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Ley 6847: financiamiento y maquinaria barata para industrias rurales

La ley sigue vigente y da financiamiento, maquinaria y divisas preferenciales a industrias medianas o pequeñas ubicadas fuera del área metropolitana de San José.

Título oficial LEY N°. 6847 DE 27 DE ENERO DE 1983. (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: LEY DE FOMENTO A LA INDUSTRIA RURAL).

Atención: El artículo 7 exceptúa los contratos de maquinaria de la Ley de contratación administrativa, lo que genera una duda frente al artículo 182 de la Constitución.

La letra pequeña

Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.

  • A quién le sirve: Empresas industriales rurales y municipalidades

    Los contratos para usar maquinaria y equipo público no pasan por la Ley de contratación administrativa. Eso reduce el control sobre cómo se usan esos bienes.

    A esos contratos no se les aplicarán las disposiciones de la Ley de contratación administrativa.
    7, texto oficial

Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.

A quién le toca

  • Industrias medianas o pequeñas en zona rural que quieran inscribirse en el registro
  • Bancos estatales que deben tener una cartera específica para estas industrias
  • Municipalidades que quieran prestar maquinaria a industrias rurales
  • Cooperativas y sindicatos de trabajadores que quieran comprar bienes al costo

A quién beneficia

  • Financiamiento por medio de una cartera específica en los bancos estatales
  • Divisas a tipo preferencial para instalar plantas e importar materia prima
  • Maquinaria y equipo del MOPT al costo para construir o mejorar plantas
  • Preferencia para otros incentivos legales cuando llenen los requisitos

Qué cambia

  • Los contratos de maquinaria no pasan por la Ley de contratación administrativa
  • Solo las empresas inscritas en el registro reciben los beneficios
  • La zona rural se define por exclusión: fuera del área metropolitana y sin ser cabecera de provincia

La explicación completa

Qué cambia

La Ley 6847 sigue vigente y no cambia nada nuevo para usted hoy. Es una ley de 1983 que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica coordina para fomentar industrias rurales (art. 1).

Los beneficios se dan a industrias medianas o pequeñas que estén en zona rural. Zona rural es toda localidad que no esté en el área metropolitana de San José y que no sea cabecera de provincia (art. 3).

Para recibir los beneficios, la empresa debe cumplir tres requisitos. Su producto final debe tener al menos un 60% de valor agregado nacional. Debe generar empleo y ser importante para el desarrollo de la zona. Debe emplear al menos un 90% de trabajadores costarricenses (art. 4).

El Sistema Bancario Nacional debe crear un sistema de financiación para estas industrias. Todos los bancos estatales deben tener una cartera específica para financiarlas (art. 5).

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes puede prestar su maquinaria y equipo para construir o mejorar las plantas físicas de estas industrias. La empresa paga el costo en la Tesorería Nacional (art. 6).

Para usar esa maquinaria se firman contratos. A esos contratos no se les aplica la Ley de contratación administrativa (art. 7). Así quedó reformado por el artículo 22 de la Ley 8823 del 5 de mayo de 2010 2.

Las municipalidades también pueden usar esa autorización para prestar maquinaria (art. 8).

El Ministerio de Planificación lleva un registro de las empresas beneficiadas. Solo las empresas inscritas reciben los beneficios de la ley (art. 9) (art. 10).

Las empresas inscritas pueden obtener divisas de los bancos del Sistema Bancario Nacional a un tipo preferencial. Eso sirve para instalar plantas físicas e importar materia prima (art. 11).

El Sistema Bancario Nacional puede vender al costo terrenos, maquinaria y otros bienes inmuebles a cooperativas, sindicatos de trabajadores y empresas autogestionarias o cogestionarias. Deben usarse para fomentar industrias rurales (art. 12).

La ley rige seis meses después de su publicación (art. 13).

A quién le toca

A las industrias medianas o pequeñas ubicadas en zona rural, que cumplan los tres requisitos del artículo 4 (art. 3) (art. 4).

A los bancos estatales, que deben tener una cartera específica para financiar estas industrias (art. 5).

Al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que coordina el programa y lleva el registro (art. 1) (art. 9).

Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que puede prestar su maquinaria y equipo (art. 6).

A las municipalidades, que pueden hacer lo mismo (art. 8).

A las cooperativas, sindicatos de trabajadores y empresas autogestionarias o cogestionarias, que pueden comprar bienes al costo (art. 12).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI muestra la versión 3 de 3 y no tiene observaciones de la Procuraduría 3.

El artículo 7 y el transitorio fueron reformados por el artículo 22 de la Ley 8823 del 5 de mayo de 2010 2. El texto vigente del artículo 7 dice: "A esos contratos no se les aplicarán las disposiciones de la Ley de contratación administrativa" (art. 7).

El texto vigente del transitorio dice: "El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en los otros aspectos, dentro de los cinco meses siguientes a su publicación" (art. Transitorio).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución en el dossier.

El artículo 50 pide que el Estado organice y estimule la producción y el más adecuado reparto de la riqueza Constitución, art. 50. La ley hace eso al dar beneficios a industrias rurales (art. 1).

El artículo 56 dice que el Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil Constitución, art. 56. La ley pide generar empleo en la zona (art. 4).

El artículo 64 pide fomentar cooperativas Constitución, art. 64. La ley incluye a cooperativas entre los beneficiarios (art. 12).

Hay una duda sobre el artículo 182. Ese artículo exige licitación para contratos de obras públicas y compras con fondos públicos Constitución, art. 182. El artículo 7 de la ley dice que a esos contratos no se les aplica la Ley de contratación administrativa (art. 7). La duda es si prestar maquinaria pública sin licitación choca con ese artículo. La Sala Constitucional no se ha pronunciado en el dossier.

Qué puede hacer usted

Si una institución pública le niega un beneficio que la ley ordena, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional guía, p. 22.

El amparo se presenta contra el servidor o el órgano que causa el agravio. Se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos guía, p. 22.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma constitucional guía, p. 24.

La acción requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa. No se necesita ese caso cuando se defienden intereses difusos o colectivos guía, p. 24.

Si una institución pública maneja mal los recursos del programa, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La denuncia se presenta en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, o al teléfono 2501-8025 guía, p. 68.

Si una institución pública le da un mal servicio, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoría técnica gratuita para redactar el proyecto guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas empresas están inscritas en el registro del Ministerio de Planificación.

El dossier no dice cuánto dinero han recibido estas industrias por la cartera específica de los bancos estatales.

El dossier no incluye el reglamento que fija los criterios para calificar una industria como mediana o pequeña.

El dossier no dice si la Sala Constitucional ha resuelto algo sobre el artículo 7.

Estado en SINALEVI

VigenteVersión de la norma: 3 de 3Ver en SINALEVI

La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas

El Censo no encontró un choque directo, pero hay una duda sobre el artículo 7 y la licitación que exige el artículo 182.

  1. Constitución, art. 182"Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo."
    Esta ley, art. 7"A esos contratos no se les aplicarán las disposiciones de la Ley de contratación administrativa."

    Hay dudas La Constitución pide licitación para contratos de obras públicas y compras con fondos públicos. La ley exceptúa los contratos de maquinaria de la Ley de contratación administrativa. Queda la duda de si esa excepción choca con el artículo 182.

  2. Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
    Esta ley, art. 1"El programa de fomento a las industrias rurales a que se refiere la presente ley será coordinado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, de acuerdo con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo."

    Sin choque aparente La Constitución pide estimular la producción. La ley crea un programa para fomentar industrias rurales. Calzan.

  3. Constitución, art. 56"El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada"
    Esta ley, art. 4"Deberá generar empleo y, en general, ser un factor importante para el desarrollo de la zona en que se ubique."

    Sin choque aparente La Constitución pide ocupación para todos. La ley exige que la empresa genere empleo en la zona. Calzan.

Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.

Fuentes

  1. Ley 6847: LEY N°. 6847 DE 27 DE ENERO DE 1983. (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: LEY DE FOMENTO A LA INDUSTRIA RURAL). Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa
  2. Ley 8823: Reforma varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública (Vigente) SINALEVI, Procuraduría General de la República, 05/05/2010
  3. Ley 6847 en SINALEVI: Ley Fomento Industrias Rurales (Vigente, Versión de la norma: 3 de 3) SINALEVI, Procuraduría General de la República, 01/02/1983
  4. Constitución Política (texto vigente) SINALEVI, PGR, 2026-11-02
  5. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica CONAMAJ, 2025, 2025
Límites de esta investigación
  • No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.

Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.

Texto oficial completo

Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.

Leer el texto completo

Ley 6847

Ley Fomento Industrias Rurales

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Artículo 1º.- El programa de fomento a las industrias rurales a que se

refiere la presente ley será coordinado por el Ministerio de Planificación

Nacional y Política Económica, de acuerdo con los postulados del Plan

Nacional de Desarrollo.

Artículo 2º.- El Ministerio de Planificación Nacional y Política

Económica procurará incorporar a este programa a las municipalidades,

cooperativas, asociaciones de desarrollo de la comunidad y empresas de

autogestión y cogestión, con apoyo en los programas agroindustriales de las

empresas de la Corporación de Desarrollo, Sociedad Anónima.

Artículo 3º.- Los beneficios establecidos en esta ley se otorgarán,

conforme con sus regulaciones, a las industrias que puedan calificarse de

medianas o pequeñas, según los criterios que se incluirán en el reglamento

y que se ubiquen en zonas rurales. Para tales efectos se entiende por zona

rural toda localidad que no esté situada en el área metropolitana de San

José y que no constituya una cabecera de provincia.

Artículo 4º.- Para disfrutar de los beneficios de esta ley, la empresa

industrial ubicada en una zona rural necesariamente deberá reunir los

siguientes requisitos:

a) Su producto final deberá tener un valor agregado nacional de por lo

menos un sesenta por ciento.

b) Deberá generar empleo y, en general, ser un factor importante para

el desarrollo de la zona en que se ubique.

c) Deberá emplear por lo menos un noventa por ciento de trabajadores

costarricenses.

Artículo 5º.- El Sistema Bancario Nacional, de conformidad con las

reglas de su Ley Orgánica, establecerá un sistema de financiación para las

industrias rurales, en coordinación con el Ministerio de Planificación

Nacional y Política Económica y de acuerdo con los lineamientos del Plan

Nacional de Desarrollo. Todos los bancos estatales deberán tener una

cartera específica para la financiación de estas industrias, según lo

determine el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 6º.- Se faculta al Ministerio de Obras Públicas y

Transportes para que, en forma coordinada con el Ministerio de

Planificación Nacional y Política Económica, establezca un plan para que la

maquinaria y el equipo bajo su administración puedan ser utilizados en la

construcción y el mejoramiento de las plantas físicas de las industrias

rurales, en la medida en que no se afecte el servicio público.

La maquinaria y el equipo, conforme con ese plan, se facilitarán a las

empresas industriales a que se refiere esta ley, para que sean operadas al

costo, cuyo monto deberá ser pagado por el interesado en la Tesorería

Nacional.

Artículo 7.- Para los efectos de la utilización de la maquinaria y el equipo a que se refiere el artículo anterior deberán suscribirse contratos, cuyo contenido se fijará en las normas reglamentarias de esta Ley. A esos contratos no se les aplicarán las disposiciones de la Ley de contratación administrativa.

(Así reformado por el artículo 22° de la ley N° 8823 del 5 de mayo de 2010)

Artículo 8º.- La autorización contenida en el artículo 6º anterior se

extiende a todas las municipalidades de la República, a las cuales se les

aplicará el reglamento señalado en el artículo 7º de esta ley.

Artículo 9º.- El Ministerio de Planificación Nacional y Política

Económica llevará un registro de las empresas industriales beneficiadas por

esta ley.

En ese registro se inscribirán las empresas que reúnan los requisitos

establecidos en el artículo 4º anterior, según se constaten en una

resolución razonada del Ministerio de Planificación Nacional y Política

Económica.

Artículo 10.- Solamente las empresas inscritas en el registro citado

en el artículo 9º anterior se beneficiarán con las disposiciones de esta

ley. La inscripción dará preferencia a esas empresas para beneficiar con

otros incentivos legales, cuando llenen los requisitos señalados en las

leyes especiales que los hayan establecido.

Artículo 11.- Las empresas inscritas en el registro que indica el

artículo 9º de esta ley podrán obtener divisas de los bancos del Sistema

Bancario Nacional a un tipo preferencial, conforme con las regulaciones

monetarias vigentes, para la instalación de sus plantas físicas y para la

importación de la materia prima que utilicen, cuando esa importación tenga

la relación referida en el inciso a) del artículo 4º de esta ley.

Artículo 12.- Se autoriza al Sistema Bancario Nacional para que venda

en forma directa y al costo en libros, a cooperativas, sindicatos de

trabajadores, empresas autogestionarias y cogestionarias, terrenos,

maquinaria y otros bienes inmuebles, siempre que vayan a ser utilizados en

el fomento a las industrias rurales.

Artículo 13.- Esta ley rige seis meses después de su publicación.

Transitorio.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en los otros aspectos, dentro de los cinco meses siguientes a su publicación.

(Así reformado por el artículo 22° de la ley N° 8823 del 5 de mayo de 2010)

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