al pago de cuentas
pendientes de ejercicios anteriores, en programas de gastos directos de
los ministerios, ni las de productos alimenticios de los ministerios de
Seguridad Pública y de Gobernación y Policía.
Donaciones provenientes de organismos internacionales:
21.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto,
incorporé al Presupuesto Nacional las donaciones que reciba de organismos
internacionales o entidades estatales extranjeras.
Se autoriza al Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica para que incorpore, al Fondo del Plan Nacional de Desarrollo,
los recursos no reembolsables, provenientes de los convenios sobre
cooperación técnica que ese Ministerio suscriba con organismos
internacionales, en representación del Gobierno de la República, siempre
que esos aportes sean destinados al apoyo de las labores propias del
Ministerio, de las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo o de las
actividades de otras instituciones públicas que se beneficien con tales
recursos, para ejecutar labores que les asigne ese Ministerio, de acuerdo
con convenios especiales suscritos para tal propósito.
Modificación del Presupuesto del Poder Judicial:
22.- El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia
y mediante decretos ejecutivos del Ministerio de Hacienda, hará las
modificaciones necesarias al presupuesto del Poder Judicial, en todo lo
que se relacione con los cambios y plazas nuevas que sean indispensables
para la aplicación del Código de Procedimientos Penales, así como para
atender los gastos de la oficinas que sea preciso crear con el mismo
objeto. Los recursos presupuestarios se tomarán de la subpartida de
sueldos para cargos fijos, para final, reservada con ese propósito, y de
las subpartidas modificadas pro los decretos que lleguen a dictarse.
Autorización para aguinaldo con partida de 1984:
23.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para pagar el aguinaldo
(decimotercero mes) del año 1983 con cargo a las correspondientes partidas
de gastos del Presupuesto Nacional de 1984.
B. FONDOS ROTATIVOS
Fondos Adaptación Social:
24.- Para la operación de la Dirección General de Adaptación Social
se autoriza al Poder Ejecutivo para que constituya, por medio de la
Tesorería Nacional, un fondo rotatorio hasta por la suma de un millón de
colones, para facilitar la atención oportuna de los requerimientos de
materiales, mercaderías y servicios indispensables para el funcionamiento
de la Dirección. Este fondo se manejará en una cuenta corriente, en un
banco del Estado, contra la cual únicamente se podrá girar cheques con las
firmas del Ministro de Justicia, o su designado y del Contador General de
ese Ministerio, conjuntamente.
Corresponde a la Auditoría General del Ministerio de Justicia el
control del fondo a que se refiere esta norma, sin perjuicio de la
vigilancia externa que compete a la Contraloría General de la República.
Esta última dependencia dictará las regulaciones que estime pertinentes
para la operación de este fondo. En ningún caso podrá utilizarse esta
partida para el pago de servicios personales.
Fondo Proveeduría Nacional:
25.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para constituir, en la
Proveeduría Nacional, un fondo rotativo hasta por la suma de veintisiete
millones de colones, de los cuales dos millones servirán para la operación
del Almacén Nacional Escolar, por medio del cual se pagarán las compras de
materiales y servicios generales que constituyen el objeto normal de su
funcionamiento, y se reintegrará el producto de la venta de útiles y
materiales escolares que se efectúe. El saldo de veinticinco millones de
colones servirá para facilitar la atención oportuna de los requerimientos
de mobiliario y equipo de oficina, de mercaderías y servicios
contractuales de la Administración Pública. La Proveeduría Nacional sólo
podrá proporcionar bienes y servicios adquiridos con los recursos de este
fondo rotativo, cuando se le entreguen solicitudes de mercancías
debidamente aprobadas por las oficinas indicadas en la norma primera.
Estos fondos se manejarán en una cuenta corriente especial, en un
banco del Estado contra la cual se podrá girar únicamente con las firmas
del Proveedor Nacional y del Ministro de Hacienda, conjuntamente. La
Contraloría General de la República efectuará la auditoría del movimiento
de estos fondos, en forma periódica y en intervalos no mayores de seis
meses.
En ningún caso podrá utilizarse esta partida para el pago de
servicios personales.
Fondo Poder Judicial:
26.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que constituye, por medios
de la Tesorería Nacional, un fondo rotativo destinado a la operación del
Poder Judicial, únicamente con el objeto de facilitar la adquisición de
materiales, mercaderías y servicios que sean de carácter indispensable y
urgente; y a atender el pago del personal sustituto, durante el período de
vacaciones y licencias de los servidores judiciales.
El monto autorizado para el pago de sustitutos será de doscientos
cincuenta mil colones, el cual podrá ser aumentados hasta tres millones de
colones durante los meses de enero, febrero y marzo, inclusive. Se
manejará en una cuenta corriente, en un banco del Estado, contra la cual
sólo se podrán girar cheques con las firmas del Director Administrativo y
el Contador Judicial, conjuntamente Corresponde a la Auditoría Judicial
llevar el control del fondo a que se refiere esta norma, sin perjuicio de
la vigilancia externa que compete a la Contraloría General de la
República.
La Corte Plena dictará un reglamento para la operación del fondo, que
deberá ser aprobado por la Contraloría.
El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte y mediante decretos
ejecutivos elaborados por la Oficina de Presupuesto Nacional, hará las
modificaciones necesarias al presupuesto del Poder Judicial, en todo lo
que se relacione con los cambios que sean indispensables para el mejor
funcionamiento del fondo.
Autorización para el cambio de destino de partidas específicas:
27.- En el segundo semestre del año, la Contraloría General de la
República podrá autorizar el cambio de destino de las partidas específicas
incluidas en la Ley de Presupuesto vigente y, a partir del 1º de enero de
1983, de las partidas incluidas en la Ley de Presupuesto del ejercicio
fiscal del año anterior. Para tal efecto, la solicitud que se formule a la
Contraloría deberá estar presentada por escrito, con las formalidades de
ley, y estar respaldada por acuerdos formales del organismo o entidades a
las que se hubieran asignado los recursos. La Contraloría General de la
República, en el acuerdo que tome para aceptar, la sociedad, deberá
indicar que acepta, específica y plenamente, las razones que fundamental
el cambio solicitado.
Del superávit acumulado, proveniente de partida específicas no
empleadas, y debido a las necesidades de recursos de muchas entidades, se
faculta a la Contraloría General de la República para que autorice cambios
de destino de partidas específicas asignadas antes del 31 de diciembre de
En estos casos se requerirá solamente la existencia del acuerdo
tomado por la entidad u organismo que tuviere los fondos.
Por esta vía no podrá cambiarse el destino de partidas para cubrir
gastos corrientes.
SECCION III.- REGULACIONES SOBRE PERSONAL Y PUESTOS
Servicios especiales:
28.- Los sueldos del personal pagado por medio de las subpartidas de
servicios especiales de los ministerios, en ningún caso podrán ser
superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen de
Servicio Civil, en el desempeño de funciones similares.
Además, el personal pagado por servicios especiales deberá llenar los
requisitos exigidos por este régimen, y los nombramientos deberán
ajustarse a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio. En
los casos en que no se adicionen estos detalles deberán emitirse por
decretos ejecutivos. igualmente se procederá con los nombramientos que se
hagan, con cargo a las subpartidas de jornales de los ministerios.
Estos detalles de servicios especiales y jornales podrán ser
modificados por medio de Decreto Ejecutivo del Ministerio de Hacienda. La
Dirección General de Servicio Civil será responsable de la clasificación
de los cargos que figuren en la relación de puestos de servicios
especiales. Se exceptúan de los anterior, los contratos de trabajo del
personal del programa 509 -Desarrollo de la Educación Técnica (Convenio
MEP-BID) del Ministerio de Educación Pública-, hasta el vencimiento de los
mismos. Los nuevos contratos, así como las prórrogas de los existentes,
deberán sujetarse a los dispuesto en el párrafo primero de esta norma.
Relaciones de puestos del Gobierno Central:
29.- La Oficina Técnica Mecanizada, en colaboración con la Dirección
General de Servicio Civil, presentará, a más tardar el primero de abril de
cada año, la relaciones de puestos del Gobierno Central a la Oficina de
Presupuesto Nacional, con copias para los ministerios, los otros dos
poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones. Estas relaciones comprenderán
la clasificación y valoración a esa fecha, así como las proyecciones para
el año inmediato siguiente que solicite la Oficina de Presupuesto
Nacional, siempre que los programas de computación, en uso, lo permitan.
La Oficina de Presupuesto Nacional entregará a la Oficina Técnica
Mecanizada, el "listín de puestos" para el año inmediato siguiente, a más
tardar el 18 de diciembre de cada año.
La Oficina de Presupuesto Nacional incorpora, en el proyecto de ley
de presupuesto para el año siguiente, aquellos cambios en la clasificación
y valoración de los puestos que le hayan sido comunicados oficialmente por
la Dirección General de Servicio Civil, antes del primero de julio del año
en curso, en el caso de los empleados cubiertos por dicho Régimen.
Relación de puestos Ministerio de Educación:
30.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministro de Educación y
mediante decreto de los Ministerios de Hacienda y de Educación Pública,
podrá modificar la relaciones de puestos en los programas 505, 506, 507 y
508, para efectuar traslados o cambios de plazas y de horas lectivas,
entre los centros educativos del país, siempre y cuando las necesidades se
deriven de la matrícula efectiva de los diferentes centros educativos, y
para efectuar traslados o cambios de plazas de conserjes entre los centros
educativos, en el entendido de que los decretos que se deriven de la
presente norma sólo podrán crear un número de cargos, o de horas lectivas,
iguales a los que se rebajan, y que el traslado, o cambio de puestos, se
efectuará'sin perjuicio de los derechos adquiridos por los servidores
nombrados.
Para la correcta aplicación de esta norma, a partir del mes de marzo,
el Ministerio de Educación Pública deberá realizar, sin perjuicio de los
derechos adquiridos pro los servidores por los servidores, los reajustes
de personal ocasionados por la disminución de matrícula en los diversos
ciclos, para lo cual ejecutará, en las instituciones educativas del país,
un control presupuestario permanente sobre la relación de puestos incluida
en esta ley.
Relación de puestos del Ministerio de Relaciones Exteriores:
31.- El Ministerio de Hacienda, por medio de Decreto del Poder
Ejecutivo, podrá modificar la relación de puestos del programa 081
Servicio Exterior, con el propósito de adecuarla a las necesidades de las
diferentes situaciones políticas y económicas que así lo demanden sin
aumentar el número de puestos, siempre y cuando su costo no exceda la
cuota mensual, autorizada con ese fin en la Ley de Presupuesto Nacional.
Prohibición de aumento de puestos:
32.- El Poder Ejecutivo no podrá aumentar, mediante decreto, el
número de puestos contemplados en las relaciones de puestos de sueldos
para cargos fijos y de jornales.
SECCION IV.- NORMAS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA 1983
33.- El Poder Ejecutivo deberá girar, mensualmente, la suma de ciento
cuarenta y dos millones de colones (¢ 142.000.000) al Fondo Especial para
el financiamiento de la Educación Superior (artículo 85 de la Construcción
Política y leyes Nos. 5909 de 16/6/76 del 15/7/80).
34.- Se autoriza a la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A.
(RECOPE), para que canalice los fondos a que hace referencia el
transitorio IV de la ley Nº 6588 del 30 de julio de 1981, a partir del 1º
de mayo de 1982, a través de Transportes Metropolitanos, S.A. (TRANSMESA);
para los programas de dirección, planificación y control de eficiencia del
transporte remunerado de personas en el área metropolitana; para amortizar
las deudas completas provenientes de la compra de los autobuses adquiridos
en el año, 1981, así como para los gastos conexos con esas obligaciones,
lo mismo que para el programa de modernización del transporte remunerados
de personas y de nuevas modalidades de transporte.
35.- Autorízase a CODESA y a sus subsidiarias para que, previo
convenio, otorguen un crédito hasta por doscientos cincuenta mil sacos de
cemento al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual se
cancelará en futuros presupuestos.
36.- El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y la
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la
Vertiente Atlántica (JAPDEVA) reintegrarán al fondo general del Gobierno,
los recursos provenientes de los incrementos tarifarios especificados por
concepto de reintegro de inversiones, según lo estipulado en las
resoluciones números 3167 y 3168 del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, del 9 de agosto de 1982. Se autoriza al Ministerio de
Hacienda para que, mediante decreto, aumente los egresos del Título 12,
excepto "Servicios Personales".
Los egresos provenientes de la aplicación de esta norma deberán
incluirse, para su ratificación, en el primer presupuesto extraordinario
que envíe el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para 1983.
37.- Se faculta al Ministerio de Hacienda para que, conjuntamente con
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, fijen una tasa a toda
mercancía que sea movilizada en muelles de países vecinos, con destino a
Costa Rica, o que haya salido de nuestro país hacia países fuera del área
centroamericana, con el propósito de que se refuercen los recursos
financieros destinados a pagar los compromisos adquiridos en la
construcción de las facilidades portuarias del país.
38.- Se faculta al Poder Ejecutivo para que presupueste
trimestralmente y transfiera los sobrantes de la partida de Servicios
Personales, de todos los programas del Título 12, para reforzar las
partidas de combustibles y lubricantes, repuestos, materiales (cemento,
madera, productos metálicos, asfalto y otros materiales de construcción)
y las contrapartidas de obras por contrato.
39.- Se faculta al Tesorero Nacional a fin de que autorice al
Ministerio de Obras Públicas y Transportes para gestionar, con las
instituciones de crédito internacional, la utilización del procedimiento
de pago directo del Banco Central al terceros.
40.- Los fondos de divisas provenientes de los préstamos otorgados
por organismos internacionales al Gobierno Central, o a las instituciones
descentralizadas, como resultado de convenios bilaterales o
multilaterales, o de cualquier otra fuente, que deban ser transformados en
moneda nacional, serán convertidos a esta moneda al tipo de cambio para la
compra de divisas (tasa interbancaria) que actualmente rige, al tipo por
el cual se sustituya en el futuro, o al tipo de cambio que el Banco
Central fije exclusivamente con ese objeto.
41.- Se autoriza al Estado y a sus instituciones para que utilicen
puesto administrativos o técnicos de un programa en otro de un mismo
título o de títulos diferentes, dentro de la misma categoría o nivel, con
el fin de fortalecer los que se consideren prioritarios. Asimismo,
aquellas plazas vacantes, o cargas o códigos ocupados en cualquier
dependencia del Estado o sus instituciones, podrán ser trasladados a otros
entes de la administración pública. Todo lo anterior con la autorización
del Ministro de Hacienda y del Director del Servicio Civil, o de los
superiores jerárquicos de los entes públicos interesados.
42.- Para efectos de ejecución de presupuesto, los ingenieros,
arquitectos y licenciados en Ciencias Económicas del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, mantienen las obligaciones y beneficios
garantizados en la norma número ochenta y nueve de mil novecientos
ochenta, siempre y cuando ocupen cargos o puestos, cuya naturaleza
corresponda a las profesiones que ostenta cada uno de esos profesionales.
43.- La Asamblea, Legislativa, por acuerdo de su Directorio, podrá
efectuar transferencia entre cualquier de sus partidas, en el momento que
lo considere oportuno.
Para tal efecto, la Contraloría General de la República deberá
certificar la disponibilidad de los fondos de las partidas que se vayan a
afectar. Dicho acuerdo deberá ser publicado en "La Gaceta".
SECCION V.- OTRAS NORMAS
44.- Durante el año 1983 no se aplicará el impuesto sobre las ventas
a los derivados del petróleo, y su precio de venta al consumidor será
fijado por el organismo competente, una vez cumplidos todos los requisitos
señalados para ese efecto.
45.- Se autoriza a FECOSA para traspasar al Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo, los terrenos conocidos como estación vieja de la
Northern Railway en Alajuela. FECOSA dejará en su poder una fracción del
terreno para andén de pasajeros.
El INVU dedicará estos terrenos a un complejo multifamiliar de
vivienda popular y a una área de recreación.
46.- Se autoriza a la Municipalidad de Alajuela para vender, y al
Ministerio de Seguridad Pública para comprar, los terrenos y edificios
ubicados donde está la Guardia Civil, en la suma de dos millones cien mil
colones (¢ 2.100.000,00). El pago se tomará de la partida de alquileres de
ese Ministerio, y deberá quedar cancelado a más tardar en 1984. La
Municipalidad destinará la suma indicada a la construcción de la terminal
de buses y a pagos varios; todo bajo la fiscalización de la Contraloría
General de la República.
47.- Modifícase la ley Nº 6025 del 20 de diciembre de 1976 para que
diga así: "Autorízase a la Municipalidad de San Mateo para variar el
destino a la partida de veinticinco mil colones, o el saldo que hubiere,
consignada a su favor en el Código 444 del Programa 887 de dicha ley, para
la Cruz roja de San Mateo, a fin de que se utilicen en gastos varios de la
Municipalidad de San Mateo".
48.- Modifícase la ley Nº 6025 del 20 de diciembre de 1976 para que
diga así: "Autorízase a la Municipalidad de San Mateo para variar el
destino a la partida de quince mil colones, o al saldo que hubiere,
consignada a su favor en el Código 440 del Programa 887 de dicha ley, para
plaza de deportes de Desamparados de San Mateo a fin de que se utilice en
gastos varios de la Municipalidad de San Mateo".
49.- Refórmanse el artículo 1º de la ley Nº 1152 del 13 de abril de
1950 y sus incisos a), b) y c), los cuales dirán así:
"Artículo 1º.- El productos o utilidad neta de la lotería nacional,
el cual se determinará restando de la utilidad bruta el trece por ciento,
será distribuido de la siguiente manera:
a) Un dos por ciento para la Lucha Antivenérea.
b) Un seis por ciento será distribuido por la Junta de Protección
Social de San José entre las siguientes instituciones, según indicaciones
de la Dirección General de Asistencia, cuyo Consejo Técnico determinará
las cuotas de acuerdo con la importancia y las necesidades de cada una:
Hospicio de Huérfanos, San José.
Asilo Carlos María Ulloa, San José.
Asilo de Ancianos y Huérfanos, Alajuela.
Reformatorio de mujeres menores, San José.
Casa de Refugio, San José.
Hospicio de Huérfanos, Cartago.
Hospicio de Huérfanos, Cartago.
Asilo de la Vejez, Cartago.
Asociación Benéfica de Cristo Obrero, Puntarenas.
Hogar Cristiano, Puntarenas.
Maternidad de Atenas.
Hogar Cristiano, Cartago.
Hogar de Ancianos de Orotina.
Asilo de Ancianos, Palmares.
Asilo de Ancianos, Desamparados.
Asilo de Ancianos, Santa Cruz.
Asilo de Ancianos, San Ramón.
Asilo de Ancianos, Grecia.
Asilo de Ancianos, San Carlos.
Asilo de Guápiles.
Asilo de Limón centro.
Hogar de Ancianos de Puntarenas.
c) Un dos por ciento a la Caja Costarricense de Seguro Social, la que
deberá recibir el respectivo monto en forma directa."
50.- Créase una renta adicional, a favor de la Corporación
Costarricense de Desarrollo, S.A., de seis céntimos de colón por cada
dólar, y por su equivalente en las transacciones de las demás divisas
extranjeras, que se transen en el mercado oficial y, en su caso, en los
mercados interbancarios y libre de divisas. La Corporación destinará esta
renta al servicio de su deuda externa y a financiar otras de sus
necesidades.
Con el propósito anterior, el Banco Central de Costa Rica ajustará el
diferencial entre le tipo de compra y el tipo de venta de dólares y de
otras monedas extranjeras, y traspasará los fondos correspondientes
directamente a la Corporación.
51.- A fin de contribuir a la solución del difícil problema fiscal
que afronta el país, y de evitar que aumente el déficit presupuestarios
del Gobierno Central, se autoriza a la Cooperación Costarricense de
Desarrollo, S.A. para que, durante un período de un año, pueda vender las
acciones de su empresas, previa autorización, en cada caso, del Consejo de
Gobierno y de la Contraloría General de la República, en al forma y
condiciones que el Consejo establezca y bajo las condiciones siguientes:
a) En cada caso, la Contraloría General de la República rendirá a la
Asamblea Legislativa, un informe sobre la venta de cada empresa, a más
tardar treinta días después de realizada la venta;
b) Ninguna empresa de CODESA, cuya venta se autoriza mediante esta
norma, podrá vender sus acciones en más de un cuarenta por ciento a
personas físicas o jurídicas extranjeras. También queda prohibido que de
cada empresa, CODESA pueda vender más del cuarenta y nueve por ciento de
sus acciones;
c) Ninguna de las empresas que desarrolle cualquiera de las
actividades especificadas en el artículo 121, incisos 14) de la
Constitución Política de la República, podrá ser enajenada;
ch) En la venta de acciones, en iguales condiciones, se dará
prioridad a las organizaciones sociales de los trabajadores, tales como
cooperativas, o de otro tipo.
El Sistema Bancario Nacional podrá financiar a estas organizaciones,
así como a pequeños inversionistas nacionales que deseen comprar acciones
de las empresas de CODESA; y
d) A más tardar sesenta días después de la vigencia de esta ley, el
Poder Ejecutivo deberá emitir el correspondiente reglamento, que contemple
los procedimientos para la venta de las empresas de CODESA.
La Contraloría General de la República deberá aprobar el respectivo
reglamento y velar por el fiel cumplimiento del mismo.
El producto de la venta de las acciones de las empresas de CODESA
será destinado, en primer término, a cubrir integrante el pago de sus
obligaciones crediticias con el Banco Central de Costa Rica.
Para vender porcentajes de acciones mayores a los que se establecen
en esta norma, deberá contarse con la autorización de la Asamblea
Legislativa, la cual deberá otorgarse en un plazo no mayor de treinta días
hábiles. Esta autorización se conocerá y se aprobará o improbará en un
solo debate; este acto legislativo es de naturaleza administrativa, según
los términos del párrafo final del artículo 124 de la Constitución
Política.
En la compra de esta acciones no podrán participar funcionarios ni
empleados de CODESA, ni de sus empresas subsidiarias, salvo que sena
simples obreros o empleados y que para tal efecto constituyan asociaciones
cooperativas, o empresas de autogestión o de cogestión.
En el caso de las tierras de CATSA, éstas deberán destinarse a
proyectos ligados a los programas de desarrollo agrario y, en ningún caso,
podrán venderse, directa o indirectamente, a personas físicas o jurídicas
extranjeras.
52.- El Poder Ejecutivo y las instituciones autónomas y
semiautónomas, durante la vigencia de este presupuesto, no autorizarán
salidas de funcionarios al exterior, sin la aprobación previa del
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Este Ministerio
no autorizará la salida de funciones si, para el país, no se justifica
plenamente la conveniencia del tal salida. Se exceptúa de esta norma, el
señor Presidente de la República y a los funcionarios de la instituciones
de educación superior a que se refiere el artículo 84 de la Constitución
Política.
53.- El porcentaje de compensación por la prohibición para ejercer
otras funciones será de un cincuenta por ciento para los profesionales a
que se refieren los artículos 113 del Código Tributario y 141 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y de un cuarenta y cinco por ciento para los
egresados que tengan prohibición por el artículo 113 citado y para los
egresados en Derecho a quienes se les imponga la prohibición con base en
la ley Nº 5867 del 15 de diciembre de 1975.
Tendrán derecho a los beneficios de la ley Nº 5867 del 15 de
diciembre de 1975 y sus reformas, los funcionarios que desempeñen los
puestos de jefatura de la organización financiera básica del Estado, a que
hace referencia el artículo 2º de la Ley de la Administración Financiera
de la República Nº 1279 del 2 de mayo de 1951 y sus modificaciones.
Igualmente disfrutarán de dicho beneficio el Tesorero Nacional, el
Subtesorero Nacional, el Contador Nacional, el Proveedor Nacional, los
funcionarios de la Dirección General de Industrias del Ministerio de
Industria, Energía y Minas, el Jefe de la Oficina de Presupuesto, el Jefe
de la Oficina de Control de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los
funcionarios de la Oficina de Presupuesto Nacional y los administradores
de aduana.
54.- Modifícase en lo conducente la Norma General 48 de la Ley de
Presupuesto Nº 6700 del 14 de diciembre de 1981 y sus reformas, para que
el artículo 13 de la ley Nº 148 de 23 de agosto de 1943 y sus
modificaciones, diga así:
"Artículo 13.- Los miembros de los Supremos Poderes, los empleados y
funcionarios de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría General de la
República, podrán pedir su jubilación con derecho a recibir una pensión
igual al sueldo promedio devengado en la institución en que presten sus
servicios al momento de jubilarse, siempre que haya servido más de treinta
años y tengan más de cincuenta años de edad. Cuando hayan servido menos de
treinta años pero más de diez, la pensión será proporcional al número de
años servidos. Los años desempeñados como miembros de uno de los Supremos
Poderes, se computarán a los otros años servidos en la Administración
Pública. Este régimen de pensiones será facultativo para los diputados,
por lo que no quedarán protegidos por sus beneficios ni obligados a
contribuir económicamente para el fondo respectivo, cuando comuniquen por
escrito al Directorio de la Asamblea Legislativa que no desean pertenecer
al régimen. El Directorio comunicará a la oficina correspondiente esas
exclusiones, para que en esos casos no se hagan las deducciones señaladas
en el artículo 10 de esta ley.
Los ex miembros de los Supremos Poderes, incluidos los
vicepresidentes, y sus cónyuges sobrevivientes, en su caso, mayores de
cincuenta años, protegidos o no por este régimen, que hayan servido por un
mínimo de diez años, tendrán derecho a una pensión no menor de diez mil
colones (¢ 10.000) mensuales. En el caso de los ex diputados, dicha
pensión se incrementará cada año, a partir de 1983, en un treinta por
ciento (30%) sobre su monto, sin que en ningún caso éste pueda ser mayor
a la remuneración total de las dietas que por concepto de sesiones de
comisión y de plenario de la Asamblea Legislativa devenga mensualmente un
diputado.
Las pensiones a que se refiere este régimen estarán sujetas a las
siguientes deducciones:
a) Las contempladas en el artículo 10 de esta ley;
b) Las que indican la ley Nº 3808 del 22 de noviembre de 1966;
c) Las cuotas para la Caja Costarricense de Seguro Social; y
ch) La proporción correspondiente en caso de pensión alimenticia.
Se autoriza al Ministerio de Hacienda para variar las partidas del
presupuesto correspondiente con el fin de cubrir las obligaciones aquí
establecidas.
El Departamento Nacional de Pensiones del Ministro de Trabajo y
Seguridad Social deberá hacer, de oficio en las planillas, los reajustes
necesarios a las pensiones ya otorgadas para adecuarlas a los dispuesto en
la presente ley.
55.- Se autoriza al INVU para donar, a la Asociación de Padres y
Amigos de la Persona Excepcional (ASPAPEX), cédula jurídica Nº
3-00205116103, parte de la finca inscrita en Partido de San José, tomo
16022658, folio 317-518, número 147964, asientos 1 y 126, plano catastrato
SJ 404812/80 del 28 de setiembre de 1980.
56.- Se autoriza al Banco Nacional de Costa Rica para vender a la
Municipalidad de Orotina el edificio que actualmente ocupa la Biblioteca
Pública, en el precio y condiciones que ambas partes acuerden.
57.- El servidor que hubiere prestado servicios en cualquiera de las
instituciones incluidas en esta ley, por un período no inferior a cinco
años, cuyos servicios hayan sido desempeñados con reconocida eficiencia,
podrá reingresar dentro de la década siguiente, a la misma clase de puesto
que ocupaba, sin participar en concurso y con los reconocimientos
laborales que tenía en el momento en que hizo dejación del mismo. De igual
derecho disfrutarán los servicios cuyos puestos hubieren sido suprimidos
por ley o por reducción forzosa de servicios.
58.- Los bienes objetos, evidencias, valores y otros que por
sentencia de los tribunales de la República pasen al Estado, serán donados
a instituciones de educación del cantón donde se produjo el depósit