La ley que ratificó el convenio del atún ya no rige en Costa Rica
La Ley 7042 ratificó un convenio de pesca de atún que la Sala Constitucional anuló en 1995, pero Costa Rica nunca lo denunció formalmente.
Título oficial LEY NO. 7042 DE 11 DE AGOSTO DE 1986 (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: "RATIFICACIÓN DEL CONVENIO PARA LA PESCA DEL ATÚN EN EL OCÉANO PACÍFICO, SUSCRITO EN SAN JOSÉ, EL 15 DE MAYO DE 1983")
Atención: SINALEVI marca el convenio como derogado, pero la PGR advierte que Costa Rica nunca lo denunció y que sigue vigente bajo el artículo 27 de la Convención de Viena.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Embarcaciones atuneras de bandera nacional mayores de 200 toneladas netas de registro
El artículo 2 devolvía el dinero de la licencia solo a esas naves, y solo si pescaban exclusivamente en aguas jurisdiccionales de Costa Rica.
A las embarcaciones atuneras mayores de doscientas toneladas netas de registro, que sean de bandera nacional y que soliciten permiso para pescar exclusivamente en aguas jurisdiccionales de Costa Rica, les será reintegrado, sobre una base anual, a partir del momento en que se haga la liquidación respectiva, el monto de lo que hayan pagado por concepto de licencia.
2, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- A los dueños de barcos atuneros que pescaban bajo el convenio del Océano Pacífico Oriental.
- A las embarcaciones atuneras de bandera nacional mayores de 200 toneladas netas de registro.
- A los barcos extranjeros de Estados que no eran miembros del convenio y pescaban en aguas jurisdiccionales de Costa Rica.
- A la Municipalidad del cantón central de Puntarenas y al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.
A quién beneficia
- Las embarcaciones de bandera nacional mayores de 200 toneladas netas de registro recibían de vuelta el dinero de la licencia si pescaban solo en aguas jurisdiccionales de Costa Rica.
- La Municipalidad de Puntarenas podía gestionar ante la CIAT un laboratorio de túnidos junto con la Universidad Nacional.
- El INCOP y la Municipalidad de Puntarenas podían promover plantas empacadoras de atún bajo el régimen de zonas francas.
Qué cambia
- La Sala Constitucional anuló el convenio en 1995, pero Costa Rica no lo denunció formalmente.
- Según la PGR, el convenio sigue vigente bajo el artículo 27 de la Convención de Viena.
- SINALEVI y el registro de la Asamblea muestran estados distintos sobre la misma ley.
- El artículo 6 de la ley obligaba al Gobierno a retirarse del convenio si en dos años no se firmaba un tratado permanente.
La explicación completa
Qué decía
La Ley 7042 ratificó un convenio para pescar atún en el Océano Pacífico Oriental. El convenio creaba un régimen interino de licencias para barcos atuneros en esa zona (art. 1).
El texto definía el "Área del Acuerdo" con coordenadas que van desde los 40 grados de latitud norte hasta los 30 grados de latitud sur (art. 1). Esa área excluía las 12 millas náuticas y las 200 millas náuticas de los Estados ribereños que no firmaron el convenio.
El convenio creaba un Consejo con un voto por cada Parte Contratante (art. 1). Ese Consejo expedía las licencias de pesca y fijaba la tarifa.
La tarifa base era de 60 dólares por tonelada neta de registro de la nave (art. 1). Podía subir hasta 100 dólares por tonelada si se sumaban más Estados ribereños.
El artículo 2 de la ley ordenaba devolver el dinero de la licencia a las embarcaciones atuneras de bandera nacional mayores de 200 toneladas netas de registro (art. 2). Esa devolución aplicaba solo si pescaban exclusivamente en aguas jurisdiccionales de Costa Rica.
El artículo 3 mantenía los permisos de pesca para barcos extranjeros de Estados que no eran miembros del convenio (art. 3). Esos permisos seguían las leyes 5775 y 6267.
El artículo 4 aplicaba a las naves de los Estados del convenio las mismas sanciones del artículo 6 de la ley 6267 (art. 4). Esas sanciones incluían el delito de piratería y una multa de cien pesos centroamericanos por tonelada neta de registro 2.
El artículo 6 obligaba al Gobierno a retirarse del convenio si en dos años no se firmaba un tratado permanente (art. 6). El artículo 7 exigía que ese tratado permanente pasara por la Asamblea Legislativa (art. 7).
Qué la reemplazó
El dossier no dice qué ley sustituyó a la Ley 7042. SINALEVI solo registra que el convenio quedó derogado 3.
La Ley 7042 sigue apareciendo como vigente en el registro de la Asamblea 1. SINALEVI, en cambio, la marca como derogada 3.
Cómo está hoy según SINALEVI
SINALEVI registra el convenio como derogado, en su versión 2 de 2 3. La Sala Constitucional lo declaró anulado mediante el Voto 5755-95 del 24 de octubre de 1995.
La Procuraduría General de la República advierte algo distinto en sus observaciones. Costa Rica no ha hecho la denuncia formal del acuerdo 3.
Por eso, según la PGR, el convenio sigue vigente bajo el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 3. Ese artículo impide alegar el derecho interno para incumplir una obligación internacional.
El resultado es que SINALEVI muestra dos estados a la vez. La ficha dice "Derogado" 3. La observación de la PGR dice que está "VIGENTE".
Frente a la Constitución
El artículo 6 de la Constitución da al Estado soberanía completa en sus aguas territoriales hasta 12 millas Constitución, art. 6. También le da jurisdicción especial sobre los mares adyacentes hasta 200 millas.
El convenio excluía de su Área del Acuerdo las 200 millas de los Estados ribereños que no eran Parte Contratante (art. 1). Esa exclusión calza con la jurisdicción especial que reconoce el artículo 6 Constitución, art. 6.
El artículo 121 de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la potestad exclusiva de aprobar o improbar los convenios internacionales Constitución, art. 121. La Ley 7042 hizo exactamente eso al ratificar el convenio (art. 1).
El artículo 10 de la Constitución faculta a una Sala especializada de la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad de las normas Constitución, art. 10. La Sala Constitucional usó esa potestad en el Voto 5755-95 3.
El Censo no encontró un choque entre el texto de la Ley 7042 y los artículos de la Constitución del dossier. La anulación de 1995 vino de la Sala Constitucional, no de un choque que este dossier permita verificar 3.
Qué puede hacer usted
La ley ya no rige, así que las vías son las de una norma derogada. Si un acto concreto de una autoridad viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo guía, p. 22.
El amparo lo puede interponer cualquier persona guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o el órgano que aparece como presunto autor del agravio.
El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación guía, p. 22. También hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos.
Si lo que quiere es atacar una norma general, la vía es la acción de inconstitucionalidad guía, p. 24. Esa acción cabe contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan la Constitución.
La acción de inconstitucionalidad también cabe cuando en la aprobación de un convenio internacional se infringió una norma constitucional guía, p. 24. En ese caso la Sala ordena la desaplicación y se procede a la denuncia.
Si el problema es el manejo de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República guía, p. 68. La denuncia se presenta de forma escrita o verbal.
Puede llamar a los teléfonos 2501-8000 o 2501-8025 del Área de Denuncias e Investigaciones guía, p. 68. También puede usar el portal de denuncia electrónica o el correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.
Si una institución pública le falla en un servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo.
La Defensoría no puede investigar casos que estén esperando una resolución judicial guía, p. 71.
Si quiere proponer una reforma, existe la iniciativa popular guía, p. 26. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios.
La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto guía, p. 26.
Lo que no sabemos
El dossier no dice qué ley o convenio reemplazó a la Ley 7042.
El dossier no permite saber si Costa Rica hizo la denuncia formal del convenio después de 1995.
El dossier no incluye el texto del Voto 5755-95, solo la mención de SINALEVI.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
Estado en SINALEVI
DerogadoVersión de la norma: 2 de 2Ver en SINALEVI
VIGENCIA DEL CONVENIO: En vista de que la Sala Constitucional, mediante Voto 5755-95 de 24 de octubre de 1995, declaró ANULADO el presente Convenio, aparece la indicación de que se trata de NORMATIVA NO VIGENTE. Sin embargo, es menester indicar que nuestro país no ha procedido a la denuncia formal del Acuerdo. Por ello, de conformidad con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, está VIGENTE, lo cual impide alegar el derecho interno para incumplir una obligación internacional.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque entre el texto de la Ley 7042 y los artículos de la Constitución del dossier. La anulación de 1995 vino de la Sala Constitucional y este dossier no permite verificar sus motivos.
Constitución, art. 6"El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional. Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios."
Esta ley, art. 1"excluyendo las áreas dentro de las 12 millas náuticas medidas a partir de aquellas áreas dentro de las 200 millas náuticas medidas a partir de las líneas de base desde donde se mide la extensión del mar territorial de los Estados Ribereños que no sean Parte Contratante en este Convenio"
Sin choque aparente El convenio dejaba fuera de su área de pesca las 200 millas de los países ribereños que no lo firmaron. Eso respeta la jurisdicción especial que la Constitución reconoce sobre esas millas.
Constitución, art. 121"Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos."
Esta ley, art. 1"Ratifícase el Convenio para la pesca del atún en el Océano Pacífico Oriental, suscrito en San José, el 15 de marzo de 1983"
Sin choque aparente La Asamblea tiene la potestad exclusiva de aprobar convenios internacionales. La Ley 7042 hizo eso al ratificar el convenio del atún.
Constitución, art. 10"Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público."
Esta ley, art. 1"Ratifícase el Convenio para la pesca del atún en el Océano Pacífico Oriental"
Hay dudas La Sala Constitucional anuló el convenio en 1995 usando esta potestad. El dossier no incluye el texto del voto, así que no se puede verificar qué norma se consideró violada.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 7042: LEY NO. 7042 DE 11 DE AGOSTO DE 1986 (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: "RATIFICACIÓN DEL CONVENIO PARA LA PESCA DEL ATÚN EN EL OCÉANO PACÍFICO, SUSCRITO EN SAN JOSÉ, EL 15 DE MAYO DE 1983")
- Ley 6267: Reforma Ley de Pesca por Barcos Bandera Extranjera en Mar Patrimonial (Vigente)
- Ley 7042 en SINALEVI: Convenio de Pesca del Atún en el Océano Pacífico Oriental(Sobre su Vigencia Ver Nota en OBSERVACIONES) (Derogado, Versión de la norma: 2 de 2)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
Ley 7042
Convenio de Pesca del Atún en el Océano Pacífico Oriental(Sobre su Vigencia Ver Nota en OBSERVACIONES)
-Usted está en la última versión de la norma-
Ir a la última versión
Anterior
Versión de la Norma: 2 de 2
Siguiente
(Derogado)
LEY Nº 7042
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio para la pesca del atún en el Océano Pacífico Oriental, suscrito en San José, el 15 de marzo de 1983, cuyo texto es el siguiente:
" CONVENIO PARA LA PESCA DEL ATÚN EN EL OCÉANO PACÍFICO ORIENTAL
Las Partes contratantes en este Convenio: RESUELTAS a cooperar con el propósito de asegurar la conservación y el uso racional de los recursos atuneros en el Océano Pacífico Oriental; TENIENDO presente que los túnidos cubren una amplia área que en el Océano Pacífico Oriental incluye zonas jurisdiccionales de diversa índole declaradas por los Estados Ribereños, así como una considerable porción de los mares donde los Estados Ribereños no ejercen ninguna jurisdicción; RECONOCIENDO que un régimen de conservación para el atún en el Océano Pacífico Oriental no puede ser eficaz ni equitativo a menos que sea integral y cuente con la participación de todos aquellos Estados que pescan atún en dicha región en escala significativa, en relación a las necesidades de conservación; CONVENCIDAS que en tanto no entre en vigencia un sistema regional integral para la conservación del atún, es esencial establecer un régimen interino que tome en cuenta no sólo las zonas jurisdiccionales declaradas por numerosos Estados Ribereños del Océano Pacífico Oriental, sino también el carácter altamente migratorio del atún,
ACUERDAN LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO I
Las Partes Contratantes acuerdan establecer un régimen interino para la administración de las actividades de pesca de los barcos atuneros en el Océano Pacífico Oriental, basado en un esquema de otorgamiento de licencias en la región que garantice la explotación de los recursos y el acceso equitativo a las áreas de pesca.
ARTÍCULO II
Las Partes Contratantes convienen, para los propósitos de este Convenio entender por:
A.- "Estados Ribereños": aquellos que limitan con el área descrita en el Apartado B de este artículo. B.- "Área del Acuerdo": la comprendida desde el punto en tierra firme donde el paralelo de los 40 N de latitud cruza la costa, hacia el oeste a lo largo del paralelo de los 40 N de latitud hasta el punto 40 N por 125 W de longitud; de ahí hacia el sur a lo largo del meridiano de los 125 W de longitud hasta el punto de los 20 N de latitud por 125 W de longitud; de ahí hacia el este a lo largo del paralelo de los 20 N de latitud hasta el punto de los 20 de latitud por 120 W de longitud; de ahí hacia el sur a lo largo del meridiano de los 120 W de longitud hasta el punto de los 5 N de latitud por 120 W de longitud; de ahí hacia el este a lo largo del paralelo de los 5 N de latitud hasta el punto de los 5 N de latitud por 110 W de longitud; de ahí hacia el sur a lo largo del meridiano de los 110 W de longitud hasta el punto de los 10 S de latitud por los 110 W de longitud; de ahí hacia el este a lo largo del paralelo de los 10 S de latitud hasta el punto de los 10 S de latitud por 90 W de longitud; de ahí hacia el sur a lo largo de meridiano de los 90 W de longitud; hasta el punto de los 30 S de latitud por 90 W de longitud; de ahí hacia el este a lo largo del paralelo de los 30 S de latitud; hasta el punto en tierra en donde el paralelo cruza la costa, excluyendo las áreas dentro de las 12 millas náuticas medidas a partir de aquellas áreas dentro de las 200 millas náuticas medidas a partir de las líneas de base desde donde se mide la extensión del mar territorial de los Estados Ribereños que no sean Parte Contratante en este Convenio. El Área del Acuerdo podrá ser ajustada de conformidad con las disposiciones del Artículo III(B). C.- Las especies de atún contempladas en este Acuerdo son las siguientes: atún aleta amarilla, Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788); patudo, Thunnus obesus (Lowe,1839); atún blanco, Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788); atún aleta azul del norte, Thunnus Thynnus (Linnaeus, 1758); atún aleta azul del sur, Thunnus maccoyii (Castelnau, 1872); barrilete, Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758); barrilete negro, Euthynnus lineatus (Kishinouye, 1920) bacoreta oriental, Euthynnus affinis (Cantor, 1849); Auxis ochei (Risso, 1810); melva, Auxis Thazard (Lacepede, 1800); bonito del Pacífico Oriental, Sarda Chiliensis (Cuvier in Cuvier y Valenciennes, 1831); y bonito del Indo-Pacífico, Sarda Orientalis (Temminck and Shclegel, 1844).
ARTÍCULO III
A.- Las Partes Contratantes acuerdan establecer un Consejo para la ejecución de este Convenio. El Consejo estará integrado por representantesde las Partes Contratantes que sean Estados Ribereños o que pertenezcan a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) en el momento en que éste Convenio entre en vigor. Cada una de estas últimas Partes Contratantes podrá designar un representante propietario y hasta tres representantes alternos ante el Consejo, pero cada Parte tendrá derecho a un sólo voto. Todas las disposiciones del Consejo se tomarán por acuerdo unánime de las Partes Contratantes presentes en la respectiva votación, siempre y cuando se encuentren representadas un mínimo de cinco Partes Contratantes.
B.- El Consejo tendrá autoridad para:
1.- Expedir licencias de acuerdo con el Artículo IV. 2.- Acreditar a la Autoridad Nacional que designe cualquier Parte Contratante para expedir las licencias de conformidad con este Convenio. 3.- Nombrar un Director y proveer los recursos para pagar sus servicios, así como los del personal que sea requerido, mediante contrato u otro tipo de arreglo. 4.- Aprobar el proyecto de presupuesto, que deberá ser sometido anualmente a su conocimiento por el Director. 5.- Autorizar al Director para solicitar y utilizar los servicios y recursos de cualquier agencia u organismo internacional competente. 6.- Fijar la tarifa para las licencias, dentro de los límites determinados en el Protocolo de este Convenio. 7.- Reintegrar anualmente los ingresos recaudados por concepto de emisión de licencias, de acuerdo con el Protocolo de este Convenio. 8.- Requerir informes de cualquier agencia u organismo internacional competente sobre el estado de las poblaciones de atún en el Área del Acuerdo y tomar en consideración dichos informes para promover el establecimiento de un régimen integral de conservación del atún que incluya a todos los Estados que pescan este recurso en el Océano Pacífico Oriental en una escala significativa en relación con las necesidades de conservación. 9.- Establecer regulaciones para una ejecución más efectiva de este Convenio. 10.- Ajustar los límites del Área del Acuerdo de conformidad con las recomendaciones del Director.
C.- Cuando el Consejo decida, con fundamento en los datos científicos contenidos en un informe preparado por una agencia u organismo internacional competente, que hay necesidad urgente de conservar los recursos atuneros las Partes Contratantes consultarán al respecto entre sí y con otros Estados que no sean Partes Contratantes que pesquen atún a escala significativa en el Océano Pacífico Oriental, en relación con los requerimientos de conservación.
D.- Además de las acciones adoptadas de conformidad con el párrafo C), en el momento en que las Partes Contratantes sean todos los Estados que pesquen atún en el Océano Pacífico Oriental a escala significativa en relación con las necesidades de conservación y en tanto se adopta un sistema regional integral para la conservación en el que participen dichos Estados, el Consejo podrá adoptar recomendaciones temporales respecto a la conservación del recurso atunero. Dichas recomendaciones deberán estar basadas en los informes mencionados en el párrafo B) 8) y deberán ser congruentes y no sobrepasar las obligaciones que haya adquirido cualquier Parte Contratante en virtud de cualquier acuerdo multilateral pertinente de conservación.
E.- El Consejo se reunirá ordinariamente una vez al año y extraordinariamente a solicitud del Director o de representantes de dos Partes Contratantes. F.- El Director cumplirá con las obligaciones establecidas por este Convenio y las que determine el Consejo, ante el cual será responsable. G.- Las Partes Contratantes solicitarán a sus barcos con licencia que cooperen con cualquier agencia u organismo internacional competente, para facilitar la recopilación de información pertinente. H.- Cualquier potestad no expresamente atribuida al Consejo queda reservada a las Partes Contratantes.
ARTÍCULO IV
A.- Las Partes Contratantes convienen en la emisión de licencias que permitan el acceso a la pesca en el Área de Acuerdo. La autoridad para expedir las licencias corresponde al Consejo. B.- Las Partes Contratantes convienen en que para pescar en el Área del Acuerdo, cualesquiera de las especies de atún descritas en el Artículo II, los barcos con bandera de cualquier Parte Contratante deberán tener una licencia válida, expedida de conformidad con el presente Convenio. C.- El monto de las licencias será establecido de conformidad con las disposiciones previstas en el Protocolo de este Convenio. D.- El Consejo, utilizando los servicios del Director o de la Autoridad Nacional designada, expedirá licencias directamente a los dueños de barcos de bandera de las Partes Contratantes o a sus representantes, de conformidad con el Protocolo de este Convenio.
ARTÍCULO V
Una Parte Contratante podrá obligar a utilizar los servicios de su Autoridad Nacional acreditada por el Consejo, únicamente a aquellos barcos que enarbolen su propia bandera.
ARTÍCULO VI
A.- Las Partes Contratantes convienen en no prohibir la importación de atún y sus derivados provenientes de otra parte Contratante como consecuencia del ejercicio que haga esa Parte Contratante de acciones coactivas congruentes con este Instrumento, siempre y cuando dicha Parte actúe de conformidad con el Convenio. B.- Cada Parte Contratante adoptará, a la mayor brevedad, las disposiciones pertinentes en su legislación interna necesarias para que los barcos que enarbolen su propia bandera cumplan con las disposiciones de este Convenio y su Protocolo.
ARTÍCULO VII
Podrán ser Partes Contratantes de este Convenio: a) Los Estados Ribereños definidos en el Artículo II; o b) Los Estados miembros de la CIAT
ARTÍCULO VIII
Cualquier Estado no incluido en el Artículo VI podrá constituirse en Parte Contratante de este Convenio mediante adhesión, previa aprobación unánime del Consejo.
ARTÍCULO IX
Este Convenio entrará en vigor treinta días después de que un quinto Estado Ribereño haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. En el caso de que un Estado deposite su instrumento de ratificación o adhesión después de la entrada en vigor del Convenio, este Convenio entrará en vigor para dicho Estado treinta días después de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento respectivo.
ARTÍCULO X
Los instrumentos de ratificación o adhesión serán depositados ante el Gobierno de Costa Rica, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
ARTÍCULO XI
Si con posterioridad a la entrada en vigor de este Convenio, durante cualquier lapso participasen menos de cinco Estados Ribereños como Partes Contratantes, las estipulaciones del mismo no se aplicarán a las restantes Partes durante este lapso; sin que esto constituya causa de terminación del Convenio.
ARTÍCULO XII
Una Parte Contratante, después de transcurridos dos años de la fecha de entrada en vigor de este Convenio para dicha Parte, podrá retirarse mediante notificación por escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno de Costa Rica. Si dicha notificación fuese recibida por el Gobierno de Costa Rica a más tardar el 1º de octubre, el retiro será efectivo a partir del 31 de diciembre de ese año. Si la notificación fuere recibida después del 1º de octubre, el retiro será efectivo a partir del 31 de diciembre del año siguiente.
ARTÍCULO XIII
Las disposiciones de este Convenio no menoscaban las posiciones de las Partes Contratantes con respecto a aguas internas, mÁreas territoriales, zonas económicas exclusivas, zonas de conservación de pesca, alta mar o derechos de soberanía o jurisdicción para cualquier otro propósito.
ARTÍCULO XIV
Las Partes Contratantes teniendo en cuenta la naturaleza temporal de este Convenio y el carácter altamente migratorio de los recursos atuneros, convienen en continuar sus esfuerzos para establecer un nuevo sistema regional para la conservación, administración y explotación ordenada de los recursos en el Océano Pacífico Oriental. Este sistema regional incluirá cuotas equitativas garantizadas a los Estados Ribereños, basadas, entre otras cosas, en el criterio de concentración del recurso atunero, cuya magnitud efectiva se determinará en el futuro convenio entre los participantes en la pesca del atún en al área regulada por la CIAT.
ARTÍCULO XV
Las Partes Contratantes en vista de su mutuo interés en la efectiva ejecución de las medidas previstas en este Convenio, se comprometen a cooperar en lo posible en sus relaciones respecto a los recursos atuneros en el Océano Pacífico Oriental, en tanto no se hayan expedido las licencias contempladas en este Convenio.
ARTÍCULO XVI
Este Convenio estará abierto para su firma desde el 15 de marzo de 1983 hasta el momento en que el depositario reciba el respectivo instrumento de ratificación o de adhesión de un quinto Estado Ribereño. En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio. Dado en San José, Costa Rica el día 15 de marzo del mil novecientos ochenta y tres, en español y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, que permanecerán en poder del Depositario, quien enviará copias certificados de ambos textos a los Estados signatarios.
PROTOCOLO AL CONVENIO PARA LA PESCA DEL ATÚN
EN EL OCÉANO PACÍFICO ORIENTAL
A.-1.- Si el Convenio entra en vigor con cinco Partes Contratantes, la tarifa por licencia de pesca sera de US $ 60 (sesenta dólares) por tonelada neta de registro de la nave que solicita la licencia. A.-2.- Por cada Parte Contratante adicional que sea Estado Ribereño, el Consejo ajustará la tarifa de derechos de licencia hasta un máximo de US $ 100 (cien dólares) por tonelada neta de registro. Para ello, el Consejo tendrá en cuenta, entre otras, la cantidad obtenida de atún dentro de las 200 millas náuticas a partir de las líneas de base desde donde se mide la extensión del mar territorial del Estado Ribereño que hubiese ratificado o adherido a este Convenio. El aumento mínimo en la tarifa para cada Estado Ribereño adicional que se adhiera o ratifique, después del sexto, será de US $ 10 (diez dólares) por tonelada neta de registro. El aumento mínimo para el sexto Estado Ribereño puede ser mayor de, o menos de US $ 10 (diez dólares) por tonelada neta de registro, según lo determine el Consejo. A.-3.- Al retirarse cualquier Estado Ribereño, la tarifa por derecho de licencia será rebajada tomando en cuenta, entre otras cosas, la cantidad de atún obtenida dentro de las 200 millas náuticas medidas a partir de las referidas líneas de base del Estado Ribereño que se retira del Convenio. Sin embargo, en ningún caso la tarifa será menor de US $ 60 (sesenta dólares) por tonelada neta registrada. B.- Las licencias se podrán adquirir en cualquier fecha, previo pago de la tarifa establecida. Permitirán acceso a la pesca en al Área del Acuerdo y serán válidas hasta el 31 de diciembre de cada año. C.- Cualquier barco de las Partes Contratantes con un tonelaje neto de registro de 200 toneladas o menos, podrá obtener licencia semestral en vez de anual. La tarifa por licencia semestral será la mitad de la tarifa anual. D.- Los barcos con un tonelaje neto registrado de 200 toneladas o menos, no requerirán de las licencias previstas en este Convenio, siempre que pesquen exclusivamente dentro de las 200 millas náuticas a partir de las referidas líneas de base del Estado de bandera de la nave. Sin embargo, el Estado de bandera de la nave deberá notificar al Director los nombres, registros, tonelajes, y las capturas realizadas por tales barcos. E.- Para los propósitos de este Convenio y su Protocolo, por el término "tonelada"se entenderá tonelada corta. F.- Después de deducir un porcentaje apropiado para gastos administrativos del total recaudado por concepto de licencias que en ningún caso será superior al 10 por ciento de la recaudación total anual, el Consejo reintegrará anualmente a los Estados Ribereños la totalidad del remanente del total recaudado en proporciones a la cantidad de atún obtenida dentro de las 200 millas náuticas de cada Estado Ribereño, medidas desde las referidas líneas de base durante el año para el cual se expidieron las licencias. Para tal reintegro, el Consejo, de conformidad con el apartado G) del presente Protocolo, podrá solicitar, además datos de cualquier agencia u organismo internacional competente. G.-1.- Todos los barcos con licencia estarán obligados a rendir un informe escrito sobre la magnitud de las capturas realizadas en el Área del Acuerdo haciendo mención específica de las coordenadas en donde se efectuaron las capturas. Todo ello debe ser anotado en la bitácora de cada buque. G.-2.- Estos datos serán confidenciales y no podrán ser utilizados para propósitos, otros que los acordados específicamente en el Convenio y en este Protocolo. G.-3.- El Director transmitirá al Consejo los datos Globales por área y magnitudes de captura. G.-4.- En Consejo determinará los mecanismos de recolección y análisis de dicha información. G.-5.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo VI B) del Convenio, cada Parte Contratante establecerá penas apropiadas y sancionará las transgresiones que cometan sus barcos contra las obligaciones establecidas en este Convenio y su Protocolo. H.- Las Partes Contratantes consultarán oportunamente con otros Estados a fin de acordar las condiciones para su participación en este Convenio. "
Artículo 2º.- A las embarcaciones atuneras mayores de doscientas toneladas netas de registro, que sean de bandera nacional y que soliciten permiso para pescar exclusivamente en aguas jurisdiccionales de Costa Rica, les será reintegrado, sobre una base anual, a partir del momento en que se haga la liquidación respectiva, el monto de lo que hayan pagado por concepto de licencia. El modus operandi de tal reintegro será establecido en el reglamento que el Poder Ejecutivo emita al efecto.
Artículo 3º.- Costa Rica continuará otorgando permisos de pesca para barcos extranjeros pertenecientes a Estados distintos de los Miembros del Convenio Interino según las disposiciones de las leyes Nº 5775 del 14 de agosto de 1975 y Nº 6267 del 29 de agosto de 1978.
Artículo 4º.- Las sanciones previstas en el artículo 6º de la ley Nº 6267 del 29 de agosto de 1978, también les serán aplicables a las naves extranjeras pertenecientes a los Estados Partes del Convenio Interino, que se encontraren dedicadas a actividades de pesca en aguas jurisdiccionales de Costa Rica sin estar provistas de la licencia emitida de conformidad con el citado Convenio.
Artículo 5º.- Los ingresos que obtenga el Estado por concepto de licencias de pesca se distribuirán según las disposiciones del artículo 8º de la ley Nº 6267 del 29 de agosto de 1978, una vez deducidos los montos reintegrados a las embarcaciones de bandera nacional y el monto correspondiente a los gastos administrativos a que se refiere el párrafo F del Protocolo del Convenio Interino.
Artículo 6º.- Si transcurridos dos años después de haber entrado en vigencia el presente Convenio, el país no hubiere negociado y firmado el Tratado Permanente a que se refiere al Artículo XIV del Convenio Interino, el Gobierno de la Républica procederá a retirarse como Parte del citado Convenio, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo XII del mismo convenio.
Artículo 7º.- En el caso de que, en el curso de los dos años previstos en esta ley, se llegare a convenir entre las Partes un convenio permanente, éste deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
Artículo 8º.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que gestione el reingreso de Costa Rica como país integrante de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Para el logro de este propósito, el Estado podrá firmar y suscribir los convenios y tratados que sean necesarios.
Artículo 9º.- Se autoriza a la Municipalidad del cantón central de Puntarenas para que gestione ante la CIAT, en conjunto con la Universidad Nacional de Costa Rica, la instalación de un laboratorio de túnidos y otras especies marinas, en cualquiera de las islas o en el litoral del cantón citado o de los cantones aledaños, de las provincias de Puntarenas y Guanacaste.
Artículo 10.- Se autoriza al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y a la Municipalidad del cantón central de Puntarenas para que promocionen, en los niveles nacional e institucional, bajo el régimen de zonas francas, la instalación de plantas empacadoras que procesen atún y otras especies marinas. Las dos instituciones citadas podrán crear presupuestos y destinar fondos, principalmente aquellos derivados de la actividad atunera, para fundar, en conjunto con el Colegio Universitario de Puntarenas, sendas escuelas de marinería y maricultura.
Artículo 11.- Este Convenio no modifica la ley Nº 5775 del 14 de agosto de 1975 y su reforma, ley Nº 6267 del 29 de agosto de 1978, en lo concerniente a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 y 14.
Artículo 12.- El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica deberá realizar un estudio de factibilidad sobre la explotación de atún por parte de empresas costarricenses, de empresas mixtas y de empresas extranjeras. Este Ministerio deberá presentar el estudio en mención a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo, a más tardar dentro del año siguiente a la vigencia de esta ley.
Artículo 13.- Rige a partir de su publicación.