Nueva auditoría vigilará a todos los bancos del país

Ley 7107

Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República

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N° 7107

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,

DECRETA

LEY DE MODERNIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA REPUBLICA

CAPITULO I

Reformas a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica

Artículo 1º.- Refórmanse los artículos 16, 18, 22, 25, 35 (adición de dos incisos 54, 74, 79, 85, 86, 87, 102 y 112 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 1552 del 23 de abril de 1953 y sus reformas), para que digan de la siguiente manera:

"Artículo 16.- Además de la fiscalización a que estará sujeto el Banco Central de Costa Rica por parte de la Contraloría General de la República, de acuerdo con las disposiciones de la ley orgánica de ésta, quedará sometido a la vigilancia y a la fiscalización de la Auditoría General de Entidades Financieras, en la forma y en las condiciones prescritas en la presente ley, y de acuerdo con lo que se disponga en los reglamentos pertinentes".

"Artículo 18.- Los balances, las cuentas y los estados del Banco Central de Costa Rica deberán ser firmados por el contador y por el gerente de la institución, y refrendados por el auditor interno del Banco. Todos ellos serán responsables de la exactitud y la corrección de esos documentos".

"Artículo 22.- La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica estará integrada por los siguientes miembros:

1º.-El Ministro de Hacienda, o quien ejerza temporalmente esa cartera en ausencia del titular. En ningún caso podrá delegarse esta representación en terceras personas.

2º.- Cinco personas de absoluta solvencia moral y amplia capacidad y experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de administración, así como de demostrada experiencia en asuntos relativos al desarrollo económico y social del país. Estos miembros serán nombrados por el Consejo de Gobierno, por períodos de cuatro años, y podrán ser reelegidos. Quien sustituyere a un miembro de la Junta Directiva que cese en su cargo antes de haber cumplido el período respectivo, será nombrado por el plazo que le falte por cumplir al director sustituido.

3º.- Un presidente ejecutivo designado por el Consejo de Gobierno, por un plazo que se iniciará y terminará con el período constitucional del Presidente de la República. Si el presidente ejecutivo cesare en el cargo antes de haber cumplido el período para el cual fue nombrado, quien lo sustituya también terminará sus funciones al finalizar el citado período constitucional.

La gestión del presidente ejecutivo de la institución se regirá por las siguientes normas:

a) Será el funcionario de mayor jerarquía para efectos de gobierno de la institución y le corresponderá, fundamentalmente, velar porque las decisiones tomadas por la Junta Directiva se ejecuten debidamente, así como coordinar la acción del Banco con las demás instituciones y entidades públicas. Asumirá, asimismo, las funciones que por ley le están reservadas al presidente de la Junta Directiva, así como las otras que le asigne dicha Junta.

b) Será un funcionario de tiempo completo y no podrá ejercer la profesión en forma particular, ni desempeñar cargos en la empresa privada, en la Administración Pública o en las instituciones autónomas o semiautónomas, con excepción de la docencia.

c) Podrá ser removido de su cargo por decisión del Consejo de Gobierno. En el caso de que para la remoción existan las causales consignadas en el artículo 27 de esta ley, no tendrá derecho a la indemnización laboral que le corresponda por el tiempo servido en su cargo, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables del Código de Trabajo. La remoción acordada por el Consejo de Gobierno implicará también la de miembro de la Junta Directiva de la institución.

Los directores que sustituyan a aquéllos cuyo período termine el 8 de mayo del año en que finaliza el período presidencial deberán ser nombrados en la primera sesión del Consejo de Gobierno de la nueva administración".

"Artículo 25.- El cargo de miembro de la Junta Directiva es incompatible con el de:

1º.-Miembro y empleado de los Supremos Poderes, con excepción del Ministro de Hacienda o de quien lo sustituya, conforme con el numeral 1 del artículo 22 de esta ley.

2º.-Gerente, personero y empleado del propio Banco Central.

3º.-Miembro de la junta directiva o del consejo directivo de bancos privados o sociedades financieras privadas, o que a la fecha de su nombramiento tengan a sus padres, cónyuges o hijos en esa condición en las entidades dichas.

4º.- Funcionarios o accionistas de bancos privados o sociedades financieras privadas.

Cuando, con posterioridad a sus nombramientos, se comprobare la existencia previa de alguno de estos impedimentos, caducará la designación de miembro de la Junta".

"Artículo 35.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

...

13.- Autorizar la intervención de cualquier banco privado o entidad financiera privada que esté sometida a la fiscalización de la Auditoría General de Entidades Financieras.

14.- Recomendar al Consejo de Gobierno, previa solicitud razonada de la Auditoría General de Entidades Financieras, de conformidad con los términos de esta ley, la intervención de cualquiera de los bancos del Estado o de los bancos organizados como entidades de derecho público, cuando medien circunstancias que a su juicio amenacen el interés público.

15.- Ejercer todas las demás funciones, facultades y deberes que le correspondan, de acuerdo con las leyes".

"Artículo 54.- El Banco Central de Costa Rica sólo podrá computar en su activo y saldos deudores lo siguiente:

1º.-Las reservas monetarias internacionales de su propiedad.

2º.-Los fondos líquidos que tuviere en moneda nacional. Los billetes y las monedas de emisión propia que se encuentren en su poder no se incluirán en el activo ni en el pasivo, y deberán ser contabilizados, como registro, en cuentas de orden.

3º.-Las operaciones de crédito, los redescuentos, los préstamos y las inversiones de valores mobiliarios que efectúe con arreglo a las disposiciones de esta ley.

4º.-Las inversiones que efectúe en bienes raíces para el servicio de la institución, o que eventualmente haya tenido que recibir en pago de obligaciones; y las que realice en muebles, materiales, instalaciones y útiles necesarios para su funcionamiento, así como las representadas por el costo de su biblioteca, de colecciones arqueológicas y numismáticas y de otras inversiones semejantes.

5º.- El saldo deudor de la cuenta de revaluaciones monetarias que eventualmente resultare, de acuerdo con el artículo 14 de esta ley. 6º.- La cuenta representativa de la amortización de la moneda acuñada.

7º.- Los recursos que resultaren de su participación en instituciones monetarias y bancarias de carácter internacional, y de las operaciones de crédito que efectuare en el exterior.

8º.- Los saldos de las cuentas originadas por el movimiento normal de gastos, pérdidas y resultados, y los demás provenientes de operaciones autorizadas por esta ley.

Dentro del rubro indicado en el numeral 8, el Banco Central incluirá una suma equivalente al diez por ciento (10%) del total de los sueldos de sus empleados, para el mantenimiento del fondo de garantías y jubilaciones de estos empleados. Esta suma les pertenecerá a éstos en la proporción correspondiente a su sueldo, y deberá serles entregada bajo las condiciones que se determinen en el Reglamento de Jubilaciones, si dejaren el servicio antes de haber alcanzado el derecho a una pensión por invalidez. Ese aporte del Banco será único para toda clase de beneficios sociales. En el reglamento de la institución podrán establecerse las sumas adicionales con las que los empleados deberán contribuir para el fortalecimiento del fondo, a fin de que ellos puedan obtener una pensión adecuada, de acuerdo con su sueldo, su edad y el tiempo de servicio. El sistema que así se crea es complementario del establecido por la Caja Costarricense de Seguro Socia, y no afecta las obligaciones de sus beneficiarios para con la Caja.

Se declaran inembargables las sumas que les correspondan a los empleados que dejaren el servicio antes de haber alcanzado el derecho a una pensión por invalidez. El Banco Central podrá invertir la reserva para prestaciones legales en el descuento de obligaciones que tenga a su favor el mencionado fondo.

En la Junta Administrativa del Fondo de Garantía y Jubilaciones del Banco se dará representación a los empleados, quienes elegirán a dos de sus miembros".

"Artículo 74.- La Junta Directiva fijará los encajes mínimos legales con respecto al monto de cada uno de los tipos de depósitos, dentro de los siguientes límites:

a) Un máximo del cincuenta por ciento (50%) sobre depósitos de hasta treinta días de plazo.

b) Un máximo del treinta por ciento (30%) sobre depósitos a más de treinta y a menos de ciento ochenta días de plazo.

c) Un máximo del diez por ciento (10%) sobre depósitos a ciento ochenta días o más de plazo.

El Banco Central no reconocerá interés alguno sobre el encaje de depósitos de hasta treinta días.

Tampoco reconocerá intereses sobre los encajes de depósitos a plazos mayores, excepto cuando el encaje supere el diez por ciento (10%). En este caso reconocerá una tasa anual equivalente a la mitad de la que corresponda a depósitos a treinta días de plazo, si se tratare de depósitos comprendidos dentro del inciso b) anterior.

Las mismas disposiciones son aplicables para las obligaciones que emitan, conforme con la ley, las financieras bancarias y las sociedades de inversión y de crédito especial de carácter no bancario".

"Artículo 79.- La Junta Directiva podrá someter a requerimiento de encaje cualesquiera otras cuentas del pasivo de los bancos del Sistema Bancario Nacional y de las sociedades financieras de inversión y de crédito especial de carácter no bancario que, a su juicio, fueren similares a las obligaciones constituidas como depósitos. También podrá fijar los encajes correspondientes, dentro de los límites establecidos en esta ley".

"Artículo 85.- En materia crediticia, la Junta Directiva tendrá las facultades descritas en los incisos 1) y 2) siguientes y la obligación establecida en el inciso 3):

1º.-Regular las operaciones de crédito de las instituciones bancarias, públicas y privadas, de modo general y uniforme, para lo cual podrá fijar:

a) Las tasas máximas de interés y de descuento que podrán cobrar los bancos a sus deudores, así como los cargos máximos cobrables por comisiones u otros conceptos.

b) El límite máximo de crédito directo o indirecto que los bancos podrán otorgar a cada persona natural o jurídica, en cada una de las modalidades de sus operaciones y en el conjunto de todas ellas.

En los departamentos comerciales de los bancos del Estado y en los bancos privados, el límite máximo será de una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del capital suscrito y pagado y de las reservas patrimoniales no redimibles, o de doscientos cincuenta millones de colones (¢ 250.000.000), la suma que sea menor. El parámetro expresado en términos absolutos podrá ser ajustado periódicamente por la Junta Directiva del Banco Central, de acuerdo con la evolución del nivel general de precios.

En los departamentos hipotecarios de los bancos y en el Departamento de Crédito Rural del Banco Nacional de Costa Rica, el máximo de crédito no podrá exceder del diez por ciento (10%) y del veinticinco por ciento (25%), respectivamente, de sus capitales y reservas patrimoniales. Sin exceder de los límites máximos que establezca el Banco Central, dentro de los parámetros anteriores, internamente los bancos podrán fijar sus propios máximos.

El crédito directo e indirecto otorgado a grupos de interés económico deberá computarse dentro de los límites establecidos, conforme con estas disposiciones.

Mediante reglamento, la Junta Directiva definirá lo que debe entenderse por grupo de interés económico y establecerá sus regulaciones.

c) Los márgenes mínimos de seguridad que deben existir entre el importe de los créditos concedidos por los bancos comerciales y el valor real de sus correspondientes garantías.

d) Los plazos máximos que los bancos comerciales podrán conceder para el reembolso de sus operaciones de crédito.

2º.-Aprobar los programas crediticios de las instituciones del Estado no contempladas en el inciso 1), anterior, en la parte que esos programas se refieren a sus operaciones con el público; o improbarlos si el Banco Central de Costa Rica comprueba que tales programas no están de acuerdo con su política general, porque los recursos destinados a ese fin no guardan la debida relación con el plazo proyectado para los créditos. La resolución del Banco deberá razonarse con la amplitud del caso. Para estos efectos, las instituciones que se citan estarán obligadas a presentar sus planes anuales de crédito al Banco Central de Costa Rica, a más tardar el 1º de diciembre del año anterior.

3º.-Ejercer, de acuerdo con la ley, las funciones de regulación y vigilancia de las sociedades financieras privadas no bancarias".

"Artículo 86.- La Junta Directiva podrá establecer topes de cartera o límites máximos para el otorgamiento de crédito concedido por los integrantes del Sistema Bancario Nacional y por las sociedades financieras de inversión y de crédito especial de carácter no bancario, y para las inversiones realizadas por estas entidades. Tales limitaciones podrán establecerse ya sea en la totalidad de los créditos y en el monto general de las inversiones, o bien en determinadas categorías de ellos. Del mismo modo, podrá fijar porcentajes máximos de crecimiento para diversas categorías, grupos, o subgrupos de operaciones de crédito e inversiones de las entidades descritas. Cuando existieren marcadas diferencias entre el monto de las carteras y el total de los recursos financieros de las diferentes entidades, la Junta, al tomar las medidas que anteceden, podrá determinar porcentajes mayores de crecimiento o topes de cartera distintos para las entidades que anteriormente hubieren expandido el crédito con menos intensidad, hasta obtener una nivelación racional del crédito en todas las entidades".

"Artículo 87.- Todo endeudamiento externo, así como la emisión de bonos, títulos u otros valores mobiliarios por parte de los bancos del Sistema Bancario Nacional o de las sociedades financieras de inversión y de crédito especial de carácter no bancario, requerirán de la aprobación previa de la Junta Directiva del Banco Central.

La Junta directiva deberá fijar límites máximos para el endeudamiento de los bancos y de las demás entidades sujetas a su control, de acuerdo con su diferente naturaleza. Dichas limitaciones se establecerán con base en la relación del pasivo total con el capital suscrito y pagado no redimido y las reservas patrimoniales, o por medio de cualquier otra razón financiera basada en el capital y las reservas de esos intermediarios financieros".

"Artículo 102.- El Banco Central de Costa Rica podrá comprar, vender y conservar, como parte integrante de las reservas monetarias de la nación, toda clase de divisas extranjeras, por sí mismo o por intermedio e los bancos comerciales autorizados por la Junta, conforme con las condiciones, los requisitos y las demás especificaciones que acordare. También podrá hacer uso de los mecanismos que le permitan proteger el valor de sus activos internacionales".

"Artículo 112.- El Banco Central de Costa Rica podrá invertir las reservas monetarias internacionales cuando cuente con la seguridad de que en todo momento dispondrá de los fondos líquidos necesarios para atender el movimiento normal de las transacciones internacionales. Además procurará obtener el mayor rendimiento posible de esas inversiones.

También el Banco Central podrá participar en convenios regionales y en planes específicos de instituciones financieras internacionales de las cuales el país sea miembro, que impliquen inversión de reservas monetarias internacionales, siempre que, a juicio de la Junta Directiva, las condiciones e tales convenios o planes garanticen satisfactoriamente la liquidez y la disponibilidad inmediata de las reservas.

Además, el Banco Central estará facultado para emitir los títulos necesarios para el funcionamiento de los convenios regionales indicados.”

Artículo 2º.- Adiciónase un nuevo título IV a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 1552 del 23 de abril de 1953 y sus reformas. Al efecto, se corre la numeración del título denominado Disposiciones de Carácter General que será el V.

El texto del nuevo título es el siguiente:

"TITULO IV

AUDITORIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Nombres y fines

Artículo 124.- Créase la Auditoría General de Entidades Financieras, como un órgano de desconcentración máximo adscrito al Banco Central de Costa Rica. Será la encargada de fiscalizar el funcionamiento de todos los bancos, incluidos el Banco Central de Costa Rica, las sociedades financieras de carácter no bancario y las demás entidades públicas o privadas, independientemente de su naturaleza jurídica, que operen habitualmente, en forma directa o indirecta, en actividades de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, o en la prestación de otros servicios bancarios. No se considerará intermediarios financieros a las empresas que capten recursos financieros y que estén reguladas por otras leyes especiales, ni a aquellas empresas que capten recursos del público para financiar necesidades propias del capital de trabajo o de sus propio proyectos de inversión, y que estén reguladas por una bolsa de comercio autorizada, siempre y cuando las inversiones en valores que contengan como reserva de liquidez estén dentro de los límites que al respecto establezca el Banco Central de Costa Rica, y siempre que su razón de endeudamiento no exceda de cuatro a uno.

Sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Banco Central de Costa Rica en los incisos c) y d) del artículo 400 del Código de Comercio, le corresponde a la Auditoría General de Entidades Financieras fiscalizar a las bolsas de comercio. Estas bolsas tendrán potestad reglamentaria sobre sus concesionarias.

Artículo 125.- Para el cumplimiento de sus fines, la Auditoría General de Entidades Financieras tendrá las siguientes atribuciones:

1º.-Fiscalizar el funcionamiento de todas las entidades bajo su ámbito de acción.

2º.-Hacer respetar el ordenamiento jurídico aplicable al sector financiero.

3º.-Solicitar a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica la intervención de cualquiera de los bancos o entidades privadas bajo su fiscalización.

4º.-Imponer las sanciones que les correspondan a las entidades que incumplan las disposiciones a que estén obligadas conforme con la ley y, en particular, las disposiciones que dicte el Banco Central de Costa Rica en materia monetaria, crediticia y cambiaria, en uso de sus facultades exclusivas.

5º.-Determinar las entidades públicas o privadas sometidas a su fiscalización, de acuerdo con el artículo 1º de esta ley.

6º.-Solicitar a los bancos y demás entes fiscalizados, todos los informes que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

7º.-Examinar libremente todos los libros legales, auxiliares o de cualquier otro tipo, así como los documentos y los archivos de las entidades fiscalizadas, independientemente del medio utilizado para grabarlos o imprimirlos.

8º.- Asesorar en la materia de su campo a las entidades fiscalizadas cuando éstas así lo soliciten.

9º.- Ordenar la suspensión inmediata de la propaganda o información publicitaria de cualquiera de las entidades bajo su fiscalización, o su decomiso, si correspondiere, cuando considere que es engañosa o que en ella se hacen afirmaciones que no son verídicas, o que se presentan datos o cifras falsas. También le corresponderá aplicar las sanciones que procedan en caso de reincidencia de la entidad en cuestión, las que, incluso, podrán llegar a la revocatoria de la licencia para operar; todo sin perjuicio de las responsabilidades que le quepan al infractor, conforme con la legislación vigente y, en particular, de acuerdo con la ley Nº 7091 del 12 de febrero de 1988.

10.- Contratar firmas de auditoría pública, o los servicios profesionales que considere necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones, con cargo a su propio presupuesto.

11.- Realizar todas aquellas actividades compatibles con su naturaleza fiscalizadora.

12.- Solicitar al Consejo de Gobierno la suspensión o destitución de los directores de las instituciones bancarias del Estado y demás instituciones públicas sometidas a su competencia, que hayan incurrido en irregularidades. Para ese efecto acompañará la información pertinente, sin perjuicio de que pueda solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República para la sanción de los hechos ilícitos que así lo ameriten.

13.- Instruir sumarias administrativas y solicitar a quien corresponda la suspensión de funcionarios y empleados de los bancos del Estado y demás instituciones públicas bajo su competencia, y poner en conocimiento de los tribunales comunes cualquier desfalco, malversación de fondos o irregularidad grave. Para ello se deberá adjuntar la correspondiente información, por medio de la Procuraduría General de la República, la que deberá proseguir los trámites legales correspondientes.

14.- Sancionar los responsables de las irregularidades comprobadas en las entidades financieras privadas, de acuerdo con sus atribuciones y sin perjuicio de que pueda someter al Ministerio Público los hechos que considere delictuosos.

Dirección y administración

Artículo 126.- La Auditoría General de Entidades Financieras estará integrada por:

1º.-El auditor general y el subauditor general de la entidad.

2º.-La auditoría interna.

3º.-Las demás dependencias que se establezcan para permitirle a la entidad cumplir con su cometido.

Artículo 127.- El auditor general tendrá a su cargo la dirección administrativa de la Auditoría General de Entidades Financieras.

Habrá un subauditor general que sustituirá al auditor general en caso de ausencia temporal, mientras dure ésta, o en caso de ausencia permanente, hasta tanto no sea nombrado el sustituto. Ambos serán de nombramiento de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, por períodos de seis años, y podrán ser reelegidos por una sola vez.

Durante su período, el auditor general y el subauditor general serán inamovibles y sólo podrán ser removidos por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica si, en el expediente confeccionado al efecto, se comprobara ineptitud o proceder incorrecto, o si se llegara a determinar o a declarar contra ellos alguna conducta o responsabilidad incompatible con el ejercicio del cargo. Para iniciar este procedimiento, deberá mediar resolución razonada de al menos cinco miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, en la que se expongan claramente las razones para la remoción. De inmediato, la Junta Directiva deberá solicitar un informe detallado sobre el caso a la Contraloría General de la República, la que dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco días naturales para entregarlo. Mientras dure la investigación, suspenderá al imputado o a los imputados. Una vez recibido el informe de la Contraloría, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica deberá resolver en definitiva.

El cargo o los cargos que queden vacantes durante el proceso, serán llenados en forma transitoria por las personas que al efecto designe la citada Junta Directiva, personas que deberán cumplir con los requisitos respectivos.

En caso de ausencia temporal simultánea del auditor general y del subauditor general, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica podrá nombrar, por unanimidad, a un auditor pro témpore, con las mismas atribuciones del auditor general titular.

Artículo 128.- El auditor general y el subauditor general deberán reunir los siguientes requisitos:

1º.-Ser costarricenses.

2º.-Haber cumplido treinta y cinco años de edad.

3º.-Tener reconocida experiencia bancaria o amplios conocimientos en cuestiones económicas, o experiencia en asuntos relativos a la producción nacional.

4º.-Tener experiencia directa en funciones bancarias por un período continuo no menor de cuatro años, en los niveles de director, gerente, subgerente, auditor o subauditor bancario.

5º.-Ser contadores públicos autorizados, incorporados al respectivo colegio profesional. Artículo 129.- Ningún funcionario de la Auditoría General de Entidades Financieras podrá ser director, gerente, representante legal, personero, empleado o socio de ninguna de las entidades sujetas a la fiscalización de la Auditoría General, ni tener ninguna participación, directa o indirecta, en esas entidades.

Artículo 130.- Queda prohibido al auditor y al subauditor:

1º.-Dedicarse, aun eventualmente, al ejercicio liberal de su profesión, salvo la docencia en centros de enseñanza superior debidamente autorizados.

2º.-Hacer proselitismo político.

3º.-Desempeñar cualquier otro cargo público.

4º.-Participar, por sí o por intermedio de terceras personas, en cualquier clase de negocio u operación que pueda considerarse inadecuada o incompatible con el cargo que desempeña dentro de la Auditoría General.

5º.-Intervenir en los asuntos relacionados con su cargo en que, directa o indirectamente, tenga personal interés, o lo tengan sus parientes hasta el tercer grado, inclusive, por consanguinidad o afinidad.

Cuando un funcionario o empleado de alguna entidad sometida a la fiscalización de la Auditoría General de Entidades Financieras, sea designado auditor o subauditor de ésta y acepte el cargo expresamente por escrito, automáticamente cesará en sus funciones anteriores.

El auditor general y el subauditor general deberán incluir en su declaración anual de bienes, conforme con la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios Públicos, una referencia detallada del estado de sus obligaciones bancarias, o que tengan con cualquiera de las entidades fiscalizadas. Cuando un funcionario de la Auditoría General obtenga créditos directos o indirectos de las entidades fiscalizadas, deberá comunicarlo por escrito al auditor general, a más tardar treinta días después de formalizada la respectiva operación.

Artículo 131.- Corresponden al auditor general o, en su defecto al subauditor general, los siguientes deberes y atribuciones:

1º.-Fiscalizar, en la forma más amplia posible, a los bancos integrantes del Sistema Bancario Nacional y a las demás entidades sujetas a su fiscalización, con respecto a la organización, el funcionamiento, las operaciones y los negocios, así como en cuanto a la observancia de las leyes y los reglamentos, y al cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y de la propia Auditoría General de Entidades Financieras.

2º.-Solicitar a los bancos y demás entidades fiscalizadas, todos los informes que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Las entidades fiscalizadas estarán en la obligación de remitir tales informes dentro de los plazos y con los requisitos que les señale el auditor general.

3º.-Proponer a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, para su aprobación, el presupuesto anual de la Auditoría General y los presupuesto extraordinarios que fueren necesarios, los cuales serán incluidos dentro del presupuesto del Banco Central de Costa Rica.

4º.- Decidir cuáles entidades públicas o privadas no organizadas como bancos o sociedades financieras, quedan bajo el ámbito de acción de la Auditoría, de conformidad con el artículo 124 de esta ley.

5º.- Proponer a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, para su aprobación, los reglamentos de la Auditoría y el detalle de las funciones propias del subauditor general.

6º.- Formular a las entidades bajo su fiscalización, las observaciones y las recomendaciones que estime pertinentes, e impartir las instrucciones necesarias para corregir errores y subsanar deficiencias. Para ello comunicará a las juntas directivas o a los gerentes, aquellas irregularidades o infracciones que observe en las operaciones y en el funcionamiento de esas juntas. En el caso de que el gerente no dicte las medidas que, a juicio del auditor general, fueren eficaces para subsanar las faltas, en el plazo que él mismo determinará, deberá exponer la situación a la junta directiva de la entidad respectiva, y proponer las medidas adecuadas para corregir la situación planteada, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas y sanciones que correspondan conforme con la ley.

7º.- Levantar las informaciones que le solicite la Junta Directiva del Banco Central de Costa rica; examinar libremente todos los libros legales, auxiliares o de cualquier otro tipo, y los documentos y archivos de las entidades fiscalizadas; y exigir de éstas, en la forma, en las condiciones y en los plazos que él mismo determine, la presentación de balances, estados de situación y de cuentas y las demás informaciones y pormenores que considere necesarios.

8º.- Proponer a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica la intervención de cualquiera de los bancos y demás entidades que la ley somete a su fiscalización, conforme con lo previsto en los artículos 133 y 134.

9º.-Imponer las sanciones pecuniarias que les correspondan a los bancos y demás entidades fiscalizadas, cuando no cumplan con las disposiciones del Banco Central en materia monetaria, crediticia, cambiaria y de cualquier otra índole, de cuyo incumplimiento la entidad infractora derive un beneficio económico. Las sanciones consistirán en multas por el equivalente al monto del beneficio neto obtenido por el infractor, más un recargo del diez por ciento. El producto de estas multas, que deberán ser pagadas dentro de los treinta días siguientes a su imposición, se destinará a amortizar la cuenta de estabilización monetaria del Banco Central de Costa Rica. En el caso de renuncia para su pago, se aplicarán los siguientes procedimientos: Cuando se trate de un establecimiento cuyo presupuesto corresponda aprobarlo a la Contraloría General de la República, el auditor general comunicará la situación a ese organismo para que no se aprueben los presupuestos ordinarios o extraordinarios del ente moroso, hasta tanto no satisfaga el pago adeudado. Cuando el incumplimiento de pago corresponda a un establecimiento privado, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, luego de apercibirlo, y previa recomendación del auditor general, dispondrá sanciones graduales en cuanto a las operaciones que estas entidades puedan realizar, y podrá, incluso, disponer la suspensión de la licencia para funcionar, mientras subsista el incumplimiento.

10.- Nombrar y remover a los empleados de la Auditoría General de Entidades Financieras, de conformidad con el reglamento que al efecto promulgue la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.

Artículo 132.- La Auditoría General contará con el personal profesional y técnico necesario para el correcto desempeño de sus funciones. Queda prohibido el nombramiento de parientes de cualquier funcionario de la Auditoría General, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado, inclusive.

Artículo 133.- La Auditoría General de Entidades Financieras, previa decisión de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, podrá intervenir una entidad financiera privada bajo su ámbito de acción, cada vez que ocurre alguno de los siguientes hechos:

Cuando la entidad financiera privada bajo su ámbito de acción, requerida en debida forma, se negare a someterse a una inspección de sus libros u operaciones, ya sea parcial o general.

Cuando los directores, gerentes, subgerentes o auditores internos de la entidad financiera privada bajo su ámbito de acción, rehusaren prestar declaración sobre el estado financiero y las operaciones del establecimiento.

Cuando la entidad financiera privada bajo su ámbito de acción, debidamente amonestada por escrito, persistiere en infringir las disposiciones de la presente ley, de sus estatutos, de sus reglamentos, o de las regulaciones generales promulgadas por el Banco Central de Costa Rica.

Cuando la entidad financiera privada bajo su ámbito de acción administre sus negocios en forma tal que ponga en peligro su seguridad y solvencia, o lleve a cabo operaciones ilegales o fraudulentas.

Cuando la entidad financiera privada bajo su ámbito de acción suspendiere sus pagos o cesare en éstos. En tal caso será obligación del gerente comunicarlo inmediatamente al auditor general.

Cuando la entidad financiera privada bajo su ámbito de acción hubiere sufrido pérdidas que reduzcan su capital social en una suma inferior a la mitad.

De acuerdo con la gravedad que reflejan los hechos, a juicio exclusivo de la Junta Directiva del Banco Central, ésta, mediante resolución razonada y fundamentada, indicará si la intervención es parcial o total, y el plazo aproximado por el que se decreta. Si fuere total, podrá disponer la toma de posesión de sus bienes, para administrarlos como mejor convenga a los intereses del establecimiento y de sus ahorrantes e inversionistas, según corresponda. Igualmente, podrá designar al interventor o a los interventores que estime necesarios, a fin de que cumplan adecuadamente su cometido. Los interventores podrán ser funcionarios de la Auditoría General, o terceros expresamente designados para tal función. Señalará también si dispone la suspensión o limitación en el pago de obligaciones, el empleo de personal auxiliar necesario y el otorgamiento de cualquier documento a nombre de la entidad financiera privada intervenida.

Tan pronto se practique la intervención, el interventor designado por la Junta Directiva del Banco Central realizará un inventario del activo y del pasivo.

La resolución en la que se ordene la intervención conlleva la facultad de ordenar una reorganización de la entidad financiera, o de solicitar judicialmente su liquidación forzosa, cuando se trate de entidades privadas.

Serán igualmente aplicables las disposiciones del presente artículo y del siguiente, a las sociedades financieras reguladas por la ley número 5044 del 13 de setiembre de 1972 y sus reformas, y a las demás entidades comprendidas en el artículo 1º de esta ley.

Artículo 134.- La intervención a que se refiere el artículo anterior se regirá, además, por las siguientes reglas:

La resolución en la que se ordene tendrá recurso de revisión ante la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación, pero será ejecutoria a partir de esa notificación al personero legal de la entidad de que se trate. Dicha resolución agotará la vía administrativa. Si no hubiere personero legal a quien notificarle la resolución, ello no será motivo para impedir la práctica de la intervención.

La entidad financiera afectada podrá recurrir a la vía contencioso- administrativa, pero los efectos de la intervención no podrán ser suspendidos interlocutoriamente.

La Junta Directiva del Banco Central determinará si suspende de sus cargos a los miembros de la junta directiva y a los gerentes y demás apoderados de la entidad intervenida, o si los mantiene, y con cuáles atribuciones.

Si la Junta Directiva del Banco Central decidiera suspender a funcionarios que ostenten la representación legal de la entidad intervenida, señalará quién ejercerá tal representación, en cuyo caso, para comprobar quién ejercerá el mandato, bastará con la publicación del acuerdo respectivo en el diario oficial La Gaceta. Además, deberá dar aviso de inmediato al Registro Mercantil para que, de oficio, se practiquen las anotaciones que correspondan.

Ningún bien de la entidad, mientras ésta se encuentre intervenida, podrá ser rematado ni podrá ser declarado ningún procedimiento concursal contra estos establecimientos, mientras la intervención no cese o el auditor general no dé aviso al juez civil que corresponda.

La intervención, ya sea parcial o total, no podrá exceder de ciento ochenta días naturales. Treinta días naturales antes de vencer este plazo, la Junta Directiva del Banco Central deberá decidir si permite a la entidad continuar con sus operaciones, o bien, si solicita autorización al juez civil para la declaratoria de quiebra. La solicitud que la Junta Directiva del Banco Central formule a ese respecto al juez, deberá hacerse dentro de los veintiún días naturales antes del vencimiento de los ciento ochenta días, y ser resuelta en un plazo no mayor a los siete días naturales posteriores. Si el juez autorizare al Banco Central para que prorrogue su gestión interventora, señalará el término respectivo y dicha resolución, si fuere apelada, no enervará su ejecución. Hasta tanto no se resuelva autorizar la prórroga, se mantendrá vigente la intervención.

El tribunal de alzada, en este caso, deberá decidir dentro de los tres días posteriores al recibo de los autos.

Todos los gastos que demande la intervención de una entidad financiera correrán con cargo a los activos de ésta. En caso de quiebra, tales gastos serán considerados de la masa, conforme con los artículos 886 y 887, párrafo segundo, del Código de Comercio.

Las disposiciones de este artículo y las del anterior podrán aplicarse a los bancos del Estado y a los bancos organizados como entidades de derecho público cuando, a juicio del Consejo de Gobierno, previo informe de la Junta Directiva del Banco Central, sea necesario que la Auditoría General intervenga a uno de esos establecimientos. La resolución en la que se ordene enviar el caso al Consejo de Gobierno tendrá recurso de revisión, con efectos suspensivos, ante la Junta Directiva del Banco Central, dentro de un plazo de cinco días hábiles, a partir de su notificación. En tal caso, en el acuerdo del Consejo de Gobierno se fijará, con todo el detalle necesario, el ámbito de la intervención, la que en ningún caso podrá conducir a la liquidación forzosa del banco estatal, o del banco organizado como entidad de derecho público.

Artículo 135.- Contra las resoluciones del auditor general cabrá el recurso de apelación ante la Junta Directiva del Banco Central, cuyas disposiciones serán definitivas y agotarán la vía administrativa.

Artículo 136.- La Auditoría General de Entidades Financieras deberá tener una auditoría interna para la fiscalización preventiva de todas sus dependencias y para la que corresponda posteriormente.

La auditoría interna funcionará bajo la responsabilidad y la dirección inmediata de un auditor, nombrado por la Junta Directiva del Banco Central como funcionario a tiempo completo y de dedicación exclusiva. Habrá también un subauditor, nombrado por la Junta Directiva del Banco Central. Los requisitos, la forma de remoción y las funciones del auditor y del subauditor serán los mismos que se señalan para tales funcionarios en los bancos comerciales del estado.

Del presupuesto

Artículo 137.- La Auditoría General elaborará su propio presupuesto, el cual será sometido a la aprobación de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Su financiación estará a cargo del Banco Central, íntegramente.

Artículo 138.- El salario del auditor general y del subauditor general será fijado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Otras disposiciones

Artículo 139.- Los balances, las cuentas y los estados de los bancos que se remitan al auditor general deberán ser firmados por el contador y por el gerente y refrendados por el auditor del respectivo banco. Estos funcionarios serán los responsables de la exactitud y la corrección de tales documentos.

Artículo 140.- Dentro de los treinta días siguientes al cumplimiento de su ejercicio financiero anual, los bancos privados deberán presentar, ante la Auditoría General, balances de situación y estados de ganancias y pérdidas debidamente dictaminados por auditores externos. Mediante requerimiento de la Auditoría, tanto los bancos privados como los contadores públicos autorizados que suscriban los dictámenes, pondrán a disposición de la Auditoría General todos los documentos, incluidos los papeles de trabajo", relacionados con aquellos dictámenes. En el caso de os bancos comerciales del Estado, esos mismos estados financieros serán dictaminados por su auditor o subauditor interno, y su presentación la harán dentro de los sesenta días posteriores al ejercicio financiero.

Cada una de las entidades financieras privadas fiscalizadas deberá contar con los servicios de un auditor externo, quien deberá estar registrado ante la Auditoría General de Entidades Financieras.

Artículo 141.- La Auditoría General estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Artículo 142.- Las informaciones obtenidas por cualquiera de los funcionarios de la Auditoría, en el ejercicio o con motivo de sus funciones, serán, absolutamente confidenciales. Estos funcionarios no podrán revelar o comentar los datos obtenidos ni los hechos observados, salvo cuando exista una norma de carácter legal o superior que imponga la obligación de revelar el contenido de las informaciones obtenidas en el ejercicio de sus funciones. La contravención a las obligaciones y prohibiciones establecidas en este artículo será reputada como falta grave, para los efectos disciplinarios que correspondan conforme con la legislación aplicable.

No obstante lo anterior, con el propósito de orientar y de proteger a los ahorrantes e inversionistas, el auditor general podrá preparar, publicar y divulgar informes generales sobre la solvencia y la seguridad de las entidades privadas sujetas a su fiscalización.

Artículo 143.- La Auditoría General publicará en el diario oficial La Gaceta, dentro de los sesenta días siguientes a la finalización de cada período fiscal, los estados de situación y de ganancias y pérdidas de todos los bancos y financieras privados. Dentro de los noventa días siguientes a la finalización de cada período, la Auditoría General publicará los estados de situación de los bancos estatales y de los bancos organizados como entidades de derecho público.

Los bancos comerciales estatales y los bancos y financieras privados deberán publicar, por su cuenta, los estados financieros a que se ha hecho referencia para cada uno de ellos, dentro del mismo término, en un periódico de circulación nacional. La Auditoría General determinará cuáles otras entidades fiscalizadas deberán publicar, por su cuenta, dichos estados".

Artículo 3º.- Deróganse el inciso 3) del artículo 13, los incisos 7) y 8) del artículo 62 y el artículo 3º de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 1552 del 23 de abril de 1953 y sus reformas.

CAPITULO II

Reformas a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional

Artículo 4º.- Refórmanse los artículos 7º, 8º, 12, 13, 21, 27, 33, 34, inciso 7), 38, 41, incisos 8) y 9), 55, 56, 63, 70, 141, 144, 146, 151, 154, 183, 185 y 188 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Nº 1644 del 26 de setiembre de 1953 y sus reformas, para que digan de la siguiente manera:

"Artículo 7º.-Solamente los bancos establecidos conforme con lo dispuesto en esta ley podrán usar en su nombre comercial, en la descripción de sus negocios, en la papelería o en la publicidad, las palabras "banco" o "establecimiento bancario", o derivados de esos términos que califiquen sus actividades como de carácter bancario. Toda persona natural o jurídica que contravenga esta disposición será requerida por el auditor general de la Auditoría General de Entidades Financieras mediante carta certificada, para que suspenda inmediatamente sus actividades ilegales. El infractor pagará una multa inicial de cien mil colones (¢ 100.000,00), así como dos mil colones (¢ 2.0 00,00), por cada día que continúe infringiendo la ley. Igual pena e iguales requisitos se le aplicarán a cualquier persona natural o jurídica que ejecute o anuncie la ejecución de operaciones que, en virtud de las leyes respectivas, estén reservadas de modo exclusivo a las instituciones bancarias establecidas, de conformidad con dichas leyes, sin perjuicio de las demás sanciones legales que le correspondan.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, la Auditoría General de Entidades Financieras ordenará el cierre inmediato del establecimiento. La orden respectiva será ejecutada por la Guardia Civil.

La certificación expedida por la Auditoría General de Entidades Financieras constituye título ejecutivo. La Auditoría General revalorará los montos de las multas cada dos años, en la misma proporción en que aumente el índice de precios que fije el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Artículo 8º.-El capital de cada uno de los bancos comerciales del Estado, incluido el de sus departamentos creados por ley, podrá incrementarse por ley o por capitalización de utilid