Una comisión de 1983 todavía decide actos del Quinto Centenario

Qué cambia

La ley crea la Comisión Nacional para la Celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Queda adscrita al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (art. 1). Esa comisión prepara y ejecuta los actos, investigaciones, estudios y publicaciones que ella misma estime convenientes.

Todo acto conmemorativo debe ser aprobado antes por la comisión. Eso rige en el ámbito nacional, regional, provincial o local (art. 1).

La comisión tiene 13 puestos fijos (art. 2). La preside el Ministro de Cultura, Juventud y Deportes o su representante. También se sientan representantes de Educación Pública, Relaciones Exteriores y Culto, la Embajada de España, el Instituto Costarricense de Cultura Hispánica, la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, la Academia de Geografía e Historia, la Academia Costarricense de la Lengua, cada universidad, la Comisión Costarricense de Cooperativas con la UNESCO y el Archivo Nacional. Además hay dos diputados nombrados por el Presidente de la Asamblea Legislativa.

La comisión puede crear comisiones auxiliares y dictar reglamentos por decreto del Poder Ejecutivo (art. 3). Sus miembros sirven ad honorem, sin pago (art. 4).

El Tesoro Público paga los gastos con partidas intransferibles en los presupuestos nacionales (art. 5). La ley fija montos anuales que van de 500.000.00 en 1983 a 2.000.000.00 en 1992. La comisión queda exenta del impuesto de aduana para importar materiales. También queda exenta de impuestos y tasas de turismo. Puede recibir donaciones deducibles del imponible en Tributación Directa, de personas físicas y jurídicas.

Los bancos del Sistema Bancario Nacional, las universidades, las municipalidades y las demás instituciones autónomas y empresas públicas quedan autorizados para contribuir a los gastos de la comisión (art. 6).

Los fondos los administra la comisión según la Ley de Administración Financiera de la República (art. 7). Para eso abre una cuenta corriente en un banco del Estado. Cada cheque necesita la firma conjunta del presidente y del tesorero de la junta.

La Editorial Costa Rica y cualquier otra editorial estatal pueden publicar, con sus propios fondos, las obras que autorice, promueva o produzca la comisión (art. 8).

La Junta Filatélica debe pedir al Banco Central cuatro emisiones anuales de sellos conmemorativos, de cuatro millones de colones cada una, a partir de 1987 (art. 9). El Banco Central gira directamente a la comisión el 50% del producto total neto de cada emisión. El artículo 9 fue reformado por el inciso trece del artículo 19 de la ley 7097 del 18 de agosto de 1988 2.

La comisión debía terminar sus funciones a más tardar el 31 de diciembre de 1993 (art. 10). Si quedaba un remanente tras liquidar cuentas, se giraba mitad a la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas y mitad a la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica.

La emisión de monedas, recuerdos y carteles, y los programas de radio y televisión, necesitan autorización previa de la comisión (art. 11). La comisión puede fijar las condiciones económicas para dar esos permisos y recaudar fondos. También puede vender sus publicaciones directamente o por medio de editoriales del Estado.

La ley se declara de utilidad pública (art. 12) y rige desde su publicación (art. 13).

A quién le toca

A cualquier persona u organización que quiera hacer un acto conmemorativo del Quinto Centenario en el país. Necesita aprobación previa de la comisión (art. 1).

A los ministerios de Cultura, Educación Pública y Relaciones Exteriores, que tienen asiento fijo en la comisión (art. 2).

A la Embajada de España, al Instituto Costarricense de Cultura Hispánica, a la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, a la Academia de Geografía e Historia, a la Academia Costarricense de la Lengua, a las universidades y al Archivo Nacional, que también tienen representante (art. 2).

A los dos diputados que nombre el Presidente de la Asamblea Legislativa (art. 2).

A los bancos del Sistema Bancario Nacional, las universidades, las municipalidades, las instituciones autónomas y las empresas públicas, autorizados a contribuir con dinero (art. 6).

A quien quiera emitir monedas, recuerdos, carteles o programas de radio y televisión sobre el tema, porque necesita permiso previo y puede tener que pagar condiciones económicas (art. 11).

A los contribuyentes que hagan donaciones a la comisión, porque pueden deducirlas del imponible (art. 5).

Cómo está hoy según SINALEVI

SINALEVI registra la ley como vigente, en la versión 2 de 2 3. La Procuraduría General de la República anota que la ley crea la comisión adscrita al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

La PGR también deja constancia de un dato de trámite. El Poder Ejecutivo rechazó e intentó vetar la ley por razones de inconveniencia 3. Ese veto se retiró después y el Poder Ejecutivo la aprobó el 23 de noviembre de 1983.

El texto consolidado que publica SINALEVI es el que se usa en este artículo (art. 1). El único cambio visible es la reforma al artículo 9 hecha por la ley 7097 de 1988 (art. 9) 2.

Hay un dato que conviene mirar de cerca. El artículo 10 fija el 31 de diciembre de 1993 como fecha límite para que la comisión termine funciones (art. 10). SINALEVI, aun así, la mantiene como vigente 3. El dossier no explica por qué sigue vigente una comisión con plazo vencido.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 89 manda proteger y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación §Constitución, art. 89. La ley crea una comisión para conmemorar un hecho histórico y publicar obras, lo que calza con ese fin (art. 1) (art. 8).

El artículo 121 da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar leyes §Constitución, art. 121. La ley 6895 salió de ese trámite y fue aprobada por el Poder Ejecutivo el 23 de noviembre de 1983 3.

El artículo 18 dice que los costarricenses deben contribuir para los gastos públicos §Constitución, art. 18. La ley carga esos gastos al Tesoro Público con partidas fijas (art. 5).

El artículo 184 encarga a la Contraloría fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos §Constitución, art. 184. La ley somete los fondos a la Ley de Administración Financiera y a una cuenta en un banco del Estado con firma conjunta (art. 7).

Queda una duda sobre el artículo 6. La ley autoriza a bancos, universidades, municipalidades e instituciones autónomas a contribuir con dinero (art. 6). El artículo 170 reconoce autonomía a las corporaciones municipales §Constitución, art. 170. El artículo 84 reconoce independencia funcional a las universidades estatales §Constitución, art. 84. El dossier no aclara si esa autorización para contribuir choca con esa autonomía. Es una duda, no una conclusión.

Qué puede hacer usted

Si un acto conmemorativo suyo fue bloqueado o condicionado por la comisión, puede presentar un recurso de amparo. Procede contra actos u omisiones de órganos públicos que violen o amenacen violar derechos fundamentales §guía, p. 22. Lo puede interponer cualquier persona.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para interponerla, el artículo 75 pide un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo §guía, p. 24. No se necesita ese caso pendiente cuando no hay lesión individual y directa, o cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos públicos de la comisión, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le falla en un servicio relacionado con esta comisión, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Puede presentar queja cualquier persona que habite en Costa Rica y haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública.

Si quiere cambiar la ley, existe la iniciativa popular. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice si la comisión sigue reuniéndose ni quiénes la integran hoy.

El dossier no explica por qué SINALEVI mantiene vigente una ley cuya comisión debía cerrar el 31 de diciembre de 1993.

El dossier no indica si las partidas de 1983 a 1992 se giraron completas ni qué pasó con el remanente.

El dossier no dice si las cuatro emisiones de sellos de 1987 en adelante se hicieron.

El dossier no aclara si la autorización del artículo 6 para que municipalidades y universidades contribuyan choca con su autonomía constitucional.