La ley que aprobó la deuda externa con bancos privados en 1984
La ley 15 autoriza al Banco Central a pagar deuda externa renegociada y obliga a las instituciones públicas a presupuestar esos pagos, con control de la Contraloría.
Título oficial LEY SOBRE FINANCIAMIENTO INTERNO PARA HACER FRENTE A LA REESTRUCTURACION DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO
A quién le toca
- Instituciones públicas del sector descentralizado con deuda reestructurada: deben presupuestar y depositar los pagos en el Banco Central
- Gobierno Central: garante solidario y puede recibir hasta US$ 50.0 millones
- Instituciones y empresas públicas que quieran contratar créditos: necesitan tres autorizaciones
- Instituciones que sobrepasen su límite de endeudamiento: programa de reordenamiento ante la Asamblea
- Entidades públicas con operaciones crediticias al 31 de diciembre de 1983: inscripción ante el Banco Central
A quién beneficia
- El Banco Central puede prestar a las instituciones descentralizadas con el mismo monto, plazo y forma de pago de la obligación original
- El Gobierno Central queda autorizado para recibir financiamiento hasta por US$ 50.0 millones
- Se suspenden restricciones de otras leyes que impidan contratar los préstamos autorizados
Qué cambia
- Hacienda no gira partidas del Presupuesto Nacional a una institución que incumpla
- La Contraloría paraliza la ejecución presupuestaria de las instituciones que no cumplan
- El Banco Central puede cobrar una comisión de hasta el medio del uno por ciento sobre saldos
- El Poder Ejecutivo y el Banco Central pueden retener dinero que deban girar a entidades públicas
La explicación completa
Qué cambia
La ley aprueba dos contratos firmados en Nueva York el 24 de enero de 1984. El primero se llama "Banco Central de Costa Rica y la República de Costa Rica como los Deudores, con los Bancos y Agentes Sindicales y el Bank of América National Trust and Savings Association". El segundo es un "Contrato de Crédito Comercial Revolutivo" con Irving Trust Company (art. 1).
El Banco Central puede prestar a las instituciones públicas descentralizadas cuya deuda se reestructuró. El préstamo tiene el mismo monto, plazo y forma de pago que la obligación original (art. 2).
Cada institución debe meter en su presupuesto anual la partida para pagar capital, intereses, comisiones y gastos. También debe depositar esa suma en una cuenta corriente del Banco Central. La institución autoriza al Banco a debitar de esa cuenta lo necesario (art. 3).
Si el Banco Central paga directamente, el Gobierno paga de inmediato como garante solidario. El Poder Ejecutivo debe incluir cada año una partida en el Presupuesto Nacional para esos pagos (art. 4).
Si una institución deudora incumple, el Banco avisa a Hacienda. Hacienda no gira ninguna partida del Presupuesto Nacional a esa institución hasta que se normalice la situación (art. 5).
La Contraloría no autoriza presupuestos sin esas partidas. A solicitud del Banco Central, paraliza la ejecución presupuestaria de las instituciones que no cumplan (art. 6).
Ninguna institución pública descentralizada, ni empresa con más del cincuenta por ciento de acciones del Estado, puede contratar créditos sin tres requisitos. Necesita autorización previa del proyecto del Ministerio de Planificación Nacional. Necesita dictamen favorable del Banco Central. Necesita autorización de la Autoridad Presupuestaria. El dictamen del Banco es vinculante (art. 7).
El Banco Central puede dar financiamiento y garantías a las entidades de la reestructuración. El crédito sirve solo para atender capital e intereses atrasados a la fecha de vigencia de la ley (art. 9).
El Gobierno Central puede recibir financiamiento hasta por US$ 50.0 millones (art. 10). Se suspenden las restricciones de otras leyes que impidan contratar esos préstamos, en especial las leyes orgánicas del Banco Central y del Sistema Bancario Nacional.
El total del financiamiento no puede superar el crédito revolutivo que la banca privada internacional otorgue en el convenio. La tasa de interés no puede ser menor que la convenida con el banco acreedor. El Banco Central puede cobrar una comisión por cargos administrativos de hasta el medio del uno por ciento sobre saldos (art. 11).
Las instituciones que sobrepasen su límite de endeudamiento deben presentar un programa de reordenamiento ante la Asamblea Legislativa en el primer semestre de 1984 (art. 11).
La Contraloría verifica la inclusión prioritaria de las partidas. No aprueba ningún presupuesto ordinario o extraordinario sin comprobar que el ente está al día en esas obligaciones (art. 12).
El Poder Ejecutivo y el Banco Central pueden retener dinero que deban girar a las entidades del sector público para atender estos compromisos (art. 13).
Las entidades públicas deben inscribir ante el Banco Central todas sus operaciones crediticias vigentes al 31 de diciembre de 1983. El Banco remite copia a la Asamblea Legislativa en enero de 1984 (art. 14).
El Poder Ejecutivo, por medio del Banco Central, reglamenta los artículos 9 a 14 (art. 15). La ley rige desde su publicación (art. 16).
A quién le toca
A las instituciones públicas del sector descentralizado cuya deuda externa se reestructuró. Deben presupuestar los pagos, depositar en el Banco Central y autorizar débitos automáticos (art. 3).
Al Gobierno Central. Puede recibir hasta US$ 50.0 millones de financiamiento y debe incluir partidas en el Presupuesto Nacional como garante solidario (art. 4) (art. 10).
A las instituciones y empresas públicas que quieran contratar créditos. Necesitan autorización de MIDEPLAN, dictamen vinculante del Banco Central y autorización de la Autoridad Presupuestaria (art. 7).
A las instituciones que sobrepasen su límite de endeudamiento. Deben presentar un programa de reordenamiento ante la Asamblea Legislativa (art. 11).
A las entidades públicas con operaciones crediticias al 31 de diciembre de 1983. Deben inscribirlas ante el Banco Central (art. 14).
Cómo está hoy según SINALEVI
SINALEVI registra la norma como vigente, en su versión 2 de 2 2.
La Procuraduría General de la República anota una observación. El artículo 13 de la Ley sobre Deuda Externa Comercial del Sector Público No.7143 del 30 de marzo de 1990 deroga expresamente la presente ley, aunque solo en lo pertinente 2.
El texto consolidado que publica SINALEVI es el que se usa en este artículo (art. 1).
Frente a la Constitución
El artículo 6 de la ley ordena a la Contraloría paralizar la ejecución presupuestaria de instituciones que no cumplan. La Constitución dice que la Contraloría "tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores" Constitución, art. 183. También le da el deber de "Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República" Constitución, art. 184. El Censo no encontró un choque directo: la ley le pide a la Contraloría ejercer funciones de fiscalización que la Constitución le asigna.
El artículo 7 exige dictamen vinculante del Banco Central para que una institución pública contrate créditos. La Constitución no regula ese trámite en los artículos del dossier. El Censo no encontró choque en ese punto.
El artículo 10 suspende restricciones de otras leyes, incluidas las leyes orgánicas del Banco Central y del Sistema Bancario Nacional. La Constitución no menciona esas leyes orgánicas en los artículos del dossier. El Censo no encontró choque en ese punto.
El artículo 13 permite retener dinero que el Poder Ejecutivo y el Banco Central deban girar a entidades públicas. La Constitución no prohíbe esa retención en los artículos del dossier. El Censo no encontró choque en ese punto.
Qué puede hacer usted
Si un acto concreto del Banco Central o de una institución pública viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.
El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación. También hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos guía, p. 22.
Si considera que la ley 15 choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional guía, p. 24.
La acción requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo. No se necesita ese caso cuando se defienden intereses difusos o colectivos guía, p. 24.
Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en la ejecución de esta ley, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur guía, p. 68. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.
Si una institución pública le brinda mal un servicio relacionado con esta ley, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo guía, p. 71.
Lo que no sabemos
El dossier no incluye el texto completo de los contratos transcritos en el artículo 1. Solo se publica el articulado (art. 1).
El dossier no dice cuánto se pagó finalmente ni si las instituciones cumplieron con las partidas presupuestarias.
El dossier no incluye el texto de la Ley 7143 que derogó la ley en lo pertinente, así que no se sabe qué partes siguen vigentes 2.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
Estado en SINALEVI
VigenteVersión de la norma: 2 de 2Ver en SINALEVI
El artículo 13 de la Ley sobre Deuda Externa Comercial del Sector Público No.7143 del 30 de marzo de 1990 deroga expresamente, aunque sólo en lo pertinente, la presente ley.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre la ley 15 y los artículos de la Constitución del dossier. La ley le pide a la Contraloría ejercer funciones de fiscalización que la Constitución le asigna.
Constitución, art. 183"La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores."
Esta ley, art. 6"La Contraloría General de la República no autorizará ningún presupuesto de las instituciones del sector descentralizado que no incluye las partidas a que hace mención esta ley, y, a solicitud del Banco Central, paralizará la ejecución presupuestaria de las instituciones que no cumplan con los compromisos adquiridos en la reestructuración de su deuda externa."
Hay dudas La ley le pide a la Contraloría revisar presupuestos y frenar la ejecución de quienes no cumplan. La Constitución le da a la Contraloría independencia para hacer su trabajo de fiscalización. No hay choque evidente.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 6947: LEY SOBRE FINANCIAMIENTO INTERNO PARA HACER FRENTE A LA REESTRUCTURACION DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO
- Ley 6947 en SINALEVI: Contratos Reestructuración Deuda Pública Bancos Privados Extranjeros (Vigente, Versión de la norma: 2 de 2)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
Ley 6947
Contratos Reestructuración Deuda Pública Bancos Privados Extranjeros
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Artículo 1º- Aprúebanse y ratifícanse los contratos de reestructuración de
la deuda pública externa de Costa Rica con los bancos privados extranjeros,
denominados: "Contrato entre el Banco Central de Costa Rica y la República
de Costa Rica como los Deudores, con los Bancos y Agentes Sindicales y el
Bank of América National Trust and Savings Association y Contrato de
Crédito Comercial Revolutivo entre el Banco Central de Costa Rica y la
República de Costa Rica, con los bancos, e Irving Trust Company", suscritos
ambos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 9 de
setiembre de 1983 los cuales se transcriben a continuación: ( Por lo
extenso del contenido se pública únicamente el articulado. Para consultas
sobre el texto del contrato, véase el Alcance Nº 2 a "La Gaceta" Nº 20 de
27 de enero de 1984).
Artículo 2º- Se autoriza al Banco Central de Costa Rica para que
conceda un préstamo a las Instituciones Públicas del Sector
Descentralizado, cuya deuda haya sido reestructurada en el Convenio a que
se refiere el artículo anterior. Tal préstamo será por el mismo monto,
plazo, forma de pago y demás condiciones de la obligación crediticia de la
respectiva Institución asumida por el Banco Central en el citado Convenio.
Dicho préstamo incluirá los cargos y comisiones usuales y los costos
proporcionales en que incurrió el Banco en la renegociación de la
respectiva deuda. El contrato de préstamo correspondiente se expresará en
dólares y para quien aparezca como deudor en el mismo no regirá el derecho
de opción que establece el último párrafo del artículo 6º de la ley de la
Moneda, Nº 1367 del 19 de octubre de 1951 y sus reformas.
Se autoriza a la vez a las Instituciones Públicas a que se refiere
este artículo para que puedan gestionar y obtener los referidos préstamos
del Banco Central de Costa Rica.
Artículo 3º- Las Instituciones Públicas del Sector Descentralizado a
que se refiere esta ley, deberán incluir anualmente en sus presupuestos la
partida suficiente para realizar el pago de las deudas que directa o
indirectamente han asumido con motivo de la reestructuración, la cual debe
incluir el pago del principal, intereses, comisiones y otros gastos, que
corresponda efectuar el año respectivo, incluyendo los gastos
proporcionales en que incurrió el Banco Central en la renegociación de la
deuda correspondiente. Además deberán depositar en una cuenta corriente en
el Banco Central, de una sola vez o en cuotas mensuales iguales, la suma
presupuestada para estos fines. Cada Institución deberá autorizar al Banco
Central para que éste debite automáticamente de esa cuenta las sumas
necesarias para atender la obligación contraída por la Institución de que
se trate en el acuerdo de reestructuración.
Artículo 4º- Cuando por cualquier motivo el Banco Central deba asumir
directamente el pago de las obligaciones que corresponden a las
Instituciones a que se refiere esta ley, el Gobierno de la República, en su
condición de garante solidario, deberá a su vez pagar en forma inmediata al
Banco las sumas que éste haya cancelado a los acreedores externos. Para
este efecto, el Poder Ejecutivo deberá incluir cada año en el Presupuesto
Nacional una partida suficiente para cubrir los posibles pagos que debe
efectuar por este concepto.
Artículo 5º- Cuando una Institución deudora del Banco Central por
motivo de la reestructuración a que se refiere la presente ley, incumpla
sus obligaciones crediticias, el Banco dará aviso al Ministerio de Hacienda
y éste no girará ninguna partida asignada en el Presupuesto Nacional a la
Institución mientras aquél no le comunique que la situación ha sido
normalizada.
Artículo 6º- La Contraloría General de la República no autorizará ningún presupuesto de las instituciones del sector descentralizado que no
incluye las partidas a que hace mención esta ley, y, a solicitud del Banco
Central, paralizará la ejecución presupuestaria de las instituciones que no
cumplan con los compromisos adquiridos en la reestructuración de su deuda
externa.
Artículo 7º- Ninguna institución pública del sector descentralizado
del Estado, ni empresa en la que el Estado o sus Instituciones posea más
del cincuenta por ciento de las acciones, podrá contratar créditos,
externos o internos, si no cuenta con la autorización previa del proyecto
elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional, así como con el
dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica y la Autorización de la
Autoridad Presupuestaria. El dictamen que rinda el Banco, en relación con
el crédito que se pretende contratar, resultará vinculante para la
respectiva Institución o empresa.
Artículo 8º- En los casos en que la reestructuración de deudas se
refiera a avales o garantías dadas por instituciones del Estado a favor de
terceros, será obligación ineludible de las Instituciones realizar todas
las gestiones necesarias para recuperar de terceros deudores las sumas que
deban pagar como garantes de tales obligaciones.
Artículo 9º- Se autoriza al Banco Central de Costa Rica para que
otorgue el financiamiento y las garantías necesarias, a las entidades
consideradas en la reestructuración de la deuda externa de sector público
costarricense, a que se refiere el artículo 1º de esta ley. El destino de
ese crédito será exclusivamente para la atención de las obligaciones, que
represente el monto atrasado de capital e intereses, a la fecha en que
entre en vigencia esta ley, la cual será realizada por el Banco Central en
las monedas de pago respectivas.
Es entendido que la institución o empresa beneficiada con este crédito
podrá obtenerlas únicamente por el monto del adeudo menos las reservas de
que disponga para atender el mismo.
Artículo 10.- Todas las entidades del sector público costarricense,
incluso el Gobierno Central y las sociedades de capital propiedad del
Estado o de sus instituciones, quedan autorizadas para recibir el
financiamiento a que se refiere el artículo 9º de esta ley. El Gobierno
Central queda expresamente autorizado para recibir este financiamiento
hasta por un monto de US$ 50.0 millones con las condiciones y
características que deberán convenirse según lo dispuesto en le artículo 11
de esta ley.
Se suspende la aplicación de las restricciones y limitaciones que
establecen otra leyes, en especial las leyes orgánicas del Banco Central de
Costa Rica y del Sistema Bancario Nacional, que impidan a las entidades del
sector público contratar y utilizar los préstamos que se autorizan en el
párrafo anterior. Dichas limitaciones y restricciones se mantienen
vigentes para operaciones crediticias no cubiertas por la presente ley.
Artículo 11.- El total del financiamiento que autoriza esta ley, no
podrá exceder el total del crédito revolutivo que la banca privada
internacional otorgará como parte del convenio de reestructuración de la
deuda pública externa de Costa Rica. El Banco Central deberá aplicar al
financiamiento interno iguales condiciones en cuanto al plazo del crédito
que el convenido por el Banco central con dicha banca sólo por vía de
excepción se podrá dar un año más de plazo, siempre y cuando el promedio de
los créditos otorgados no exceda el plazo de esta línea de crédito.
La tasa de interés aplicable al crédito autorizado por esta ley no
podrá ser menor que la convenida entre el Banco Central y la banco
acreedora. el Reglamento que dicte el Banco Central con el objeto de
regular los procedimientos para el crédito autorizado deberá contemplar,
además, una comisión por cargos administrativos de hasta el medio del uno
por ciento sobre saldos, todo lo cual deberá ser consignado en los
contratos que se firmen entre el Banco Central y la institución o empresa
deudora.
Para este efecto las instituciones que sobrepasen el límite de
endeudamiento a que su ley Constitutiva los autoriza, deberán presentar, en
el curso del primer semestre de 1984, un programa de reordenamiento ante la
Asamblea Legislativa.
La comisión por los cargos administrativos que indica este artículo
solamente podrá ser cobrada por el Banco Central de Costa Rica.
Artículo 12.- La Contraloría General de la República verificará la
inclusión prioritaria de las partidas necesarias para la atención de los
créditos autorizados por esta ley, como requisito indispensable para a
aprobación final del respectivo presupuesto, cualquiera que sea la
institución o empresa pública de que se trate.
Tampoco aprobará ningún presupuesto ordinario o extraordinario, sin
haber comprobado antes que ese ente se encuentra al día en la atención de
las obligaciones comprendidas en esta ley.
Artículo 13.- Se autoriza al Poder Ejecutivo y al Banco Central de
Costa Rica para que retengan de las sumas de dinero que por cualquier
concepto deben girar a las entidades del Sector público costarricense
definidas en el artículo 10 de esta ley, acogidas a los beneficios de la
misma, las sumas de dinero necesarias para atender el servicio de los
compromisos adquiridos al amparo de esta ley.
Artículo 14.- Las entidades públicas a que se refiere el artículo 10
de esta ley, deberá inscribir con fines informativos o estadísticos ante el
Banco Central de Costa Rica, la totalidad de sus operaciones crediticias,
adquiridas en el nivel nacional internacional, vigentes al 31 de diciembre
de 1983, en ese mismo mes. el Banco Central de Costa Rica remitirá copia
de ese registro a la Asamblea Legislativa en el transcurso del mes de enero
de 1984.
Artículo 15.- El Poder Ejecutivo por medio del Banco Central de Costa
Rica reglamentará los artículos 9º a 14 de la presente ley.
Artículo 16.- Rige a partir de su publicación.
Transitorio.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante decreto
incorpore en el Presupuesto Nacional vigente, los recursos del préstamo que
se autoriza en el artículo 10 de la presente ley, así como los egresos que
deba cubrir con ese financiamiento. La Contraloría General de la República
deberá emitir una certificación previa de que los egresos que se incorporen
por esta vía correspondan a lo que establece el artículo 9º de esta ley.