La ley que repartió 700 millones por el huracán Juana

Qué cambia

La ley mueve 50.000 colones de un rubro a otro en Casa Presidencial. Rebaja 50.000 de servicios no personales, en la línea de información y publicidad, y los pasa a materiales y suministros, en la línea de otros materiales y suministros (art. 1).

El artículo 2 autoriza a la Comisión Nacional de Emergencias a usar 700.000.000 de colones que vienen de la Ley 7112 (art. 2). Ese dinero se registra como aporte a instituciones descentralizadas dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El texto dice para qué sirve ese dinero: programas de vivienda para los damnificados, según la declaratoria de emergencia, y obras de infraestructura vial rural y urbana (art. 2). Menciona rehabilitación y construcción de carreteras, puentes y caminos vecinales.

El artículo 3 reforma el párrafo cuarto del artículo 4 y el artículo 6 de la Ley 7112 (art. 3). El reparto de los 700.000.000 queda así: 450.000.000 para municipalidades, 100.000.000 para vivienda y 150.000.000 para carreteras y puentes.

Los 450.000.000 los administran los gobiernos municipales de diez cantones (art. 3).

El dinero municipal se usa solo en rehabilitación de infraestructura vial rural y urbana, caminos vecinales y puentes (art. 3).

Los 100.000.000 de vivienda quedan bajo responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (art. 3). Los 150.000.000 los emplea el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en construir y rehabilitar carreteras y puentes.

El artículo 6 reformado permite a las municipalidades, a las asociaciones de desarrollo de la comunidad y a las uniones cantonales de esas asociaciones disponer de sus recursos presupuestarios (art. 3). Pueden cambiar el destino original de esos recursos, excepto el rubro de servicios personales y cargos fijos. El fin es atender las necesidades apremiantes de la emergencia por el huracán Juana.

Todo movimiento presupuestario de ese tipo debe informarse a la Contraloría General de la República (art. 3). La Contraloría vela porque los fondos se usen para los propósitos que fija la ley.

La ley rige desde su publicación (art. 4).

A quién le toca

A diez gobiernos municipales, que reciben y administran 450.000.000 de colones para obra vial (art. 3).

Al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, que responde por 100.000.000 para construir viviendas (art. 3).

Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que emplea 150.000.000 en carreteras y puentes (art. 3).

A la Comisión Nacional de Emergencias, autorizada a usar los recursos de la Ley 7112 (art. 2).

A las asociaciones de desarrollo de la comunidad y a las uniones cantonales de esas asociaciones, que pueden mover su presupuesto salvo servicios personales y cargos fijos (art. 3).

A la Contraloría General de la República, que recibe los informes de esos movimientos y vigila el uso de los fondos (art. 3).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI registra la versión 2 de 2 y la titula "Ley de Presupuesto Extraordinario y Recursos de Comisión Nacional deEmergencias (Huracán Juana)" 2.

La Procuraduría General de la República anota que el artículo 1 modifica el presupuesto de ingresos y egresos 2. Sobre el artículo 2, dice que dispone el uso de los recursos adicionales de la Ley 7112 a favor de la Comisión Nacional de Emergencia por el huracán Juana. Sobre el artículo 3, dice que modifica el párrafo 4 del artículo 4 y el artículo 6 de la Ley 7112.

El dossier no muestra una versión anterior distinta del texto aprobado. La que se entrega es la última versión de la norma 2.

Frente a la Constitución

El artículo 180 dice que el presupuesto ordinario y los extraordinarios solo pueden modificarse por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo §Constitución, art. 180. Esta ley es una modificación presupuestaria aprobada por la Asamblea, y el dossier no permite ver quién tuvo la iniciativa. El Censo no encontró un choque claro por ese punto con lo que muestra el dossier.

El artículo 176 ordena que el monto de los gastos presupuestados no exceda el de los ingresos probables §Constitución, art. 176. La ley reparte 700.000.000 que vienen de la Ley 7112 y mueve 50.000 en Casa Presidencial (art. 2) (art. 1). El dossier no trae el cuadro completo de ingresos, así que no se puede verificar ese equilibrio.

El artículo 184 da a la Contraloría el deber de fiscalizar la ejecución de los presupuestos y examinar los presupuestos de las municipalidades §Constitución, art. 184. La ley reformada obliga a informar a la Contraloría de los movimientos presupuestarios y le encarga velar por el uso de los fondos (art. 3). Eso calza con ese artículo.

El artículo 170 reconoce autonomía a las corporaciones municipales y les fija una asignación mínima del 10% de los ingresos ordinarios §Constitución, art. 170. La ley les da dinero para obra vial y les permite mover su presupuesto (art. 3). El Censo no encontró choque entre esas dos reglas.

El artículo 169 pone la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley asigna obra vial a los gobiernos municipales de los diez cantones (art. 3). Eso calza con ese artículo.

El artículo 182 exige licitación para los contratos de ejecución de obras públicas de las municipalidades y las instituciones autónomas §Constitución, art. 182. La ley manda construir carreteras, puentes y viviendas con dinero público (art. 3). El texto no dice cómo se contratan esas obras, así que el dossier no permite ver si se respeta la licitación.

El artículo 105 excluye la materia presupuestaria del referéndum §Constitución, art. 105. Por eso esta ley no puede someterse a referéndum para derogarla.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una municipalidad o del MOPT viola un derecho suyo en la ejecución de esta ley, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos §guía, p. 22. En el escrito se expresa el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23. No requiere otras formalidades ni autenticación.

Si cree que esta ley choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales §guía, p. 24. Para interponerla se requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se defiendan intereses difusos.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos públicos de esta ley, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de denuncia electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le falla en un servicio relacionado con esta ley, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Puede hacerlo cualquier persona que habite en Costa Rica y haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios.

Para cambiar esta ley, la vía es una iniciativa popular de reforma §guía, p. 26. El proyecto se traslada a la Asamblea y debe votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice quién tuvo la iniciativa de esta ley, dato que el artículo 180 de la Constitución pone como requisito.

El dossier no trae el cuadro completo de ingresos y egresos del presupuesto de 1989 para verificar el equilibrio del artículo 176.

El dossier no dice cómo se contrataron las obras ni si se hicieron por licitación, como pide el artículo 182.

El dossier no dice si los 700.000.000 se ejecutaron ni en qué se gastaron.

El dossier no trae grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.