# Ley 7005: La Ley 7005 ya no rige: la derogó la Ley 7984 en el año 2000 - Página: https://elcenso.com/leyes/7005 - Tipo: Ley de la República de Costa Rica - Título oficial: LEY NO. 7005 DE 27 DE SETIEMBRE DE 1985 (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: "RATIFICACIÓN DEL ANEXO B "LEGISLACIÓN CENTROAMERICANA SOBRE EL VALOR ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS" SUSCRITO EN GUATEMALA EL 7 DE JUNIO DE 1985") - Estado: No vigente (SINALEVI: Derogado) - Fuente oficial: https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1 ## En resumen La Ley 7005, que fijaba cómo se calculaba el valor aduanero de las mercancías importadas, está derogada desde el año 2000 por la Ley 7984. ## A quién le toca - A las personas y empresas que importan mercancías a Costa Rica, porque la ley que fijaba el cálculo del valor aduanero ya no rige. - A los agentes aduaneros y funcionarios de Aduana que aplicaban la Declaración de Valor Aduanero. - A los importadores que enfrentaron multas de cinco a cien pesos centroamericanos por errores en su declaración. ## A quién beneficia - Los importadores ya no quedan sujetos al cálculo del precio normal que fijaba el Anexo B. - El Comité Nacional de Valoración Aduanera que creó esta ley ya no resuelve con base en este texto. ## Qué cambia - La derogación la hizo el Protocolo del 17 de diciembre de 1999, aprobado por la Ley 7984 del 3 de febrero de 2000. - La derogación entra en vigencia para cada país cuando deba aplicar el Acuerdo del Artículo VII del GATT de 1994, según sus compromisos con la OMC. - El Anexo A del mismo convenio, el Arancel Centroamericano de Importación, sigue vigente por la Ley 7017. ## Explicación ### Qué decía La Ley 7005 ratificó el Anexo B del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano ([art. 1](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1)). Ese anexo fijaba cómo se calculaba el valor aduanero de las mercancías importadas. El valor aduanero es la base sobre la que se cobran los impuestos de importación. El texto definía el "precio normal" como el que se estima pudiera fijarse en una compraventa en libre competencia entre un comprador y un vendedor independientes ([art. 1](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1)). Sobre ese precio se aplicaban los derechos arancelarios ad-valórem del Arancel Centroamericano de Importación. El precio normal suponía que las mercancías se entregaban en el puerto o lugar de entrada al país ([art. 2](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1)). También suponía que el vendedor pagaba el transporte, el seguro y las comisiones (art. 3). El comprador pagaba los derechos y gravámenes del país de importación. La ley obligaba al importador a presentar una "Declaración de Valor Aduanero" ante la Aduana (art. 16). La Aduana podía revisar ese valor y hacer ajustes (art. 18). Esa revisión procedía hasta 90 días después de pagados los derechos (art. 19). Si había errores con perjuicio fiscal, la multa iba de cinco a cien pesos centroamericanos (art. 21). Las falsedades se sancionaban según la ley de cada país (art. 22). La ley creó un Comité Nacional de Valoración Aduanera en cada país (art. 23). Ese comité tenía cinco miembros, tres del sector público, y lo presidía el representante de Hacienda (art. 24). Resolvía en última instancia administrativa las reclamaciones sobre valoración. ### Qué la reemplazó La derogó la Ley 7984 del 3 de febrero de 2000 [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1). Esa ley aprobó el Protocolo al Convenio Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías [\[3\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=44800¶m2=47244¶m3=1). SINALEVI registra la derogación como expresa, hecha por el Protocolo del 17 de diciembre de 1999 [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1). La propia Ley 7005 lleva una nota que dice: "Esta norma ha sido DEROGADA EN SU TOTALIDAD por el artículo 1 de la ley N° 7984 de 3 de febrero del 2000" ([art. 1](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1)). La derogación entra en vigencia para cada país cuando ese país deba poner en vigor el Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, según sus compromisos con la OMC [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1). El dossier no incluye el texto completo del Protocolo ni detalla qué reglas nuevas sustituyeron el cálculo del valor aduanero. ### Cómo está hoy según SINALEVI SINALEVI registra la Ley 7005 como "Derogado" [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1). La versión que muestra es la 2 de 2, la última. La Procuraduría General de la República anota que la Ley 6986 del 3 de mayo de 1985 ratificó el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1). También anota que el Anexo A de ese convenio, el Arancel Centroamericano de Importación, lo aprobó la Ley 7017 del 16 de diciembre de 1985. La PGR confirma la derogación por el Protocolo del 17 de diciembre de 1999, Ley 7984 del 3 de febrero de 2000 [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1). No hay en el dossier observaciones de la PGR que muestren un texto distinto al aprobado. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto de la Ley 7005 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El artículo 7 de la Constitución dice que los tratados aprobados por la Asamblea tienen autoridad superior a las leyes ([Constitución, art. 7](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La Ley 7005 ratificó un anexo de un convenio internacional ([art. 1](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1)). Eso calza con la vía que fija la Constitución para aprobar tratados. El artículo 121, inciso 4, da a la Asamblea la atribución de aprobar o improbar los convenios internacionales ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La Ley 7005 cumplió ese trámite al ratificar el Anexo B ([art. 1](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1)). El artículo 11 dice que los funcionarios públicos no pueden arrogarse facultades no concedidas en la ley ([Constitución, art. 11](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley le daba a la Aduana la facultad de revisar y ajustar el valor declarado (art. 18). Esa facultad estaba en el texto, no fuera de él. ### Qué puede hacer usted Esta ley ya no rige, así que no hay comisión legislativa donde opinar sobre ella. Las vías que quedan son otras. Si un acto concreto de la Aduana viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). Se plantea contra el servidor o el órgano que aparece como autor del agravio. El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). También hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos. Si cree que una norma general choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional. Para interponerla, por regla general debe existir un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). No hace falta ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos. Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes ([guía, p. 71](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71)). Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo. Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). La denuncia se presenta por escrito o verbalmente. ### Lo que no sabemos El dossier no incluye el texto completo del Protocolo aprobado por la Ley 7984, así que no sabemos qué reglas exactas sustituyeron el cálculo del valor aduanero. El dossier no dice en qué fecha exacta entró en vigencia la derogación para Costa Rica. No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 7005 y los artículos constitucionales del dossier. La ratificación del Anexo B siguió la vía del artículo 7 y del artículo 121, inciso 4. ## Qué puede hacer usted - Recurso de amparo: Se plantea contra el servidor o el órgano que aparece como autor del agravio. Cualquier persona puede interponerlo. Se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, o hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22) - Acción de inconstitucionalidad: Por regla general debe existir un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa. No hace falta cuando se defienden intereses difusos o colectivos. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24) - Queja ante la Defensoría de los Habitantes: Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja. La Defensoría protege los derechos e intereses de los habitantes ante las actuaciones irregulares de las instituciones públicas. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71) - Denuncia ante la Contraloría General de la República: La denuncia se presenta por escrito o verbalmente. Se puede hacer personalmente en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, por teléfono, por el portal institucional o por correo electrónico. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Ley 7005: LEY NO. 7005 DE 27 DE SETIEMBRE DE 1985 (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: "RATIFICACIÓN DEL ANEXO B "LEGISLACIÓN CENTROAMERICANA SOBRE EL VALOR ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS" SUSCRITO EN GUATEMALA EL 7 DE JUNIO DE 1985"). Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx 2. Ley 7005 en SINALEVI: Convenio del Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano (ANEXO B)ANEXO B: Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero delas Mercancías (Derogado, Versión de la norma: 2 de 2). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 27/09/1985. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=13531¶m2=14537¶m3=1 3. Ley 7984: Aprobación del Protocolo al Convenio Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las mercancías Anexo B del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 03/02/2000. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=44800¶m2=47244¶m3=1 4. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 5. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo Ley 7005 Convenio del Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano (ANEXO B)ANEXO B: Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero delas Mercancías -Usted está en la última versión de la norma- Ir a la última versión Anterior Versión de la Norma: 2 de 2 Siguiente (Derogado) (NOTA: Esta norma ha sido DEROGADA EN SU TOTALIDAD por el artículo 1 de la ley N° 7984 de 3 de febrero del 2000). Artículo 1º.- Ratifícase el ANEXO-B "Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías", suscrito por el Gobierno de Costa Rica en la Ciudad de Guatemala, el 7 de junio de 1985, cuyo texto es el siguiente: En la sede de la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamérica (SIECA), siendo las veinte horas del días siete de junio de mil novecientos ochenta y cinco, reunidas las siguientes personas: por el Gobierno de Guatemala, los señores Ariel Rivera Irías, Ministro de Economía, César Alcides Soto Rodas, Viceministro de Economía, Encargado de los Asuntos de Integración y Negociados del Arancel, Jorge Mario Chenal Heineman, Director de Integración Económica Centroamericana y Negociador Alterno del Arancel; en representación del Gobierno de Nicaragua, Alejandro F. Martínez Cuenca, Ministro de Comercio Exterior, Orlando Solórzano Delgadillo, Viceministro, Agenor Herrera Ubeda, Director de Integración Económica Centroamericana y Negociador del Arancel por el Gobierno de la República de El Salvador, Ricardo González Camacho, Ministro de Economía, Guillermo Aceto Marini, Negociador del Arancel, por el Gobierno de la República de Costa Rica, Odalier Villalobos González, Ministro de Economía y Comercio y Carlos Herrera A., Viceministro y Negociador del Arancel por el Gobierno de Honduras, Juan Miguen Orellana M., Ministro de Economía con la presencia de los siguientes funcionarios de la SIECA: Raúl Sierra Franco, Secretario General, Rodolfo Trejos Donaldson, Secretario General Adjunto, Fernando Boschini Aguilar, Director del Departamento Fiscal y Arancelario y Edna G. Valenzuela Obregón, Funcionario del Departamento Fiscal y Arancelario, procedieron de la siguiente manera: PRIMERO: Los Ministros de Economía de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica expresaron que han sido nombrado Plenipotenciarios de sus respectivos gobiernos para firmar, en su nombre y representación, la Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías, Anexo "B" del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, sobre la base del texto que aparece adjunto a esta Acta. Acto seguido se intercambiaron entre sí sus respectivos Plenos Poderes, los cuales encontraron en buena debida forma. SEGUNDO: A continuación se procedió a firmar solemnemente, por cada uno de los señores Plenipotenciarios la Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías, Anexo "B" del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, lo cual se hizo en un solo acto, sin ninguna interrupción y sin reserva alguna. El original de dicho instrumento, así como los respectivos Plenos Poderes, quedan provisionalmente bajo la custodia de la Secretaría General de la SIECA, para ser enviados a la Secretaría General de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), depositaría del Anexo "B", habiéndose entregado a cada uno de los Plenipotenciarios una copia fotoeléctrica que contiene el texto fiel del Instrumento suscrito, y otra, de igual naturaleza de esta Acta. TERCERO: El Ministro de Economía de El Salvador expresó que tan pronto haga las consultas del caso, suscribirá el Anexo "B" del Convenio. CUARTO: No habiendo más que hacer constar se da por concluida la presente, en el mismo lugar y fecha de su iniciación, siendo las veinte horas del días siete de junio de mil novecientos ochenta y cinco. En fe de lo cual previa lectura y ratificación, se suscribe esta Acta por todas las personas participantes. SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA, GUATEMALA, C.A. LEGISLACIÓN CENTROAMERICANA SOBRE EL VALOR ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS ANEXO "B" DEL CONVENIO SOBRE EL REGIMEN ARANCELARIO Y ADUANERO CENTROAMERICANO Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. CONVENCIDOS De que el Proceso de Integración Económica es un instrumento eficaz para impulsar el desarrollo económico y social de los países centroamericanos, y de que sus beneficios deben favorecer a todos los sectores de la población; TENIENDO EN CUENTA Que existe amplio consenso en los países centroamericanos sobre la necesidad de reajustar y orientar el proceso de Integración Económica, para convertirlo en un auténtico instrumento y factor del desarrollo económico de la región. CONSCIENTES De que las condiciones económicas y sociales de Centroamérica han experimentado profundas transformaciones, que requieren de un nuevo esquema que permita a los países adaptarse, con la flexibilidad y oportunidad necesarias, a las circunstancias cambiantes. POR TANTO: Han decidido suscribir el presente Convenio, que se denominará "Legislación Centroamericana sobre el valor Aduanero de las Mercancías, Anexo "B", del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano", a cuyo efecto han designado a sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: Su Excelencia el señor Jefe de Estado de la República de Guatemala, al señor Ariel Rivera Irías, Ministro de Economía; Su excelencia el señor Presidente de la República de Costa Rica, al señor Odalier Villalobos González, Ministro de Economía y Comercio; Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua, al señor Alejandro E. Martínez Cuenca, Ministro de Comercio Exterior; Su Excelencia el señor Presidente de la República de El Salvador, al señor Ricardo González Camacho, Ministro de Economía; Quienes después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y hallarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: ANEXO "B" LEGISLACIÓN CENTROAMERICANA SOBRE EL VALOR ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS CAPITULO I Precio normal Artículo 1 Para la aplicación de los derechos arancelarios ad-valórem contenidos en el Arancel Centroamericano de Importación, el valor aduanero de las mercancías importadas en su precio normal. Se entiende por precio normal aquél que en el momento de la aceptación de la póliza se estima pudiera fijarse para las mercancías importadas como consecuencia de una compraventa efectuada en condiciones de libre competencia entre un comprador y un vendedor independientes uno del otro. Artículo 2 El precio normal se determinará presumiendo que: a) Las mercancías son entregadas al comprador en el puerto o lugar de introducción al territorio del país de importación. b) El vendedor soporta todos los gastos relacionados con la venta y la entrega de las mercancías en el puerto o lugar de introducción al territorio del país de importación por lo cual estos gastos están incluidos en el precio normal. c) El comprador soporta los derechos y gravámenes exigibles en el país de importación, por lo cual tales derechos y gravámenes están incluidos del precio normal. Artículo 3 Los gastos a que se hace referencia en el literal b) del artículo anterior, comprenden especialmente: a) Los gastos de transporte. b) Los gastos de seguro. c) Las comisiones y/o corretajes. ch) Los gastos para la obtención, fuera del país de importación, de los documentos relacionados con la introducción de las mercancías en el país de importación, incluidos los derechos o tarifas consulares. d) Los derechos y gravámenes exigibles fuera del país de importación, con exclusión de aquellos de los que las mercancías hubieran sido desgravadas o cuyo importe hubiera sido o deba de ser reembolsado. e) El costo de los embalajes o envases, excepto si ellos siguen un régimen arancelario propio y se someten a la misma operación aduanera. f) Los gastos de embalaje o envases. g) Los gastos de carga y estiba; y de desestiba y descarga. Cuando por la naturaleza de la importación el consignatario o importador no pueda presentar los comprobantes de los gastos correspondientes a transporte y seguros, corresponderá a la Autoridad Aduanera su estimación conforme a lo dispuesto en el Reglamento de esta Legislación. Artículo 4 Siempre que se trate de una compraventa efectuada en términos de buena fe, el precio pagado o por pagar que figure en la factura comercial o en la documentación correspondiente se tomará como indicativo del precio normal, sin perjuicio de los posibles ajustes a dicho precio, que se juzguen necesarios, teniendo en cuenta los elementos que en la compraventa considerada difieran de los que contiene la definición del valor a que se refiere esta Legislación. La Autoridad Aduanera de cada Estado Contratante deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que se eludan los derechos aduaneros por medio de precios o contratos ficticios o falsos. Artículo 5 Cuando en aplicación de las disposiciones de la presente Legislación, sea necesario efectuar conversión de monedas extranjeras, se aplicará el artículo 20 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. CAPITULO II Elementos del precio normal Artículo 6 Son elementos determinantes del precio normal: 1) El precio El precio pagado o por pagar se podrá tener como base para la determinación del precio normal de las mercancías, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) Que el tiempo transcurrido entre la fecha de la factura comercial y la de aceptación de la póliza, no sobrepase el límite establecido en el Reglamento de esta Legislación. b) Que el precio en el momento de su concertación, corresponda a los precios a que se obtendrán las mercancías en una compraventa efectuada en condiciones de libre competencia. A dicho precio deberán adicionarse los gastos señalados en el artículo 3 de esta Legislación. 2) El tiempo El momento que debe tenerse en cuanta para la valoración de las mercancías es el de la aceptación de la póliza. 3) El lugar Se entenderá por tal, el puerto o lugar de introducción de las mercancías al territorio del país de importación. En caso de que el ingreso de las mercancía se efectúe por un puerto de otro país centroamericano distinto del país de importación, se entenderá por puerto o lugar de introducción el que designe la Legislación de este país. 4) La cantidad El precio normal se determinará suponiendo que la compraventa se limita a la cantidad de mercancías a valorar, habida cuenta de las circunstancias comerciales de la operación. CAPITULO III Condiciones de libre competencia Artículo 7 A los efectos de esta Legislación se considera como compraventa efectuada en condiciones de libre competencia, entre un comprador y un vendedor independientes uno de otro, la que reúna los siguientes requisitos: a) Que el pago del precio de las mercancías constituye la única prestación efectiva del comprador. b) Que el precio no esté incluido por relaciones comerciales, financieras o de otra clase, sean o no contractuales que pudieran existir, aparte de la creadas por la propia compraventa entre el vendedor o una persona natural o jurídica asociada en negocios con el vendedor, y el comprador o una persona natural o jurídica asociada en negocios con el comprador. c) Que ninguna parte del producto procedente de las reventas, de cualquier otro acto de disposición, o de la utilización de que sea posteriormente objeto la mercancía, revierta directa o indirectamente al vendedor o a cualquier otra persona natural o jurídica asociada en negocios con él. ch) Y otras que el Consejo determine. El consejo reglamentará este artículo. CAPITULO IV Patentes y marcas Artículo 8 Si las mercancías a valorar han sido fabricadas con arreglo a una patente de invención o conforme a un dibujo o a un modelo protegidos, se entenderá que el precio normal de las mismas comprende el valor del derecho de utilización de la patente, dibujo o modelo correspondiente, en dichas mercancías. Artículo 9 Cuando las mercancías a valorar se distingan con una marca extranjera de fábrica o de comercio, se entenderá que el precio normas de las mismas comprende el valor del derecho de utilización de tal marca extranjera de fábrica o de comercio. Artículo 10 El precio normal de las mercancías importadas que, después de sufrir un trabajo complementario en el país de importación sean objeto, bien de una compraventa o de otro acto de disposición con una marca extranjera de fábrica o de comercio, bien de una utilización con tal marca, se determinará conforme a lo establecido en el Reglamento de esta Legislación. Artículo 11 Lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 anteriores será aplicable sin perjuicio de lo que establecen los artículos 1 y 7 de esta Legislación. Artículo 12 A los fines de esta Legislación, se considera que una marca de fábrica o de comercio es extranjera si pertenece a: a) Una persona que fuera del país de importación haya cultivado, fabricado o puesto en venta mercancías con tales marcas. b) Una persona asociada en negocios con cualquiera de las mencionadas en el literal a) anterior. c) Una persona cuyos derechos sobre dicha marca estén limitados por las disposiciones de algún acuerdo con cualquiera de las personas mencionadas en los literales a) y b) anteriores. CAPITULO V Determinación del precio normal Artículo 13 La determinación del precio normal se efectuará tomando como base el precio o por pagar con las rectificaciones o ajustes necesarios cuando éste sea distinto al precio usual de competencia. De no ser esto posible, para determinar el precio normal se partirá en orden sucesivo y por exclusión de: 1) Precio usual de competencia. 2) Precio probable de compraventa. 3) Precio efectivo de compraventa. 4) Precio determinado con base en el contrato o contratos de alquileres. El Reglamento de esta Legislación establecerá los ajuste de que sea necesario hacer a los anteriores precios cuando los elementos de la compraventa considerada difieran de los que contienen los artículos 1, 2 y 3 de esta Legislación. Artículo 14 Para los efectos del artículo 13 se entiende por: 1) Precio pagado o por pagar aquél que se haya pactado entre el comprador y el vendedor, y que conste en la factura o contrato. 2) Precio usual de competencia, el que habitualmente se aplica en las operaciones de compraventa en condiciones de libre competencia, bajo circunstancias parecidas, para las mercancías idénticas o similares a las que se valoran. 3) Precio probable de compraventa, el precio que se aplica a la mercancía idéntica o similar a la importada, en compraventas efectuadas con anterioridad en el territorio nacional en condiciones parecidas y dentro de un plazo no superior a los noventa días. 4) Precio efectivo de compraventa, el precio que se aplica a la propia mercancía en compraventas efectuadas en el territorio nacional por primera vez. 5) Precio determinado con base en el contrato o contratos de alquileres, el que se establezca con base en los alquileres previstos en los convenios de uso y goce de bienes, durante el período normal de utilización de la mercancía importada con deducción de los elementos extraños a la noción de precio normal, tales como los intereses legales durante dicho período y asistencia técnica. Artículo 15 La determinación del precio normal de las mercancías averiadas, usadas, y de otros casos especiales, se realizará según lo que prevea el Reglamento de esta Legislación. CAPITULO VI Documentos exigibles Artículo 16 El consignatario de la mercancía o el importador, en su caso, declarará el valor aduanero de la misma, ante la Aduana respectiva, con arreglo a las disposiciones precedentes. El documento donde dicho valor habrá de consignarse se denomina "Declaración de Valor Aduanero", cuya presentación, forma contenido y excepciones se establecerán en el Reglamento de esta Legislación. Artículo 17 El consignatario de las mercancías o el importador, en su caso, está en la obligación de suministrar a la Autoridad Aduanera correspondiente, cualquier documento o información adicional que se considere necesario para la comprobación del valor aduanero, en las condiciones que señale el Reglamento de esta Legislación. CAPITULO VII Comprobación e investigación del valor aduanero Artículo 18 Corresponde a la Autoridad Aduanera de cada Estado Contratante la comprobación y, dado el caso, la investigación del valor aduanero declarado, debiendo efectuar al mismo los ajustes y rectificaciones necesarios cuando se establezca que difiere del precio normal. A estos efectos, establecerá los registros que sean pertinentes, cuya organización y operación se determinarán en el Reglamento de esta Legislación y ordenará las inspecciones y auditorías necesarias. Artículo 19 La investigación y comprobación del valor aduanero declarado, procederá aún posteriormente al pago de los derechos arancelarios, así como los reparos o ajustes a dicho valor cuando esta acción proceda, siempre que el proceso anterior se realice dentro del plazo de 90 días después de pagados los derechos arancelarios correspondientes. Dentro de este mismo plazo, la Autoridad Aduanera notificará al importador la obligación del pago de los derechos arancelarios que no hubieran sido pagados. Artículo 20 Cuando se determine la existencia de hechos o circunstancias desconocidos originalmente, imputables a dolo, ocultamiento o mala fe del importador, mediante la presentación de declaraciones o documentos inexactos, incompletos o falsos o cualquier otra acción que tienda a ocasionar perjuicio fiscal, la investigación y comprobación del valor aduanero declarado a que hace referencia el artículo 18 anterior, procederá aún posteriormente al pago de los derechos arancelarios, dentro del plazo que la legislación nacional establezca y a partir de la fecha en que se realice dicho pago. En esos casos se procederá de acuerdo con la legislación nacional vigente aplicable en materia aduanera y de defraudación fiscal. Para los efectos anteriores, no será necesario que el importador haya dejado muestras de las mercancía. CAPITULO VIII Infracciones y sanciones Artículo 21 Los errores cometidos en la declaración del valor aduanero, que se determine conforme a lo dispuesto en el artículo 19, serán sancionados cuando haya perjuicio fiscal, con una multa pagadera en moneda nacional por una suma equivalente no menor de cinco ni mayor de cien pesos centroamericanos, dependiendo de la magnitud del error. Artículo 22 Las falsedades en la declaración del valor aduanero que se determinen conforme a lo dispuesto en el artículo 20, serán sancionadas, cuando proceda, de acuerdo con la legislación vigente en cada país. CAPITULO IX Del Comité Nacional de Valoración Aduanera Artículo 23 Se crea en cada uno de los Estados Contratantes un Comité Nacional de Valoración Aduanera, que tendrá la facultad de conocer y decidir en última instancia administrativa las reclamaciones o recursos en materia de valoración aduanera. El Reglamento establecerá los procedimientos a los cuales deberá ajustar su actuación. Artículo 24 El Comité estará integrado por cinco miembros, tres de los cuales serán representantes del sector público. Será presidido por el representante del Ministerio de Hacienda o Finanzas. El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de la totalidad de sus miembros. CAPITULO X Reclamaciones y recursos Artículo 25 Las reclamaciones y recursos en materia de valoración aduanera, en la vía administrativa, se regirán por las disposiciones de este Capítulo, y se tramitarán, en lo que fuera aplicable, conforme a la legislación vigente. Contra la resolución de ajustes y rectificaciones originados por la aplicación de los artículos 19 y 20 de esta legislación, en los casos que proceda según la ley nacional, cabrá recurso de revisión ante el Director General de Aduanas, el cual se interpondrá dentro de los treinta días hábiles siguientes la fecha de la respectiva notificación. El Director General de Aduanas deberá resolver dentro de los treinta días hábiles siguientes. En caso contrario, el recurso se tendrá por resuelto desfavorablemente y el interesado podrá acudir a la instancia creada en el artículo 23. El recurso de apelación para el Comité Nacional de Valoración Aduanera deberá interponerse, a través del Director de Aduanas, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación respectiva o al vencimiento del plazo establecidos para que el Director de Aduanas resuelva. El Comité deberá resolver el recurso de apelación dentro de los sesenta días calendario siguientes a la recepción del expediente administrativo. Contra las resoluciones del Comité Nacional de Valoración Aduanera cabrán los recursos que determine el Derecho Interno. CAPITULO XI Disposiciones finales Artículo 26 El concepto de precio normal establecido por esta Legislación será utilizado para la determinación del valor aduanero de todas las mercancías importadas o internadas, inclusive las libres de derechos arancelarios, las liberadas por las leyes especiales y las sujetas a Derechos Específicos. En las internaciones intracentroamericanas, la aplicación de esta Legislación no podrá ser ejercida bajo circunstancia alguna, para entorpecer el intercambio. Artículo 27 El Consejo emitirá el Reglamento de esta Legislación. Artículo 28 Ratificación, depósito, vigencia y denuncia. El presente Anexo "B" es parte integrante del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano y será sometido a ratificación en cada uno de los Estados, de conformidad con las respectivas normas constitucionales o legales. Los instrumentos de Ratificación deberán depositarse en la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, (ODECA). El Anexo "B" entrará en vigor, para los países en los cuales ya esté vigente el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, en el momento en que cada uno lo deposite. Su duración será la del citado Convenio y se prorrogará en la misma forma y por los mismos períodos del Convenio. La denuncia del Anexo "B" está condicionada a la del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano y, en su caso, la misma se efectuará de conformidad con las disposiciones del párrafo tercero, del artículo 27, del citado Convenio. La Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos será la depositaria del presente Instrumento y enviará copias certificadas del mismo a la Cancillería de cada uno de los Estados Contratantes y a la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, a los cuales notificará inmediatamente del depósito de cada uno de los Instrumentos de Ratificación, así como de cualquier denuncia que ocurriere. Al efectuarse cada depósito, procederá también a enviar copia certificada del mismo a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, para los fines de registro que señala el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Artículo 29 Disposiciones transitorias TRANSITORIO PRIMERO Las pólizas de importación que al momento de entrar en vigencia la presente Legislación ya hubieren sido aceptadas, se tramitarán y liquidarán conforme las disposiciones arancelarias bajo las cuales se iniciaron. TRANSITORIO SEGUNDO En tanto no se adopte una nueva legislación regional en materia aduanera, las reclamaciones y recursos a que se refiere el artículo 25 de este Anexo se regirán por las disposiciones del Capítulo XXXIII del... Artículo 2º- Rige a partir de su publicación. Transitorio: Prorrógase la vigencia del Arancel de Aduanas, establecido en el Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, y del Impuesto de Estabilización Económica, hasta tanto no se apruebe, a nivel regional, el Anexo A del Convenio Centroamericano sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, y no se ratifique de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo concederá, durante dicho lapso, exoneraciones a los industriales que disfruten de exención de impuestos, conforme con el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y sus Protocolos, por un porcentaje equivalente al necesario para mantener las relaciones de competitividad con los países centroamericanos que pongan en vigor, a partir del 1º de octubre de 1985, las disposiciones sobre el Nuevo Régimen Arancelario, incluida la derogatoria de las exoneraciones. Se extiende la vigencia del artículo 9º del Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, sobre reinversión de utilidades, hasta tanto no se apruebe la nueva legislación de estímulo a los sectores productivos. Las empresas gozarán de este beneficio conforme con lo dispuesto en sus contratos industriales. Las disposiciones de este transitorio regirán a partir del 1º de octubre de 1985 y estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 1985. Si la ratificación del Anexo A, por parte de la Asamblea Legislativa, se diera antes de la fecha indicada, se tendrá por derogado este transitorio. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/7005). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.