Timbre de Educación y Cultura: quién paga y cuánto desde 1983

Qué cambia

La ley sube al doble las tarifas del timbre de Educación y Cultura que pagan las sociedades inscritas en el Registro Mercantil (art. 1). El artículo 1 dice que se incrementan "en un doscientos por ciento las tarifas vigentes".

Las sociedades y las subsidiarias de sociedades extranjeras pagan ¢750 al inscribirse o al hacer cualquier otro acto registrable (art. 1). Cada año pagan según su capital neto: ¢750 si no pasa de ¢250.000; ¢3.000 si pasa de ¢250.000 pero no de ¢1.000.000; ¢6.000 si pasa de ¢1.000.000 pero no de ¢2.000.000; y ¢9.000 si supera los ¢2.000.000.

El dinero del incremento no entra al reparto normal del timbre. El Poder Ejecutivo lo incluye en el Presupuesto Ordinario como parte del programa de bibliotecas públicas (art. 2).

El artículo 3 crea un impuesto del uno por ciento (1%) sobre el valor aduanero de las mercancías importadas (art. 3). Se paga cuando se liquida la póliza correspondiente.

Ese artículo 3 tiene historia. Lo reformó la Ley 6946 del 13 de enero de 1984 (art. 3). Los párrafos segundo y tercero los derogó el artículo 37 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018. La reforma que le metió la Ley 6966 del 28 de setiembre de 1984 fue anulada por la Sala Constitucional, resolución Nº 1185-95 de las 14:33 horas del 2 de marzo de 1995.

El artículo 4 exceptúa del 1% a varios grupos (art. 4). Quedan fuera el Régimen de las Zonas Procesadoras de Exportación S. A. de la ley Nº 6695. También las cooperativas de autogestión, de ahorro y crédito y de servicios, y los sindicatos de trabajadores. Y las instituciones de educación superior estatales.

El inciso ch) del artículo 4 exceptuaba equipos médico-quirúrgicos, medicinas y materias primas para fabricarlas en el país (art. 4). SINALEVI anota que esa materia ahora la regula el artículo 4º de la Ley Nº 7293 del 31 de marzo de 1992, cuyo artículo 1º deroga tácitamente ese inciso.

El artículo 7 prohíbe meter al país material literario que la Oficina Nacional de Censura considere pornográfico (art. 7). La decisión de esa oficina se puede apelar ante el Ministro de Justicia.

El artículo 9 eliminaba impuestos de exportación sobre productos no tradicionales (art. 9). SINALEVI anota que quedó derogado tácitamente por el artículo 1º de la Ley Nº 7293 del 31 de marzo de 1992.

El artículo 12 dice que la ley rige desde su publicación (art. 12).

A quién le toca

A las sociedades y a las subsidiarias de sociedades extranjeras inscritas en el Registro Mercantil. Pagan el timbre al inscribirse y cada año según su capital neto (art. 1).

A quien importa mercancías. Paga el 1% sobre el valor aduanero al liquidar la póliza (art. 3).

A las cooperativas de autogestión, de ahorro y crédito y de servicios, a los sindicatos de trabajadores y a las instituciones de educación superior estatales. Quedan exceptuadas del 1% (art. 4).

Al Ministerio de Planificación. Le toca integrar una comisión para evaluar programas dirigidos a niños menores de siete años y a la familia (art. 5).

Al Ministerio de Salud. Por medio del Consejo Técnico de Asistencia Médico-Social gira al Ministerio de Educación las sumas mínimas para nombrar personal docente de esos programas (art. 6).

Al Poder Ejecutivo. Debe mandar a la Asamblea un presupuesto extraordinario para asignar al Ministerio de Salud los recursos que produce la ley (art. 11).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI registra la versión 3 de 3 y no le pone observaciones 2.

El texto que rige no es el aprobado en 1983. El artículo 3 fue reformado por la Ley 6946 de 1984 (art. 3). Los párrafos segundo y tercero de ese artículo los derogó la Ley 9635 de 2018.

La Ley 6946 metió al artículo 3 un destino para parte de la plata. El Poder Ejecutivo destinaría ¢350.000.000,00 como subvención al Consejo Técnico de Asistencia Médico-Social para los programas Centro de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral 3. Ese texto quedó en los párrafos que la Ley 9635 derogó después (art. 3).

La Ley 6966 del 28 de setiembre de 1984 quiso subir el impuesto al 3%. La Corte Suprema de Justicia lo declaró inaplicable el 21 de enero de 1988, y la Sala Constitucional confirmó la anulación el 2 de marzo de 1995 4.

La Ley 7293 del 31 de marzo de 1992 derogó todas las exenciones tributarias que no estén en su artículo siguiente 5. Por eso SINALEVI marca como derogados tácitamente el inciso b) del artículo 4 y el artículo 9 (art. 4) (art. 9).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 18 dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" §Constitución, art. 18. El impuesto del 1% y el timbre encajan con ese deber.

El artículo 121 da a la Asamblea la potestad de "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" §Constitución, art. 121. La ley salió de ahí.

El artículo 176 ordena que el presupuesto ordinario comprenda "todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública, durante todo el año económico" §Constitución, art. 176. El artículo 2 de la ley manda meter el incremento en el Presupuesto Ordinario, así que calza (art. 2).

Hay una duda sobre el artículo 7. Prohíbe el ingreso de material literario con base en el juicio de la Oficina Nacional de Censura (art. 7). El dossier no trae el artículo constitucional sobre libertad de expresión, así que no se puede comparar aquí.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Se puede meter en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 23. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

La acción de inconstitucionalidad pide un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo §guía, p. 24. No hace falta ese caso cuando se defienden intereses difusos o de la colectividad.

Si sospecha un mal manejo de los fondos que produce esta ley, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos de las instituciones del Estado.

La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur §guía, p. 68. También por los teléfonos 2501-8000 o 2501-8025, o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le falla en un servicio, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar esa queja.

Para cambiar la ley, existe la iniciativa popular. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y se vota en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto recauda hoy el timbre ni el impuesto del 1%.

El dossier no trae el texto completo de la Ley 9635 que derogó los párrafos del artículo 3.

El dossier no incluye el artículo constitucional sobre libertad de expresión para comparar con el artículo 7.

El dossier no dice si la comisión del artículo 5 se integró alguna vez.