# Ley 6955: La ley que ordenó el presupuesto de 1984 y sigue vigente - Página: https://elcenso.com/leyes/6955 - Tipo: Ley de la República de Costa Rica - Título oficial: LEY PARA EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 1984 - Estado: Vigente (SINALEVI: Vigente) - Fuente oficial: https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1 ## En resumen Una ley de 1984 que reorganizó el presupuesto público, creó impuestos de salida y de residencia, y que hoy sigue vigente con artículos anulados y reformados. ## A quién le toca - Extranjeros residentes en Costa Rica por seis meses o más: deben tener cédula y pagar veinticinco dólares al año - Extranjeros no residentes que salgan del país: pagan diez dólares - Costarricenses y residentes que salgan del país: pagan treinta dólares - Funcionarios que renuncien con movilidad laboral: no pueden volver al sector público en siete años - Instituciones descentralizadas: deben enviar presupuestos a la Contraloría antes del 30 de setiembre - Personas jurídicas que pagan dividendos a personas físicas: deben retener el quince por ciento ## A quién beneficia - Funcionarios que se acojan a movilidad laboral: hasta doce años de cesantía y hasta cuatro mensualidades extra - Exportadores de productos no tradicionales: deducciones y exenciones de importación - Instituto Mixto de Ayuda Social: recibe una tercera parte del aumento del Arancel Consular - Instituto Mixto de Ayuda Social: recibe el doce y medio por ciento de los impuestos de salida para vivienda popular ## Qué cambia - El Gobierno central solo puede obtener crédito del sistema bancario hasta el cinco por ciento del saldo de gastos del año anterior - Los gastos corrientes del presupuesto solo se financian con ingresos corrientes - La Autoridad Presupuestaria puede fijar límites al número de puestos por institución - Los funcionarios que violen la ley responden con sus propios bienes ## Cláusulas a revisar - **Impuesto de salida para costarricenses** (46): El artículo 46 crea un impuesto de treinta dólares para costarricenses y residentes que salgan del país. Texto: "Establécese un impuesto del equivalente en colones de treinta dólares, al tipo de cambio libre del día, que deberá pagar cada costarricense o extranjero con cédula de residente en Costa Rica, cada vez que salga del territorio de la República" - **Incentivos a exportadores no tradicionales** (40): El artículo 40 crea deducciones y exenciones de importación para exportadores de productos no tradicionales no amparados a tratados de libre comercio. Texto: "Los beneficios que en adelante se establecen, se concederán durante doce (12) años a partir del período fiscal del impuesto sobre la renta Nº 84, a aquellas empresas exportadoras de productos no tradicionales, no amparados a tratados de libre comercio." - **Límites de puestos por institución** (16): El artículo 16 da a la Autoridad Presupuestaria la potestad de fijar límites al número de puestos por institución. Texto: "la Autoridad Presupuestaria fijará los lineamientos en materia de empleo público, los cuales podrán incluir límites al número de puestos por institución" ## Explicación ### Qué cambia La ley 6955 se publicó en 1984 para ordenar las finanzas del Estado. Hoy sigue vigente, pero varios de sus artículos fueron anulados o reformados. El texto que rige es el que muestra SINALEVI, no el aprobado originalmente [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1). El artículo 1 ordenó crear una Comisión de Reordenamiento Hacendario. La integrarían el Contralor General, cinco diputados, cinco profesionales en materia hacendaria, el jefe de Estudios Económicos del Banco Central y el jefe del Departamento de Presupuesto ([art. 1](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 3 dice que la preparación del presupuesto la hace un departamento especializado, bajo lineamientos del Ministerio de Hacienda ([art. 3](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 4 fija reglas para el presupuesto: debe ajustarse al Plan Nacional de Desarrollo y los gastos corrientes solo se financian con ingresos corrientes ([art. 4](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 9 limita el crédito del Gobierno central con el sistema bancario al cinco por ciento del saldo de gastos del año anterior ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 16 da a la Autoridad Presupuestaria la potestad de fijar lineamientos de empleo público, con límites al número de puestos por institución ([art. 16](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 25 permite pagar prestaciones más una bonificación a servidores que renuncien. Reconoce hasta doce años de servicio y hasta cuatro mensualidades adicionales ([art. 25](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 27 impide a quien reciba ese pago volver al sector público antes de siete años ([art. 27](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 38 reformó el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas y creó una retención del quince por ciento sobre dividendos pagados a personas físicas ([art. 38](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 40 creó incentivos para exportadores de productos no tradicionales, con deducciones y exenciones de importación ([art. 40](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 41 subió en cinco puntos porcentuales las tarifas de los impuestos selectivos de consumo ([art. 41](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 42 aumentó en un trescientos por ciento los derechos del Arancel Consular ([art. 42](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 45 obliga a todo extranjero residente seis meses o más a tener cédula de residencia y pagar el equivalente a veinticinco dólares al año ([art. 45](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 46 crea un impuesto de diez dólares para extranjeros no residentes que salgan del país y de treinta dólares para costarricenses o residentes que salgan ([art. 46](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 47 modificó el título del papel sellado del Código Fiscal. SINALEVI muestra ese artículo recortado: solo llega hasta el artículo 252 ([art. 47](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). ### A quién le toca A los extranjeros residentes en Costa Rica por seis meses o más: deben tener cédula de residencia y pagar veinticinco dólares anuales en timbres ([art. 45](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). A los extranjeros no residentes que salgan del país: pagan diez dólares ([art. 46](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). A los costarricenses y extranjeros residentes que salgan del país: pagan treinta dólares ([art. 46](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). A los funcionarios públicos que renuncien y se acojan a la movilidad laboral: reciben hasta doce años de cesantía y hasta cuatro mensualidades extra, pero no pueden volver al sector público en siete años ([art. 25](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)) ([art. 27](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). A las instituciones descentralizadas: deben enviar sus presupuestos a la Contraloría antes del 30 de setiembre ([art. 4](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). A los exportadores de productos no tradicionales: tienen deducciones y exenciones si cumplen los requisitos ([art. 40](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). A las personas jurídicas que pagan dividendos a personas físicas: deben retener el quince por ciento ([art. 38](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). ### Cómo está hoy según SINALEVI La ley está vigente, en su versión 8 de 8 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1). Los artículos 22 y 24 fueron anulados por la Sala Constitucional en la sentencia 1146 de las 14:30 del 21 de setiembre de 1990. Luego fueron derogados por el artículo 71 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 7935 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1). Los artículos 17, 18, 19 y 37 fueron derogados por el artículo 127 de la Ley 8131 [\[3\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=47258¶m2=142574¶m3=1). El artículo 32 fue declarado inconstitucional e inaplicable por la Corte Suprema de Justicia el 24 de mayo de 1989. La Ley 7064 también lo derogó [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1) [\[4\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=546¶m2=147275¶m3=1). El artículo 10 fue derogado tácitamente según el dictamen C-347-2007, por los artículos 81 y 85 de la Ley 8131 ([art. 10](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El artículo 47 difiere del aprobado. El texto aprobado incluía hasta el artículo 253 del Código Fiscal. El vigente según SINALEVI llega solo hasta el artículo 252 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1). La Procuraduría observa que el artículo 3 y su transitorio derogaron tácitamente el artículo 7 de la ley 5525. El artículo 30 derogó tácitamente la parte final del artículo 22 de esa misma ley [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1). La Ley 6999 interpretó auténticamente que "se entenderá por instituciones públicas únicamente las estatales, salvo que expresamente se manifieste lo contrario" [\[5\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5387¶m2=5712¶m3=1). La Ley 7210 excluyó de esta ley a la Corporación de la Zona Franca de Exportación [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1). ### Lo que se dijo en la Asamblea Las grabaciones disponibles tratan sobre la Contraloría y los estados financieros del gobierno, no sobre esta ley. No hay declaraciones sobre la ley 6955 en las grabaciones ([video, 00:25:57](https://www.youtube.com/watch?v=8Q0dnF-GW-Y&t=1557s)) ([video, 00:08:07](https://www.youtube.com/watch?v=lBoNGTfm7WQ&t=487s)) ([video, 00:14:04](https://www.youtube.com/watch?v=szMaDX-dW9M&t=844s)). En la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del 22 de octubre de 2026 se discutió la fiscalización de la Contraloría. Una persona dijo: "la Contraloría ejerce la fiscalización superior" ([video, 00:33:39](https://www.youtube.com/watch?v=8Q0dnF-GW-Y&t=2019s)). En esa misma sesión se mencionó que "el artículo 52 de la Ley de Administración Financiera efectivamente no se cumple" ([video, 01:23:49](https://www.youtube.com/watch?v=8Q0dnF-GW-Y&t=5029s)). En la Comisión de Hacienda del 4 de abril de 2022 se presentó el informe de gestión financiera del Estado ([video, 00:08:36](https://www.youtube.com/watch?v=lBoNGTfm7WQ&t=516s)). En la sesión del 1 de octubre de 2026 se leyó que la Contraloría emitió "una contundente opinión adversa sobre los estados financieros consolidados del gobierno" ([video, 00:14:19](https://www.youtube.com/watch?v=szMaDX-dW9M&t=859s)). ### Frente a la Constitución El artículo 176 de la Constitución dice que "el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables" y que la gestión pública se basará en "un marco de presupuestación plurianual" ([Constitución, art. 176](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 4 de la ley ordena que los gastos corrientes solo se financien con ingresos corrientes ([art. 4](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). El Censo no encontró choque entre ambos. El artículo 177 de la Constitución asigna la preparación del presupuesto a un Departamento especializado ([Constitución, art. 177](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 3 de la ley hace lo mismo ([art. 3](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). Calzan. El artículo 184 de la Constitución da a la Contraloría la función de fiscalizar la ejecución de los presupuestos ([Constitución, art. 184](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 7 de la ley le pide informes de auditoría a la Asamblea ([art. 7](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). Calzan. El artículo 11 de la Constitución dice que los funcionarios "no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella" ([Constitución, art. 11](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 16 de la ley da a la Autoridad Presupuestaria la potestad de fijar límites al número de puestos ([art. 16](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)). Queda la duda de si esa potestad choca con el régimen de servicio civil, pero el Censo no encontró una norma constitucional específica que lo prohíba. El artículo 18 de la Constitución dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" ([Constitución, art. 18](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Los impuestos de salida y residencia de los artículos 45 y 46 de la ley ([art. 45](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)) ([art. 46](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1)) calzan con ese deber. ### Qué puede hacer usted Si un acto concreto de una institución viola un derecho suyo por esta ley, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). Debe expresar con claridad el hecho, el derecho violado, el nombre del servidor y las pruebas ([guía, p. 23](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23)). Puede presentarlo en cualquier tiempo mientras subsista la violación, o hasta dos meses después de que cesen sus efectos ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). Si considera que la ley misma choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes que infrinjan alguna norma constitucional ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). Para la acción de inconstitucionalidad se requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo que se trate de intereses difusos ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). Si detecta un manejo irregular de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). Las denuncias se presentan en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, o al teléfono 2501-8025 ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). También puede acudir a la Defensoría de los Habitantes si una institución pública le brinda un mal servicio ([guía, p. 71](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71)). Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja ante la Defensoría ([guía, p. 71](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71)). Para proponer una reforma a esta ley, existe la iniciativa popular. Requiere firmas de al menos el cinco por ciento del padrón electoral ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). El TSE traslada el proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). La Oficina de Iniciativa Popular brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). ### Lo que no sabemos El dossier no permite saber cuánto recaudan hoy los impuestos de salida y residencia de los artículos 45 y 46. No se sabe si el artículo 47 recortado en SINALEVI afecta el artículo 253 del Código Fiscal. No hay datos sobre cuántas personas se han acogido a la movilidad laboral del artículo 25 desde 1995. No se sabe si la Comisión de Reordenamiento Hacendario del artículo 1 sigue funcionando. No hay información sobre el monto actual de los incentivos a la exportación del artículo 40. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto vigente y la Constitución. Hay dudas sobre la potestad de la Autoridad Presupuestaria para fijar límites de puestos. ## Qué puede hacer usted - Recurso de amparo: Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio. Debe expresar el hecho, el derecho violado, el nombre del servidor y las pruebas. Cualquier persona puede interponerlo. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22) - Acción de inconstitucionalidad: Procede contra leyes que infrinjan alguna norma constitucional. Requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo intereses difusos. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24) - Denuncia ante la Contraloría General de la República: Se presenta en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, o al teléfono 2501-8025. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) - Queja ante la Defensoría de los Habitantes: Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71) - Iniciativa popular: Requiere firmas de al menos el cinco por ciento del padrón electoral. El TSE traslada el proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular brinda asesoramiento técnico gratuito. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) ## Fuentes 1. Ley 6955 en SINALEVI: Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público (Vigente, Versión de la norma: 8 de 8). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 24/02/1984. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=6199¶m2=129726¶m3=1 2. Ley 6955: LEY PARA EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 1984. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx 3. Ley 8131: Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 18/09/2001. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=47258¶m2=142574¶m3=1 4. Ley 7064: Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 29/04/1987. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=546¶m2=147275¶m3=1 5. Ley 6999: Ley de Prórrogas y Nuevos Ingresos y Riesgos del Trabajo de la PolicíaLey de Riesgos del Trabajo de las Fuerzas de Policía (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 03/09/1985. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5387¶m2=5712¶m3=1 6. Comisión Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, 22 Octubre 2026. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2026-10-22. https://www.youtube.com/watch?v=8Q0dnF-GW-Y 7. #EnVivo | Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.. Asamblea Legislativa, 2022-04-04. https://www.youtube.com/watch?v=lBoNGTfm7WQ 8. Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, 01 Octubre 2026. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2026-10-02. https://www.youtube.com/watch?v=szMaDX-dW9M 9. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 10. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo Ley 6955 Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público -Usted está en la última versión de la norma- Ir a la última versión Anterior Versión de la Norma: 8 de 8 Siguiente N° 6955 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA: LEY PARA EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO (*) (*) Interpretada auténticamente por el artículo 16 de la Ley N º 6999 de 3 de setiembre de 1985, en el sentido de que se entenderá por instituciones públicas únicamente las estatales, salvo que expresamente se manifieste lo contrario. TITULO PRIMERO Reordenamiento de la Hacienda Pública CAPITULO PRIMERO De la Comisión de Reordenamiento Hacendario Artículo 1º.- Con el propósito de ordenar, sanear y mantener fortalecida la Hacienda Pública , deberá dictarse un régimen jurídico moderno, con regulaciones eficientes para la elaboración y el control del Presupuesto Nacional, especialmente en sus aspectos de ingresos y egresos. Para efectos de elaborar los proyectos del ordenamiento requerido, la Asamblea Legislativa nombrará una comisión especial mixta, denominada Comisión de Reordenamiento Hacendario, dentro del plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir de la vigencia de la presente ley. Esta comisión estará integrada por trece miembros, de la siguiente manera: El Contralor General de la República , quien la coordinará; cinco diputados nombrados por la Asamblea Legislativa ; cinco profesionales con experiencia en materia hacendaria, escogidos por los cinco diputados de la comisión mencionada; el jefe del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Costa Rica; y el jefe del Departamento de Presupuesto a que se refiere el artículo 177 de la Constitución Política. Artículo 2º.- La Comisión de Reordenamiento Hacendario deberá rendir su informe de labores y elaborar los proyectos de ley correspondientes, antes del 15 de noviembre de 1984. Tales proyectos, cuando impliquen modificaciones a la Constitución Política , deberán proponerse conjuntamente con éstas, a fin de que el ordenamiento jurídico, en sus diversas jerarquías, permita lograr lo siguiente: a) Un sistema tributario eficaz desde el punto de vista fiscal, socialmente justo, que contribuya al desarrollo económico del país y que permita la competitividad de la economía costarricense en el comercio internacional. b) Mecanismos para la calificación de prioridades del sector público, dentro de las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo, a fin de establecer programaciones anuales del endeudamiento externo. Tales programaciones deberán estar acordes con la capacidad de pagos al exterior y ser aprobadas por las autoridades del Poder Ejecutivo y por la Asamblea Legislativa al conocerse el presupuesto ordinario de la República. Se excluyen de esa aprobación los créditos al Sistema Bancario Nacional. c) Pautas al sector público en materia de empréstitos. ch ) Normas concretas para hacer efectivo el principio constitucional de caja única y medidas que impidan el establecimiento de tributos con destino específico, los cuales se atenderán mediante subvenciones legislativas. d) Reglas para que, dentro de las pautas del Plan Nacional de Desarrollo, se asignen subvenciones, por iniciativa de los legisladores, a fin de que sustituyan el sistema de partidas específicas. e) Métodos para la revisión periódica de los programas y funciones de los órganos del Poder Ejecutivo y de las instituciones descentralizadas, con el propósito de racionalizar el gasto público y eliminar la duplicidad de los objetivos y programas. f) Formas de fiscalización del presupuesto por programas de la Administración Pública , incluidas las descentralizadas y las subvenciones, y determinación de los costos de operación, a fin de evaluar los resultados de los programas, establecer costos unitarios y disponer de un sistema permanente de revisión por parte de la Contraloría General de la República. A esta institución se le indicarán los mecanismos para que el sector público descrito cumpla estrictamente con las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo. La Contraloría informará de su gestión a la Autoridad Presupuestaria , y ésta presentará a la Asamblea Legislativa , antes del treinta de setiembre de cada año, una liquidación del Presupuesto - Programa, por objetivos, del ejercicio fiscal anterior. g) Regulaciones vinculantes para que todas las dependencias del Poder Ejecutivo acaten las directrices y políticas que dispongan para ellas la Autoridad Presupuestaria. CAPITULO SEGUNDO De la estructuración del presupuesto Artículo 3º.- La preparación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, del presupuesto de la República por programas, la hará el departamento especializado en la materia, al tenor de lo que dispone el artículo 177 de la Constitución Política. Tal dependencia funcionará bajo los lineamientos que determine el Ministerio de Hacienda. Transitorio: Se traslada el Programa 024 del Presupuesto Nacional, Título 04 - Presidencia de la República , al Título 09 - Ministerio de Hacienda. Los funcionarios de la dependencia trasladada conservarán todos los derechos e incentivos que tuvieran a la fecha de vigencia de la presente ley. CAPITULO TERCERO De los presupuestos Artículo 4º.- El proyecto de presupuesto preparado por la Oficina de Presupuesto Nacional y sometido a la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo y la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, se ajustarán a las siguientes reglas básicas: a) Se ajustará al Plan Nacional de Desarrollo dentro de las posibilidades fiscales reales. b) Deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa y comprenderá la totalidad de los gastos previsibles equilibrados con los ingresos probables, debidamente certificados por la Contraloría General de la República en cuanto a su efectividad fiscal. c) Los gastos corrientes del Presupuesto Nacional sólo podrán financiarse con ingresos corrientes. Las instituciones descentralizadas del sector público, excepto las municipalidades, deberán remitir sus presupuestos a la Contraloría General de la República, antes del 30 de setiembre del año anterior al presupuesto respectivo, con copia a la Autoridad Presupuestaria, con la versión del presupuesto por programas y la indicación del costo unitario de los servicios que presten. (Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 12019 del 18 de diciembre del 2002, se anuló el párrafo tercero de este artículo) (Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 12019 del 18 de diciembre del 2002, se anuló el párrafo cuarto de este artículo) (Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 12019 del 18 de diciembre del 2002, se anuló el párrafo quinto de este artículo) (Así reformado por el artículo 13 de la Ley de Prórrogas y Nuevos Ingresos y Riesgos del Trabajo de la Policía Ley de Riesgos del Trabajo de las Fuerzas de Policía, Nº 6999 de 3 de setiembre de 1985) Artículo 5º.- A partir de 1985, en el Presupuesto Nacional, no podrá disponerse de las partidas destinadas a servicios especiales para el pago de servicios que puedan ser obtenidos en el sector público, ni a la contratación de personal a cargo del Estado, excepto que se incluya el respectivo desglose en el correspondiente presupuesto. Artículo 6º.- A partir de 1985, las partidas consignadas en el Presupuesto para obras específicas no podrán destinarse a la remuneración de personal permanente de las instituciones que las reciban, y sólo podrá pagarse con ellas personal contratado temporalmente para laborar específicamente en la obra o servicio que tales partidas financian. Artículo 7º.- La Contraloría General de la República deberá presentar a la Asamblea Legislativa , a partir de 1984 y a más tardar en junio de cada año, los informes de auditoría correspondientes a las partidas específicas, transferencias y subvenciones de los diversos presupuestos de la República. Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigencia de esta ley, emitirá un reglamento con disposiciones precisas sobre la aplicación y control de las partidas para obras específicas, y no podrá autorizar el cambio de destino de las mismas, salvo en lo referente a los saldos que se produjeren una vez concluida la obra financiada con esa partida. La Asamblea Legislativa podrá modificar el destino de las partidas específicas en los proyectos de presupuesto extraordinarios. CAPITULO CUARTO Financiamiento del gasto público Artículo 9º.- Con excepción del financiamiento del sistema bancario nacional, que autoriza con letras del tesoro la ley Nº 4646 del 20 de octubre de 1970, el Gobierno central solamente podrá obtener crédito con dicho sistema hasta por el cinco por ciento del saldo de gastos del año inmediato anterior, de los presupuestos ordinario y extraordinario de la República. Artículo 10.- Constituyen el financiamiento del Gobierno Central, a que se refiere el artículo anterior, los siguientes conceptos: a) Créditos directos que los bancos otorguen al Gobierno en virtud del artículo 64, inciso 5), de la ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. b) Toda clase de títulos o valores mobiliarios emitidos por el Gobierno, que los bancos comerciales o el Banco Central de Costa Rica, o las instituciones financieras sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (*), adquieran como inversión, según el inciso 7) del citado artículo y el inciso 10) del numeral 62 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. (*)(Así modificado el nombre del ente contralor bancario por el artículo 176 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica No.7558 de 3 de noviembre de 1995) c) Avales directos o indirectos, fondos de fideicomiso o cualquier otra transacción financiera equivalente, celebrados con financiamiento interno. ch ) Los valores mobiliarios del Gobierno central en poder de las instituciones antes citadas, que formen parte del encaje mínimo legal. (Nota de SINALEVI: Según el dictamen número C-347-2007 del 02 de octubre del 2007, este artículo resulta derogado tácitamente, en razón de lo dispuesto en los artículos 81 y 85 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.) Artículo 11.- Los saldos deudores del Gobierno central al 31 de diciembre de 1983, señalados en el artículo 9º por cualesquiera de los conceptos indicados en el artículo anterior, no se tomarán en cuenta para determinar el límite señalado en el artículo con el cual se inicia el presente capítulo de esta ley. Artículo 12.- La Asamblea Legislativa conocerá, trimestralmente, el monto de los saldos del financiamiento del Sistema Bancario Nacional, que éste realiza en favor del Gobierno central y del resto del sector público. Para tales efectos el Banco Central de Costa Rica enviará oportunamente los correspondientes informes. Artículo 13.- Las instituciones descentralizadas del sector público no podrán obtener o utilizar crédito externo para sus gastos corrientes de operación y únicamente se autoriza la excepción de los destinados a programas específicos de desarrollo cuyo objetivo requiera gastos corrientes. Del mismo modo, ni el Banco Central de Costa Rica ni los otros bancos del Sistema Bancario Nacional podrán canalizar recursos provenientes de crédito externo para gastos corrientes de operación del sector público. La Contraloría General de la República velará por el cumplimiento de esta disposición, e informará anualmente sobre su observación a la Asamblea Legislativa , la cual deberá conocer de inmediato, en su capítulo de correspondencia, el respectivo informe. Artículo 14.- Los funcionarios que sean responsables de decisiones que violen las disposiciones de esta ley, responderán personalmente y con sus propios bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley de la Administración Financiera de la República. (Así reformado por el artículo 13 de la Ley de Prórrogas y Nuevos Ingresos y Riesgos del Trabajo de la Policía Ley de Riesgos del Trabajo de las Fuerzas de Policía, Nº 6999 de 3 de setiembre de 1985) Artículo 15.- En los casos en que su gravedad lo amerite, el Consejo de Gobierno, previo dictamen favorable de la Junta Directiva del Banco Central, con el voto afirmativo de por lo menos cinco directores, podrá proponer a la Asamblea Legislativa , para ocasiones concretas, la ruptura de uno o varios de los límites establecidos en los artículo 9 y 13 de esta ley. Esta propuesta se hará mediante un proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo, en el cual deberá establecerse cuantitativamente el monto de exceso por permitir. Este acto legislativo será de naturaleza administrativa, según los términos del párrafo final del artículo 124 de la Constitución Política. Si la Asamblea Legislativa no resuelve sobre el proyecto de ley en el curso de treinta días hábiles, el límite en cuestión podrá ser sobrepasado en los términos propuestos en el proyecto de ley, por una sola vez para el caso en cuestión. TITULO SEGUNDO De la reducción del gasto del sector público CAPITULO PRIMERO De las plazas vacantes Artículo 16.- Para propiciar la racionalización del empleo en el sector público, la Autoridad Presupuestaria fijará los lineamientos en materia de empleo público, los cuales podrán incluir límites al número de puestos por institución. El cumplimiento de tales lineamientos quedará bajo responsabilidad de la máxima autoridad de la respectiva institución. Asimismo, las instituciones deberán remitir la información que se les solicite para verificar dicho cumplimiento. (Así reformado por el inciso e) del artículo 126 de la Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 2001. “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”) Artículo 17.- (Derogado por el inciso d) del artículo 127 de la Ley N ° 8131 de 18 de setiembre del 2001. “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”) Artículo 18.- (Derogado por el inciso d) del artículo 127 de la Ley N ° 8131 de 18 de setiembre del 2001. “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”.) Artículo 19.- (Derogado por el inciso d) del artículo 127 de la Ley N ° 8131 de 18 de setiembre del 2001. “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”.) Artículo 20.- Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 16 y 18, no se considerarán vacantes las plazas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley estén ocupadas por funcionarios nombrados interinamente. A partir de la vigencia de esta ley, no se podrán hacer nuevos nombramientos o prórrogas de anteriores, en plazas interinas, excepto en los siguientes casos: 1) Plazas de naturaleza docente, administrativo-docente y de seguridad e higiene del Ministerio de Educación Pública y del Instituto Nacional de Aprendizaje. 2) Plazas en las que el funcionario nombrado en propiedad tenga un permiso temporal. 3) Plazas de los programas de salud del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social. 4) Plazas de jefatura y las que se consideren indispensables para los objetivos del programa, institución o empresa, a juicio de la Autoridad Presupuestaria. (Así reformado por el artículo 13 de la Ley de Prórrogas y Nuevos Ingresos y Riesgos del Trabajo de la Policía Ley de Riesgos del Trabajo de las Fuerzas de Policía, Nº 6999 de 3 de setiembre de 1985) CAPITULO SEGUNDO De los compromisos pendientes de 1983 Artículo 21.- A la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se tendrán por cancelados, automáticamente, en su totalidad, los compromisos pendientes del presupuesto del Gobierno de la República de 1983, que no correspondan a pagos por: a) obligaciones adquiridas en contratos firmados antes del inicio de la vigencia de esta ley: b) compra de mercancías, maquinaria, equipo, construcción de obras, adiciones, mejoras y prestación de servicios al Estado, siempre y cuando la mercancía, maquinaria y equipo hayan sido efectivamente transferidos en propiedad al Gobierno de la República ; y siempre que las obras, el servicio prestado, la construcción, las adiciones o mejoras, ya hayan iniciado; todo antes de la entrada en vigencia de la presente ley. Se exceptúan de los alcances de este artículo las transferencias corrientes y de capital del Presupuesto de la República de 1983. CAPITULO TERCERO De la autorización para pensionar a servidores públicos Artículo 22.- (Anulado por Resolución de la Sala Constitucional Nº1146-90 del 21 de setiembre de 1990 y posteriormente derogado por el artículo 71 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N° 7935 de 25 de octubre de 1999). Artículo 23.-( Derogado por el artículo 71 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor , N° 7935 de 25 de octubre de 1999) Artículo 24.- (Anulado por Resolución de la Sala Constitucional Nº1146-90 del 21 de setiembre de 1990 y posteriormente derogado por el artículo 71 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N° 7935 de 25 de octubre de 1999). CAPITULO CUARTO De la autorización para pagar prestaciones a los servidores públicos Artículo 25.- La Administración Pública, centralizada y descentralizada, y las empresas públicas podrán ofrecer el pago de sus prestaciones más una bonificación a los servidores que ellas estimen conveniente, si estos están de acuerdo y renuncian para dedicarse a actividades ajenas al sector público. Esta bonificación se limitará a los términos y condiciones que se señalan a continuación: a) Para pagar el auxilio de cesantía, se reconocerán los años de servicio laborado en forma continua e ininterrumpida, hasta un máximo de doce. Este incentivo será un excepción a las reglas para calcular el auxilio de cesantía. b) Adicionalmente al reconocimiento que se realice por años de servicio, podrá otorgarse a cada servidor un incentivo adicional hasta de cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis (6) meses efectivamente laborados. (Así reformado por el artículo 1 de la ley No.7560 del 9 de noviembre de 1995, “Sobre el pago para funcionarios públicos acogidos a la movilidad laboral antes de la presente reforma”, véase el Transitorio X) Artículo 26- Serán elegibles para lo que dispone el artículo anterior únicamente los funcionarios nombrados en propiedad, y que no hayan sido despedidos por causa justa. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 10154 del 24 de marzo del 2022) Artículo 27- Los funcionarios que se acojan a los beneficios establecidos en el artículo 25 de esta ley no podrán ocupar puesto alguno en la Administración Pública, centralizada o descentralizada, ni en las empresas públicas, sino después de siete años (07) contados a partir de la fecha de su renuncia, además de cumplir con Io establecido en el artículo 686 del Código de Trabajo, de manera que, en caso de que reingresen al sector público y se aojan nuevamente a la movilidad laboral voluntaria, no se incluyan dentro del cálculo de sus prestaciones, los años indemnizados previamente. La Autoridad Presupuestaria reglamentará los procedimientos para controlar que se cumpla con esta disposición. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 10154 del 24 de marzo del 2022) Artículo 28.- Las plazas que quedaren vacantes por el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 22, 24 y 25 de la presente ley, deberán ser eliminados del presupuesto respectivo. Los órganos del Estado y las instituciones públicas deberán suministrar a la Autoridad Presupuestaria la información que ésta les solicite, para controlar el cumplimiento de lo que dispone el presente artículo, e informarán a ésta de las plazas que eliminen de sus presupuestos. CAPITULO QUINTO De las plazas nuevas y las contrataciones Artículo 29.- El número total de plazas ocupadas por cargos fijos, jornales y servicios especiales, de todas las dependencias del Estado y del sector público, incluidos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las instituciones autónomas y semiautónomas, así como las empresas públicas y sus subsidiarias constituidas como sociedades, y toda aquella institución pública creada por ley general o especial, excepto las municipalidades, durante los ejercicios presupuestarios de los años 1987, 1988 y 1989, no podrá ser mayor al de las ocupadas al 2 de marzo de 1984. Sin la autorización previa de la Autoridad Presupuestaria, las entidades públicas no podrán llenar plazas para desarrollar funciones diferentes a las establecidas en el correspondiente manual descriptivo de puestos. Las entidades públicas que aquí se señalan estarán obligadas a registrar ante la Contraloría General de la República, las plazas ocupadas al primero de enero de 1984, con los nombres, sueldos o salarios y otras remuneraciones de las personas que los ocupe, así como cualquier otra información que la Contraloría considere conveniente. En la liquidación de los presupuestos de 1984, 1985 y 1986, la Contraloría General de la República solamente podrá tomar en cuenta las plazas que aparezcan en el mencionado registro. Tanto la Contraloría General de la República como la Autoridad Presupuestaria no tramitarán documentos de presupuestos, presupuestos o sus modificaciones, de entidades o instituciones públicas que no hayan cumplido con lo que aquí se dispone. A más tardar quince días naturales después de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades e instituciones públicas deberán presentar el registro de plazas antes citado ante la Contraloría General de la República, con copia a la Autoridad Presupuestaria. La Contraloría General de la República fiscalizará la aplicación de este artículo. (Así reformado por el artículo 17 de la Ley de Presupuesto para el año 1987, Nº 7055 de 18 de diciembre de 1986) Artículo 30.- Las juntas, concejos, organizaciones adscritas, o entidades descentralizadas que dependan de los ministerios, únicamente podrán contratar personal mediante los procedimientos regulares de los respectivos departamentos de personal, siguiendo los trámites establecidos por la Dirección General de Servicio Civil. Para poder recibir transferencias del Gobierno de la República y de otros entes públicos, en el Presupuesto Nacional de 1985 y de los años siguientes, deberá incluirse el desglose de las plazas que correspondan a los organismos a que se refiere el párrafo anterior, como parte de un programa en el presupuesto del ministerio relevante. (El párrafo tercero de este numeral fue anulado por resolución de la Sala Constitucional, N° 00140 del 12 de enero de 1993. Anteriormente este párrafo había sido reformado por el artículo 27 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, N° 6962 del 26 julio de 1984) Artículo 31.- Cuando en los poderes del Estado, en las instituciones descentralizadas y en las empresas públicas se haya consolidado situaciones laborales, en que un solo individuo trabaja en forma permanente la jornada ordinaria y una jornada extraordinaria, su superior jerárquico inmediato, deberá tomar inmediatamente las medidas correspondientes para que cese tal situación, so pena de ser responsable directo ante el Estado del monto de las jornadas extraordinarias que así se pagaren. De inmediato, también, se tomarán medidas por parte del Poder, institución o empresa, para que las funciones que originaron la jornada extraordinaria permanente se asignen a un empleado o funcionario específicamente nombrado para desempeñarlas, cuando tales funciones fueren de carácter indispensable. CAPITULO SEXTO De las reducciones en los presupuestos de las instituciones públicas y de la inflación financiera Artículo 32.- Inaplicable. ( La Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de las 8:00 horas del 24 de mayo de 1989 (expediente N° 101-87, promovido por el Instituto Nacional de Seguros) declaró inconstitucional e inaplicable este artículo cuyo texto disponía textualmente: “Durante 1984, se establece una contribución extraordinaria que deberán pagar al Gobierno de la República las instituciones públicas estatales nombradas en el anexo a la presente ley, según el monto fijado para cada una. Para financiar tales contribuciones, las entidades señaladas en la lista del anexo* deberán rebajar sus gastos, excepto en las partidas de servicios personales, adquisición de títulos valores, servicio de la deuda y programas de inversión real considerados prioritarios por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Además, la rebaja afectará sólo los gastos financiados con recursos, internos.”). En este mismo sentido, dispuso el artículo 67 de la Ley N º 7064 de 29 de abril de 1987 que, al entrar en vigencia la misma, quedó automáticamente derogada, y sin ningún efecto, la obligación de los bancos del Estado de contribuir con lo dispuesto por este artículo. Artículo 33.- La Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República verificarán el cumplimiento de lo que dispone el artículo 32 de la presente ley. La Autoridad Presupuestaria emitirá un reglamento donde se regulen los procedimientos de control, forma, y plazos en los que las instituciones realizarán el pago de la contribución extraordinaria al Gobierno de la República. Por regla general, el pago de la contribución se realizará en un número de cuotas mensuales iguales. Se considerará falta grave, por parte de los funcionarios responsables, el incumplimiento de lo que se establece en el presente capítulo. Igual responsabilidad les incumbirá a las juntas directivas, presidentes ejecutivos, gerentes y administradores de la institución respectiva. Artículo 34.- Previa certificación por parte de la Autoridad Presupuestaria , de que la rebaja cumple con lo dispuesto en el artículo 31, las instituciones y empresas públicas deberán enviar a la Contraloría General de la República la modificación presupuestaria correspondiente. En la modificación, y para mantener el equilibrio en el presupuesto, se incluirá el monto de la contribución al Gobierno central, y se rebajaran en esa cantidad los otros gastos, con las excepciones que se señalan en el artículo 32. Las instituciones y empresas públicas enviarán la modificación presupuestaria a la Autoridad Presupuestaria , a más tardar quince días naturales después de la entrada en vigencia de la presente ley. En un plazo no mayor de cinco días naturales después de obtenida la certificación de la Autoridad Presupuestaria , la institución presentará la modificación del presupuesto ante la Contraloría General de la República. Artículo 35.- Los bancos y financieras del Sistema Bancario Nacional estarán obligados a informar a la Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica, sobre los saldos en las cuentas corrientes y a plazo que cada institución y empresa pública mantenga en ellos, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, lo cual harán a más tardar quince días naturales después de esa fecha. Además, cuando la Autoridad Presupuestaria y el Banco Central lo requieran, deberán ser informados de los saldos en cuenta corriente y a plazo, y de otras tenencias de títulos valores y de fondos especiales de reserva, que las instituciones y empresas públicas mantengan en aquellas instituciones. Artículo 36.- Las instituciones públicas estarán obligadas a enviar a la Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica, copia de los saldos conciliados de las cuentas, depósitos y reservas que mantengan en los bancos, a más tardar quince días naturales después de recibir el balance del banco respectivo, e informarán, cuando éstas lo requieran, los saldos por tenencia de otros títulos valores. La Contraloría General de la República no dará trámite a los presupuestos y sus modificaciones, de las instituciones que no se encuentren al día en el suministro de la información indicada, para lo que deberá obtener una constancia escrita de la Autoridad presupuestaria. CAPITULO SETIMO De la evaluación del gasto público Artículo 37 .- (Derogado por el inciso d) del artículo 127 de la Ley N° 8131 de 18 de setiembre del 2001. "Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos") TITULO TERCERO De la modificación al Impuesto sobre la Renta y los Impuestos Selectivos de Consumo CAPITULO PRIMERO De la modificación al Impuesto sobre la Renta de las personas jurídicas Artículo 38.- Refórmanse los artículo 14, inciso 2) y 63 de la ley del Impuesto sobre la Renta N º 837 del 20 de diciembre de 1946 y sus reformas y adiciónase a la misma un nuevo artículo, que será el número 65. Sus textos serán los siguientes: "Artículo 14.-...Inciso 2): En el caso de sociedades de hecho o de derecho, patrimonios hereditarios indivisos, establecimientos permanentes, fideicomisos o encargos de confianza, se aplicarán sobre la renta líquida obtenida la escala progresiva que sigue: De cero (0) hasta mil colones (100.000) un diez por ciento (10%) anual. Sobre el exceso de cien mil colones (¢ 100.000) y hasta doscientos cincuenta mil colones (250.000) un veinte por ciento (20%) anual. Sobre el exceso de doscientos cincuenta mil colones (¢ 250.000) y hasta quinientos mil colones (¢ 500.000) un veinticinco por ciento (25%) anual. Sobre el exceso de quinientos mil colones (¢ 500.000) y hasta setecientos cincuenta mil colones (¢ 750 000) un treinta y cinco por ciento (35%) anual. Sobre el exceso de setecientos cincuenta mil colones (¢ 750.000) y hasta un millón de colones (¢ 1.000.000) un cincuenta por ciento (50%) anual." "Artículo 63: Los contribuyentes comprendidos en el inciso 2) del artículo 14, que paguen o acrediten dividendos de acciones de cualquier tipo o participaciones sociales a socios, o cualquier otra clase de beneficios asimilables a dividendos en efectivo, pagados o acreditados a personas físicas domiciliadas en el país, están obligados a retener el quince por ciento (15%) de tales sumas. La retención debe considerarse como pago único y definitivo del impuesto por tales conceptos y practicarse en la fecha en que se efectúe el pago o crédito que les den origen. Las sumas retenidas deben depositarse en el Banco Central de Costa Rica o en sus tesorerías auxiliares, dentro de los primeros quince días del mes siguiente a aquella fecha." "Artículo 65: Los declarantes del impuesto sobre la renta están obligados a presentar constancia, exenta del pago de especies fiscales, expedida por la Dirección General de la Tributación Directa , de estar al día en la presentación de sus declaraciones en las gestiones administrativas con instituciones o empresas públicas y dependencias del Estado, según lo establezca el Reglamento." Artículo 39.- El Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda, emitirá las disposiciones reglamentarias correspondientes a las normas modificadas y creadas en el artículo 38 de esta ley, de tal forma que surtan efecto a partir del período fiscal Nº 84 (del 1º de octubre de 1983 al 30 de setiembre de 1984.) CAPITULO SEGUNDO De los incentivos a la exportación Artículo 40.- Se adicionan los siguientes artículos a la Ley del Impuesto sobre la Renta , Nº 837 del 20 de diciembre de 1946 y sus reformas: "Artículo 66 .- Incentivos a las exportaciones Los beneficios que en adelante se establecen, se concederán durante doce (12) años a partir del período fiscal del impuesto sobre la renta Nº 84, a aquellas empresas exportadoras de productos no tradicionales, no amparados a tratados de libre comercio. a) Deducción del ciento por ciento del impuesto sobre aquella parte de las utilidades netas del período, obtenidas únicamente por las exportaciones no tradicionales que efectúe el declarante a terceros mercados. Esta utilidad nunca podrá ser mayor al resultado de aplicar la proporción de las ventas totales sobre el valor de las exportaciones citadas a las utilidades netas del exportador. En el caso de empresas nuevas, este incentivo se otorgará a partir del ejercicio fiscal en que efectúen la primera exportación. b) Deducción del cincuenta por ciento (50%) del monto de lo pagado, por medio de una bolsa de comercio, por la compra de acciones nominativas de sociedades anónimas domiciliadas en el país, que tengan programas de exportación del ciento por ciento (100%) de su producción o que estén exportando ese total. No podrán deducirse por este concepto, más de un veinticinco por ciento (25%) de la renta neta del período en el que se realice la compra; ni las adquisiciones de acciones podrán hacerse recíprocamente o en cadena, con el propósito de evadir el pago del impuesto. Las acciones adquiridas deben quedar en fideicomiso en un banco del Estado o en una bolsa de comercio, por un plazo no menor de tres años, sin posibilidades de disponer más que de los dividendos que produzcan. c) Las materias primas, insumos y envases no producidos en el país que formen parte componente de los productos no tradicionales exportados a mercados nuevos (terceros mercados) estarán exentos de todos los impuestos de importación, incluidos el impuesto contemplado en el Protocolo de Estabilización Económica (Protocolo de San José), y las sobretasas temporales a la importación. Para disfrutar de los beneficios que se conceden en este artículo, la empresa deberá aportar lo siguiente: 1) Certificación del monto de las exportaciones realizadas, emitidas por el Banco Central de Costa Rica. 2) Certificación sobre la aprobación de sus programas de exploración, emitida por el Consejo Nacional de Inversiones. 3) Además deberá probar que ha cumplido con los controles y normas que establezcan el reglamento de esta ley. Comete el delito de defraudación fiscal el declarante que para obtener los incentivos señalados en este artículo, incurra en falsedades o en maniobras fraudulentas. Artículo 67.- El contrato de exportación Se crea el contrato de exportación, como un instrumento para coordinar las ventajas, y facilitar los beneficios que diversas leyes otorgan a las empresas exportadoras tales, como: a) tarifas portuarias especiales; b) simplificación de procedimientos y trámites; c) créditos bancarios con tasas de interés preferencial; ch) reducciones impositivas; d) depreciaciones aceleradas; e) certificados de abono tributario, sobre la base de productos y mercados, f) certificados de incremento de las exportaciones. El Consejo Nacional de Inversiones coordinará con los distintos entes estatales, y de acuerdo con las leyes respectivas, el señalamiento de los requisitos y condiciones, así como la determinación de los alcances de las ventajas y beneficios, todo dirigido a la obtención de resultados positivos en la balanza de pagos, mediante el incremento de las exportaciones. Artículo 68.- El Consejo Nacional de Inversiones Se crea el Consejo Nacional de Inversiones, integrado por dos ministros del sector económico o sus representantes, por el Director Ejecutivo del Centro para la Promoción de las Exportaciones y las Inversiones, y por dos representantes del sector privado pertenecientes a esta última dependencia, escogidos por el Presidente de la República. El Poder Ejecutivo reglamentará su funcionamiento. Artículo 69.- Función del Consejo Nacional de Inversiones Corresponde al Consejo Nacional de Inversiones a) Aprobar o improbar los programas y los contratos de exportación. b) Coordinar con los entes estatales que corresponda, los beneficios plazos y condiciones que en cada caso otorgará en los contratos de exportación, de acuerdo con las leyes respectivas. c) Aprobar y recomendar al Banco Central de Costa Rica el otorgamiento de los certificados de abono tributario y de incremento de las exportaciones. Artículo 70.- El régimen de admisión temporal Se establece un régimen de admisión temporal, mediante el cual se permite recibir dentro del territorio aduanero en suspensión de toda clase de tributos, las mercancías destinadas al exterior, después de haber sido sometidas a procesos de reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje, incorporación a conjuntos o aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional, o a uso en equipos de transporte y otros fines. También podrán ingresar al país mediante el presente procedimiento, hasta por un plazo de doce meses, muestras, modelos, patrones y artículos similares, para fines demostrativos de investigación, instrucción o exportación en ferias. Asimismo, quedan comprendidos dentro de este régimen los equipos y repuestos necesarios para realizar los procesos citados y las mercancías que desaparezcan total o parcialmente en los mismos, así como los bienes destinados a ofrecer una mayor comodidad laboral a los empleados de las plantas, estos últimos de acuerdo con lo que al respecto señale una reglamentación especial. Quienes se acojan a este régimen, otorgarán prenda aduanera, sin necesidad de garantía adicional, y los propietarios de los bienes, por el simple hecho de remitirlos al país, otorgan poder suficiente al consignatario para imponer dicho gravamen. Esta prenda se tramitará de oficio, servirá exclusivamente para los propósitos de este régimen y tendrá prioridad sobre cualquier otro gravamen o garantía. El Ministerio de Hacienda velará por la correcta aplicación de este régimen y reglamentará el destino de las mermas y desperdicios que se produzcan en los procesos productivos señalados." CAPITULO TERCERO De las modificaciones a los Impuestos Selectivos de Consumo Artículo 41.- Se aumentan en cinco puntos porcentuales las tarifas ad- valorem aplicables a las mercancías incluidas en los anexos 1 y 2 de la ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, Nº 4961 del 10 de marzo de 1972 y sus reformas. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto del Ministro de Hacienda, reduzca las tarifas ad- valorem aplicables a las mercancías de las listas 1, 2 y 3 de la citada ley. Se entiende que el aumento de cinco puntos porcentuales que aquí se establece es adicional a los porcentuales autorizados en el artículo 5º de la ley Nº 6820 del 3 de noviembre de 1982. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigencia a partir de la fecha de publicación de la presente ley. TITULO CUARTO DE LAS MODIFICACIONES AL ARANCEL CONSULAR, A LOS DERECHOS DE RESIDENCIA Y A LOS IMPUESTOS POR EL USO DE PUERTOS Y FRONTERAS CAPITULO PRIMERO De las modificaciones al Arancel Consular Artículo 42.- Se aumentan en un trescientos por ciento, en cada partida los derechos fijados en el Arancel Consular, creados por las leyes Nº 46 del 7 de julio de 1925 y sus reformas, Nº 29 del 23 de noviembre de 1945 y Nº 3872 del 22 de mayo de 1967. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que actualice los items del Arancel Consular, en el que podrá incluir aquellos que considere necesarios y excluir únicamente los que en la actualidad no tengan función alguna. Artículo 43.- El incremento en la recaudación por el aumento establecido en el artículo anterior se distribuirá, por medio del presupuesto del Gobierno de la República , de la siguiente manera: a) Una tercera parte al Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual utilizará estos fondos únicamente para financiar programas sociales. b) Dos terceras partes a la caja única del Estado, para sufragar gastos generales del Gobierno. Artículo 44.- El Banco Central de Costa Rica venderá los timbres consulares en dólares, o en colones al equivalente del tipo de cambio libre del día . CAPITULO SEGUNDO De las modificaciones a los derechos de residencia y a los impuestos por el uso de puertos y fronteras Artículo 45.- Refórmase el artículo 2º de la ley Nº 37 del 7 de junio de 1940, reformada por el artículo 11 de la ley Nº5358 del 26 de setiembre de 1973, en la siguiente forma: "Artículo 2º.- Todo extranjero residente en el país por un término de seis o más meses debe proveerse de una cédula de residencia, que expedirá el Ministerio de Gobernación, por medio de una oficina creada con este exclusivo objeto. En esa cédula constarán, principalmente, los datos de identificación. Deberá renovarse dentro de los primeros treinta días de cada año, aunque podrá renovarse por dos años mediante pago adelantado. Por la expedición o renovación de cada cédula de residencia, el interesado por cada año, pagará en colones, el equivalente de veinticinco dólares en timbres fiscales, al tipo de cambio libre del día. Los timbres se cancelarán en el momento de emitirse el respectivo documento, no obstante podrán cancelarse mediante entero a favor del Gobierno. Se exceptúan del pago de timbre fiscal los ciudadanos de aquellos países con los que se tienen tratados de reciprocidad para el no pago de estas tasas. Los extranjeros aquí señalados deberán comunicar cada año su dirección exacta, o cualquier cambio en ella, a más tardar treinta días naturales después de ocurrido el cambio. El incumplimiento de este requisito podrá ser motivo para que se cancele la cédula de residencia." Artículo 46.- Refórmanse los artículos 1º, 2º y 7º de la ley Nº 5874 del 23 de diciembre de 1975, que dirán así; "Artículo 1º.- Establécese un impuesto del equivalente en colones de diez dólares al tipo de cambio libre del día, que deberá pagar cada persona de nacionalidad extranjera no residente en Costa Rica, cada vez que salga del territorio de la República utilizando cualquiera de los puertos marítimos o aéreos o que cruce las fronteras. Se exceptúa del anterior impuesto a las personas de nacionalidad extrajera que permanezcan en tránsito en el país, por un período menor de cuarenta y ocho horas, y a los miembros del cuerpo diplomático, de misiones internacionales y funcionarios de gobierno de países con los cuales Costa Rica mantenga relaciones diplomáticas, que viajen en misión oficial. Las autoridades de migración se encargarán de que se cumpla con el pago del anterior impuesto, e impedirán la salida del país a aquellos que estando obligados a pagarlos no lo hicieren. Artículo 2º.- Establécese un impuesto del equivalente en colones de treinta dólares, al tipo de cambio libre del día, que deberá pagar cada costarricense o extranjero con cédula de residente en Costa Rica, cada vez que salga del territorio de la República utilizando cualquiera de los puertos, marítimos o aéreos, o que cruce las fronteras. Se exceptúa del anterior impuesto a los miembros del cuerpo diplomático y de misiones internacionales, y a los portadores de pasaporte diplomático. Las autoridades de migración se encargarán de que se cumpla con el pago del anterior impuesto, e impedirán la salida del país a aquellos que estando obligadas a pagarlo no lo hicieren. Para tener derecho al régimen de cortesía en las aduanas del país, los costarricenses y los extranjeros residentes en Costa Rica deberán cancelar el impuesto que aquí se establece." "Artículo 7º.- El doce y medio por ciento del producto de los impuestos indicados en los artículos 1º y 2º, será girado mensualmente por el Banco Central de Costa Rica al Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual destinará dichos recursos única y exclusivamente a la realización de programas de vivienda popular." Artículo 46 bis.- La Dirección General de Hacienda podrá exonerar del impuesto de salida a que se refiere la reforma del artículo 1º de la ley Nº 5874 del 23 de diciembre de 1975, contenida en el artículo 10 anterior de la presente ley, a los grupos culturales y deportivos que, oficialmente y en representación de nuestro país, viajen al exterior, previa recomendación al respecto del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; o a los de promoción turística debidamente acreditados como tales, patrocinados por el Instituto Costarricense de Turismo. Quedan exonerados del pago del impuesto de salida, los conductores costarricenses de furgones de carga y de líneas de transporte internacional de pasajeros, que se dediquen en forma habitual al transporte de mercancías o de personas al territorio centroamericano y panameño, y que estén debidamente acreditados como tales ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Sus homólogos centroamericanos y panameños podrán, asimismo, ser exonerados del pago del impuesto de salida, siempre y cuando, bajo las mismas condiciones, demuestren que en sus respectivos países se da un trato igual para los costarricenses. La Dirección de Migración y Extranjería informará a la Dirección General de Hacienda sobre lo anterior, para su debido control. Transitorio.- La exoneración de pago a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, podrá otorgarse en forma efectiva a partir del día 2 de marzo de 1984. (Así adicionado por el artículo 11 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Nº 6962 de 26 de julio de 1984) TITULO QUINTO DE LAS MODIFICACIONES AL CODIGO FISCAL Y A LA LEY ORGANICA DEL NOTARIADO CAPITULO PRIMERO De las modificaciones al título VI, "del papel sellado" del Código Fiscal Artículo 47.- Modifícase el título VI, "Del papel sellado", del Código Fiscal, en sus artículo 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 y Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/6955). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.