Pensión vitalicia para parálisis cerebral profunda y autismo

Qué cambia

La Ley 7125 da una pensión vitalicia a las personas con parálisis cerebral profunda, autismo, mielomeningocele u otra enfermedad de la primera infancia con manifestaciones neurológicas parecidas en gravedad (art. 1). El monto es igual al menor salario mínimo legal mensual que fija el Poder Ejecutivo.

La pensión se paga cada mes con fondos del Régimen No Contributivo que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (art. 1). El monto se ajusta cada vez que se fija un nuevo salario mínimo.

Para recibirla, la persona debe estar en estado de abandono o su familia debe estar en pobreza o pobreza extrema (art. 1). También debe tener un dictamen de la Comisión Calificadora del Estado de la Invalidez.

Los representantes de la persona deben cumplir los requisitos y trámites de la ley y del Reglamento del Régimen No Contributivo (art. 2). Además, deben someter a la persona a una evaluación médica de la Comisión Calificadora del Estado de la Invalidez de la CCSS.

El dinero puede entregarse a la institución pública o privada reconocida por el Estado que albergue al paciente (art. 3). Si lo atienden familiares o encargados, la pensión puede darse total o parcialmente en órdenes de compra de bienes o servicios. Cuando la madre atiende al paciente, el monto se gira directamente a ella.

El Instituto Mixto de Ayuda Social fiscaliza periódicamente el uso y destino de las pensiones entregadas a las instituciones (art. 4). La ley debía reglamentarse en sesenta días y rige desde su publicación (art. 5).

Los artículos 1 y 2 fueron reformados por la Ley 8769 del 1 de setiembre de 2009 (art. 1) (art. 2).

A quién le toca

A las personas con parálisis cerebral profunda, autismo, mielomeningocele u otra enfermedad de la primera infancia con manifestaciones neurológicas equiparables en severidad (art. 1).

A esas personas cuando están en estado de abandono o su familia está en pobreza o pobreza extrema (art. 1).

A los representantes de esas personas, que deben hacer los trámites y someterlas a la evaluación médica (art. 2).

A las instituciones públicas o privadas reconocidas por el Estado que alberguen al paciente, que pueden recibir los fondos (art. 3).

A las madres que atienden al paciente, que reciben el giro directo (art. 3).

Al Instituto Mixto de Ayuda Social, que fiscaliza el uso de las pensiones entregadas a instituciones (art. 4).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente 2. SINALEVI muestra la versión 3 de 3, sin observaciones de la Procuraduría.

El texto vigente incluye la reforma de los artículos 1 y 2 hecha por la Ley 8769 del 1 de setiembre de 2009 3. Esa reforma amplió la pensión a personas con autismo, mielomeningocele u otra enfermedad de la primera infancia con manifestaciones neurológicas equiparables (art. 1).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 7125 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.

El artículo 73 de la Constitución ordena que los seguros sociales protejan a los trabajadores contra enfermedad, invalidez y otras contingencias §Constitución, art. 73. La pensión de la Ley 7125 se paga con fondos del Régimen No Contributivo de la CCSS (art. 1). El artículo 73 también dice que los fondos de los seguros sociales no pueden usarse para fines distintos a los que motivaron su creación. Habría que revisar si el Régimen No Contributivo encaja en ese mandato, pero el dossier no lo aclara.

El artículo 50 dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes y el más adecuado reparto de la riqueza §Constitución, art. 50. La pensión busca apoyar a personas en abandono o pobreza (art. 1).

El artículo 57 garantiza un salario mínimo de fijación periódica §Constitución, art. 57. La pensión se calcula sobre el menor salario mínimo legal mensual (art. 1).

El artículo 21 dice que la vida humana es inviolable §Constitución, art. 21. La ley no regula ese punto.

Qué puede hacer usted

Si a usted le niegan la pensión o no le responden, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. El amparo procede contra actos u omisiones de servidores públicos que violen o amenacen violar derechos fundamentales. Cualquier persona puede interponerlo. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo puede interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación §guía, p. 22. También hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23. No es indispensable citar la norma constitucional infringida. No requiere autenticación y puede plantearse por memorial, telegrama u otro medio escrito.

Si cree que la ley misma tiene un problema de fondo, puede presentar una acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan normas o principios constitucionales. Requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de intereses difusos.

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si fue maltratada en sus derechos por una institución pública o sus funcionarios.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría revisa presupuestos de instituciones autónomas como la CCSS. Las denuncias se presentan en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas personas reciben esta pensión ni cuánto se paga en total.

El dossier no incluye el Reglamento del Régimen No Contributivo que menciona el artículo 2.

El dossier no aclara si el Régimen No Contributivo de la CCSS encaja en la prohibición del artículo 73 sobre usar fondos de seguros sociales para fines distintos.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.