Costa Rica se comprometió a castigar el narcotráfico y lavado de dinero

Ley 7198

Convención sobre Estupefacientes, Drogas y Sustancias Psicotrópicas

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CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO

DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS

ARTICULO 1.- Apruébase la Convención de las Naciones Unidas contra el

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en

Viena el 19 de diciembre de 1988, suscrita por Costa Rica el 25 de abril de

1989, cuyo texto es el siguiente:

"CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO

DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS

APROBADA POR LA CONFERENCIA EN SU SEXTA SESION PLENARIA

CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 1988

LAS PARTES EN LA PRESENTE CONVENCION, PROFUNDAMENTE PREOCUPADAS por la

magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico

ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una

grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y

menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad.

PROFUNDAMENTE PREOCUPADAS ASIMISMO por la sostenida y creciente

penetración del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias

sicotrópicas en los diversos grupos sociales y, particularmente, por la

utilización de niños en muchas partes del mundo como mercado de consumo y

como instrumentos para la producción, la distribución y el comercio

ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, lo que entraña un

peligro de gravedad incalculable.

RECONOCIENDO los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras

actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las

economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de

los Estados.

RECONOCIENDO TAMBIEN que el tráfico ilícito es una actividad delictiva

internacional cuya supresión exige urgente atención y la más alta

prioridad.

CONSCIENTES de que el tráfico ilícito genera considerables

rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las

organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper

las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y

financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles, y,

DECIDIDAS a privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito del

producto de sus actividades delictivas y eliminar así su principal

incentivo para tal actividad.

DESEOSAS de eliminar las causas profundas del problema del uso

indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, comprendida la

demanda ilícita de dichas drogas y sustancias y las enormes ganancias

derivadas del tráfico ilícito.

CONSIDERANDO que son necesarias medidas de control con respecto a

determinadas sustancias, como los precursores, productos químicos y

disolventes, que se utilizan en la fabricación de estupefacientes y

sustancias sicotrópicas, y que, por la facilidad con que se consiguen, han

provocado un aumento de la fabricación clandestina de esas drogas y

sustancias.

DECIDIDAS a mejorar la cooperación internacional para la supresión del

tráfico ilícito por mar.

RECONOCIENDO que la erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad

colectiva de todos los Estados y que, a ese fin, es necesario una acción

coordinada en el marco de la cooperación internacional.

RECONOCIENDO TAMBIEN la competencia de las Naciones Unidas en materia

de fiscalización de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y deseando

que los órganos internacionales relacionados con esa fiscalización actúen

dentro del marco de las Naciones Unidas.

REAFIRMANDO los principios rectores de los tratados vigentes sobre

fiscalización de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y el sistema de

fiscalización que establecen.

RECONOCIENDO la necesidad de fortalecer y complementar las medidas

previstas en la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes, en esa

Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la

Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes y en el Convenio sobre

Sustancias Sicotrópicas de 1971, con el fin de enfrentarse a la magnitud y

difusión del tráfico ilícito y sus graves consecuencias.

RECONOCIENDO TAMBIEN la importancia de robustecer e intensificar

medios jurídicos eficaces de cooperación internacional en asuntos penales

para suprimir las actividades delictivas internacionales de tráfico

ilícito.

DESEOSAS de concertar una convención internacional que sea un

instrumento completo, eficaz y operativo, específicamente dirigido contra

el tráfico ilícito, en la que se tomen en cuenta los diversos aspectos del

problema en su conjunto, en particular los que no estén previstos en los

tratados vigentes en la esfera de los estupefacientes y sustancias

sicotrópicas.

CONVIENEN en lo siguiente:

ARTICULO 1

DEFINICIONES

Salvo indicación expresa en contrario, o que el contexto haga

necesaria otra interpretación, las siguientes definiciones se aplicarán en

todo el texto de la presente Convención:

a) Por "Junta" se entiende la Junta Internacional de Fiscalización de

Estupefacientes establecida por la Convención Unica de 1961 sobre

Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de

Modificación de la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes.

b) Por "planta de cannabis" se entiende toda planta del género

Cannabis.

c) Por "arbusto de coca" se entiende la planta de cualesquiera especies

del género Erythroxylon.

d) Por "Transportista comercial" se entiende una persona o una entidad

pública, privada o de otro tipo dedicada al transporte de personas, bienes

o correo a título oneroso.

e) Por "Comisión" se entiende la Comisión de Estupefacientes del

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

f) Por "decomiso" se entiende la privación con carácter definitivo de

algún bien por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente.

g) Por "entrega vigilada" se entiende la técnica consistente en dejar

que remesas ilícitas o sospechosas de estupefacientes, sustancias

sicotrópicas, sustancias que figuran en el Cuadro I o el Cuadro II anexos a

la presente Convención o sustancias por las que se hayan sustituido las

anteriormente mencionadas, salgan del territorio de uno o más países, lo

atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus

autoridades competentes, con el fin de identificar a las personas

involucradas en la comisión de delitos tipificados de conformidad con el

párrafo 1 del artículo 3 de la presente Convención.

h) Por "Convención de 1961" se entiende la Convención Unica de 1961

sobre Estupefacientes.

i) Por "Convención de 1961 en su forma enmendada" se entiende la

Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo

de 1972 de Modificación de la Convención Unica de 1961 sobre

Estupefacientes.

j) Por "Convenio de 1971" se entiende el Convenio sobre Sustancias

Sicotrópicas de 1971.

k) Por "Consejo" se entiende el Consejo Económico y Social de las

Naciones Unidas.

l) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entiende la prohibición

temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o

el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o

por una autoridad competente.

m) Por "tráfico ilícito" se entiende los delitos enunciados en los

párrafos 1 y 2 del artículo 3 de la presente Convención.

n) Por "Estupefaciente" se entiende cualquiera de las sustancias,

naturales o sintéticas, que figuran en la Lista I o la Lista II de la

Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes y en esa Convención

enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Unica

de 1961 sobre Estupefacientes.

o) Por "adormidera" se entiende la planta de la especie Papaver

somniferum L.

p) Por "producto" se entiende los bienes obtenidos o derivados directa

o indirectamente de la comisión de un delito tipificado de conformidad con

el párrafo 1 del artículo 3.

q) Por "bienes" se entiende los activos de cualquier tipo, corporales

o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos

o instrumentos legales que acrediten la propiedad y otros derechos sobre

dichos activos.

r) Por "sustancia sicotrópica" se entiende cualquier sustancia,

natural o sintética, o cualquier material natural que figure en las Listas

I, II, III o IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.

s) Por "Secretario General" se entiende el Secretario General de las

Naciones Unidas.

t) Por "Cuadro I" y "Cuadro II" se entiende la lista de sustancias que

con esa numeración se anexa a la presente Convención, enmendada

oportunamente de conformidad con el artículo 12.

u) Por "Estado de tránsito" se entiende el Estado a través de cuyo

territorio se hacen pasar estupefacientes, sustancias sicotrópicas y

sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II, de carácter ilícito,

y que no es el punto de procedencia ni el de destino definitivo de esas

sustancias.

ARTICULO 2

ALCANCE DE LA PRESENTE CONVENCION

1.- El propósito de la presente Convención es promover la cooperación

entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los

diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias

sicotrópicas que tengan una dimensión internacional. En el cumplimiento de

las obligaciones que hayan contraído en virtud de la presente convención,

las Partes adoptarán las medidas necesarias, comprendidas las de orden

legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones

fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

2.- Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas de la presente

Convención de manera que concuerde con los principios de la igualdad

soberana y de la integridad territorial de los Estados y de la no

intervención en los asuntos internos de otros Estados.

3.- Una parte no ejercerá en el territorio de otra Parte competencias

ni funciones que hayan sido reservadas exclusivamente a las autoridades de

esa otra Parte por su derecho interno.

ARTICULO 3

DELITOS Y SANCIONES

1.- Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para

tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan

intencionalmente:

a) i) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la

oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en

cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el

transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o

sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961,

en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.

ii) El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de

cannabis con el objeto de producir estupefacientes en contra de lo

dispuesto en la Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma

enmendada.

iii) La posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o

sustancia sicotrópica con objeto de realizar cualquiera de las

actividades enumeradas en el precedente apartado i).

iv) La fabricación, el transporte o la distribución de equipos,

materiales o de las sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a

sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la

fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para

dichos fines.

v) La organización, la gestión o la financiación de alguno de los

delitos enumerados en los precedentes apartados i), ii), iii) o iv).

b) i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que

tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de

conformidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de

participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el

origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe

en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas

de sus acciones.

ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la

ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de

derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o

de algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del

presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos.

c) A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos

fundamentales de su ordenamiento jurídico:

i) La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a

sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de

alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a)

del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos.

ii) La posesión de equipos o materiales o sustancias enumeradas en el

Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas de que se utilizan o se habrán de

utilizar en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de

estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para tales fines.

iii) Instigar o inducir públicamente a otros, por cualquier medio, a

cometer alguno de los delitos tipificados de conformidad con el presente

artículo o a utilizar ilícitamente estupefacientes o sustancias

sicotrópicas.

iv) La participación en la comisión de alguno de los delitos

tipificados de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, la

asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos,

y la asistencia, la incitación, la facilitación o el asesoramiento en

relación con su comisión.

2.- A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos

fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales

conforme con su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la

posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias

sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la

Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el

Convenio de 1971.

3.- El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como

elementos de cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1 del

presente artículo podrán inferirse de las circunstancias objetivas del

caso.

4.- a) Cada una de las Partes dispondrá que por la comisión de los

delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo

se apliquen sanciones proporcionadas a la gravedad de esos delitos, tales

como la pena de prisión u otras formas de privación de libertad, las

sanciones pecuniarias y el decomiso.

b) Las Partes podrán disponer, en los casos de delitos tipificados de

conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, que, como complemento

de la declaración de culpabilidad o de la condena, el delincuente sea

sometido a medidas de tratamiento, educación, postratamiento,

rehabilitación o reinserción social.

c) No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en los casos

apropiados de infracciones de carácter leve, las Partes podrán sustituir la

declaración de culpabilidad o la condena por la aplicación de otras medidas

tales como las de educación, rehabilitación o reinserción social, así como,

cuando el delincuente sea un toxicómano, de tratamiento y postratamiento.

d) Las Partes podrán, ya sea a título sustitutivo de la declaración de

culpabilidad o de la condena por un delito tipificado de conformidad con el

párrafo 2 del presente artículo o como complemento de dicha declaración de

culpabilidad o de dicha condena, disponer medidas de tratamiento,

educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción social del

delincuente.

5.- Las Partes dispondrán lo necesario para que sus tribunales y demás

autoridades jurisdiccionales competentes puedan tener en cuenta las

circunstancias de hecho que den particular gravedad a la comisión de los

delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo,

tales como:

a) La participación en el delito de un grupo delictivo organizado del

que el delincuente forme parte.

b) La participación del delincuente en otras actividades delictivas

internacionales organizadas.

c) La participación del delincuente en otras actividades ilícitas cuya

ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.

d) El recurso a la violencia o el empleo de armas por parte del

delincuente.

e) El hecho de que el delincuente ocupe un cargo público y de que el

delito guarde relación con ese cargo.

f) La victimización o utilización de menores de edad.

g) El hecho de que el delito se haya cometido en establecimientos

penitenciarios, en una institución educativa o en un centro asistencial o

en sus inmediaciones o en otros lugares a los que escolares y estudiantes

acudan para realizar actividades educativas, deportivas y sociales.

h) Una declaración de culpabilidad anterior, en particular por delitos

análogos, por tribunales extranjeros o del propio país, en la medida en que

el derecho interno de cada una de las Partes lo permita.

6.- Las Partes se esforzarán por asegurarse de que cualesquiera

facultades legales discrecionales, conforme con su derecho interno,

relativas al enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados de

conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, se ejerzan para dar

la máxima eficacia a las medidas de detección y represión respecto de esos

delitos teniendo debidamente en cuenta la necesidad de ejercer un efecto

disuasivo en lo referente a la comisión de esos delitos.

7.- Las Partes velarán porque sus tribunales o demás autoridades

competentes tengan en cuenta la gravedad de los delitos enumerados en el

párrafo 1 del presente artículo y las circunstancias enumeradas en el

párrafo 5 del presente artículo al considerar la posibilidad de conceder la

libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido

declaradas culpables de alguno de esos delitos.

8.- Cada una de las Partes establecerá, cuando proceda, en su derecho

interno un plazo de prescripción prolongado dentro del cual se pueda

iniciar el procesamiento por cualquiera de los delitos tipificados de

conformidad con el párrafo 1 del presente artículo. Dicho plazo será mayor

cuando el presunto delincuente hubiese eludido la administración de

justicia.

9.- Cada una de las Partes adoptará medidas adecuadas, conforme con lo

previsto en su propio ordenamiento jurídico, para que la persona que haya

sido acusada o declarada culpable de alguno de los delitos tipificados de

conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, que se encuentre en el

territorio de dicha Parte, comparezca en el proceso penal correspondiente.

10.- A los fines de la cooperación entre las partes prevista en la

presente Convención, en particular la cooperación prevista en los artículos

5, 6, 7 y 9, los delitos tipificados de conformidad con el presente

artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos

ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones

constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de

las Partes.

11.- Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará al

principio de que la tipificación de los delitos a que se refiere o de las

excepciones alegables en relación con éstos queda reservada al derecho

interno de las Partes y de que esos delitos han de ser enjuiciados y

sancionados con arreglo a lo previsto en ese derecho.

ARTICULO 4

COMPETENCIA

1.- Cada una de las Partes:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente

respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1

del artículo 3:

i) Cuando el delito se cometa en su territorio.

ii) Cuando el delito se cometa a bordo de una nave que enarbole su

pabellón o de una aeronave matriculada con arreglo a su legislación en el

momento de cometerse el delito.

b) Podrá adoptar las medidas que sean necesarias para declararse

competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con

el párrafo 1 del artículo 3:

i) Cuando el delito sea cometido por un nacional suyo o por una persona

que tenga su residencia habitual en su territorio.

ii) Cuando el delito se cometa a bordo de una nave para cuya

incautación dicha Parte haya recibido previamente autorización con arreglo

a lo previsto en el artículo 17, siempre que esa competencia se ejerza

únicamente sobre la base de los acuerdos o arreglos a que se hace

referencia en los párrafos 4 y 9 de dicho artículo.

iii) Cuando el delito sea uno de los tipificados de conformidad con el

apartado iv) del inciso c) del párrafo 1 del artículo 3 y se cometa fuera

de su territorio con miras a perpetrar en él uno de los delitos tipificados

de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.

2.- Cada una de las Partes:

a) Adoptará también las medidas que sean necesarias para declararse

competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con

el párrafo 1 del artículo 3, cuando el presunto delincuente se encuentre en

su territorio y dicha Parte no lo extradite a otra basándose en que:

i) El delito se ha cometido en su territorio o a bordo de una nave que

enarbole su pabellón o de una aeronave matriculada con arreglo a su

legislación en el momento de cometerse el delito.

ii) El delito ha sido cometido por un nacional suyo.

b) Podrá adoptar también las medidas que sean necesarias para

declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de

conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, cuando el presunto delincuente

se encuentre en su territorio y dicha Parte no lo extradite a otra.

3.- La presente Convención no excluye el ejercicio de las competencias

penales establecidas por una Parte de conformidad con su derecho interno.

ARTICULO 5

DECOMISO

1.- Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para

autorizar el decomiso:

a) Del producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el

párrafo 1 del artículo 3, o de bienes cuyo valor equivalga al de ese

producto.

b) De estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los materiales y

equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en

cualquier forma para cometer los delitos tipificados de conformidad con el

párrafo 1 del artículo 3.

2.- Cada una de las Partes adoptará también las medidas que sean

necesarias para permitir a sus autoridades competentes la identificación,

la detección y el embargo preventivo o la incautación del producto, los

bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos a que se refiere el

párrafo 1 del presente artículo, con miras a su eventual decomiso.

3.- A fin de dar aplicación a las medidas mencionadas en el presente

artículo, cada una de las Partes facultará a sus tribunales u otras

autoridades competentes a ordenar la presentación o la incautación de

documentos bancarios, financieros o comerciales. Las Partes no podrán

negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el

secreto bancario.

4.- a) Al recibirse una solicitud formulada con arreglo al presente

artículo por otra Parte que sea competente respecto de un delito tipificado

de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, la Parte en cuyo territorio

se encuentren el producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera

otros de los elementos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo:

i) Presentará la solicitud a sus autoridades competentes con el fin de

obtener un mandamiento de decomiso al que, en caso de concederse, dará cumplimiento.

ii) Presentará ante sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en la medida solicitada, el mandamiento de decomiso expedido

por la Parte requirente de conformidad con el párrafo 1 del presente

artículo, en lo que se refiera al producto, los bienes, los instrumentos o

cualesquiera otros elementos a que se refiere el párrafo 1 que se

encuentren en el territorio de la Parte requerida.

b) Al recibirse una solicitud formulada con arreglo al presente

artículo por otra Parte que sea competente por respecto de un delito

tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, la parte

requerida adoptará medidas para la identificación, la detección y el

embargo preventivo o la incautación del producto, los bienes, los

instrumentos o cualesquiera otros elementos a que se refiere el párrafo 1

del presente artículo, con miras al eventual decomiso que se ordene, ya sea

por la Parte requirente o, cuando se haya formulado una solicitud con

arreglo al inciso a) del presente párrafo, por la parte requerida.

c) Las decisiones o medidas previstas en los incisos a) y b) del

presente párrafo serán adoptadas por la Parte requerida de conformidad con

su derecho interno y con su sujeción a sus disposiciones, y de conformidad

con sus reglas de procedimiento o los tratados, acuerdos o arreglos

bilaterales o multilaterales que haya concertado con la Parte requirente.

d) Será aplicable, mutatis mutandis, lo dispuesto en los párrafos 6 a

19 del artículo 7. Además de la información enumerada en el párrafo 10 del

artículo 7, las solicitudes formuladas de conformidad con el presente

artículo contendrán lo siguiente:

i) En el caso de una solicitud correspondiente al apartado i) del

inciso a) del presente párrafo, una descripción de los bienes por decomisar

y una exposición de los hechos en que se funde la parte requirente que sea

suficiente para que la parte requerida pueda tramitar el mandamiento con

arreglo a su derecho interno.

ii) En el caso de una solicitud correspondiente al apartado ii) del

inciso a), una copia admisible en derecho de un mandamiento de decomiso

expedido por la Parte requirente que sirva de fundamento a la solicitud,

una exposición de los hechos e información sobre el alcance de la solicitud

de ejecución del mandamiento.

iii) En el caso de una solicitud correspondiente al inciso b), una

exposición de los hechos en que se funde la Parte requirente y una

descripción de las medidas solicitadas.

e) Cada una de las Partes proporcionará al Secretario General el texto

de cualesquiera de sus leyes y reglamentos por los que haya dado aplicación

al presente párrafo, así como el texto de cualquier cambio ulterior que se

efectúe en dichas leyes y reglamentos.

f) Si una de las Partes opta por supeditar la adopción de las medidas

mencionadas en los incisos a) y b) del presente párrafo a la existencia de

un tratado pertinente, dicha Parte considerará la presente Convención como

base convencional necesaria y suficiente.

g) Las Partes procurarán concertar tratados, acuerdos o arreglos

bilaterales y multilaterales para mejorar la eficacia de la cooperación

internacional prevista en el presente artículo.

5.- a) La Parte que haya decomisado el producto o los bienes conforme

con los párrafos 1 ó 4 del presente artículo dispondrá de ellos en la forma

prevista por su derecho interno y sus procedimientos administrativos.

b) Al actuar a solicitud de otra Parte, con arreglo a lo previsto en

el presente artículo, la Parte podrá prestar particular atención a la

posibilidad de concertar acuerdos a fin de:

i) Aportar la totalidad o una parte considerable del valor de dicho

producto y de dichos bienes, o de los fondos derivados de la venta de dicho

producto o de dichos bienes, a organismos intergubernamentales

especializados en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de

estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

ii) Repartirse con otras Partes, conforme con un criterio

preestablecido o definido para cada caso, dicho producto o dichos bienes, o

los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes, con

arreglo a lo previsto por su derecho interno, sus procedimientos

administrativos o los acuerdos bilaterales o multilaterales que hayan

concertado a este fin.

6.- a) Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros

bienes, éstos podrán ser objeto de las medidas aplicables al producto

mencionadas en el presente artículo.

b) Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de

fuentes lícitas, sin perjuicio de cualquier otra facultad de incautación o

embargo preventivo aplicable, se podrán decomisar dichos bienes hasta el

valor estimado del producto mezclado.

c) Dichas medidas se aplicarán asimismo a los ingresos u otros

beneficios derivados:

i) Del producto.

ii) De los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o

convertido.

iii) De los bienes con los cuales se haya mezclado el producto de la

misma manera y en la misma medida que el producto.

7.- Cada una de las Partes considerará la posibilidad de invertir la

carga de la prueba respecto del origen lícito del supuesto producto u otros

bienes sujetos a decomiso, en la medida en que ello sea compatible con los

principios de su derecho interno y con la naturaleza de sus procedimientos

judiciales y de otros procedimientos.

8.- Lo dispuesto en el presente artículo no podrá interpretarse en

perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

9.- Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio

de que las medidas que en él se prevén serán definidas y aplicadas de

conformidad con el derecho interno de cada una de las partes y con arreglo

a lo dispuesto en él.

ARTICULO 6

EXTRADICION

1.- El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por las

Partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.

2.- Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo

se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en

todo tratado de extradición vigente entre las Partes. Las Partes se

comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo

tratado de extradición que concierten entre sí.

3.- Si una Parte que supedita la extradición a la existencia de un

tratado recibe de otra Parte, con la que no la vincula ningún tratado de

extradición, una solicitud de extradición, podrá considerar la presente

Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos

a los que se aplica el presente artículo. Las Partes que requieran una

legislación detallada para hacer valer la presente Convención como base

jurídica de la extradición considerarán la posibilidad de promulgar la

legislación necesaria.

4.- Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un

tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo

como casos de extradición entre ellas.

5.- La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la

legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición

aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede

denegar la extradición.

6.- Al examinar las solicitudes recibidas de conformidad con el

presente artículo, el Estado requerido podrá negarse a darles cumplimiento

cuando existan motivos justificados que induzcan a sus autoridades

judiciales u otras autoridades competentes a presumir que su cumplimiento

facilitaría el procesamiento o el castigo de una persona por razón de su

raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o que se ocasionarían

perjuicios por alguna de estas razones a alguna persona afectada por la

solicitud.

7.- Las Partes se esforzarán por agilizar los procedimientos de

extradición y simplificar los requisitos probatorios con respecto a

cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo.

8.- A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados

de extradición, la Parte requerida podrá, tras haberse cerciorado de que

las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud

de la Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya

extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras

medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de

extradición.

9.- Sin perjuicio del ejercicio de cualquier competencia penal

declarada de conformidad con su derecho interno, la Parte en cuyo

territorio se encuentre un presunto delincuente deberá:

a) Si no lo extradita por un delito tipificado de conformidad con el

párrafo 1 del artículo 3 por los motivos enunciados en el inciso a) del

párrafo 2 del artículo 4, presentar el caso ante sus autoridades

competentes para enjuiciarlo, salvo que se haya acordado otra cosa con

la Parte requirente.

b) Si no lo extradita por un delito de ese tipo y se ha declarado

competente en relación con ese delito de conformidad con el inciso b)

del párrafo 2 del artículo 4, presentará el caso ante sus autoridades

competentes para enjuiciarlo, salvo que la Parte requirente solicite

otra cosa a efectos de salvaguardar su competencia legítima.

10.- Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla

una condena se deniega basándose en que la persona objeto de la solicitud

es nacional de la Parte requerida, ésta, si su legislación lo permite y de

conformidad con los requisitos de dicha legislación, previa solicitud de la

Parte requirente, considerará la posibilidad de hacer cumplir la condena

impuesta conforme con la legislación de la Parte requirente o el resto de

dicha condena que quede por purgar.

11.- Las Partes procurarán concertar acuerdos bilaterales y

multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.

12.- Las Partes podrán considerar la posibilidad de concertar acuerdos

bilaterales o multilaterales, ya sean especiales o generales, sobre el

traslado de las personas condenadas a prisión u otra forma de privación de

libertad por los delitos a los que se aplica el presente artículo, a fin de

que puedan terminar de cumplir sus condenas en su país.

ARTICULO 7

ASISTENCIA JUDICIAL RECIPROCA

1.- Las Partes se prestarán, a tenor de lo dispuesto en el presente

artículo, la más amplia asistencia judicial recíproca en las

investigaciones, procesos y actuaciones judiciales referentes a delitos

tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.

2.- La asistencia judicial recíproca que ha de prestarse de

conformidad con el presente artículo podrá ser solicitada para cualquiera

de los siguientes fines:

a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas.

b) Presentar documentos judiciales.

c) Efectuar inspecciones e incautaciones.

d) Examinar objetos y lugares.

e) Facilitar información y elementos de prueba.

f) Entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes

relacionados con el caso, inclusive documentación bancaria, financiera,

social y comercial.

g) Identificar o detectar el producto, los bienes, los instrumentos u

otros elementos con fines probatorios.

3.- Las partes podrán prestarse cualquier otra forma de asistencia

judicial recíproca autorizada por el derecho interno de la Parte requerida.

4.- Las Partes, si así se les solicita y en la medida compatible con

su derecho y práctica internos, facilitarán o alentarán la presentación o

disponibilidad de personas, incluso de detenidos, que consientan en

colaborar en las investigaciones o en intervenir en las actuaciones.

5.- Las Partes no invocarán el secreto bancario para negarse a prestar

asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.

6.- Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las

obligaciones derivadas de otros tratados bilaterales o multilaterales,

vigentes o futuros, que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial

recíproca en asuntos penales.

7.- Los párrafos 8 a 19 del presente artículo se aplicarán a las

solicitudes que se formulen con arreglo al mismo, siempre que no medie

entre las Partes interesadas un tratado de asistencia judicial recíproca.

Cuando las partes estén vinculadas por un tratado de esta índole, se

aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que

las Partes convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 8 a 19 del

presente artículo.

8.- Las Partes designarán una autoridad o, cuando sea necesario,

varias autoridades, con facultades para dar cumplimiento a las solicitudes

de asistencia judicial recíproca o transmitirlas a las autoridades

competentes para su ejecución. Se notificará al Secretario General la

autoridad o autoridades que hayan sido designadas para este fin. Las

autoridades designadas por las Partes serán las encargadas de transmitir

las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra

comunicación pertinente; la presente disposición no afectará el derecho de

cualquiera de las Partes a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le

sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando las

Partes convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de

Policía Criminal, de ser ello posible.

9.- Las solicitudes deberán presentarse por escrito en un idioma

aceptable para la Parte requerida. Se notificará al Secretario General el

idioma o idiomas que sean aceptables para cada una de las Partes. En

situaciones de urgencia, y cuando las partes convengan en ello se podrán

hacer las solicitudes verbalmente, debiendo ser seguidamente confirmadas

por escrito.

10.- En las solicitudes de asistencia judicial recíproca deberá figurar

lo siguiente:

a) La identidad de la autoridad que haga la solicitud.

b) El objeto y la índole de la investigación, del proceso o de las

actuaciones a que se refiera la solicitud, y el nombre y funciones de la

autoridad que esté efectuando dicha investigación, dicho procesamiento o

dichas actuaciones.

c) Un resumen de los datos pertinentes, salvo cuando se trate de

solicitudes para la presentación de documentos judiciales.

d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre

cualquier procedimiento particular que la parte requirente desee que se

aplique.

e) Cuando sea posible, la identidad y la nacionalidad de toda persona

involucrada y el lugar en que se encuentre.

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o

actuación.

11.- La Parte requerida podrá pedir información adicional cuando sea

necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su

derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

12.- Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho

interno de la parte requerida y, en la medida en que no se contravenga la

legislación de dicha Parte y siempre que ello sea posible, de conformidad

con los procedimientos especificados en la solicitud.

13.- La Parte requirente no comunicará ni utilizará, sin previo

consentimiento de la parte requerida, la información o las pruebas

proporcionadas por la Parte requerida para otras investigaciones, procesos

o actuaciones distintas de las indicadas en la solicitud.

14.- La Parte requirente podrá exigir que la Parte requerida mantenga

reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la

medida necesaria para darle cumplimiento. Si la Parte requerida no puede

mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato a la parte requirente.

15.- La asistencia judicial recíproca solicitada podrá ser denegada:

a) Cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en el presente

artículo.

b) Cuando la Parte requerida considere que el cumplimiento de lo

solicitado pudiera menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden

público u otros intereses fundamentales.

c) Cuando el derecho interno de la Parte requerida prohíba a sus

autoridades acceder a una solicitud formulada en relación con un delito

análogo, si éste hubiera sido objeto de investigación, procesamiento o

actuaciones en el ejercicio de su propia competencia.

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico

de la Parte requerida en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.

16.- Las denegaciones de asistencia judicial recíproca serán motivadas.

17.- La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por la Parte

requerida si perturbase el curso de una investigación, un proceso o unas

actuaciones. En tal caso, la Parte requerida deberá consultar con la Parte

requirente para determinar si es aún posible prestar la asistencia en la

forma y en las condiciones que la primera estime necesarias.

18.- El testigo, perito u otra persona que consienta en deponer en

juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en

el territorio de la Parte requirente, no será objeto de procesamiento,

detención o castigo, ni de ningún tipo de restricción de su libertad

personal en dicho territorio por actos, omisiones o por declaraciones de

culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio de la

Parte requerida. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra

persona haya tenido durante 15 días consecutivos, o durante el período

acordado por las Partes, después de la fecha en que se le haya informado

oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su

presencia, la oportunidad de salir del país y, no obstante, permanezca

voluntariamente en el territorio o regrese espontáneamente a él después de

haberlo abandonado.

19.- Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud

serán sufragados por la Parte requerida salvo que las Partes interesadas

hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos

o de carácter extraordinario, las Partes se consultarán para determinar los

términos y condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud,

así como la manera en que se sufragarán los gastos.

20.- Cuando sea necesario, las Partes considerarán la posibilidad de

concertar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los

fines del presente artículo y que, en la práctica, den efecto a sus

disposiciones o las refuercen.

ARTICULO 8

REMISION DE ACTUACIONES PENALES

Las Partes considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones

penales para el procesamiento por los delitos tipificados de conformidad

con el párrafo 1 del artículo 3, cuando se estime que esa remisión obrará en interés de una correcta administración de justicia.

ARTICULO 9

OTRAS FORMAS DE COOPERACION Y CAPACITACION

1.- Las Partes colaborarán estrechamente entre sí, en armonía con sus

respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar

la eficacia de las medidas de detección y represión orientadas a suprimir

la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del

artículo 3. Deberán, en particular, sobre la base de acuerdos o arreglos

bilaterales o multilaterales:

a) Establecer y mantener canales de comunicación entre sus organismos

y servicios competentes a fin de facilitar el intercambio rápido y seguro

de información sobre todos los aspectos de los delitos tipificados de

conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, incluso, siempre que las

Partes interesadas lo estimen oportuno, sobre sus vinculaciones con otras

actividades delictivas.

b) Cooperar en la realización de indagaciones, con respecto a delitos

tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 y de carácter

internacional, acerca:

i) De la identidad, el paradero y las actividades de personas

presuntamente implicadas en delitos tipificados de conformidad con el

párrafo 1 del artículo 3.

ii) Del movimiento del producto o de los bienes derivados de la

comisión de esos delitos.

iii) Del movimiento de estupefacientes, sustancias sicotrópicas,

sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II de la presente

Convención e instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la

comisión de esos delitos.

c) Cuando sea oportuno, y siempre que no contravenga lo dispuesto en

su derecho interno, crear equipos conjuntos, teniendo en cuenta la

necesidad de proteger la seguridad de las personas y de las operaciones,

para dar efecto a lo dispuesto en el presente párrafo. Los funcionarios de

cualquiera de las Partes que integren esos equipos actuarán conforme con la

autorización de las autoridades competentes de la Parte en cuyo territorio

se ha de llevar a cabo la operación. En todos esos casos las Partes de que

se trate velarán porque se respete plenamente la soberanía de la Parte en

cuyo territorio se ha de realizar la operación.

d) Proporcionar, cuando corresponda, las cantidades necesarias de

sustancias para su análisis o investigación.

e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos y servicios

competentes y promover el intercambio de personal y de otros expertos,

incluso destacando funcionarios de enlace.

2.- Cada una de las Partes, en la medida necesaria, iniciará,

desarrollará o perfeccionará programas específicos de capacitación

destinados a su personal de detección y represión o de otra índole,

incluido el personal aduanero, encargado de suprimir los delitos

tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artícul