La ley 7027 deja a las municipalidades fijar el alquiler de los locales de mercado

Qué cambia

La ley 7027 reforma la Ley 2428 sobre arrendamiento de locales municipales y deroga el artículo 24 de la Ley 6890 1. El texto vigente dice que la municipalidad fija la tarifa para prorrogar el arrendamiento de locales, tramos o puestos de los mercados municipales (art. 1). Lo hace previo dictamen de la Comisión Recalificadora.

La Comisión tiene cuatro miembros: dos regidores municipales y dos inquilinos de cada mercado (art. 1). Los inquilinos los propone su asociación legalizada o, si no hay, la mayoría de ellos con un memorial autenticado por abogado. Los arrendatarios pueden presentar a dos de los miembros hasta el 15 de setiembre del año que corresponda. La municipalidad debe avisarles por escrito con treinta días de anticipación. Si no llega la lista, la municipalidad nombra la Comisión sin representación de los arrendatarios.

Para dictaminar el aumento del próximo período de cinco años, la Comisión toma en cuenta amplitud, ubicación del local, estado del edificio, costo de la vida, situación económica, clase de mercadería y otros datos (art. 2). La municipalidad nombra a los miembros en la última quincena de setiembre del año anterior al período (art. 3). El dictamen se presenta a más tardar un mes después de que los miembros acepten el cargo. Si no hay informe, la municipalidad puede fijar los alquileres por medio de funcionarios municipales. Si el 31 de diciembre no hay acuerdo firme, rigen los alquileres vigentes para el próximo período de cinco años.

La municipalidad comunica la recalificación a cada inquilino por nota certificada (art. 4). Le da hasta treinta días hábiles para aceptar el nuevo alquiler o dejar el local. Si acepta, el alquiler se prorroga por cinco años sin remate ni licitación. El alquiler no puede variarse durante la vigencia del contrato, salvo convenio especial pactado por ambas partes. En los primeros quince días de esos treinta, el inquilino disconforme puede apelar ante el concejo municipal. El concejo resuelve en los siguientes quince días.

El texto consolidado incluye una anulación. La Sala Constitucional anuló la frase que daba por agotada la vía administrativa con esa resolución (art. 4). Lo hizo en la Resolución Nº 4675-97 de las 15:45 horas del 13 de agosto de 1997.

Si el inquilino no acepta el precio, puede acudir a la vía jurisdiccional para que le fijen el aumento, luego de agotar la vía administrativa (art. 5). Los locales desocupados se arriendan con los trámites de la Ley de la Administración Financiera de la República (art. 6). El plazo no puede ser mayor al tiempo que falte para que finalice el período del artículo 4.

Si se construye un mercado nuevo que sustituya al existente, los inquilinos del anterior tienen derecho de prioridad para ocupar un local en condiciones similares (art. 7). La base del precio la fija la municipalidad, previo informe de la Comisión Recalificadora.

Desde la vigencia de la ley se prohíbe abrir locales, tramos o puestos para vender licores nacionales o extranjeros en mercados municipales (art. 8). La ley es de orden público y deroga la número 180 del 21 de agosto de 1929 y cualquier otra disposición que se le oponga (art. 9). Rige desde su publicación (art. 10).

El transitorio dice que los actuales inquilinos siguen pagando el alquiler vigente hasta el 31 de diciembre de 1989 (art. Transitorio). Después de esa fecha empieza el primer período de cinco años con alquiler fijado por la municipalidad.

A quién le toca

A los inquilinos de locales, tramos o puestos de los mercados municipales. La ley les da derecho a proponer a dos miembros de la Comisión Recalificadora y a apelar el alquiler ante el concejo municipal (art. 1) (art. 4).

A las municipalidades. Deben fijar la tarifa, nombrar la Comisión, avisar a los inquilinos con treinta días y comunicar la recalificación por nota certificada (art. 1) (art. 3) (art. 4).

A los regidores municipales. Dos de ellos integran la Comisión Recalificadora (art. 1).

A las asociaciones de inquilinos de cada mercado. Pueden proponer a los dos miembros inquilinos de la Comisión (art. 1).

A quienes quieran vender licores en un mercado municipal. La ley se lo prohíbe (art. 8).

A los inquilinos de un mercado que se sustituya por un edificio nuevo. Tienen derecho de prioridad para ocupar un local (art. 7).

Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación disponible no trata sobre la ley 7027. Trata sobre el expediente 22.796, una ley para titulación de pobladores en zonas marítimo terrestres 00:00:12. La comisión especial de Puntarenas dictaminó ese expediente 00:00:10. La iniciativa permite pedir títulos a quienes hayan poseído lotes en zonas restringidas por 15 años o más 00:00:27. Las municipalidades quedarían obligadas a impedir nuevas ocupaciones y a proteger el acceso a las playas 00:00:47. Quedan excluidos los 50 metros de la zona pública 00:01:01. El proyecto pasaría a estudio del plenario legislativo 00:01:11. Nada de esto trata sobre arrendamiento de locales municipales.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 7027 está vigente, en su versión 1 de 1 1. La Procuraduría General de la República anota que reforma íntegramente la Ley 2428 y deroga el artículo 24 de la Ley 6890. El texto consolidado de SINALEVI muestra la anulación de la frase sobre agotamiento de la vía administrativa, hecha por la Sala Constitucional en 1997 (art. 4).

Frente a la Constitución

El artículo 169 de la Constitución pone la administración de los intereses y servicios locales a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley 7027 encaja ahí: deja en la municipalidad fijar la tarifa y nombrar la Comisión (art. 1).

El artículo 170 dice que las corporaciones municipales son autónomas §Constitución, art. 170. La ley también calza: la municipalidad decide el alquiler y puede prescindir del dictamen si la Comisión no informa (art. 3).

El artículo 182 ordena que los arrendamientos de bienes municipales se hagan mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto §Constitución, art. 182. La ley 7027 permite prorrogar el alquiler por cinco años sin remate ni licitación cuando el inquilino acepta (art. 4). El Censo ve aquí una duda: la prórroga automática podría chocar con la regla de licitación del artículo 182. No es un choque seguro, porque la misma Constitución remite a lo que diga la ley sobre el monto.

El artículo 46 prohíbe los actos que restrinjan la libertad de comercio §Constitución, art. 46. La prohibición de vender licores en mercados municipales (art. 8) podría leerse como una restricción al comercio. El Censo no encontró una sentencia en el dossier que resuelva ese punto.

El artículo 33 dice que toda persona es igual ante la ley §Constitución, art. 33. La ley trata igual a todos los inquilinos de un mismo mercado, así que el Censo no ve choque en ese punto.

Qué puede hacer usted

Si es inquilino y la municipalidad le fijó un alquiler que no acepta, puede apelar ante el concejo municipal dentro de los primeros quince días de los treinta hábiles (art. 4).

Si un acto concreto de la municipalidad le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación §guía, p. 22. Si se trata de derechos patrimoniales, debe presentarlo dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que tuvo noticia fehaciente de la violación.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa. No hace falta ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en la municipalidad, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría revisa y aprueba presupuestos de las municipalidades. Puede denunciar personalmente en Sabana Sur, llamar al 2501-8000 o al 2501-8025, o escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si la municipalidad le presta un mal servicio, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántos mercados municipales hay en el país ni cuántos inquilinos tienen.

El dossier no incluye el texto de la Resolución Nº 4675-97 más allá de la nota de anulación.

El dossier no dice si alguna municipalidad ha aplicado la ley 7027 después de 1997.