Municipalidades fijan tarifas de estacionómetros y cobran multas de diez tarifas

Qué cambia

La ley reforma los artículos 2, 3 y 4 de la Ley de Instalación de Estacionómetros, Nº 3580 del 13 de noviembre de 1965 (art. 1). Cada municipalidad debe dividir el cantón en zonas céntricas y no céntricas mediante reglamento.

En las zonas céntricas el cobro se hace con estacionómetros, por tarifa fija mensual o anual, o con otro sistema que diga el reglamento (art. 1). En las zonas no céntricas solo se cobra en los lugares señalados para eso. En el resto de esas zonas el estacionamiento es gratis.

El Concejo Municipal fija las tarifas. La Contraloría General de la República las refrenda en un plazo no mayor de treinta días hábiles después de recibirlas (art. 1). Las tarifas no pueden ser menores al setenta y cinco por ciento de lo que cobran los estacionamientos privados por servicios similares.

Si un vehículo se estaciona sin pagar, o sigue estacionado después de vencido el tiempo pagado, el propietario recibe una multa (art. 1). La multa es diez veces la tarifa fijada en el artículo anterior.

El infractor puede pagar la multa directamente en la tesorería municipal dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes (art. 1). También puede pagarla en la forma y lugar que indique la municipalidad.

Si no paga en ese plazo, la tesorería municipal impone la multa con un recargo del dos por ciento mensual (art. 1). El recargo no puede pasar del veinticuatro por ciento del monto adeudado.

Una multa o varias multas sin cancelar durante un año o más se convierten en gravamen sobre el vehículo (art. 1). El vehículo también responde por los gastos de una eventual acción judicial.

El gravamen se anota y se cancela con un oficio que las tesorerías municipales envían al Registro Público de la Propiedad de Vehículos (art. 1). Cancelar todas las multas es requisito para retirar los derechos de circulación cada año. A esos derechos se acompañan los comprobantes de infracción.

La ley rige desde su publicación (art. 2). Las municipalidades tenían que dictar el reglamento con asesoría del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en un plazo no menor de treinta días hábiles desde la publicación (art. 1).

A quién le toca

A las municipalidades. Deben dividir el cantón en zonas céntricas y no céntricas, fijar tarifas y enviarlas a la Contraloría (art. 1). También deben dictar el reglamento con asesoría del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.

A los Concejos Municipales. Fijan las tarifas que se cobran en las dos zonas (art. 1).

A la Contraloría General de la República. Refrenda las tarifas en un plazo no mayor de treinta días hábiles (art. 1).

A los propietarios de vehículos. Pagan la tarifa de estacionamiento y, si no pagan, una multa de diez veces la tarifa (art. 1). También cargan con el recargo del dos por ciento mensual si no cancelan en cuarenta y ocho horas.

A quienes deben retirar los derechos de circulación. Necesitan cancelar todas las multas para retirarlos cada año (art. 1).

A los estacionamientos privados. Sus tarifas por servicios similares sirven de piso: la tarifa municipal no puede ser menor al setenta y cinco por ciento de lo que ellos cobran (art. 1).

Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación disponible no trata sobre esta ley. Es una comparecencia del 8 de junio de 2022 sobre el expediente 21 1824, una propuesta para derogar regímenes de pensiones complementarios especiales 00:00:21.

En esa audiencia, el vicepresidente de la asociación de pensionados del Banco Nacional dijo que el fondo está consolidado y tiene un superávit de 35 mil millones de colones 00:00:38. Dijo también que el fondo del Banco Nacional nació como pensión del primer pilar y después pasó al segundo pilar 00:01:20.

Un diputado de la fracción de Nueva República pidió a los comparecientes que enviaran a la comisión los estudios actuariales que mencionan 00:02:04. Una diputada del Frente Amplio citó un criterio del Banco Central de Costa Rica de octubre de 2020 00:02:42. Ese criterio expresaba preocupación por una eventual liquidación masiva de títulos que genere tensiones en los mercados financieros 00:03:04.

Nada de esto se refiere a los estacionómetros ni a la Ley 6852.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI muestra una sola versión de la norma y no registra observaciones de la Procuraduría 3.

El texto vigente en SINALEVI coincide con el texto aprobado que aparece en el dossier. No hay dos versiones que comparar.

Frente a la Constitución

El artículo 169 de la Constitución pone la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley encaja ahí: son las municipalidades las que dividen el cantón en zonas y fijan las tarifas (art. 1).

El artículo 170 dice que las corporaciones municipales son autónomas §Constitución, art. 170. El Censo no encontró choque entre esa autonomía y la obligación de enviar las tarifas a la Contraloría. El artículo 175 de la Constitución ya exige aprobación de la Contraloría para los presupuestos municipales §Constitución, art. 175.

El artículo 184 da a la Contraloría la atribución de examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades §Constitución, art. 184. La refrenda de tarifas que ordena la ley va en la misma línea de control sobre fondos municipales.

El artículo 45 dice que la propiedad es inviolable y que a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley §Constitución, art. 45. El gravamen sobre el vehículo por multas sin cancelar podría generar dudas sobre ese punto. La ley no menciona indemnización (art. 1).

El artículo 18 dice que los costarricenses deben contribuir para los gastos públicos §Constitución, art. 18. El cobro de estacionamiento y las multas se apoyan en ese deber.

Qué puede hacer usted

Si una municipalidad le cobra una tarifa de estacionamiento que no fue refrendada por la Contraloría, puede presentar un recurso de amparo. El amparo procede contra actos u omisiones de servidores públicos que violen o amenacen violar derechos fundamentales §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo.

Paso a paso para el amparo: escriba con claridad el hecho que lo motiva, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano autor y las pruebas §guía, p. 23. No necesita citar la norma constitucional infringida. Puede presentarlo por memorial, telegrama u otro medio escrito.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo que se trate de intereses difusos.

Si una municipalidad no rinde cuentas del dinero de las multas o de las tarifas, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza los fondos públicos y revisa los presupuestos de las municipalidades §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si la municipalidad le da un mal servicio o le cobra de forma irregular, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes. Atiende asuntos relacionados con el mal funcionamiento de los servicios de las instituciones públicas §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto debe llevar las firmas de al menos el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral §Constitución, art. 195. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto cobra hoy cada municipalidad por estacionamiento ni cuáles tarifas están refrendadas.

El dossier no dice si todas las municipalidades ya dictaron el reglamento que ordena la ley.

El dossier no dice cuántas multas se han impuesto ni cuántos gravámenes hay anotados en el Registro Público de la Propiedad de Vehículos.

El dossier no incluye la Ley 3580 de 1965 completa, solo los artículos 2, 3 y 4 reformados.