Costa Rica aprobó el castigo internacional del apartheid
La Ley 7041 aprueba una convención de la ONU que declara el apartheid crimen de lesa humanidad y obliga a Costa Rica a castigarlo.
Título oficial LEY NO. 7041 DE 8 DE JULIO DE 1986 (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: "APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESIÓN Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID")
A quién le toca
- Los particulares que cometan los actos del artículo II del convenio
- Los miembros de organizaciones e instituciones que cometan esos actos
- Los representantes del Estado que cometan esos actos
- El Estado costarricense, obligado a adoptar medidas legislativas
A quién beneficia
- Las personas de grupos raciales oprimidos quedan protegidas por la declaratoria de crimen de lesa humanidad
- El convenio permite juzgar a los responsables en cualquier Estado Parte
Qué cambia
- El apartheid se declara crimen de lesa humanidad
- Los actos del artículo II no se consideran delitos políticos para efectos de extradición
- Costa Rica debe presentar informes periódicos a la ONU
- Costa Rica debe aceptar las decisiones del Consejo de Seguridad sobre este tema
La explicación completa
Qué cambia
La Ley 7041 aprueba la Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid (art. 1). El artículo 2 de la ley dice que rige a partir de su publicación (art. 2).
El texto aprobado declara que el apartheid es un crimen de lesa humanidad (art. 1). También declara criminales a las organizaciones, instituciones y particulares que cometen ese crimen.
La convención define el "crimen de apartheid" en su artículo II. Incluye actos como el asesinato de miembros de un grupo racial, la tortura y la detención arbitraria (art. 1). También incluye impedir que un grupo racial participe en la vida política, social, económica y cultural del país.
El artículo III del convenio considera criminalmente responsables a los particulares, a los miembros de organizaciones e instituciones y a los representantes del Estado que cometan esos actos (art. 1).
El artículo IV obliga a los Estados Partes a adoptar medidas legislativas para castigar a los culpables (art. 1). También los obliga a perseguir y enjuiciar a los responsables, sin importar dónde residan.
El artículo V permite que las personas acusadas sean juzgadas por un tribunal competente de cualquier Estado Parte (art. 1).
El artículo VI obliga a los Estados Partes a aceptar las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este tema (art. 1).
El artículo VII obliga a presentar informes periódicos sobre las medidas adoptadas (art. 1).
El artículo XI dice que estos actos no se consideran delitos políticos para efectos de la extradición (art. 1).
A quién le toca
A los particulares que cometan los actos del artículo II del convenio. El artículo III los declara criminalmente responsables (art. 1).
A los miembros de organizaciones e instituciones que cometan esos actos. El artículo III también los declara responsables (art. 1).
A los representantes del Estado que cometan esos actos. El artículo III los incluye entre los responsables (art. 1).
Al Estado costarricense. El artículo IV lo obliga a adoptar medidas legislativas para castigar el crimen de apartheid (art. 1).
Cómo está hoy según SINALEVI
La ley está vigente. SINALEVI muestra la versión 2 de 2 2.
La Procuraduría General de la República anota que la ley aprueba la Convención Internacional sobre la represión y el Castigo del crimen de Apartheid 2.
SINALEVI también registra que sobre este tema ya se había aprobado la Ley que prohíbe el Comercio con África del Sur, Nº 4015 de 9 de diciembre de 1967 2.
Hay una nota sobre la Ley Nº 7138 de 16 de noviembre de 1989. Su artículo 46.15 indica erróneamente que reforma el inciso 4 del artículo 17 de esta ley 2. Según la nota, se trata de una reforma al presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social.
Frente a la Constitución
El artículo 7 de la Constitución dice que los tratados aprobados por la Asamblea Legislativa tienen autoridad superior a las leyes Constitución, art. 7. Esta ley aprueba un tratado, así que calza con ese artículo.
El artículo 121, inciso 4, de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la atribución de aprobar o improbar los convenios internacionales Constitución, art. 121. La ley se aprobó por esa vía.
El artículo 33 de la Constitución dice que toda persona es igual ante la ley y que no se puede practicar discriminación contraria a la dignidad humana Constitución, art. 33. El convenio busca castigar la discriminación racial extrema, así que va en la misma dirección.
El artículo 35 de la Constitución dice que nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso Constitución, art. 35. El artículo V del convenio permite juzgar a una persona en cualquier Estado Parte (art. 1). El Censo no encontró un choque directo, pero la aplicación de ese artículo podría generar dudas.
El artículo 36 de la Constitución protege a nadie de declarar contra sí mismo Constitución, art. 36. El convenio no obliga a declarar, así que no se ve choque.
Qué puede hacer usted
Si un acto concreto de una autoridad pública viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo guía, p. 22.
El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio guía, p. 22.
Puede presentarlo en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos guía, p. 22.
Si considera que una ley o disposición general infringe la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad guía, p. 24.
La acción procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional guía, p. 24.
También procede cuando en la aprobación de convenios internacionales se haya infringido una norma o principio constitucional guía, p. 24.
Para presentar la acción de inconstitucionalidad, por regla general debe existir un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en la vía administrativa guía, p. 24.
Si quiere proponer una reforma a esta ley, puede usar la iniciativa popular. Consiste en presentar un proyecto de ley respaldado por firmas ciudadanas guía, p. 26.
La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto guía, p. 26.
Si una institución pública le causa un perjuicio con su mal funcionamiento, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes guía, p. 71.
Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar esa queja guía, p. 71.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuántas personas han sido juzgadas en Costa Rica por este convenio.
El dossier no incluye el texto de la Ley Nº 4015 de 1967 sobre el comercio con África del Sur.
El dossier no explica qué pasó con la nota sobre la Ley Nº 7138 de 1989.
Estado en SINALEVI
VigenteVersión de la norma: 2 de 2Ver en SINALEVI
Aprueba Convención Internacional sobre la represión y el Castigo del crimen de Apartheid. Sobre este tema ya se había aprobado la Ley que prohibe el Comercio con Africa del Sur, Nº 4015 de 9 de diciembre de 1967. NOTA: La Ley Nº 7138 de 16 de noviembre de 1989, en su artícu- lo 46.15, indica erróneamente que reforma expresamente el inciso 4 del artículo 17 de la presente por tratarse de una reforma al presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
La ley calza con el artículo 7 y el artículo 121 sobre aprobación de tratados. El artículo V del convenio, que permite juzgar en cualquier Estado Parte, podría generar dudas frente al artículo 35 sobre tribunales establecidos.
Constitución, art. 7"Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes."
Esta ley, art. 1"Apruébese la Convención internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid"
Sin choque aparente La ley aprueba un tratado. La Constitución dice que los tratados aprobados por la Asamblea tienen autoridad superior a las leyes. Calza.
Constitución, art. 121"Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos."
Esta ley, art. 1"Apruébese la Convención internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid"
Sin choque aparente La Asamblea Legislativa tiene la atribución de aprobar convenios internacionales. La ley se aprobó por esa vía.
Constitución, art. 33"Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana."
Esta ley, art. 1"Los Estados Partes en la presente Convención declaran que el apartheid es un crimen de lesa humanidad"
Sin choque aparente El convenio busca castigar la discriminación racial extrema. Va en la misma dirección que la Constitución.
Constitución, art. 35"Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución."
Esta ley, art. 1"Las personas acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención podrán ser juzgadas por un tribunal competente de cualquier Estado Parte en la Convención que tenga jurisdicción sobre esas personas"
Hay dudas El convenio permite juzgar a una persona en cualquier Estado Parte. La Constitución exige tribunales establecidos según ella. El Censo no encontró un choque directo, pero la aplicación podría generar dudas.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 7041: LEY NO. 7041 DE 8 DE JULIO DE 1986 (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: "APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESIÓN Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID")
- Ley 7041 en SINALEVI: Convenio sobre Represión y Castigo del Apartheid (Vigente, Versión de la norma: 2 de 2)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
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Ley 7041
Convenio sobre Represión y Castigo del Apartheid
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Artículo 1º.- Apruébese la Convención internacional sobre la Represión
y el Castigo del Crimen de Apartheid, cuyo texto es el siguiente:
"CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESION
Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID
LOS ESTADOS PARTES EN LA PRESENTE CONVENCION,
RECORDANDO las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en
virtud de la cual todos los Miembros de han comprometido a tomar medidas
conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para lograr
el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión, y la efectividad de tales derechos y libertades,
CONSIDERANDO la Declaración Universal de Derechos Humanos, que
proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en
la Declaración, sin distinción alguna, en particular de raza, color u
origen nacional.
CONSIDERANDO la Declaración sobre la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales, en la que la Asamblea General señala que
el proceso de liberación es irresistible y que, en pro de la dignidad
humana, del proceso y de la justicia, es preciso, poner fin al colonialismo
y a todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan.
OBSERVANDO que, conforme con la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación racial y el apartheid y
se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar todas las prácticas de esa
naturaleza en los territorios bajo su jurisdicción.
OBSERVANDO que en la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio ciertos que pueden calificarse también de actos de
apartheid constituyen un delito de derecho internacional.
OBSERVANDO que, conforme con la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad. "Los actos inhumanos debidos a la política de apartheid" están
calificados de crímenes de lesa humanidad.
OBSERVANDO que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado
varias resoluciones en las que condenan la política y las prácticas de
apartheid como crímenes de lesa humanidad.
OBSERVANDO que el Consejo de Seguridad ha subrayado que el apartheid
en su intensificación y expansión constantes perturba y amenaza gravemente
la paz y la seguridad internacionales.
CONVENCIDOS de que una convención internacional sobre la represión y
el castigo del crimen de apartheid permitiría adoptar medidas más eficaces,
tanto en el plano internacional como en el nacional, con objeto de reprimir
y castigar el crimen de apartheid.
HAN CONVENIDO en lo siguiente:
ARTICULO I
1.-Los Estados Partes en la presente Convención declaran que el
apartheid es un crimen de lesa humanidad y que los actos inhumanos que
resultan de las políticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas
de segregación y discriminación racial que se definen en el artículo II de
la presente Convención son crímenes que violan los principios del derecho
internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas, y que constituyen una amenaza seria para la paz y la
seguridad internacionales.
2.-Los Estados Partes en la presente Convención declaran criminales
las organizaciones, las instituciones y los particulares que cometen el
crimen de apartheid.
ARTICULO II
A los fines de la presente Convención, la expresión "crimen de
apartheid," que incluirá las políticas y prácticas análogas de segregación
y discriminación racial tal como se practican en el Africa Meridional,
denotará los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de instituir
y mantener la dominación de un grupo racial de personas y de oprimirlo
sistemáticamente:
a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales
del derecho a la vida y la libertad de la persona:
i) Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;
ii) Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la
libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales o su
sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes;
iii) Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los
miembros de uno o más grupos raciales;
b) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o
parcial;
c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a
impedir a uno a más grupos raciales la participación en la vida política,
social, económica y cultural del país y a crear deliberadamente condiciones
que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial
denegando a los miembros de uno o más grupos raciales los derechos humanos
y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a
formar asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la educación, el
derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el derecho a una
nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia, el
derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la libertad
de reunión y de asociación pacífica;
d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo,
destinadas a dividir la población según criterios raciales, creando
reservas y ghetos separados para los miembros de uno o más grupos
raciales, prohibiendo los matrimonios mixtos entre miembros de distintos
grupos raciales y o a miembros de los mismos;
e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos
raciales en especial sometiéndolos a trabajo forzoso;
f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al
apartheid privándolos de derechos y libertades fundamentales.
ARTICULO III
Se considerarán criminalmente responsables en el plano internacional,
cualquiera que sea el móvil, los particulares, los miembros de las
organizaciones e instituciones y los representantes del Estado, tanto si
residen en el territorio del Estado en que se perpetren los actos como en
cualquier otro Estado, que:
a) Cometan los actos enumerados en el artículo II de la presente
Convención, o que participen en su comisión, al inciten directamente o se
confabulen para ella;
b) Alienten o estimulen directamente la comisión del crimen de
apartheid o cooperen directamente en ella.
ARTICULO IV
Los Estados Partes en la presente Convención se obligan:
a) A adoptar las medidas legislativas o de otro orden que sean
necesarias para reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las
políticas segregacionistas similares o sus manifestaciones y para castigar
a las personas culpables de tal crimen;
b) A adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para
perseguir, enjuiciar y castigar conforme con su jurisdicción a las personas
responsables o acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la
presente Convención, independientemente de que tales personas residan en
el territorio del Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales
de ese Estado o de algún otro Estado o sean personas apátridas.
ARTICULO V
Las personas acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la
presente Convención podrán ser juzgadas por un tribunal competente de
cualquier Estado Parte en la Convención que tenga jurisdicción sobre esas
personas, o por cualquier tribunal penal internacional que sea competente
respecto a los Estados Partes que hayan reconocido su jurisdicción.
ARTICULO VI
Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a aceptar y
cumplir con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas las decisiones
adoptadas por el Consejo de Seguridad encaminadas a prevenir, reprimir y
castigar el crimen de apartheid así como a cooperar en la ejecución de las
decisiones que adopten otros órganos competentes de las Naciones Unidas con
miras a la realización de los propósitos de la Convención.
ARTICULO VII
1.- Los Estados Partes en al presente Convención se obligan a
presentar periódicamente informes al grupo establecido con arreglo al
artículo IX sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o
de otro orden que hayan adoptado para poner en práctica las disposiciones
de la Convención.
2.- Por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas se
transmitirán copias de esos informes al Comité Especial del Apartheid.
ARTICULO VIII
Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir a cualquier
órgano competente de las Naciones Unidas que adopte, de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas, todas las medidas que considere
indispensables para la prevención y represión del crimen de apartheid.
ARTICULO IX
1.- El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos nombrará un grupo
compuesto de tres miembros de dicha Comisión, que sean al mismo tiempo
representantes de Estados Partes en al presente Convención, el cual se
encargará de examinar los informes presentados por los Estados Partes con
arreglo al artículo VII.
2.- En caso de que entre los miembros de la Comisión de Derechos
Humanos no figuren representantes de Estados Partes en la presente
Convención o sean menos de tres, el Secretario General de las Naciones
Unidad nombrará previa consulta con todos los Estados Partes en la
Convención, a uno o más representantes de Estados Partes en la Convención
que no sean miembros de la Comisión de Derechos Humanos para que participen
en los trabajos del grupo constituido con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo, basta que sean elegidos miembros de la
Comisión de Derechos Humanos representantes de Estados Partes en la
Convención.
3.- Dicho grupo podrá reunirse para examinar los informes presentados
con arreglo a lo dispuesto en el artículo VII por un período no mayor de
cinco días antes o después de los períodos de sesiones de Comisión de
Derechos Humanos.
ARTICULO X
1.- Los Estados Partes en la presente Convención autorizan a la
Comisión de Derechos Humanos para que:
a) Pida a los órganos de las Naciones Unidas que cuando transmitan
copias de las peticiones previstas en el artículo 15 de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación
Racial, señalen a su atención las denuncias relativas con los actos
enumerados en el artículo II de la presente Convención;
b) Prepare, sobre la base de los informes de los órganos competentes
de las Naciones Unidas y de los informes periódicos de los Estados Partes
en la presente Convención, una lista de los particulares, organizaciones,
instituciones y representantes de Estados que se presuman responsables de
los crímenes enumerados en el artículo II, así como de aquellos contra
quienes los Estados Partes en la Convención hayan incoado procedimientos
judiciales;
c) Solicite a los órganos competentes de las Naciones Unidas
información acerca de las medidas adoptadas por las autoridades encargadas
de la administración de los territorios en fideicomiso y no autónomos y de
todos los demás territorios a que se refiere la resolución 1514 (XV), de 14
de diciembre de 1960, de la Asamblea General, con respecto a los
particulares que se presuman responsables de crímenes enumerados en el
artículo II de la presente Convención y que se crea a hallan bajo su
jurisdicción territorial y administrativa.
2.- En tanto no se logren los objetivos de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida
en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, las disposiciones de la
presente Convención no limitarán de manera alguna el derecho de petición
concedido a esos pueblos por otros instrumentos internacionales o por las
Naciones Unidas y sus organismos especializados.
ARTICULO XI
1.- Los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención
no se reputarán delitos políticos para los efectos de la extradición.
2.- Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen en tal
caso a conceder la extradición conforme con su legislación y a los tratados
vigentes.
ARTICULO XII
Toda controversia entre los Estados Partes relativa a la
interpretación, la aplicación o la ejecución de la presente Convención que
no haya sido resuelta mediante negociaciones se someterá, a instancia de
los Estados Partes en la controversia, a la Corte Internacional de
Justicia, a menos que las Partes hayan convenido en otro medio de arreglo.
ARTICULO XIII
La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados.
Cualquier Estado que no firmase la Convención antes de su entrada en vigor
podrá adherirse a ella.
ARTICULO XIV
1.- La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en poder Secretario General de las Naciones
Unidas.
2.- La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO XV
1.- La presente Convención entrará en vigor e trigésimo día después de
la fecha en que se haya depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2.- Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera
a ella después de haberse depositado el vigésimo instrumento de
ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día
después de la fecha del depósito de su propio instrumento de ratificación o
de adhesión.
ARTICULO XVI
Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante
notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas. Las denuncia surtirá efectos un año después de la fecha de
recepción de la notificación por el Secretario General.
ARTICULO XVII
1.- Todo Estado Parte en la presente Convención podrá solicitar en
cualquier momento la revisión de la misma mediante notificación por escrito
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2.- La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas
que, en su caso, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.
ARTICULO XVIII
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los
Estados los siguientes datos:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículo
XIII y XIV;
b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo
al artículo XV;
c) Las denuncias hechas con arreglo al artículo XVI;
d) Las notificaciones hechas con arreglo al artículo XVII.
ARTICULO XIX
1.- La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en los archivos de
las Naciones Unidas.
2.- El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias
certificadas de la presente Convención a todos los Estados."
Artículo 2º.- Rige a partir de su publicación.