El INCOFER puede endeudarse hasta un 40% de sus activos

Ley 7001

Ley Orgánica Instituto Costarricense Ferrocarriles INCOFER

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(Nota de Sinalevi : Mediante decreto ejecutivo N° 36269 del 15 de octubre de 2010, se modifica la estructura organizacional institucional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en sentido de que se elimina de la misma y de su ámbito orgánico y funcional la denominada Dirección de Ferrocarriles. Trasladándose las funciones generales asignas a dicha dependencia al ámbito del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER).)

Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles

CAPITULO I

Constitución

Artículo 1º.- Créase el Instituto Costarricense de Ferrocarriles,

denominado en la presente ley el Instituto, que será una institución de

derecho público, con autonomía administrativa, personalidad jurídica y

patrimonio propio, y que se regirá por las disposiciones establecidas en

esta ley y sus reglamentos, así como en las leyes que la complementen.

Artículo 2º.- Para todos los efectos legales correspondientes, el

Instituto tendrá su domicilio en la ciudad de San José.

CAPITULO II

Objetivos

Artículo 3º.- Los objetivos principales del Instituto son:

a) Fortalecer la economía del país mediante la administración de un moderno sistema de transporte ferroviario para el servicio de pasajeros y de carga en todo el territorio nacional. Además, podrá prestar servicios conexos con el citado sistema y desarrollar otras inversiones y obras de infraestructura en inmuebles de su propiedad, o bien, previo convenio entre las partes, de otras instituciones públicas, las empresas de servicios municipales, las cooperativas de electrificación rural y sus consorcios, reguladas en la Ley N. º 8345, Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, de 26 de febrero de 2003, y sus reformas, necesarias para la construcción, la operación y el mantenimiento del sistema ferroviario. De igual forma, podrá desarrollar en inmuebles de su propiedad otras inversiones u obras que le generen recursos para financiar sus proyectos de transporte ferroviario, siempre y cuando dichas actividades no afecten la prestación de los servicios de transporte a su cargo.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016, “ Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana”)

b) Rehabilitar, estructurar y modernizar, tanto en lo que se refiere a vías, instalaciones y equipo rodante, como a su administración y prestación de servicios en general, los actuales ferrocarriles nacionales del Atlántico y Eléctrico al Pacífico, a fin de integrarlos en un ferrocarril interoceánico nacional para la prestación del servicio.

c) Estudiar, ejecutar y administrar toda nueva red ferroviaria que pueda integrarse a las actuales, a fin de habilitar zonas de producción del país. Los estudios comprenderán, además, la posibilidad de llevar a cabo una interconexión ferroviaria centroamericana.

ch) Electrificar, reconstruir, rectificar y extender toda su red ferroviaria existente.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 “ Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana”)

Para estos fines, el Instituto queda autorizado para negociar, contratar y ejecutar, de manera autónoma, endeudamientos internos y externos de mediano y largo plazos hasta un nivel de endeudamiento máximo del cuarenta por ciento (40%) en relación con sus activos totales, así como para constituir gravámenes y, en cualquier forma legal, obtener recursos nacionales o extranjeros. El endeudamiento se calculará con base en el total consolidado del valor de los activos totales del Instituto al 31 de diciembre del año anterior; para el cálculo se excluirán los pasivos de corto plazo. Los cambios en el pasivo total del Instituto, a consecuencia de las variaciones en los tipos de cambio, no serán considerados para efectos de medir la variación neta del pasivo total, para el cálculo del nivel de endeudamiento regulado en este artículo. El Instituto deberá contar con un registro contable suficiente, que deberá actualizar de forma periódica, sobre los activos institucionales, o bien, otros mecanismos idóneos para asegurar de manera precisa el valor de dichos activos.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 “ Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana”)

Si el endeudamiento requerido excede el porcentaje indicado en el párrafo anterior, deberá obtenerse la aprobación de la Asamblea Legislativa.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 “ Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana”)

CAPITULO III

Deberes y atribuciones

Artículo 4º.- Para el cumplimiento de sus objetivos del Instituto tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo la planificación general relativa a la prestación del servicio y a las obras e instalaciones ferroviarias; así como planificar programas los servicios, las obras e instalaciones ferroviarias que requiera el desarrollo económico y social del país.

b) Establecer las respectivas tarifas del transporte de carga y pasajeros, previa aprobación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VIII de esta ley, así como los cánones, tasas o derechos que cobrará, sin que en estos últimos casos sea necesaria la aprobación del Poder Ejecutivo.

c) Contratar empréstitos y en cualquier otra forma autorizada por las leyes, obtener recursos nacionales o extranjeros destinados al cumplimiento de sus objetivos.

ch) Transportar, vigilar, custodiar y entregar las mercancías y otros bienes a los usuarios de sus servicios, en la forma y condiciones que las leyes y reglamentos determinen.

d) Adquirir y administrar toda clase necesarios para el buen logro de sus objetivos.

e) Ejecutar, en la forma más eficiente posible, el transporte de carga y de pasajeros.

f) Realizar las expropiaciones que estime convenientes para el desarrollo de sus actividades, de conformidad con las leyes pertinentes. Para estos efectos, se declaran de utilidad pública los bienes inmuebles, sean fincas completas, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos, que por su ubicación sean necesarios, a juicio del Instituto, para el cumplimiento de sus fines, así como las obras por ejecutar por el Instituto, en el cumplimiento de las atribuciones legales que el ordenamiento jurídico le ha encomendado.

En los procedimientos de expropiación, el Instituto aplicará lo dispuesto en la Ley N.0 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 de mayo de 1995, y sus reformas. En cuanto a la imposición forzosa de servidumbres, podrá aplicar las disposiciones de la Ley N.0 6313, Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Constitución de Servidumbres del Instituto Costarricense de Electricidad, de 4 de enero de 1979, actuando con idénticas competencias y potestades con las que dicha ley atribuye al Instituto Costarricense de Electricidad.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 “ Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana”

g) Establecer los sistemas de trabajo y de administración en todos los servicios en que intervenga, así como determinar el uso de sus instalaciones y equipos.

h) Reglamentar las disposiciones generales bajo las cuales se prestarán los servicios de transporte de pasajeros y de carga; así como emitir las relativas a la organización laboral y administrativa del Instituto.

i) Remitir al Poder Ejecutivo, para su aprobación, los reglamentos de uso general, de aplicación para los usuarios del servicio, o los que tengan como sustento la aplicación de una disposición de orden legal.

CAPITULO IV

El Consejo Directivo

Artículo 5º.- El Instituto funcionará bajo la superior dirección de

un Consejo Directivo integrado por siete miembros, de nombramiento y

libre remoción del Consejo de Gobierno. Uno de estos miembros será designado por el mismo Consejo de Gobierno como presidente ejecutivo,

quien a la vez ejercerá la Presidencia del Consejo Directivo.

Artículo 6º.- El Consejo Directivo estará integrado por:

a) Seis personas de reconocida capacidad y experiencia en materia de

transporte ferroviario y de administración de empresas, una de las cuales

será el presidente ejecutivo y otra el representante de los usuarios del

servicio.

b) Un representante de los sindicatos que afilien a trabajadores del

Instituto.

Para el nombramiento y remoción de los miembros del Consejo

Directivo se observarán las disposiciones de la ley Nº 4646 del 20 de

octubre de 1970, reformada por la Nº 5507 de 19 de abril de 1974, en lo

que no se opongan a la presente.

El nombramiento de los miembros representantes se hará mediante

ternas de las organizaciones representadas.

Artículo 7º.- El Consejo Directivo elegirá de su seno, por mayoría

de votos, un vicepresidente, que fungirá por un año y podrá ser reelegido

por períodos iguales.

El vicepresidente presidirá las sesiones del Consejo durante las

ausencias temporales del presidente ejecutivo.

Artículo 8º.- Los miembros del Consejo deberán ser de reconocida

honorabilidad, de competencia manifiesta, mayores de edad y

costarricenses por nacimiento o por naturalización, en este último caso

con un mínimo de diez años de haber obtenido su respectiva carta de

naturalización.

No podrán ser miembros del Consejo quienes estén ligados entre sí por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado,

inclusive. Tampoco podrán serlo los funcionarios o empleados de los

Supremos Poderes, con excepción de quienes desempeñen un cargo temporal

no remunerado, ni quienes estén ligados a empresas o actividades que, por

su naturaleza, resulten antagónicas con los objetivos del Instituto.

Artículo 9º.- Dejará de ser miembro del Consejo Directivo:

a) El que dejare de reunir los requisitos establecidos en los

artículos 6º y 8º, o llegara a encontrarse dentro de las prohibiciones e

incompatibilidades indicadas en la presente ley.

b) El que se ausentare del país por más de un mes sin autorización

del Consejo. Dicha autorización no podrá exceder de tres meses.

c) El que por causas no justificadas dejare de concurrir a tres

sesiones ordinarias consecutivas.

ch) El que infringiere algunas de las disposiciones contenidas en

las leyes, decretos o reglamentos aplicables al Instituto, o consintiere

en su infracción.

d) El que por incapacidad física no hubiere podido desempeñar el

cargo por más de un año.

e) El que renunciare a su cargo. En este caso el nuevo miembro

ejercerá el cargo por el resto del período legal de su antecesor.

Artículo 10.- Excepto el presidente ejecutivo, que tendrá un sueldo

fijo, los miembros del Consejo Directivo devengarán dietas de acuerdo con

el monto de remuneración y número de sesiones establecidas en la ley que

regula estos aspectos en las demás entidades autónomas.

Estas dietas serán la única remuneración que podrán percibir los

miembros del Consejo por sus servicios en el ejercicio del cargo.

Artículo 11.- Para asumir sus cargos, los miembros del Consejo

Directivo deberán rendir caución por ¢ 200.000,00, la que podrá ser en

bonos del Estado, pólizas de fidelidad del Instituto Nacional de Seguros,

o garantía bancaria o real.

Artículo 12.- El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente una vez

por semana, en el lugar, el día y a la hora que él mismo determine, y

extraordinariamente cada vez que sea convocado por el presidente

ejecutivo.

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por escrito, con

indicación del lugar de reunión, por lo menos con doce horas de

anticipación, y en ellas se conocerán únicamente los asuntos comprendidos

en la convocatoria.

Artículo 13.- El quórum para sesionar válidamente se formará con

cuatro miembros. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros

presentes, salvo los casos en que la ley exija una mayoría especial

determinada. Cuando se produjere un empate el presidente resolverá, para

lo cual tendrá doble voto.

Artículo 14.- Se requerirán cinco votos, por lo menos, para la

validez de los siguientes acuerdos:

a) Nombramiento y remoción del auditor interno y del auditor externo

o firma de auditores.

b) Aprobación de ventas y acuerdos sobre empréstitos por sumas que

excedan de ¢ 3.000.000,00, así como para la emisión de bonos y

constitución de gravámenes.

c) Proposición al Poder Ejecutivo sobre la administración y

utilización de otros ferrocarriles y servicios conexos.

ch) Otorgamiento de concesiones a particulares, sean éstos personas

físicas o jurídicas.

Artículo 15.- Ningún miembro del Consejo Directivo podrá, bajo la

sanción de nulidad absoluta del respectivo acto, estar presente en sesión

durante el tiempo en que haya de votarse algún asunto en el que tenga

interés directo o indirecto, conforme con la ley.

Artículo 16.- Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo:

a) Planificar y definir la política y los programas del Instituto de conformidad con la política general que en estas materias tengan el Poder Ejecutivo.

b) Aprobar endeudamientos, emitir títulos valores y constituir gravámenes para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de esta ley.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 " Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana")

c) Autorizar la publicación de licitaciones públicas, adjudicadas o rechazarlas de conformidad con la ley.

ch) (Derogado por el artículo 135 inciso e) de la Ley General de Contratación Pública, N° 9986 del 27 de mayo de 2021)

d) Establecer las tarifas de los servicios de carga y de pasajeros, previa aprobación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el capítulo VIII, así como las tasas y derechos que cobrará por los servicios que preste, sin que para estos últimos sea necesaria la aprobación del Poder Ejecutivo.

e) Dar permisos de uso, sujetos a canon, sobre determinados bienes inmuebles a terceros, siempre que su uso esté destinado a las actividades propias de empresas portuarias, navieras, aduanales o de transporte, y siempre que otras instituciones del Estado o ministerios afines no requieran estos inmuebles.

f) Presentar al Poder Ejecutivo los proyectos de ley que estime necesarios para su trámite correspondiente.

g) Proponer al Poder Ejecutivo que el Instituto administre otros ferrocarriles y sus servicios conexos cuando se considere que la institución pueda hacerlo adecuadamente.

h) Someter a la consideración del Poder Ejecutivo la demarcación de los límites de las áreas terrestres dentro de las cuales propone ejercer sus funciones, así como la determinación de los otros bienes que se destinarán a las actividades propias del Instituto y que ingresarán en su patrimonio.

i) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Instituto. El presupuesto ordinario para el año siguiente deberá quedar aprobado a más tardar el último de setiembre de cada año.

j) Presentar a la Contraloría General de la República, para su aprobación, antes del primero de noviembre de cada año, el presupuesto ordinario del Instituto y los extraordinarios en su oportunidad.

k) Examinar y aprobar los balances del Instituto.

l) Nombrar al auditor interno y al auditor externo o firma de auditores y removerlos por el mismo número de votos requerido para su nombramiento, excepto en el caso del auditor interno que sólo podrá ser removido de conformidad con la ley Nº 6872 del 8 de junio de 1983.

m) Fijar los sueldos del presidente ejecutivo, de los gerentes y del auditor.

n) Conocer en alzada de las apelaciones que se presenten por resoluciones del presidente ejecutivo, de los gerentes o del auditor interno, salvo que el Consejo Directivo y el recurrente, de común acuerdo, acepten el arbitraje según esta ley.

ñ) Llevar a cabo operaciones de trueque, en el mercado nacional o internacional, de equipos y materiales en desuso que se consideren de conveniencia para el mismo Instituto, cuyo balance de trueque no podrá ser desfavorable para el Instituto en más de un cinco por ciento (5%) del monto total de la operación.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 27° de la ley N° 8823 del 5 de mayo de 2010)

o) Aprobar la constitución de fideicomisos, así como la celebración de contrataciones, acuerdos, convenios de cooperación, alianzas estratégicas o cualquier otra forma de asociación con otros entes nacionales o extranjeros, públicos o privados, para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, siempre y cuando estas contrataciones se hagan de conformidad con la legislación vigente en materia de contratación administrativa.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 " Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana")

p) Todos los demás deberes y atribuciones que se le confieren de conformidad con las leyes y los reglamentos.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 " Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana")

Tendrán recurso jurisdiccional, cualquier resolución, disposición, negocio u otro acto administrativo que en el cumplimiento de sus fines lleve a cabo el Consejo Directivo.

CAPITULO V

El Presidente Ejecutivo

Artículo 17.- El presidente ejecutivo del Consejo tendrá a su cargo

la representación superior de la institución y será nombrado o removido

por el Consejo de Gobierno conforme con la ley. Responderá ante el

Consejo Directivo por el fiel cumplimiento de los acuerdos y órdenes que

dicte dicho organismo.

Artículo 18.- No podrá ser presidente ejecutivo:

a) El que tenga algún impedimento legal o sea pariente de algún

miembro del Consejo Directivo hasta el tercer grado de consanguinidad o

afinidad, inclusive.

b) El que tenga vínculos comerciales con empresas de transporte,

aunque sea en forma indirecta.

Artículo 19.- Son deberes y atribuciones fundamentales del

presidente ejecutivo:

a) Programar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos

del Instituto, diseñar su política general y someter a la aprobación del

Consejo Directivo los programas de actividades que así lo requieran.

b) Proponer al Consejo Directivo, para su aprobación, la

organización administrativa del Instituto que sea necesaria para la mejor

prestación de los servicios.

c) Ejercer la representación administrativa, legal, judicial y

extrajudicial del Instituto, con facultades de apoderado generalísimo sin

límite de suma, así como conferir y revocar poderes.

ch) Girar y endosar cheques, aceptar, girar y endosar letras de

cambio u otros títulos valores, conjuntamente con el auditor interno.

d) Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, los

presupuestos ordinarios y extraordinarios del Instituto.

e) Presentar al Consejo Directivo los proyectos de tarifas, cánones,

tasas y derechos, por todos los servicios que preste el Instituto, para

su aprobación y remisión al Poder Ejecutivo y para los efectos legales

correspondientes.

f) Coordinar las actividades del Instituto con los demás

dependencias del Estado, centralizadas y descentralizadas, y reportar

periódicamente los resultados de su gestión al Consejo Directivo.

g) Presentar al Consejo Directivo los itinerarios de trenes y

cualquier modificación, para su aprobación y posterior publicación en el

Diario Oficial y en periódicos nacionales.

h) Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamentos,

generales y específicos, necesarios para la ejecución de la presente ley

y para la eficaz régimen administrativo y funcional del Instituto.

i) Aprobar compras de bienes y contratos para obras y servicios,

directamente por sumas de hasta ¢ 500.000,00, y por licitación privada

por montos de hasta ¢ 1.000.000,00, todo de conformidad con los

presupuestos aprobados por el Consejo Directivo.

j) Nombrar, remover, conceder licencias e imponer sanciones a los

empleados y funcionarios del Instituto, de conformidad con las leyes

laborales y el Reglamento Autónomo de Servicios, excepto a aquéllos a que

se refiere el artículo 16, inciso 1), de esta ley.

k) Presentar al Consejo Directivo la memoria anual y los estados

financieros de la empresa; así como análisis semestrales relativos a los

cambios administrativos y de política general que, a su juicio, sean

convenientes para la buena marcha de la institución.

l) Otorgar poderes generales y especiales, así como revocarlos.

Las atribuciones que por ley o reglamento le correspondan, podrá delegarlas parcial o totalmente, pero conservará siempre sus poderes.

m) Ejercer las demás funciones que, por esta ley, sus reglamentos, o

acuerdos del Consejo Directivo, sean compatibles con su cargo.

n) Todos los demás deberes y atribuciones que le confiere la ley Nº

5507 del 19 de abril de 1974 y demás leyes conexas.

CAPITULO VI

Los gerentes

Artículo 20.- El Instituto tendrá un gerente administrativo y otro

de operaciones que tendrán las atribuciones que les asigne el presidente

ejecutivo y que serán nombrados por períodos de seis años prorrogables.

Estos funcionarios responderán ante el presidente ejecutivo por el

funcionamiento normal y eficiente de la administración del Instituto,

para lo cual dispondrán del personal administrativo y técnico que sea

necesario.

Artículo 21.- Los gerentes deberán ser costarricenses, de

preferencia, mayores de edad, de reconocida honorabilidad, profesionales,

y con experiencia en administración de empresas. Dedicarán todo su

tiempo al desempeño de sus funciones, las cuales serán incompatibles con

el ejercicio remunerado o gratuito de otros cargos.

Artículo 22.- No podrán ser gerentes:

a) Quienes tengan algún impedimento legal o sean parientes de algún

miembro del Consejo Directivo hasta el tercer grado de consanguinidad o

afinidad inclusive.

b) Quienes tengan vínculos comerciales con empresas de transporte,

aunque sea en forma indirecta.

CAPITULO VII

La auditoría

Artículo 23.- La Auditoría del Instituto estará formada por una

auditoría interna y otra externa.

Artículo 24.- La auditoría interna estará a cargo de un auditor con

título de contador público autorizado, quien tendrá a su cargo las

funciones permanentes de vigilancia y fiscalización de los bienes y

operaciones del Instituto y dependerá directamente del presidente

ejecutivo.

Artículo 25.- El auditor interno será inamovible salvo, que, a

juicio del Consejo Directivo y previa información al respecto, se

demuestre que no cumple debidamente con las funciones y deberes

inherentes a su cargo. La remoción del auditor interno sólo podrá acordase con el mismo número de votos necesarios para su nombramiento.

Artículo 26.- No podrá ser auditor interno:

a) El que tenga algún impedimento legal, o sea pariente de algún

miembro del Consejo Directivo hasta el tercer grado de consanguinidad o

afinidad, inclusive.

b) El que tenga vínculos comerciales con empresas de transporte.

Artículo 27.- Son deberes y atribuciones de la auditoría interna:

a) Proponer al Consejo Directivo los sistemas de contabilidad y

control que estime pertinentes para el cumplimiento de los objetivos del

Instituto.

b) Fiscalizar, en cuanto tengan relación con sus funcionarios, todos

los actos, operaciones y actividades del Instituto, para lo cual

verificará la contabilidad y los inventarios y realizará arqueos y, en

general, revisará los activos del Instituto, refrendará y certificará lo

que le competa.

c) Llevar cuidadosamente el estudio y vencimiento de las

obligaciones del Instituto y cuidar de que se cobren oportunamente los

créditos vencidos.

ch) Comunicar inmediatamente al presidente ejecutivo, con copia del

Consejo Directivo, las irregularidades, infracciones y deficiencias que

observen en las operaciones y funciones del Instituto, para los efectos

legales y administrativos correspondientes.

d) Levantar las informaciones que solicite el Consejo Directivo o el

presidente ejecutivo.

e) Examinar libremente los libros, documentos y archivos del

Instituto y exigir del personal correspondiente y en la forma,

condiciones y plazo que la auditoría determine, la presentación de

balances, estados de situación y cuentas, así como la demás información

que considere oportuna para el buen logro de sus funciones.

f) Informar al Consejo Directivo, con copia al presidente ejecutivo,

sobre la situación financiera y contable del Instituto, por lo menos cada

fin de mes.

g) Certificar las facturas y cuentas por créditos a favor del

Instituto, a cuyas certificaciones se les otorga el carácter de título

ejecutivo.

h) Asistir a las sesiones del Consejo Directivo con voz pero sin

voto.

i) Ejercer las demás funciones que le señalen la ley, los

reglamentos y los acuerdos del Consejo Directivo.

Artículo 28.- La auditoría externa estará a cargo de un auditor o

firma de auditores profesionales.

Artículo 29.- Son deberes y atribuciones de la auditoría externa:

a) Realizar al auditoraje anual de la contabilidad e informar al

Consejo Directivo de la situación financiera y contable del Instituto.

b) Informar al presidente ejecutivo y a la auditoría interna en su

caso, con copia al Consejo Directivo, de cualquier irregularidad o

ilegalidad que observare en los aspectos contables y financieros del

Instituto.

c) Ejercer los demás auditorajes que le solicite el Consejo

Directivo o el presidente ejecutivo.

CAPITULO VIII

Las tarifas

Artículo 30.- El Consejo Directivo preparará los proyectos de

reglamento necesarios para el establecimiento de tarifas y los someterá a

la aprobación del Poder Ejecutivo, el que deberá pronunciarse dentro del

término de sesenta días. De no hacerlo durante el plazo estipulado, las

tarifas se considerarán automáticamente aprobadas.

Artículo 31. Todos los servicios que presta el Instituto, aun cuando sean a favor de la Administración Pública, las municipalidades, las instituciones autónomas u otros organismos del Estado deberán ser remunerados o retribuidos de acuerdo con las tarifas vigentes para el público. No obstante, el Instituto queda facultado para negociar, directamente con otras instituciones y empresas públicas, esquemas de compensación y pago en especie de inversiones, obras y ·servicios recibidos, mediante la prestación de sus servicios.

Para ello, se deberán tomar en cuenta las competencias de cada entidad, así como los límites de equilibrio y la razonabilidad entre las prestaciones, que se han dispuesto en el ordenamiento de contratación administrativa.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 “ Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana”)

CAPITULO IX

Responsabilidades

Artículo 32.- El Instituto no será responsable por ninguna pérdida

de vida, daño o perjuicio a personas que:

a) Incumplan gravemente, y en relación directa con el perjuicio, los

reglamentos sobre vigilancia, orden, seguridad, operación o de trabajo

que emita el Instituto y que sean aplicables al caso.

b) Sufran muerte o daños por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 33.- El Instituto no será responsable por ninguna pérdida,

daño o perjuicio causado a cualquier clase de bienes cuando sea por:

a) Incumplimiento grave, por parte del usuario, de los reglamentos

de orden, seguridad o vigilancia dictados por el Instituto, relacionados

con la carga, descarga y almacenamiento de mercaderías, en lo que sean

aplicables al caso.

b) Cargas no manifestadas.

c) Causas originadas en fuerza mayor o caso fortuito.

ch) Descomposición, merma, menoscabo o demérito provenientes de la

acción natural del tiempo, de la acción dañina de animales, defectos de

los envases o embalajes, vicio o naturaleza propia de las mercancías.

d) Aquellas causas señaladas en el Código de Comercio.

Artículo 34.- El instituto no será responsable de daños que se

originen en las maniobras que se efectúen durante el transporte de la

carga en los muebles, bodegas portuarias o de aduana, o en los carros del

ferrocarril, excepto que tales maniobras las ejecute el Instituto

directamente.

CAPITULO X

Arbitraje

Artículo 35.- El Instituto y los usuarios podrán, de común acuerdo,

someter al arbitraje del juez civil que corresponda, las diferencias de

criterio que surjan con motivo de la aplicación de esta ley y sus

reglamentos.

El juez dictará y comunicará a las partes su resolución dentro de

los treinta días contados a partir de la fecha de presentación del

compromiso. Esa resolución tendrá los recursos que se acuerden en ese

compromiso.

CAPITULO XI

Patrimonio

Artículo 36.- Formarán parte del patrimonio del Instituto:

a) Los terrenos, edificios, estructuras, equipos, material rodante

y, en general, todos los bienes inmuebles que estén o hayan estado

destinados a actividades ferroviarias o conexas con éstas, como patios

ferroviarios, bodegas, casas y edificios que integraron o integren el

patrimonio del Instituto Autónomo del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico,

a los Ferrocarriles del Atlántico o a cualquier otra institución pública

que los tenga bajo su dominio o posesión por cualquier título. Estos

bienes deberán ser traspasados en propiedad al Instituto, conforme con

las previsiones establecidas en el transitorio I de esta ley.

b) Las utilidades que se obtengan de la explotación de los

ferrocarriles y sus obras conexas y de la ejecución de los actos que le

competan.

c) Las regalías o derechos convencionales que corresponda pagar a

las empresas particulares sujetas a contratos de concesión relacionados

con la actividad ferroviaria.

ch) Las sumas incluidas a su favor en los presupuestos ordinarios

del Poder Ejecutivo o de cualquier otra institución del Estado.

d) Los aportes, subsidios o donaciones que sociedades o particulares

le hagan para el cumplimiento de sus objetivos.

e) Sus fondos y valores líquidos.

f) Sus créditos activos.

g) Los bienes o valores que provengan de intereses o utilidades de

inversión.

h) Los productos de la venta de bienes.

i) En general, todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera por

cualquier título.

j) La renta producida por el impuesto al banano, en el porcentaje de

veinte centavos de dólar por cada caja exportada, según el artículo 13 de

la ley Nº 6256 del 28 de abril de 1978. Igualmente las asignaciones

presupuestarias que el Poder Ejecutivo deberá consignar en el presupuesto

anual del Ministerio de Obras Públicas y Transportes destinadas a cubrir

el mantenimiento de las vías férreas y sus estructuras.

Ambas rentas deberán ser giradas directamente al Instituto por la

Tesorería Nacional.

Artículo 37.- El Gobierno no obtendrá ningún porcentaje de las utilidades del Instituto, el que tampoco deberá ser considerado una fuente productora de ingresos para el fisco. Las utilidades se emplearán en el mantenimiento y mejoramiento del servicio, así como en su desarrollo futuro.

Se excluye de esta disposición la contribución hasta del quince por ciento (15%) de las utilidades que se deben destinar al fortalecimiento del Régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de acuerdo con el artículo 78 de la Ley N.0 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 “ Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana”)

Artículo 38.- El patrimonio y los demás bienes del Instituto serán

inembargables.

Artículo 38 bis- Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto está facultado para suscribir contratos de fideicomiso con entidades financieras, dentro y fuera del territorio nacional.

Los fideicomisos constituidos en el país tendrán la supervisión y regulación de la Superintendencia General de Entidades Financieras ( Sugef ), mientras que los constituidos con organismos internacionales o fuera del territorio nacional tendrán la supervisión que corresponda, de conformidad con la legislación que les sea aplicable.

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 " Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana")

(Así reformado por el artículo 134 inciso c) de la Ley General de Contratación Pública , N° 9986 del 27 de mayo de 2021)

Artículo 38 ter.- El Instituto podrá emitir todo tipo de emisiones estandarizadas y registradas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores ( Sugeval ), en moneda nacional o extranjera, al interés, la tasa de amortización y el monto que su Consejo Directivo determine, de conformidad con la legislación aplicable. Dichos títulos tendrán la garantía que el Instituto les señale en el acuerdo de emisión; para ello, podrá titularizar sus ingresos actuales y futuros, o sus bienes, mediante contratos financieros tales como arrendamientos o fideicomisos, o podrá gravar sus bienes e ingresos.

Los títulos que emita el Instituto serán negociables libremente y podrán ser adquiridos por todos los entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, incluyendo las operadoras de pensiones.

El Instituto podrá emitir, vender y adquirir valores en el mercado financiero primario o secundario, directamente en ventanilla o por medio de los puestos de bolsa de valores que se estime necesarios. Los valores podrán emitirse en serie o de forma individual y podrán ser objeto de oferta pública. Los bienes patrimoniales del Instituto podrán garantizar dichas emisiones.

El cumplimiento del presente artículo deberá realizarse de conformidad con la legislación vigente sobre la regulación del mercado de valores, en cuanto a las regulaciones y las restricciones que en ella se establezcan.

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 “ Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana”)

CAPITULO XII

Disposiciones generales

Artículo 39- Colaboración interinstitucional . Para todos los efectos legales, el Instituto tendrá el carácter de ente administrativo de utilidad pública. Con el propósito de que lleve a cabo con prontitud y eficiencia el cumplimiento de sus objetivos, los organismos del Estado, en especial el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y las instituciones autónomas, salvo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), semiautónomas y empresas públicas, quedan autorizados para ceder, traspasar, gestionar, negociar, colaborar, donar o arrendar, a título gratuito, todo tipo de recursos, servicios o bienes muebles e inmuebles, materiales y equipo, así como para trasladar personal a favor del Instituto, sin que al efecto sea necesaria la autorización o aprobación de ningún otro organismo público.

El Consejo de Seguridad Vial ( Cosevi ) brindará mantenimiento e inversión para el mejoramiento y ampliación de los sistemas de señalización de agujas y semáforos en cruces ferroviarios en coordinación con el Instituto, para garantizar la seguridad vial de estos puntos.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley Fortalecimiento de competencias del Consejo Nacional de Seguridad Vial (COSEVI) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) para el mantenimiento de los sistemas de seguridad vial en cruces ferroviarios, N° 10773 del 4 de noviembre del 2025)

Artículo 40.- El Instituto deberá suscribir las pólizas de

responsabilidad civil que sean necesarias, a fin de cubrir cualquier

responsabilidad que le sea imputable de acuerdo con la ley.

Artículo 41.- Para la aplicación de la presente ley, mercancía es

todo producto, artículo, manufactura, semoviente y, en general, todo bien

mueble, sin excepción alguna.

Artículo 42.- Para los efectos de esta ley y sus reglamentos, el

Instituto requerirá del Poder Ejecutivo la determinación en las zonas de

jurisdicción en cada una de sus instalaciones bajo su administración,

áreas que deberán contemplar fundamentalmente:

a) Terminales y derechos de vía.

b) Instalaciones intermedias e instalaciones conexas.

c) Almacenes de tránsito, bodegas, oficinas, talleres, patios,

escuelas de ferrocarriles, zonas para almacenamiento de mercancías y otro

sitio destinado a operaciones de transporte.

ch) Plantas generadoras de energía eléctrica o subestaciones.

d) Tajos y otras fuentes de materiales para la vía, y todas las

áreas necesarias para los fines encomendados.

Artículo 43.- El Gobierno central, las instituciones y empresas

estatales deberán utilizar los servicios que preste el Instituto para el

transporte de mercancías y para otras necesidades.

Artículo 44.- Se excluye al lncofer de pagar el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre bienes inmuebles, el pago de aranceles, el impuesto de ventas, el impuesto selectivo de consumo, el impuesto sobre la propiedad de vehículos, los derechos de registro y cualquier otro tributo, tasa o sobretasa que pese sobre la venta, entrega, importación o inscripción de la maquinaria, el equipo, los vehículos y, en general, sobre los bienes y servicios que adquiera o contrate para la construcción, operación y el mantenimiento de la red ferroviaria nacional.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 “Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana”)

Artículo 45.- Esta ley modifica, en lo conducente, las leyes Nº 1721

del 28 de diciembre de 1953 y sus reformas y las Nos. 4964 y 5337 del 21

de marzo de 1972 y 27 de agosto de 1973, respectivamente; el artículo 13

de la ley Nº 6256 del 28 de abril de 1978 y toda otra ley, general o

especial, que se le oponga. Es de orden público y rige a partir de su

publicación.

CAPITULO XIII

Disposiciones transitorias

Transitorio I.- Todas las funciones, bienes y derechos del

transporte remunerado ferroviario y servicios conexos que sean parte

integral del objeto del Instituto y que estuviesen a cargo de otros

organismos del Estado, deberán ser traspasados al Instituto dentro de los

seis meses siguientes a la promulgación de esta ley. Una vez hecha la

entrega se hará un inventario y se valorarán los bienes y derechos que

pasen al patrimonio del Instituto, lo que será aprobado por la

Contraloría General de la República e inscrito, lo que corresponda, en

los registros públicos respectivos. Los trámites de protocolización,

transferencia, inscripción, cancelaciones y anotaciones en los citados

registros, se llevarán a cabo por la Notaría del Estado por medio de la

Procuraduría General de la República y estarán libres de todo impuesto o

derecho.

Transitorio II.- El Poder Ejecutivo asumirá las deudas provenientes

de la operación de los Ferrocarriles Eléctrico al Pacífico y Nacional al

Atlántico que consten en los pasivos del Instituto Costarricense de

Puertos del Pacífico (INCOP) y de la Junta de Administración Portuaria y

de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), así como

todas las deudas y compromisos adquiridos durante la intervención de

FECOSA.

Dentro de los seis meses posteriores a la vigencia de esta ley, el

Poder Ejecutivo y el Instituto, de común acuerdo, indicarán los inmuebles

no utilizables para la operación de los ferrocarriles, que INCOP y

JAPDEVA deberán traspasar al ministerio o institución que el primero

designe por la atención del Poder Ejecutivo de los pasivos indicados. El

traspaso se efectuará de conformidad con la exención que establece el

artículo 44 de la presente ley, y se tramitará ante la Notaría del

Estado.

Transitorio III.- La creación del Instituto no implica variantes en

las concesiones ferroviarias o facilidades conexas actualmente

constituidas a favor de particulares. No obstante, el Instituto dispondrá una revisión de las concesiones otorgadas y pedirá renovación, resolución

o caducidad de aquéllas en que no se estén cumpliendo los fines para los

que fueron concedidas, y de las que en alguna forma entraben el normal

desarrollo de la política de transporte del país.

Transitorio IV.- Mientras no se disponga lo contrario, continuarán

vigentes las tarifas ferroviarias y de almacenamiento que se cobren a la

fecha de traspaso de aquellos ferrocarriles que se incorporen al

Instituto en virtud de la presente ley.

Transitorio V.- Los empleados y funcionarios ferroviarios

provenientes de otros organismos públicos formarán parte del personal del

Instituto con todos y cada uno de sus derechos laborales. La sustitución

patronal se efectuará sin perjuicio del tiempo servido de los citados

trabajadores.

Transitorio VI.- Los miembros del primer Consejo Directivo, con

excepción del presidente ejecutivo, sortearán la duración del período en

que fungirá cada uno de ellos.

Transitorio VII.- Dentro de los doce meses siguientes a su

instalación definitiva, el Consejo Directivo, con la participación del

presidente ejecutivo, presentará al Poder Ejecutivo las modificaciones

que estime conveniente hacerle a la presente ley, incluida la

modificación o sustitución del régimen jurídico del Instituto.

Transitorio VIII.- Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo no

mayor de seis meses.

Transitorio IX.- En aquellos contratos de arrendamiento que hayan

sido otorgados y permitan el uso de los derechos de vía, el Instituto

reconocerá únicamente el valor de las construcciones. Esta disposición

comprende todos los contratos de arrendamiento suscritos por empresas

privadas, con participación estatal o entes del Estado a cuyo cargo hayan

estado los ferrocarriles nacionales.

Transitorio X.- Los terrenos o edificios que por ley hayan sido

traspasados a otra entidad no formarán parte, en ningún caso, del

Patrimonio del Instituto.

Transitorio XI.- Al entrar en vigencia la presente ley, la actual

Junta Directiva de FECOSA quedará cesante, y se procederá a nombrar el

Consejo Directivo de conformidad con el artículo 6º.

Transitorio XII.- A partir de la vigencia de esta ley, el actual

régimen de pensiones de los trabajadores del Ferrocarril Eléctrico al

Pacífico cubrirá también a los trabajadores del sector atlántico, para lo

cual los meses laborados por ellos se tendrán como cuotas aportadas a ese

régimen.