Montes de Oro puede pedir un préstamo de 10 millones con aval del Estado

Qué cambia

La Municipalidad de Montes de Oro quedó autorizada a obtener un préstamo de hasta 10 000 000,00 de colones, con la garantía del aval del Estado, según el título oficial de la ley 1. El dinero se destina a la cañería, según el nombre con que la Procuraduría registra la norma: "Empréstito Municipalidad Montes Oro para Cañería" 2.

El texto consolidado que publica SINALEVI no muestra artículos: la ficha dice "No hay artículos disponibles para mostrar" (art. 1). Por eso este artículo no puede detallar plazos, tasas ni condiciones de pago: el dossier no los trae.

La ley es de 04 de marzo de 1983 y la Asamblea la registra como vigente 1. SINALEVI también la marca como "Vigente", en su versión 1 de 1, sin observaciones 2.

A quién le toca

A la Municipalidad de Montes de Oro, que es la que puede contratar el préstamo 1. Al Estado, que responde como avalista del crédito. A los vecinos del cantón que se benefician de la cañería, según el objeto que da nombre a la norma 2.

El texto no impone obligaciones a personas físicas ni crea cobros para los habitantes. Tampoco fija multas.

Cómo está hoy según SINALEVI

Sigue vigente. SINALEVI muestra una sola versión de la norma, la 1 de 1, y no registra observaciones de la Procuraduría 2. No hay en el dossier una versión anterior distinta que comparar.

Frente a la Constitución

La Constitución permite que la ley indique en qué casos las municipalidades necesitan autorización legislativa para contratar empréstitos o dar en garantía sus bienes o rentas §Constitución, art. 174. Esta ley hace justo eso: autoriza un empréstito municipal con garantía estatal 1.

El artículo 170 reconoce la autonomía de las corporaciones municipales §Constitución, art. 170, y el 169 pone la administración de los intereses locales a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley encaja con ese reparto: la Asamblea habilita y la municipalidad ejecuta.

El artículo 176 ordena que la gestión pública sea sostenible, transparente y responsable, con presupuestación plurianual §Constitución, art. 176. El artículo 180 dice que el presupuesto ordinario y los extraordinarios son el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado §Constitución, art. 180. El aval del Estado compromete recursos públicos, y el dossier no permite ver cómo se reflejó ese compromiso en el presupuesto. Esa es una duda, no un choque declarado.

El Censo no encontró en el dossier un choque directo entre el texto y la Constitución.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de la municipalidad o del Estado viola un derecho suyo por este préstamo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22.

Si considera que la ley misma infringe la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales §guía, p. 24. Para interponerla se requiere, por regla, un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en la vía administrativa donde se invoque la inconstitucionalidad.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos públicos del préstamo, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza los fondos públicos y revisa y aprueba presupuestos de municipalidades §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, o por el portal institucional.

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes, que protege los derechos e intereses de quienes habitan en Costa Rica frente a actuaciones irregulares de instituciones públicas §guía, p. 71.

Lo que no sabemos

El dossier no trae el texto de los artículos de la ley, así que no se conocen el plazo, la tasa ni las condiciones del préstamo.

No se sabe si el préstamo se contrató, por cuánto ni en qué se gastó.

No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.