# Ley 7032: La Ley 7032 ya no rige: la Sala la anuló en 1990 - Página: https://elcenso.com/leyes/7032 - Tipo: Ley de la República de Costa Rica - Título oficial: LEY NO. 7032 DE 2 DE MAYO DE 1986 (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: "REFORMA A LA LEY FORESTAL NO. 4465, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1969 Y SUS REFORMAS") - Estado: No vigente (SINALEVI: Derogado) - Fuente oficial: https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1 ## En resumen La reforma forestal de 1986 fue anulada por completo en 1990 y la reemplazó la Ley 7174, que sí está vigente. ## A quién le toca - A los dueños de terrenos de aptitud forestal y bosques, que quedaron sujetos a las reglas de la ley mientras rigió - A quienes cortaban o industrializaban madera, que pagaban el impuesto forestal del 10% y otro 10% si industrializaban fuera de la región - A las municipalidades donde se cortaba madera, que recibían el 10% del impuesto - A las cooperativas y corporaciones forestales sin fines de lucro, que recibían otro 10% ## A quién beneficia - Las municipalidades del lugar donde se cortaba la madera recibían un 10% del impuesto forestal - Las cooperativas y corporaciones forestales sin fines de lucro con proyectos aprobados recibían un 10% del impuesto - Los dueños de bosques sometidos voluntariamente al régimen forestal quedaban exentos del impuesto territorial y del de tierras incultas ## Qué cambia - La ley ya no rige: la Sala Constitucional la anuló en su totalidad en 1990 - La Ley 7174 de 1990 es la que rige hoy en materia forestal - Los reglamentos del Poder Ejecutivo basados en la Ley 7032 también quedaron nulos ## Cláusulas a revisar - **Impuesto del 10% sobre la madera en pie** (20): La ley creó un impuesto general forestal del 10% del valor de cada metro cúbico de madera en pie, pagadero antes de la corta. Si la madera se industrializaba fuera de la región, se pagaba otro 10% adicional. Texto: "Se crea un impuesto general forestal equivalente al diez por ciento (10%) del valor de cada metro cúbico de madera en pie, inventariada en los aprovechamientos que se realicen en cualquier predio, ya sea de los organismos de la Administración Pública o de los privados, inscritos o no." - **Expropiación de bosques y terrenos privados** (4): La ley declaró de utilidad pública y susceptibles de expropiación los bosques y terrenos de aptitud forestal necesarios para sus fines, con excepción de los sometidos voluntariamente al régimen forestal. Texto: "Se declaran de utilidad pública y susceptibles de expropiación, los bosques y terrenos de aptitud forestal que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de esta ley, excepto los sometidos voluntariamente al régimen forestal, en los cuales se desarrollen eficientemente proyectos de forestación, reforestación y manejo de bosques naturales, amparados en los respectivos planes de manejo forestal, aprobados por la Dirección General Forestal." - **Certificados para pagar impuestos** (82): El certificado de abono forestal era un título valor que se podía negociar o usar para pagar todo tipo de impuestos, tasas nacionales y municipales, o cualquier otro tributo. Texto: "Los certificados de abono forestal son títulos valores nominativos que podrán ser negociados o utilizados para pagar todo tipo de impuestos, tasas, nacionales y municipales, o cualquier otro tributo." ## Explicación ### Qué decía La Ley 7032 reformó la Ley Forestal 4465 de 1969. Mientras rigió, ordenó al Estado velar por la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos forestales (art. 1). Puso todos los terrenos de aptitud forestal y bosques del país bajo esas reglas, fueran del Estado o de dueños privados (art. 4). Declaró de utilidad pública esos terrenos y permitió expropiarlos, salvo los que se sometieran voluntariamente al régimen forestal. Creó un impuesto general forestal del 10% del valor de cada metro cúbico de madera en pie. Se pagaba antes de cortar y extraer ([art. 20](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1)). Si la madera se industrializaba fuera de la región donde se cortó, se pagaba otro 10% adicional. Ese dinero se repartía así: 80% para la Dirección General Forestal, 10% para la municipalidad donde se cortó la madera y 10% para cooperativas y corporaciones forestales sin fines de lucro de la región ([art. 21](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1)). También creó el certificado de abono forestal. Era un título valor que se podía usar para pagar impuestos, tasas nacionales y municipales, o cualquier otro tributo ([art. 82](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1)). ### Qué la reemplazó La Sala Constitucional anuló la Ley 7032 en su totalidad. La resolución Nº 546-90, de las 14:30 horas del 22 de mayo de 1990, consideró que se aprobó en contravención al segundo párrafo del artículo 45 de la Constitución Política [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1). Ese artículo exige una votación calificada para imponer a la propiedad limitaciones de interés social [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1) ([Constitución, art. 45](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La Sala también declaró nulos todos los reglamentos del Poder Ejecutivo basados en esa ley, y las reformas o derogatorias de sus artículos 2 y 3, por conexión o consecuencia [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1). Derogó además la reforma al Transitorio I hecha por la Ley 7064 de 29 de abril de 1987. La Sala tuvo por vigente la Ley Forestal Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969, con las modificaciones vigentes al 7 de mayo de 1986 [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1). Después se emitió la reforma integral de la Ley Forestal 4465 mediante la Ley Nº 7174 de 28 de junio de 1990 [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1). SINALEVI registra la Ley 7174 como vigente [\[4\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=9104¶m2=9765¶m3=1). ### Cómo está hoy según SINALEVI SINALEVI registra la Ley 7032 como derogada [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1). La ficha de la Asamblea Legislativa la marca como vigente, pero el registro de la Procuraduría dice lo contrario [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx). La Procuraduría anota una fe de erratas publicada en La Gaceta Nº 94 del 21 de mayo de 1986 [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1). SINALEVI muestra una diferencia en el artículo 84. La versión aprobada dice que los gastos de las inspecciones de campo para aprobar el plan de manejo y para el seguimiento posterior los paga el interesado ([art. 84](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1)). La versión que muestra SINALEVI corta la frase en "correrán por" y no incluye el resto [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1). ### Lo que se dijo en la Asamblea En una audiencia de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, el 22 de enero de 2016, el diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, cuestionó que miembros de una junta directiva se beneficien con sus empresas de los programas de reforestación ([video, 00:00:20](https://www.youtube.com/watch?v=oxkXk1YnyFk&t=20s)). Redondo dijo: "Pero yo no concibo que un miembro de una junta directiva que acomoda los puntajes en esa junta directiva, y uso sus palabras textualmente, eh sea beneficiario de 2,000 millones de colones de los costarricenses pagados con impuestos de los costarricenses" ([video, 00:00:28](https://www.youtube.com/watch?v=oxkXk1YnyFk&t=28s)). Jorge Rodríguez, director de Fanafo, explicó cómo se eligen los proyectos. Dijo que ningún proyecto de PSA o de crédito lo aprueba la junta directiva ([video, 00:01:00](https://www.youtube.com/watch?v=oxkXk1YnyFk&t=60s)). Según Rodríguez, la junta emite políticas y directrices y aprueba los manuales de procedimiento ([video, 00:01:14](https://www.youtube.com/watch?v=oxkXk1YnyFk&t=74s)). Rodríguez agregó que aprobar un proyecto de PSA está reservado a los compañeros regionales, que reciben la documentación y verifican los requisitos de la ley y la normativa ([video, 00:01:21](https://www.youtube.com/watch?v=oxkXk1YnyFk&t=81s)). Los diputados dijeron estar de acuerdo con la protección y conservación del medio ambiente, pero se declararon garantes de que los recursos públicos se inviertan bien ([video, 00:01:49](https://www.youtube.com/watch?v=oxkXk1YnyFk&t=109s)). En otra sesión, la Comisión Permanente Especial de Ambiente del 18 de agosto de 2026 discutió la no regresión ambiental y el artículo 50 de la Constitución ([video, 00:52:27](https://www.youtube.com/watch?v=Ztm2rehLMCw&t=3147s)). Una persona expuso que la Sala Constitucional ha incorporado a la jurisprudencia los principios de la declaración de Río de 1992 ([video, 00:52:50](https://www.youtube.com/watch?v=Ztm2rehLMCw&t=3170s)). Esa persona mencionó que decenas de proyectos se han caído por ese punto. Puso como ejemplo una modificación a la Ley Forestal para permitir infraestructura de bajo impacto en áreas de protección de ríos ([video, 00:53:25](https://www.youtube.com/watch?v=Ztm2rehLMCw&t=3205s)). ### Frente a la Constitución El choque que encontró la Sala está en el artículo 45. La Constitución dice que la propiedad es inviolable y que a nadie se le puede privar de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización ([Constitución, art. 45](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El mismo artículo agrega que, por motivos de necesidad pública, la Asamblea Legislativa puede imponer a la propiedad limitaciones de interés social, pero solo mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros ([Constitución, art. 45](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La Ley 7032 sometió todos los terrenos de aptitud forestal y bosques a sus reglas, incluidos los de dueños privados (art. 4). También declaró de utilidad pública esos terrenos y permitió expropiarlos. La Sala consideró que esa aprobación no cumplió con la votación calificada del artículo 45 [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1). El Censo no encontró en el dossier el detalle de cuántos votos se emitieron. El artículo 50 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado ([Constitución, art. 50](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La Ley 7032 buscaba proteger los recursos forestales (art. 1), lo que calza con ese derecho. El problema que vio la Sala fue el procedimiento de aprobación, no el fin de la ley. ### Qué puede hacer usted La Ley 7032 ya no rige, así que no hay comisión ni debate legislativo donde opinar sobre ella. Las vías que quedan son para leyes vigentes o actos concretos. Si un acto de una institución pública viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio. El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). Si lo que quiere es atacar una ley vigente por inconstitucionalidad, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). Para interponerla, el artículo 75 pide un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando se defiendan intereses difusos o la naturaleza del asunto no cause lesión individual y directa ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). Si sospecha un mal manejo de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer en persona en Sabana Sur, llamar al 2501-8000 o al 2501-8025, o escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). Si una institución pública le falla en un servicio, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja ([guía, p. 71](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71)). Si quiere proponer una ley nueva, existe la iniciativa popular. El proyecto se tramita por el procedimiento legislativo ordinario y debe votarse en un plazo máximo de dos años ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice cuántos diputados votaron la Ley 7032 en 1986. El dossier no incluye el texto completo de la Ley 7174, solo su primer artículo. El dossier no permite saber si la ficha de la Asamblea que marca la Ley 7032 como vigente está desactualizada o tiene otro criterio. El dossier no identifica a la persona que habla en la grabación V2 sobre la no regresión ambiental. ## Frente a la Constitución La Sala Constitucional anuló la ley porque se aprobó sin la votación de dos tercios que el artículo 45 exige para imponer limitaciones de interés social a la propiedad. ## Qué puede hacer usted - Recurso de amparo: Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio. Se expresa el hecho, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas. No requiere autenticación. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22) - Acción de inconstitucionalidad: Se presenta ante la Sala Constitucional invocando la inconstitucionalidad como medio para amparar el derecho o interés lesionado. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24) - Denuncia ante la Contraloría General de la República: En persona en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club; por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025; por el portal de Denuncia Electrónica; por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr; o por apartado postal 1179-1000 San José. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) - Queja ante la Defensoría de los Habitantes: Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja. No se investigan casos que estén a la espera de una resolución judicial. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71) - Iniciativa popular: Se recogen las firmas, el TSE las verifica y traslada el proyecto a la Asamblea. La Oficina de Iniciativa Popular brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) ## Fuentes 1. Ley 7032: LEY NO. 7032 DE 2 DE MAYO DE 1986 (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: "REFORMA A LA LEY FORESTAL NO. 4465, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1969 Y SUS REFORMAS"). Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx 2. Ley 7032 en SINALEVI: Ley Forestal (1986) (Derogado, Versión de la norma: 3 de 3). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 02/05/1986. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=8072¶m2=90679¶m3=1 3. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 4. Ley 7174: Reforma Integral de Ley Forestal Nº 4465 de 25 de Noviembre de 1969 (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 28/06/1990. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=9104¶m2=9765¶m3=1 5. CUESTIONAN MANEJO DE RECURSOS PARA CONSERVACIÓN FORESTAL. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2016-01-22. https://www.youtube.com/watch?v=oxkXk1YnyFk 6. Comisión Permanente Especial de Ambiente, 18 Agosto 2026. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2026-08-19. https://www.youtube.com/watch?v=Ztm2rehLMCw 7. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo Ley 7032 Ley Forestal (1986) -Usted está en la última versión de la norma- Ir a la última versión Anterior Versión de la Norma: 3 de 3 Siguiente (Derogado) LEY Nº 7032 La presente norma ha sido ANULADA TOTALMENTE por resolución de la Sala Constitucional, Nº 546-1990 de las 14:30 horas del 22 de mayo de 1990. Artículo 1º— Refórmase la Ley Forestal, N o 4465 del 25 de noviembre de 1969 y sus modificaciones, cuyo texto dirá: "LEY FORESTAL TÍTULO PRIMERO Disposiciones generales CAPÍTULO I Objetivos y definiciones Artículo 1°— La presente ley establece como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la protección, conservación, aprovechamiento, industrialización, administración y fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables. Artículo 2°— Las disposiciones de esta ley tendrán como objetivo primordial, además de lo señalado, la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la población rural radicada en las áreas forestales, mediante su efectiva incorporación a las actividades silviculturales e industriales. Artículo 3°— La Dirección General Forestal establecerá periódicamente un plan nacional de desarrollo forestal, por lo que considerará de carácter prioritario y recomendará o concederá los incentivos establecidos en la presente ley, para aquellas acciones encaminadas a la reforestación y regeneración de especies arbóreas, por medios naturales o artificiales que estén contemplados en el respectivo plan de manejo forestal. Artículo 4°— Todos los terrenos de aptitud forestal y bosques del país, ya sean estatales o que estén reducidos a dominio particular, quedan sometidos a los fines de la presente ley. Se declaran de utilidad pública y susceptibles de expropiación, los bosques y terrenos de aptitud forestal que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de esta ley, excepto los sometidos voluntariamente al régimen forestal, en los cuales se desarrollen eficientemente proyectos de forestación, reforestación y manejo de bosques naturales, amparados en los respectivos planes de manejo forestal, aprobados por la Dirección General Forestal. Se faculta al Poder Ejecutivo, para que, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realice las expropiaciones contempladas en el presente artículo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Expropiaciones, N o 36 del 26 de junio de 1986 y sus reformas, Artículo 5°—Son terrenos de aptitud forestal aquellos que, cubiertos o no de vegetación, sean aptos únicamente para la producción de madera u otros productos forestales, o para la protección de los suelos y del régimen hidrológico, y que proporcionen mayores beneficios socioeconómicos o que representen belleza natural. Por sus características, estos suelos son inadecuados para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, en forma permanente. Artículo 6°— Son bosques todas las asociaciones vegetales compuestas predominantemente de árboles y de otra vegetación leñosa. Artículo 7º— Se entiende por régimen forestal el conjunto de disposiciones, entre otros, de carácter jurídico, económico y técnico, establecidas por esta ley, su reglamento y demás normas y actos derivados de su aplicación, que regulen la conservación, protección, renovación, aprovechamiento y desarrollo de los bosques y terrenos de aptitud forestal del país. Artículo 8°— Defínese el plan de manejo forestal como el conjunto de normas técnicas que regularán las acciones ejecutadas en un. bosque, o en los terrenos de aptitud forestal de un predio o parte del predio, con el fin de conservar, desarrollar y mejorar la vegetación arbórea que en él exista o se pretenda establecer, de acuerdo con el principio del uso racional de los recursos naturales renovables. CAPÍTULO II Competencia y atribuciones de la administración forestal del Estado Artículo 9°— El Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizará las funciones de la administración forestal y aplicará la presente ley y sus reglamentos por medio de la Dirección General Forestal. Artículo 10.— Es competencia de la Dirección General Forestal lo siguiente: a) Crear, conservar, mejorar, desarrollar y administrar los recursos forestales del país, tanto en terrenos del patrimonio forestal del Estado como en las áreas forestales privadas, de acuerdo con los preceptos de la presente ley. b) Conservar y mejorar los suelos forestales mediante la prevención y el combate de su erosión y degradación. c) Promover y fomentar el desarrollo de la industria forestal. ch) Administrar el Fondo Forestal en los términos establecidos en esta ley. d) Estudiar e investigar los recursos forestales nacionales, así como las propuestas relativas a su mejor utilización. e) Proteger, conservar e incrementar la fauna y la flora silvestres en los escenarios naturales, históricos y biológicos. f) Prevenir y luchar contra las plagas, enfermedades, e incendios forestales. g) Establecer y preparar programas de educación e investigación de los '" recursos forestales nacionales en colaboración con los organismos competentes. h) Proponer los convenios que corresponda celebrar con los propietarios de terrenos forestales y bosques, con el objeto de realizar planes de producción y protección forestal. i) Establecer reservas forestales, zonas protectoras, refugios de fauna silvestre y otras categorías de uso que sea necesario definir. j) Proponer la política de desarrollo y utilización del recurso forestal al Ministerio de Agricultura y Ganadería. k) Clasificar los terrenos forestales del país según su aptitud de uso permanente. I) Velar por la adquisición de recursos financieros para el desarrollo de los recursos forestales. II) Cualquier otra que, no estando expresamente señalada en esta artículo, sea necesaria para el cumplimiento de las funciones encomendadas en esta ley. Artículo 11.— La Administración Pública, constituida por el Estado y los demás entes públicos, prestarán su colaboración a la Dirección General Forestal y al Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuando estas entidades lo requieran para el cumplimiento de los fines de esta ley. Artículo 12.— La estructura orgánica de la Dirección General Forestal se establecerá en el reglamento de esta ley. La administración forestal será regionalizada, para lo cual se organizará el país en regiones forestales. Artículo 13.— Los respectivos funcionarios de la Dirección General Forestal y de las correspondientes municipalidades tendrán carácter de autoridad de policía y, como tal, deberán denunciar .ante las autoridades competentes las infracciones cometidas según la presente ley. La Guardia de Asistencia Rural y las demás autoridades de policía estarán obligadas a prestar su colaboración a los funcionarios de la Dirección General Forestal y de las municipalidades, cada vez que éstos la requieran para cumplir cabalmente con las funciones y deberes que esta ley les impone. Artículo 14.— Para el cumplimiento de sus atribuciones, los citados funcionarios de la Dirección General Forestal, identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él. Los propietarios, empleados o encargados deberán prestar la colaboración necesaria para que se efectúe esta labor. Los funcionarios de la Dirección General Forestal también podrán proceder al decomiso de las maderas y demás productos forestales explotados o industrializados ilícitamente, así como secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito, previo levantamiento del acta respectiva, los que pondrá a la orden de la autoridad judicial competente. Artículo 15.— Las infracciones a la presente ley serán denunciadas ante la autoridad judicial competente y, si hubiere madera u otros productos forestales decomisados, la referida autoridad, previo avalúo realizado por la Dirección General Forestal, los rematará en subasta pública dentro de un plazo no mayor de un mes, contado a partir de la fecha en que se interpuso la denuncia. Los referidos productos forestales no se podrán subastar por un valor menor al fijado por la citada Dirección. El producto del remate se depositará en la cuenta de la correspondiente autoridad judicial, mientras se define, el proceso respectivo. Esta dinero se entregará al indiciado, si fuere absuelto; si no lo fuere, el cincuenta por ciento corresponderá a la Dirección General Forestal y el otro cincuenta por ciento (50%) a las municipalidades del lugar en que se encuentre el fundo del cual se extrajo la materia prima o en que esté ubicada la industria; todo sin perjuicio de las responsabilidades penales que se determinen para los infractores. Si transcurrido dicho plazo, por algún motivo no se hubiere realizado el remate, cualquier interesado, previo depósito en el Tribunal del valor dado a la madera o demás productos forestales, podrá aprovecharla. Artículo 16.— Todo proyecto que realice el Estado o alguna de sus instituciones, que implique la eliminación parcial o total de un bosque, deberá tener la aprobación de la Dirección General Forestal. CAPÍTULO III Del Fondo Forestal y otros medios de financiación Artículo 17.— Con el objeto de lograr los fines de esta ley, y para atender los gastos derivados de ello, la Dirección General Forestal contará con los recursos del Fondo Forestal. También administrará las partidas que anualmente se le asignen en los presupuestos ordinario y extraordinarios de la República. Artículo 18.— Se establece el Fondo Forestal, cuyo objetivo será financiar programas de desarrollo forestal en cuanto a: a) Manejo del recurso forestal existente. b) Reforestación de áreas de aptitud forestal ya denudadas. c) Prevención y combate de plagas, enfermedades de los bosques e incendios forestales. ch) Fomento y promoción de las industrias forestales y los mercados para sus productos. d) Actividades de la Dirección General Forestal relacionadas con los propósitos anteriores. La investigación aplicada para - estos fines estará comprendida en los respectivos financiamientos. Artículo 19.— La Dirección General Forestal, conjuntamente con el Consejo Forestal Nacional, fijará anualmente el valor mínimo del metro cúbico de madera en pie, por especie o grupos da especies, una vez realizados los estudios correspondientes. Artículo 20.— Se crea un impuesto general forestal equivalente al diez por ciento (10%) del valor de cada metro cúbico de madera en pie, inventariada en los aprovechamientos que se realicen en cualquier predio, ya sea de los organismos de la Administración Pública o de los privados, inscritos o no. Este impuesto deberá pagarse previamente a la corta y extracción. Por la madera que se industrialice fuera de la región en que fue cortada, se pagará un impuesto adicional de otro diez por ciento. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán regiones las establecidas o definidas como tales por la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. Artículo 21.— El monto de los ingresos provenientes de los impuestos mencionados se distribuirá en la siguiente forma: a) El ochenta por ciento (80%) para la Dirección General Forestal. b) El diez por ciento (10%) para la municipalidad del lugar en que fue cortada la madera, porcentaje que utilizará exclusivamente para financiar actividades forestales. c) El restante diez por ciento (10%) se repartirá entre las cooperativas y corporaciones forestales sin fines de lucro, de la región en que fue cortada la madera, siempre y cuando desarrollen proyectos de reforestación o manejo de bosques, amparados en planes técnicos debidamente aprobados por la Dirección General Forestal. De no existir estos proyectos, los beneficios serán para las municipalidades de la región que corresponda. En este caso, los fondos deberán destinarse a programas de investigación y extensión forestal. Artículo 22.— Los recursos del Fondo Forestal estarán constituidos por: a) El porcentaje que corresponda por concepto del impuesto general forestal, según lo dispuesto en los artículos 20 y 21. b) Los legados y donativos que el Fondo Forestal acepte. c) Las contribuciones de organismos nacionales e internacionales, privados o públicos, de acuerdo con los respectivos convenios o donaciones. ch) Las emisiones de bonos forestales ya aprobadas y las que se emitan en el futuro. Con estos bonos se podrá cancelar todo tipo de impuestos o tributos. d) El producto de las concesiones otorgadas para el aprovechamiento de los recursos existentes en el patrimonio forestal del Estado, así como los ingresos que obtenga de otras concesiones otorgadas en condición de administrador de dicho patrimonio. e) El monto de las multas y decomisos que perciba conforme con la presente ley. f) El producto del impuesto arancelario para la exportación o importación de productos y subproductos forestales. g) Los fondos puestos en fideicomiso provenientes de convenios de préstamo internacionales para financiar actividades forestales. Artículo 23.— El Fondo será administrado por la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la supervisión de la Contraloría General de la República. Artículo 24.— Los desembolsos anuales del Fondo Forestal deberán dividirse en dos grupos: a) Los ingresos establecidos en los incisos a), b) y ch) del artículo 22, se distribuirán en: a. 1) El diez por ciento (10%), como máximo, será para actividades de la Dirección General Forestal. a. 2) El sesenta por ciento (60%) se destinará a actividades que se realicen en terrenos y bosques pertenecientes al patrimonio forestal del Estado, administrados por la Dirección General Forestal, cuando estas áreas, aunque sean propiedad privada, esténcomprendidas dentro de una zona protectora o reserva forestal, y las actividades estén relacionadas con el manejo de bosques existentes y con repoblación de terrenos de aptitud forestal ya denudados. a. 3) El restante treinta por ciento (30%) se utilizará para financiar. mediante fideicomisos, actividades de desarrollo forestal, realizadas por -al sector privado. La mecánica de los préstamos, intereses y demás condiciones será determinada en el reglamento respectivo. b) Los ingresos mencionados en los incisos c), d), e), f) y g) del artículo 22 serán utilizados en los proyectos o programas que la Dirección General Forestal determine. El Ministerio de Agricultura y Ganadería controlará, por medio de la Dirección General Forestal, el estado de cuentas del Fondo. Artículo 25.— Los ingresos del Fondo se depositarán en una cuenta especial que se abrirá en cualquiera de los bancos del Sistema Bancario Nacional. El retiro de los fondos se hará mediante cheque firmado conjuntamente por el Director, o el Subdirector General Forestal, y el Oficial Mayor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, o su representante. Los procedimientos relativos a la apertura, forma, de llevar la contabilidad y operación en general de dicha cuenta, serán indicados en el reglamento de operación del Fondo. Su revisión, reglamentación y control estarán a cargo de la Contraloría General de la República. Artículo 26.— Quedan autorizadas las instituciones del Estado para incluir en sus presupuestos las partidas anuales que estimen convenientes para contribuir a los proyectos de la Dirección General Forestal que sean financiados por el Fondo. Artículo 27.— Los ingresos provenientes de los impuestos mencionados anteriormente se depositarán en la cuenta especial del Fondo Forestal; se recaudarán mediante la cancelación de los timbres forestales emitidos por el Banco Central, o mediante enteros pagados a favor del Fondo Forestal, en alguna de las instituciones del Sistema Bancario Nacional. Estos fondos serán distribuidos por la Dirección General Forestal, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 21. Artículo 28.— Las importaciones de materiales, equipos y accesorios que efectuaren la Dirección General Forestal y el Servicio de Parques Nacionales, para cumplir con las obligaciones de la presente ley, quedan exentas de todo gravamen, incluido el impuesto de ventas. CAPÍTULO IV El Consejo Forestal Nacional Artículo 29.— Créase el Consejo Forestal Nacional, como organismo asesor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en lo referente a la protección, aprovechamiento y administración de los recursos forestales. 'El Consejo tendrá aquellas atribuciones y funciones específicas que se le asignen en el reglamento. Artículo 30.— El Consejo Forestal Nacional estará integrado por: a) El Ministro o el Viceministro de Agricultura y Ganadería, quien lo presidirá. b) El Director General Forestal, quien actuará como secretario, excepto cuando represente al Ministro o al Viceministro, caso en el cual el Subdirector General Forestal actuará como secretario. c) El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica o su representante. ch) El Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (*) o su representante. (*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural") d) El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o su representante. e) Un representante de la Cámara Nacional de Empresarios Forestales. f) Un representante de las corporaciones forestales. g) Un representante de las cooperativas forestales. h) Un representante de las escuelas forestales de educación superior. i) Un representante de la organización que agrupe a los profesionales en ciencias forestales del país. Los representantes del sector privado serán nombrados por sus respectivas organizaciones. Artículo 31.— El Consejo Forestal Nacional deberá reunirse por lo menos una vez cada seis meses. Podrá invitar a sus deliberaciones a otros representantes de instituciones públicas o privadas, cuyas actividades están relacionadas con la protección, aprovechamiento y administración de los recursos forestales. Estos invitados tendrán voz pero no voto. TÍTULO SEGUNDO Propiedad forestal CAPÍTULO I El patrimonio forestal del Estado Artículo 32.— El patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre, y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública. Este patrimonio será administrado por la Dirección General Forestal, la que inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad cuando sea procedente, por medio de la Procuraduría General de la República, como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Artículo 33.— Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio forestal del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria; su invasión y ocupación será sancionada conforme con lo dispuesto en esta ley. Artículo 34.— Ningún organismo de la Administración Pública podrá expropiar, permutar, ceder o enajenar, a cualquier título, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que previamente hayan sido clasificados por la Dirección General Forestal. Si ésta los considerara de aptitud forestal, quedarán automáticamente incorporados al patrimonio forestal del Estado. Artículo 35.— Dentro del patrimonio forestal del Estado se constituirán: a) Reservas forestales: Estarán formadas por los bosques en que la función principal es la producción de madera y por aquellos terrenos forestales que por naturaleza sean especialmente aptos para ese fin. b) Zonas protectoras: Estarán formadas por los bosques y terrenos de aptitud forestal, en que el objetivo principal sea la protección del suelo, la regulación del régimen hidrológico, la conservación del ambiente y de las cuencas hidrográficas. c) Parques nacionales: Son las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas naturales y de la flora y fauna de importancia nacional, a fin de que al estar bajo vigilancia oficial, el público pueda disfrutarlas mejor. Estas áreas presentan uno o varios ecosistemas no transformados y poco modificados por la explotación y ocupación humana, en que las especies vegetales y animales, los sitios geomorfológicos y los hábitats son de especial interés científico, educativo y recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. Corresponde a la más alta autoridad competente del país adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, la explotación u ocupación en toda el área, y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento. Los parques nacionales y reservas biológicas serán administrados por el Servicio de Parques Nacionales. ch) Refugios nacionales de vida silvestre: Estarán formados por aquellos bosques y terrenos cuyo uso principal sea la protección, conservación, incremento y manejo de especies de la flora y la fauna silvestres. d) Reservas biológicas: Estarán formadas por aquellos bosques y terrenos forestales cuyo uso principal sea la conservación, estudio e investigación de la vida silvestre y de los ecosistemas que en ellos existan. Artículo 36.— Para la creación de una reserva forestal, zona protectora, parque nacional, refugio de vida silvestre o reserva biológica, se deberá cumplir previamente con lo siguiente : a) Definición de objetivos y ubicación del área. b) Estudio preliminar de la tenencia de la tierra. c) Censo preliminar de pobladores. ch) Financiamiento mínimo para su protección y manejo. d) Confección de planos. e) Emisión del decreto respectivo. f) Lo que reglamentariamente se establezca. Artículo 37.— Al establecer reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre o reservas biológicas, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a propuesta de la Dirección General Forestal o del Servicio de Parques Nacionales, queda facultado para incluir dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares que sean necesarias para el logro de los objetivos señalados en - esta ley, y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo. Cuando se trate de parques nacionales y de reservas biológicas, los terrenos serán adquiridos por compra o por expropiación, o por ambas. En el caso de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre, los predios o partes de predios también se deberán comprar o expropiar, salvo que, a requerimiento de la Dirección General Forestal, sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo. Dicha sujeción al régimen forestal será notificada al Registro Público de la Propiedad para la anotación correspondiente, la cual se mantendrá durante el tiempo que establezca el plan de manejo. Artículo 38.— El Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio de la Dirección General Forestal o del Servicio de Parques Nacionales, delimitará, en el terreno, los linderos de las áreas que conforman el patrimonio forestal del Estado. El procedimiento de deslinde será fijado en el reglamento de esta ley. Se habilita a la Dirección General Forestal para crear el catálogo de utilidad pública, cuyos efectos serán regulados por vía reglamentaria. Artículo 39.— El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, administrará las reservas nacionales. También deberá traspasar al Instituto de Desarrollo Rural (*) aquellos terrenos que éste le solicite, exclusivamente cuando hayan sido calificados de aptitud agropecuaria. (*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural") Artículo 40.— El área de las reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas biológicas del patrimonio forestal, sólo podrá ser reducida por ley de la República, previos los estudios técnicos correspondientes que justifiquen esta medida. Artículo 41.— La Dirección General Forestal podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de productos forestales provenientes de terrenos y bosques del patrimonio forestal del Estado, lo cual no origina, derecho real alguno sobre el inmueble a favor del concesionario. Artículo 42.— La construcción, uso y mantenimiento de caminos y mejoras que sean necesarias para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, existentes en terrenos y bosques pertenecientes al patrimonio forestal del Estado, o que se hayan realizado a raíz de cualquier otro tipo de concesión otorgada, serán efectuados con recursos de los interesados, de acuerdo con las especificaciones que la Dirección General Forestal fije por vía reglamentaria o contractual. Estos caminos y mejoras pasarán a ser propiedad del patrimonio forestal del Estado cuando caduque la autorización respectiva, sin costo alguno para éste. CAPÍTULO II De la propiedad privada Artículo 43.— Son áreas forestales privadas todos aquellos bosques y terrenos de aptitud forestal que pertenezcan a personas físicas o jurídicas particulares. La Dirección General Forestal prestará asistencia técnica, en la medida de sus posibilidades, a los propietarios de las áreas forestales privadas o a aquellas personas que estén ejecutando actividades silviculturales en dichos terrenos. Artículo 44.— La Dirección General Forestal promoverá la constitución de grupos organizados para - el fomento y desarrollo forestal, los cuales podrán gozar de los incentivos regulados en esta ley. Artículo 45.— La Dirección General Forestal, para el cumplimiento de los fines de esta ley, mantendrá relaciones con los representantes de los grupos organizados privados, con el objeto de fomentar la participación de este sector en la mejora y elevación del nivel tecnológico, en la obtención de nuevas fuentes de financiamiento, en la celebración de reuniones de carácter educativo e investigador, en la revitalización de la industria forestal y demás actividades que conduzcan al desarrollo armonioso de los recursos forestales del país. Artículo 46.— Se declara de interés público la existencia del inventario forestal, con el objeto de planificar adecuadamente la protección, fomento y aprovechamiento racional de los recursos forestales. La realización de este inventario se hará paulatinamente, a medida que los medios de la Dirección General Forestal lo permitan. TÍTULO TERCERO Protección, conservación, desarrollo y fomento de los bosques y terrenos forestales CAPÍTULO I Del manejo y regeneración de los bosques y terrenos forestales Artículo 47.— Los bosques y terrenos de aptitud forestal que constituyen tanto las áreas forestales públicas como las privadas, - estarán sometidos al respectivo plan de manejo, con el propósito de permitir su conservación y fomento, con arreglo a los principios económicos y silvícolas. Sus propietarios tendrán derecho a gozar de los beneficios -a incentivos fijados en esta ley. Artículo 48.— Los terrenos forestales y bosques de propiedad privada incluidos en una reserva forestal o zona protectora, deberán utilizarse de acuerdo con el respectivo plan de manejo. Sus propietarios tendrán derecho a gozar de los beneficios e incentivos que fija la presente ley. Artículo 49.— Toda acción de corta o explotación de bosques en terrenos de vocación forestal, obligará al propietario o concesionario de los terrenos respectivos a reponer el recurso, según las especificaciones contempladas en el plan de manejo presentado e inscrito en la Dirección General Forestal. Artículo 50.— El Banco Central destinará, necesariamente, en cada presupuesto anual, una suma no inferior al cinco por ciento de los préstamos asignados para el sector agropecuario, exclusivamente para financiar a un interés aceptable la plantación de árboles, la operación de viveros forestales y la actividad silvicultural en general; todo ello sin perjuicio de los recursos extraordinarios que se obtengan, provenientes de préstamos del exterior destinados a ese sector. Los bancos comerciales del Sistema Bancario Nacional financiarán estas actividades si se desarrollan en los bosques y terrenos particulares de aptitud forestal, siempre que estén sometidos al respectivo plan de manejo aprobado por la Dirección General Forestal. Artículo 51.— Los planes de manejo, que deberán ser aprobados por la Dirección General Forestal, sólo podrán ser presentados con la firma de técnicos forestales y da profesionales de otras carreras con suficientes conocimientos sobre la materia. Queda expresamente prohibido a los funcionarios públicos que gocen del beneficio de la dedicación exclusiva, la elaboración o firma de planes de manejo y estudios de impacto ambiental, excepto cuando los efectúen para actividades personales o de su familia. Artículo 52.— A los propietarios de aquellos terrenos incultos, denudados, calificados como de aptitud forestal, en las áreas señaladas anualmente por la Dirección General Forestal como zonas prioritarias de reforestación, se les dará preferencia para la obtención de incentivos y créditos para reforestación. Artículo 53.— Las corporaciones municipales y la Guardia de Asistencia Rural, conjuntamente con la Dirección General Forestal, se encargarán de vigilar aquellas áreas calificadas de aptitud forestal que estén sometidas a planes de manejo de la Dirección General Forestal. También tomar las providencias necesarias para protección de esas áreas. Para el debido cumplimiento de esta disposición, la Dirección General Forestal les entregará anualmente un mapa del cantón correspondiente, en el que indicarán las áreas señaladas. Artículo 54.— Para efectos de la calificación de terrenos de aptitud agropecuaria o forestal, se tendrá como base general la metodología que el Ministerio de Agricultura y Ganadería declare como la oficial. SECCIÓN I Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos del Estado y demás organismos de la Administración Pública Artículo 55.— El aprovechamiento de las reservas forestales, zonas protectoras y demás terrenos del patrimonio forestal del Estado, excepto en los parques nacionales y reservas biológicas, se podrá realizar de las siguiente forma: a) Cuando una persona privada, física o jurídica, solicite una concesión para aprovechar una reserva forestal o una zona protectora, o parte de estas, o cualquier otra área del patrimonio forestal del Estado, la preparación del plan de manejo correrá por su cuenta. En este caso, una vez aprobado el plan de manejo por la Dirección General Forestal, previa licitación, esta persona tendrá preferencia para ejecutarlo, si su oferta, está, al menos, en igualdad de condiciones con la mejor que se reciba. Si el solicitante perdiere la licitación, el adjudicatario deberá reembolsarle los gastos efectuados en el plan de manejo. b) Cuando no se presenten solicitudes por parte del sector privado, la Dirección General Forestal podrá elaborar los respectivos planes de manejo, en forma directa o por contrato, licitarlos, o bien. ejecutarlos directamente y vender por licitación los productos que obtenga en la etapa de producción. Artículo 56.— El aprovechamiento de los productos forestales en terrenos de los organismos de la Administración Pública, será - efectuado directamente por la Dirección General Forestal, o mediante concesiones que ésta otorgue, de acuerdo con el respectivo plan de manejo, con excepción de los parques nacionales y de las reservas biológicas. Para garantizar el cumplimiento del plan de manejo, se efectuará el depósito de una fianza en dinero, valores del Estado o cualquier otro que sea aceptable para la Dirección General Forestal. El incumplimiento dará lugar a la pérdida de la fianza, cuyo importe ingresará al Fondo Forestal, sin perjuicio de la aplicación de las penas establecidas en la presente ley. Artículo 57.— Los concesionarios de áreas en terrenos del patrimonio forestal del Estado pagarán al Fondo Forestal los siguientes derechos, los cuales serán fijados por la Dirección General Forestal y regirán una vez publicado el respectivo decreto ejecutivo, según corresponda: a) El valor de la madera en pie o de los productos forestales de que se trate. b) Una suma anual por cada hectárea dada en concesión, que se fijará de acuerdo con la actividad por realizarse. La Dirección General Forestal deberá efectuar periódicamente una revisión de esos valores. Artículo 58.— La Dirección General Forestal exonerará de los derechos establecidos en el artículo anterior en los siguientes casos: a) Cuando se trate de aprovechamientos realizados directamente por la población rural para fines de consumo familiar o construcción de implementos de trabajo de uso particular, siempre y cuando éstos no estén destinados a la venta. b) Cuando se trate de productos que se requieran para el consumo o construcción de la habitación del personal que labora en áreas rurales de las empresas del Estado y sus instituciones autónomas. c) Cuando se trate de organizaciones campesinas rurales correspondientes a programas estatales de desarrollo de alta prioridad. ch) En caso de emergencia o catástrofe. La Dirección General Forestal deberá llevar un registro especial de las solicitudes aprobadas. Artículo 59.— Ninguna persona natural o jurídica podrá obtener concesiones del patrimonio forestal del Estado, en cantidades superiores a las necesidades de materia prima que demuestre requerir. A esta cantidad se le descontará la materia prima que obtenga por abastecimiento propio o la que adquiera de terceras personas. Serán nulas de pleno derecho, las autorizaciones que se obtengan, directamente o por medio de personas interpuestas, en contravención a lo dispuesto en este artículo. Quien infrinja lo dispuesto en este artículo pagará a la Dirección General Forestal el doble de lo adquirido, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en esta ley. SECCIÓN II Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada Artículo 60.— Únicamente se podrá llevar a cabo la eliminación o la tala de árboles, o el aprovechamiento del bosque o damas productos forestales, en terrenos de dominio particular, si se ha obtenido la respectiva autorización de la Dirección General Forestal, la que, previamente, en todo caso, deberá contar con el visto bueno de la municipalidad correspondiente, en lo que respecta al uso de caminos vecinales y preservación de las zonas protectoras. Artículo 61.— La corta y extracción de productos forestales en terrenos de aptitud forestal, deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones del respectivo plan de manejo. Cuando aquéllas se autoricen deberán seguirse las disposiciones reglamentarías o especiales que dicte la mencionada Dirección. Iguales condiciones regirán para la construcción de caminos y para el uso de estas vías. Artículo 62.— La Dirección General Forestal podrá prohibir el uso de determinado equipo o maquinaria en faenas de corta, - extracción, transporte y transformación primaria cuando, a juicio de esta Dirección, su utilización afecte la regeneración del recurso forestal o alguno de sus otros usos o beneficios. Artículo 63.— Los propietarios privados de bosques y terrenos forestales que voluntariamente deseen acogerse al régimen forestal, deberán solicitarlo 'a la Dirección General Forestal, la cual, sí procediere, los inscribirá en un registro especial que llevará al efecto, una vez cumplidos los requisitos reglamentarios. Estos bosques sólo podrán aprovecharse mediante un plan de manejo, cuya preparación correrá por cuenta del interesado. Los bosques y terrenos forestales sometidos voluntariamente al" régimen forestal e inscritos por la Dirección General Forestal, estarán exentos del pago del impuesto territorial y del de tierras incultas que se establece en la Ley de Tierras y Colonización, Nº 2825 del 14 de octubre de 1961. Artículo 64.— Los bosques y terrenos forestales acogidos al régimen forestal estarán sujetos a las inspecciones de la Dirección General Forestal. Artículo 65.— Los bosques y terrenos forestales de propiedad privada, que la Dirección General Forestal considere indispensables para cumplir las finalidades de esta ley, quedarán sometidos obligatoriamente al régimen forestal. El Poder Ejecutivo, mediante decreto, determinará en cada caso las áreas afectadas. CAPÍTULO II De la protección forestal Artículo 66.— Corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio de la Dirección General Forestal, velar por la protección y conservación de todos los bosques y terrenos forestales. Para el cumplimiento de esta misión prioritaria, este Ministerio podrá formular programas de actuación, tendentes a instaurar las medidas necesarias en resguardo de la integridad de los recursos forestales del país. Artículo 67.— La Guardia de Asistencia Rural deberá desalojar a las personas que invadan inmuebles sometidos voluntariamente al régimen forestal, previa solicitud por escrito de la Dirección General Forestal. La intervención de la Dirección General Forestal será requerida por el propietario del terreno o plantación afectada, su representante o cualquier otro interesado. La Dirección tendrá la obligación de actuar de inmediato. En caso de reincidencia, el desalojo lo podrá solicitar a la Guardia de Asistencia Rural directamente el propietario del terreno, el representante o cualquier otro interesado, sin necesidad de recurrir a la Dirección General Forestal. En ambas circunstancias, la Guardia de Asistencia Rural dispondrá de un plazo máximo de cinco días para ejecutar el desalojo. Deberá presentar las respectivas denuncias ante los Tribunales competentes. Se exceptúan de esta norma los casos de desalojo que se encuentren actualmente en conocimiento de las autoridades judiciales. Artículo 68.— Se declaran zonas protectoras: 1) Las áreas que bordeen manantiales que nacen el cerros, en un radio de doscientos metros, y de cien metros si los manantiales nacen en terrenos planos. 2) Una zona mínima de diez metros a ambos lados en la ribera de todos los ríos, quebradas o arroyos, permanentes o no, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales si el terreno es quebrado. 3) Una zona de hasta cien metros en la ribera de los lagos, embalses naturales y artificiales. 4) Las áreas de recarga acuífera de los manantiales en que sus aguas sean utilizadas para consumo humano. Artículo 69.— Las disposiciones del artículo anterior regirán, tanto para los terrenos de dominio particular, como para los del Estado y demás organismos de la Administración Pública. Artículo 70.— En general, los bosques y terrenos forestales declarados zonas protectoras, por disposición de leyes o decretos ejecutivos, están sometidos obligatoriamente al régimen forestal y gozarán de sus beneficios. En consecuencia, queda prohibido efectuar en ellos labores agropecuarias o eliminar la vegetación, salvo en los casos que, con sujeción a las normas técnicas, determine la Dirección General Forestal. Artículo 71.— El pastoreo en bosques y terrenos forestales se realizará de forma que sea compatible con su conservación y mejora. Podrá llegar a prohibirse si resultare incompatible con la conservación de dichos bosques y terrenos forestales. Artículo 72.— Los propietarios de los animales que se introduzcan en áreas en regeneración natural o plantación, serán responsables por los danos que esos animales causen en esas áreas, sin perjuicio de otras sanciones . Artículo 73.— Se declaran de interés público todas las actuaciones que se emprendan a fin de prevenir y extinguir los incendios forestales. Las medidas que se tomen serán vinculantes para todas las autoridades del país, de acuerdo con lo que disponga el reglamento de esta ley. Artículo 74.— Se consideran incendios forestales todos aquellos que, natural o artificialmente, afecten los bosques y terrenos forestales del país regulados por esta ley. Artículo 75.— Compete al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio de la Dirección General Forestal, ordenar y encauzar todas las acciones que tengan por objeto la prevención de los incendios forestales. Artículo 76.— Las medidas restauradoras que se adopten como consecuencia de los incendios forestales que hayan destruido la riqueza forestal, serán reguladas en un plan especial y urgentes que al efecto se elaborará. Artículo 77.— Ninguna persona podrá realizar quemas en bosques y terrenos forestales sin haber obtenido la autorización de la Dirección General Forestal. Artículo 78.— Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal, deberá dar cuenta del hecho a la autoridad de policía más cercana, la cual estará facultada para organizar brigadas contra incendio, y para exigir la colaboración de los particulares y de los organismos de la Administración Pública. Artículo 79.— La Dirección General Forestal podrá conceder asistencia técnica a los propietarios que realicen los trabajos necesarios para la extinción de las plagas. En caso de que el propietario no actúe directamente, la Dirección General Forestal lo hará. Los gastos en que incurra la Dirección correrán a cargo de dichos propietarios. Artículo 80.— La Dirección General Forestal deberá verificar y controlar el estado sanitario de las semillas y demás productos forestales. Artículo 81.— Las oficinas de telégrafos, teléfonos, radioemisoras, televisoras o cualquier otro medio de comunicación, deberán transmitir de urgencia, sin costo alguno, a solicitud de la Dirección General Forestal, la información necesaria para combatir incendios forestales, plagas y enfermedades forestales, o bien, para prevenir la entrada de éstas al país. CAPÍTULO III De los incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular Artículo 82.— Créase el certificado de abono forestal, el cual será confeccionado, expedido y suscrito por la Dirección General Forestal, por el valor de las inversiones realizadas anualmente en un inmueble de aptitud forestal —o parte de éste—, de dominio particular, sometido voluntariamente al régimen forestal, con estricto acatamiento al respectivo plan de manejo forestal, una vez firmado el contrato correspondiente con el Estado, el que estará representado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería . Quedan excluidas de la anterior disposición las parcelas dedicadas a la recreación y las segregaciones en que, de acuerdo con el criterio de la citada Dirección, se contravengan los propósitos del respectivo plan de manejo, así como las plantaciones de especies frutales o, en general, cuando el fin principal no sea la utilización de la madera. Los certificados de abono forestal son títulos valores nominativos que podrán ser negociados o utilizados para pagar todo tipo de impuestos, tasas, nacionales y municipales, o cualquier otro tributo. Si en los inmuebles de dominio privado en que se vaya a realizar un proyecto de reforestación, acogido a los incentivos fiscales, existen manantiales, ríos o quebradas que no estén cubiertos de vegetación en la superficie, o dentro de áreas consideradas en esta ley como zonas protectoras, el respectivo plan técnico de manejo forestal deberá contemplar primero la reforestación de dichas áreas, independientemente de las hectáreas que se vayan a plantar luego. Artículo 83.— Los certificados de abono forestal los entregará la Dirección General Forestal a solicitud del interesado, previa comprobación del eficiente cumplimiento del plan de manejo forestal por parte de los técnicos, quienes, en cada caso, tendrán que rendir el informe correspondiente. No obstante lo anterior, la Dirección General Forestal, también a requerimiento del interesado, podrá, en casos justificados, extender certificados por adelantado, posteriormente a que la misma Dirección haya aprobado las inversiones por realizar, previa garantía que deberá rendir el interesado, a satisfacción de la Dirección General Forestal y de la Dirección General de la Tributación Directa. Artículo 84.— Los gastos en que incurra la Dirección como consecuencia de las inspecciones de campo, para efectos de la aprobación del respectivo plan de manejo y para el posterior seguimiento, correrán por Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/7032). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.