# Ley 7201: La ley 7201 que regulaba la bolsa ya no rige desde 1997 - Página: https://elcenso.com/leyes/7201 - Tipo: Ley de la República de Costa Rica - Título oficial: LEY REGULADORA DEL MERCADO DE VALORES Y REFORMAS AL CODIGO DE COMERCIO - Estado: No vigente (SINALEVI: Derogado) - Fuente oficial: https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1 ## En resumen La Ley Reguladora del Mercado de Valores de 1990 fue derogada en su totalidad y la reemplazó la Ley 7732, que creó SUGEVAL. ## A quién le toca - A las personas que invierten en bolsa y compraban títulos valores - A los puestos de bolsa y agentes de bolsa que operaban en el mercado - A las empresas que hacían oferta pública de valores - A las centrales para el depósito de valores ## A quién beneficia - La Ley 7732 creó SUGEVAL como órgano de máxima desconcentración del Banco Central de Costa Rica - La nueva ley mantiene la supervisión del mercado de valores bajo una institución estatal ## Qué cambia - Las reglas de la Ley 7201 ya no se aplican desde el 17 de diciembre de 1997 - Las palabras "agentes de bolsa" y "puestos de bolsa" siguen reservadas, pero ahora bajo la Ley 7732 - La protección al inversionista pasó a manos de SUGEVAL ## Cláusulas a revisar - **Investigaciones declaradas secretas** (24): El artículo 24 declaraba material secreto el resultado de las investigaciones de la Comisión. Solo las autoridades judiciales podían acceder. Texto: "El resultado de las investigaciones que realice la Comisión, en el ejercicio de las atribuciones de inspección, constituyen material secreto al que sólo tendrán acceso las autoridades judiciales competentes." - **Excepción para asociaciones de bolsa** (2): El artículo 2 exceptuaba a esas asociaciones de la prohibición de usar los términos reservados, siempre que no hicieran intermediación. Texto: "Se exceptúa de la aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores a las asociaciones de agentes de bolsa, de puestos de bolsa, de bolsas de valores u otras personas que sean autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para estos efectos, siempre que no realicen intermediación en el mercado de valores." - **Facultad amplia para publicar sanciones** (10): La ley permitía a la Comisión publicar en medios de comunicación las sanciones impuestas, con el detalle de las personas sancionadas y los motivos. Texto: "Asimismo, la Comisión tendrá la facultad de publicar, en los medios de comunicación colectiva, las sanciones impuestas, con el detalle de las personas físicas o jurídicas sancionadas y de los motivos que las provocaron." ## Explicación ### Qué decía La Ley 7201 ya no está vigente. La derogó por completo el artículo 196 de la Ley 7732 del 17 de diciembre de 1997 ([art. 1](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1)). Mientras rigió, la ley creó la Comisión Nacional de Valores como órgano adscrito al Banco Central de Costa Rica ([art. 5](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1)). Esa Comisión debía regular, fiscalizar y vigilar el mercado de valores ([art. 6](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1)). También reservó palabras como "agentes de bolsa", "puestos de bolsa" y "bolsa de valores" para quienes tuvieran autorización ([art. 2](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1)). Quien usara esos términos sin permiso podía ir a prisión de tres meses a dos años. La ley obligaba a callar las negociaciones de los clientes. Las bolsas y los puestos no podían dar información sobre esas operaciones, salvo con permiso escrito del cliente o por orden judicial ([art. 3](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1)). Además, prohibía operar con información privilegiada. Quien lo hiciera pagaba una multa de diez veces el provecho obtenido ([art. 4](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1)). La ley también reformó el Código de Comercio en decenas de artículos. Tocó los numerales 26, 27, 30, 31, 106, 107, 129, 139, 142, 143, 173, 181, 182, 189, 232, 252, 253, 263, 398, 399, 400, 402, 407, 409, 410 y 498 [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1). ### Qué la reemplazó La Ley 7732 del 17 de diciembre de 1997 derogó la Ley 7201 en su totalidad, según el artículo 196 de esa misma norma ([art. 1](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1)). La guía de participación ciudadana confirma el cambio. Dice que la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) fue creada por la Ley Reguladora del Mercado de Valores, N°7732, como órgano de máxima desconcentración del Banco Central de Costa Rica ([guía, p. 112](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=112)). El dossier no incluye el texto completo de la Ley 7732. Por eso no se puede detallar aquí qué artículo por artículo cambió. ### Cómo está hoy según SINALEVI SINALEVI registra la Ley 7201 como "Derogado" en su versión 3 de 3 [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1). La Procuraduría General de la República anota que el artículo 1 de la ley emitió la Ley Reguladora del Mercado de Valores con 178 artículos [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1). También señala que reformó extensamente el Código de Comercio. El dictamen de la Procuraduría N° C-120-92 estableció que esta ley reformó tácitamente el artículo 145 del Código de Comercio [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1). SINALEVI muestra una diferencia entre el texto aprobado y el vigente en el artículo 53. El texto aprobado dice que al tenedor de las cédulas "se le hará la liquidación de intereses hasta la fecha del retiro" ([art. 53](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1)). La versión que muestra SINALEVI se corta en la palabra "ante" [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1). ### Lo que se dijo en la Asamblea La grabación disponible no trata sobre la Ley 7201. Trata sobre el proyecto 21.200 93, que reforma las leyes reguladoras del mercado de valores y de seguros ([video, 00:00:10](https://www.youtube.com/watch?v=LMcbFmDI9rY&t=10s)). Una persona que habla en el video explica que el proyecto busca fortalecer la supervisión financiera nacional con estándares internacionales ([video, 00:00:23](https://www.youtube.com/watch?v=LMcbFmDI9rY&t=23s)). Esa misma persona dice que el cambio al artículo 615 del Código de Comercio importa porque antes no se establecía en qué situaciones SUGEVAL podía pedir información bancaria ([video, 00:00:50](https://www.youtube.com/watch?v=LMcbFmDI9rY&t=50s)). La persona también expresa su recelo: "tenía muchísimo recelo en función de abrir una una puerta una nueva puerta para el secreto bancario" ([video, 00:01:07](https://www.youtube.com/watch?v=LMcbFmDI9rY&t=67s)). El video menciona una audiencia con Luis Carlos Delgado Murillo, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero ([video, 00:01:48](https://www.youtube.com/watch?v=LMcbFmDI9rY&t=108s)). ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque claro entre la Ley 7201 y la Constitución del dossier. La ley ya no rige, así que sus reglas no se aplican hoy. Hay un punto que merece mirada. La Constitución garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos para informarse sobre asuntos de interés público ([Constitución, art. 30](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley permitía a la Comisión Nacional de Valores mantener en secreto el resultado de sus investigaciones ([art. 24](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1)). También hay dudas sobre el artículo 3 de la ley. Ese artículo obligaba a guardar silencio sobre las negociaciones de los clientes ([art. 3](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1)). La Constitución protege la intimidad y los documentos privados ([Constitución, art. 24](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La Constitución también garantiza la libertad de petición ante cualquier funcionario público ([Constitución, art. 27](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley fijaba plazos cortos para recurrir las decisiones de la Comisión: cinco días para el acto final y tres días en los demás casos ([art. 22](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1)). ### Qué puede hacer usted La ley ya no rige, así que no hay comisión legislativa que valga la pena presionar sobre este texto. Las vías son otras. Si un acto concreto de una autoridad pública viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). El amparo se plantea contra el servidor o el órgano que aparece como presunto autor del agravio ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). Debe presentarlo dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que tuvo noticia cierta de la violación. Si lo que quiere es atacar una ley o una disposición general por chocar con la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). Esa acción procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional. Para presentar una acción de inconstitucionalidad debe existir un asunto pendiente ante los tribunales o en el trámite para agotar la vía administrativa ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). No hace falta ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos. Si el problema es el mal funcionamiento de una institución pública, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes ([guía, p. 71](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71)). Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo. Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). La Contraloría solo actúa sobre el sector público, no sobre contratos entre privados. ### Lo que no sabemos El dossier no incluye el texto completo de la Ley 7732, así que no se puede comparar artículo por artículo qué cambió. El dossier no dice qué pasó con la Comisión Nacional de Valores después de la derogatoria. El dossier no permite saber si el artículo 53 de la Ley 7201 tuvo una corrección posterior o si el corte en SINALEVI es un error de la base de datos. El dossier no incluye grabaciones de la discusión de la Ley 7201 en 1990. ## Frente a la Constitución La ley ya no rige, pero dos de sus reglas (el secreto de las investigaciones y el silencio sobre negociaciones) chocan con el acceso a la información y la intimidad que protege la Constitución. ## Qué puede hacer usted - Recurso de amparo: Se presenta contra el servidor o el órgano que aparece como presunto autor del agravio. Cualquier persona puede hacerlo. Debe presentarlo dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que tuvo noticia cierta de la violación. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22) - Acción de inconstitucionalidad: Requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el trámite para agotar la vía administrativa. No hace falta ese caso cuando se defienden intereses difusos o colectivos. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24) - Queja ante la Defensoría de los Habitantes: Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja. La Defensoría no investiga casos que estén a la espera de una resolución judicial. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71) - Denuncia ante la Contraloría General de la República: Se puede presentar personalmente en Sabana Sur, llamar al 2501-8000 o al 2501-8025, o usar el portal de denuncia electrónica. La Contraloría solo actúa sobre el sector público. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) ## Fuentes 1. Ley 7201: LEY REGULADORA DEL MERCADO DE VALORES Y REFORMAS AL CODIGO DE COMERCIO. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx 2. Ley 7201 en SINALEVI: Ley Reguladora del Mercado de Valores (Derogado, Versión de la norma: 3 de 3). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 10/10/1990. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=2659¶m2=128076¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf 4. DICTAMINAN REFORMA PARA GARANTIZAR MAYOR SUPERVISIÓN A ENTIDADES FINANCIERAS. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2019-08-05. https://www.youtube.com/watch?v=LMcbFmDI9rY 5. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 ## Texto oficial completo Ley 7201 Ley Reguladora del Mercado de Valores -Usted está en la última versión de la norma- Ir a la última versión Anterior Versión de la Norma: 3 de 3 Siguiente (Derogado) LEY Nº 7201 LEY REGULADORA DEL MERCADO DE VALORES Y REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO La presente norma ha sido DEROGADA EN SU TOTALIDAD por el artículo 196 de la Ley Nº. 7732 de 17 de Diciembre de 1997, Ley Reguladora del Mercado de Valores Artículo 1º.- Díctase la siguiente Ley Reguladora del Mercado de Valores: " CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto la regulación de las bolsas de valores y de los sujetos que en cualquier forma intervengan en la negociación de títulos y valores en los mercados bursátiles, y de capitales que éstas organicen, así como de las personas físicas o jurídicas, entidades o formas contractuales que realicen, bajo cualquier modalidad, oferta pública de valores o servicios de intermediación bursátil, en el territorio nacional. Artículo 2.- Se reservan las expresiones: agentes de bolsa, puestos de bolsa, bolsa de valores, centrales de valores u otras equivalentes, en cualquier idioma, para que sean utilizadas únicamente por las personas y entidades debidamente autorizadas para ello, por la ley y por las entidades competentes. Están reservadas también las expresiones usadas para identificar a personas físicas o jurídicas cuya actividad deba ser autorizada por la Comisión Nacional de Valores o por las bolsas de valores. La Comisión podrá ordenar la intervención administrativa de quienes infrinjan esta disposición, hasta que deje de usar la expresión indebidamente empleada. La resolución de la Comisión Nacional de Valores debe ser notificada al o a los infractores en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir de la fecha en que se adopte el acuerdo. Tal resolución producirá el agotamiento de la vía administrativa. Deberá ser objeto de examen judicial si la respectiva demanda se plantea dentro del mes siguiente a la notificación; y en su contra no cabrá el incidente de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado. Se exceptúa de la aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores a las asociaciones de agentes de bolsa, de puestos de bolsa, de bolsas de valores u otras personas que sean autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para estos efectos, siempre que no realicen intermediación en el mercado de valores. Quien haga uso de los términos descritos en el párrafo primero de este artículo sin tener la habilitación especial respectiva, de conformidad con la ley, será reprimido con prisión de tres meses a dos años. Si se tratare de una persona jurídica, o de actuaciones producidas en el giro de una persona jurídica, será, además, causa para decretar el cierre del negocio. Artículo 3.- Las bolsas, los puestos, los agentes, las centrales de valores, y quienes laboren para éstos, no podrán suministrar información sobre las negociaciones que se les encarguen, aunque no se perfeccionen, ni aún después de concluidas, salvo autorización por escrito del cliente, mandamiento judicial, solicitud de la Comisión Nacional de Valores o de una bolsa de valores, para cumplir con las funciones legales de su competencia o de las autoridades fiscales. Las normas de este artículo se aplicarán también a todos los funcionarios y empleados de la Comisión Nacional de Valores y de las bolsas de valores. La persona física que actuare en contravención del presente artículo, será reprimida con prisión de nueve meses a tres años, e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Si el hecho se produjere con intención de derivar de él algún beneficio económico, la pena será de prisión de uno a cuatro años. Si se tratare de actuaciones producidas en el giro de una persona jurídica, se podrá decretar, además, sin que sea necesaria la existencia de una sentencia condenatoria en lo penal, el cierre temporal o definitivo de su establecimiento comercial. La resolución de la Comisión Nacional de Valores será notificada al o a los infractores en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya tomado el acuerdo. Tal resolución producirá el agotamiento de la vía administrativa. Será objeto de examen judicial si la respectiva demanda se plantea dentro del mes siguiente a la notificación; y en su contra no cabrá el incidente de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado. Artículo 4.- Las personas que, por su posición con respecto a entidades emisoras de títulos negociables en las bolsas de valores, o del mercado de valores, en general, tengan acceso a información privilegiada relativa a una de esas entidades en particular, deben abstenerse de efectuar operaciones con cualquier clase de títulos emitidos por la misma entidad, en beneficio propio o de terceros, mientras la citada información no sea divulgada entre el público inversionista. Se entiende por información privilegiada la que, en términos de la presente ley, deba suministrarse a la Comisión Nacional de Valores, al público inversionista y, en su caso, a la bolsa de valores correspondiente, aún no divulgada entre el público inversionista y cuyo conocimiento, por su naturaleza, pueda influir en los precios de cotización de los títulos emitidos por esas entidades. Quien actuare en contravención con lo prescrito por este artículo, deberá pagar una multa de diez veces el monto del provecho obtenido por la indebida utilización o divulgación de información privilegiada, sin perjuicio de la responsabilidad penal que correspondiere. CAPÍTULO II DE LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES Artículo 5.- Créase la Comisión Nacional de Valores, como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Banco Central de Costa Rica, destinada a cumplir los propósitos y a realizar las funciones prescritas por esta ley. Artículo 6.- La Comisión Nacional de Valores deberá procurar el desarrollo del mercado de valores, con el fin de fortalecer el mercado de capitales y contribuir a alcanzar el objetivo de promover el desarrollo económico y social del país. Asimismo, será la institución encargada, en los términos de la presente ley y de sus disposiciones reglamentarias, de regular, fiscalizar y vigilar la debida observancia de esos ordenamientos. Artículo 7.- La Comisión Nacional de Valores deberá ser consultada por el Poder Ejecutivo y los entes públicos descentralizados, cuando se trate de dictar actos de alcance general y contenido normativo que se relacionen o tengan efectos directos en materia de valores. Artículo 8.- En sus funciones de promover el desarrollo del mercado de valores, la Comisión tendrá los siguientes deberes y obligaciones: a) Pronunciarse sobre las políticas que afecten el mercado de valores, y coordinarlas con el Poder Ejecutivo. b) Promulgar y colaborar con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica en la adopción de políticas que promuevan el ahorro nacional y faciliten su flujo para financiar la inversión de los sectores público y privado. c) Propiciar una mayor participación de todos los sectores de la economía nacional en el mercado de valores, para lo cual creará los instrumentos y los procedimientos idóneos. ch) Establecer procedimientos que tiendan a facilitar y agilizar la intermediación en el mercado de valores. Artículo 9.- La Comisión Nacional de Valores deberá adoptar las medidas necesarias para resguardar los intereses de los inversionistas de títulos valores sujetos a esta ley, y para asegurar el acceso público a la información acerca de los valores negociados y las compañías emisoras; todo lo anterior dentro de un marco general de protección del inversionista que tienda a crear un ambiente de confianza en el mercado financiero nacional. Artículo 10.- En materia de regulación, fiscalización y vigilancia del mercado de valores, además de las atribuciones que se le confieran en otros artículos de esta Ley y sus reglamentos, la Comisión Nacional de Valores tendrá las siguientes funciones: a) Autorizar y vigilar el funcionamiento de los intermediarios en el mercado de valores, sin perjuicio de las facultades concomitantes de las bolsas de valores respecto a los puestos de bolsa y agentes de bolsa. b) Autorizar y vigilar, en el territorio nacional, la oferta pública de los títulos valores u otros documentos asimilables emitidos por entidades privadas con domicilio en el país o en el extranjero. c) Suspender o retirar la autorización a que se refieren los incisos a) y b) anteriores y suspender las operaciones con títulos valores de las entidades que realicen su oferta y las actividades de los intermediarios del mercado de valores, cuando no estén debidamente autorizados o la continuidad de sus actividades puedan afectar los intereses de los inversionistas. En estos casos, previamente se aplicarán a la resolución del acto final, los procedimientos administrativos correspondientes que aseguren a las partes el cumplimiento del debido proceso, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública. En el supuesto de que la continuidad de las actividades pongan en peligro el interés de los inversionistas, la suspensión podrá aplicarse como una medida preventiva en forma inmediata. Quien realice oferta pública de títulos valores u otros documentos a ellos asimilables, u ofrezca servicios de intermediación, sin autorización por parte de la Comisión Nacional de Valores, será reprimido con prisión de treinta y siete meses a diez años. Para que el delito se tipifique, será necesario que el responsable haya sido apercibido debidamente por la Comisión Nacional de Valores. Si se trata de personas jurídicas, además de responder por ese delito sus representantes legales, deberá pagar una multa de cinco millones de colones (5.000.000,00), ajustables anualmente según el aumento en el índice de precios. d) Exigir de los emisores que realicen oferta pública de títulos o de las personas físicas o jurídicas que ofrezcan sus servicios de intermediación en el mercado de valores, el suministro, al público y a la Comisión, de un prospecto que contendrá, entre otras informaciones sobre su situación financiera, sus resultados de operación, los hechos relevantes que puedan afectar el interés de los inversionistas, así como cualquier otra información que la Comisión considere necesaria. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Valores podrá solicitar cualquier otra información en el momento que lo considere oportuno, con la periodicidad, por los medios, bajo las condiciones y las características que requiera. Toda información que se brinde en el cumplimiento de esta disposición, deberá ser firmada por el representante legal de la entidad que la suministra. Por lo menos una vez al año, los emisores e intermediarios deberán publicar esos datos, debidamente auditados por un contador público autorizado independiente y refrendado por el representante legal de aquellos. Si se comprueba que los datos son falsos o engañosos, el responsable será reprimido con prisión de treinta y siete meses a diez años. e) Ordenar la suspensión inmediata de la propaganda o la información publicitaria de las personas físicas o jurídicas que presenten oferta pública de títulos o servicios de intermediación, cuando sean contrarias a la reglamentación que dicte la Comisión o cuando ésta considere que es engañosa o que se afirman o suministran datos que no son verídicos; además, aplicar las sanciones correspondientes, que podrían llegar hasta la cancelación de la autorización para operar o la desinscripción de los títulos emitidos. f) Vigilar y fiscalizar el cumplimiento y la observancia del ordenamiento jurídico por parte de todos los participantes del mercado de valores, y suspender o cancelar la autorización, cuando compruebe su inobservancia. Deberá establecer criterios de aplicación general acerca de los actos u operaciones que se consideren contrarios a la ley, a los usos bursátiles o sanas prácticas del mercado; además, dictará las medidas necesarias para que los puestos de bolsa, los agentes de bolsa, las bolsas de valores, las centrales para el depósito de valores, las sociedades de inversión, y los demás participantes del mercado de valores, ajusten sus actividades y operaciones a esta Ley, a las disposiciones de carácter general que de ella deriven y a los referidos usos y las sanas prácticas del mercado. Para ejercer esta facultad, podrá investigar actos que hagan suponer la ejecución de operaciones violatorias de esta Ley o de las disposiciones de carácter general que emita la Comisión; para eso podrá ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables, quienes deberán poner a disposición toda la información requerida; también podrá recibir declaraciones bajo la fe del juramento, no solo a los presuntos responsables, sino también a las personas que se considere pueden rendir testimonios importantes sobre las situaciones objeto de investigación. Quien suprima, oculte, destruya documentos o se niegue a brindar la información requerida por la Comisión, será reprimido con prisión de treinta y siete meses a diez años. Asimismo, la Comisión tendrá la facultad de publicar, en los medios de comunicación colectiva, las sanciones impuestas, con el detalle de las personas físicas o jurídicas sancionadas y de los motivos que las provocaron. g) Aprobar la creación de las bolsas de valores, su pacto constitutivo y sus reglamentos, así como las modificaciones de estos. La Comisión Nacional de Valores quedará facultada para modificar los reglamentos adoptados por las bolsas de valores, que anteriormente hubiesen sido aprobados por ella. h) Vigilar el funcionamiento de las bolsas de valores y sus intermediarios para que se ajusten, en todo, a las leyes y reglamentos que rigen la materia, así como a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión; para eso podrá solicitar, en cualquier momento, la información que considere necesaria por los medios y bajo las condiciones que señale; también podrá ordenar visitas de inspección y auditorías sin previo aviso. i) Cancelar la autorización acordada a las bolsas, cuando no cumplan con el ordenamiento jurídico. j) Conocer en apelación las resoluciones de las bolsas de valores y de todas las entidades que la ley someta a su vigilancia, recurso que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 74 de esta Ley. k) Establecer las normas contables y de auditoría, a las que deben ajustarse las empresas que realicen oferta pública de títulos, los intermediarios y los demás participantes del mercado, en lo referente a la presentación de estados financieros que sean remitidos a las instancias que determine la Comisión Nacional de Valores para fines informativos propios del mercado de valores, todo de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esos estados y cualquier otro tipo de información deberán ser certificados o dictaminados exclusivamente por contadores públicos autorizados, ajenos a las empresas interesadas. l) Ejecutar las resoluciones que dicte al amparo de la ley y solicitar la actuación de las autoridades administrativas competentes, cuando sea necesario. m) Dictar, con agotamiento de la vía administrativa, las sanciones previstas en esta Ley. n) Formar y mantener la estadística nacional de valores y efectuar las publicaciones sobre el mercado de valores. ñ) Formar el registro de emisores, valores e intermediarios y otros registros cuando lo considere necesario. Estos registros podrán ser creados y modificados por medio de acuerdos de su Junta Directiva. El registro ante la Comisión obliga al emisor de los títulos valores de que se trate, a divulgar, en forma veraz, suficiente y oportuna, toda la información esencial o los hechos relevantes respecto de sí mismo, de los valores ofrecidos y de las ofertas. Se entiende por información esencial o hecho relevante, la que un inversionista o asesor de inversión considere indispensable para su toma de decisiones. La Comisión Nacional de Valores podrá emitir normas que regulen la obligación de registrarse ante ella, de empresas con determinado número de socios y un volumen de capital, esto en virtud del interés público que estas entidades alcanzan y la protección de los inversionistas. o) Ejercer, mediante disposiciones de carácter general, las facultades que esta Ley le concede, así como dictar los reglamentos para su funcionamiento y organización. p) Autorizar y vigilar el funcionamiento de clasificadoras de riesgo, para lo cual establecerá, con disposiciones generales, los requisitos de constitución y funcionamiento. Toda persona física o jurídica o entidad que realice oferta pública de títulos valores o de cualquier otro documento que, por sus características, resulten asimilables a ellos, deberá someterlos previamente a una clasificación de riesgo, en los plazos que indique o señale la Comisión Nacional de Valores. q) Autorizar, inspeccionar y vigilar el funcionamiento de las centrales para el depósito de valores, así como autorizar y vigilar los sistemas de compensación, de información centralizada y otros mecanismos tendientes a facilitar operaciones o perfeccionar el mercado de valores. r) Promover, autorizar, regular y fiscalizar los futuros y opciones, así como otros derivados que lleguen a desarrollarse en el territorio nacional, referentes a instrumentos del mercado de valores y suspender o cancelar esas negociaciones, según las disposiciones que se establezcan en su Reglamento. s) Vigilar que no se presenten en el mercado por medio de ningún intermediario u otros participantes, mecanismos tendientes a desarrollar, directa o indirectamente, prácticas monopolísticas. t) Servir de órgano de consulta respecto de la aplicación de las disposiciones que tengan relación con el mercado de valores. La Comisión podrá desarrollar cualquier otra actividad de control y promoción no detallada en este artículo o en otras disposiciones de la presente Ley, que le permitan cumplir con el fin de su creación. (Así reformado por el artículo II de la Ley del Régimen de Pensiones Complementarias Nº 7523 de 7 de julio de 1995) Artículo 11.- La Comisión elaborará su propio presupuesto, el cual será sometido a la aprobación de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica; su financiación estará íntegramente a cargo del Banco Central de Costa Rica. Artículo 12.- La Comisión Nacional de Valores estará integrada por: a) La Junta Directiva. b) La Gerencia. c) Los demás órganos que establezcan esta ley y su reglamento. Artículo 13.- La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Valores será nombrada por el Consejo de Gobierno, por un período de seis años, y sus miembros podrán ser reelegidos por una sola vez. Esta Comisión estará integrada de la siguiente forma: a) El Ministro de Hacienda, quien la presidirá y quien podrá ser sustituido en sus ausencias por el Viceministro de esa misma cartera. b) El Presidente del Banco Central, quien podrá ser sustituido por un miembro de la Junta Directiva de la Institución, que él designe. ( Así reformado por el artículo 167, inciso k), de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Nº 7558 de 3 de noviembre de 1995) c) El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, quien podrá ser sustituido por el Viceministro de esa misma cartera. d) El Superintendente General de Entidades Financieras (*). (* Así modificado el nombre de la entidad contralora bancaria por el artículo 176 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Nº 7558 de 3 de noviembre de 1995) e) El Superintendente de pensiones. f) Dos representantes del sector privado, con absoluta solvencia moral, amplia experiencia en materia económica, financiera, bancaria o bursátil, quienes no representarán a ningún sector o gremio. No podrán ocupar estos últimos cargos: 1.- Los directores, los fiscales, los apoderados o los funcionarios, ni los empleados de las entidades fiscalizadas por la Comisión, o las personas que mantengan relaciones de asesoramiento, o de servicio con esas entidades. 2.- Quienes tengan participación de más de un dos por ciento (2%), en forma directa o mediante sus cónyuges o hijos en el capital de cualquiera de las entidades fiscalizadas por la Comisión o la hayan tenido durante el año anterior. 3.- Quienes, durante el año anterior a su nombramiento, hayan sido demandados en la vía ejecutiva por responsabilidades directas por cualquiera de las entidades participantes en el mercado de valores o del sistema bancario, en el cobro de las operaciones de crédito directas no satisfechas o que hayan sido declaradas en estado de fase concursal liquidatoria (*) o insolvencia. (*)(Así modificada su denominación por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 " Ley Concursal de Costa Rica. Anteriormente indicaba " quiebra") 4.- Los inhabilitados para ejercer su profesión o los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad. 5.- Las personas que posean, directa o indirectamente, una participación accionaria dentro de alguna empresa emisora o de alguna de las subsidiarias, que conlleve el control de estos o supere un cinco por ciento (5%) de ese capital individualmente o en conjunto. (Así reformado por el artículo II de la Ley del Régimen de Pensiones Complementarias No.7523 del 7 de julio de 1995) Artículo 14.- La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Valores elegirá, de su propio seno, por mayoría de votos, un presidente que será nombrado por un período de dos años en sus funciones y podrá ser reelegido. Artículo 15.- Los miembros de la Junta Directiva enumerados en el artículo 13, incisos c), d), e) y f), podrán ser removidos de sus cargos por simple mayoría de los miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, por los siguientes motivos: a) Haber dejado de reunir los requisitos exigidos por esta ley. b) Ausentarse del país por más de un mes sin la autorización correspondiente. c) Haber dejado de asistir a cuatro sesiones consecutivas alternas, dentro de un mismo semestre, sin justificación. ch) Cuando con su conducta puedan comprometer la seriedad o imparcialidad de la Comisión. Artículo 16.- La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Valores elegirá, por mayoría de votos, un gerente, que deberá ser ratificado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, quien será nombrado por un período de cuatro años en sus funciones y podrá ser reelegido. Artículo 17.- El gerente deberá reunir los siguientes requisitos: a) Ser costarricense. b) Haber cumplido treinta años de edad. c) Tener reconocida experiencia relacionada con el mercado de valores. ch) Ser profesional universitario con al menos el grado académico de licenciado, debidamente incorporado al Colegio Profesional respectivo, y con amplia experiencia en el campo financiero o bursátil. Artículo 18.- El gerente de la Comisión Nacional de Valores será el funcionario administrativo de mayor jerarquía y le corresponderá velar para que las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Valores se ejecuten, así como coordinar la acción de la Comisión con los entes públicos y privados relativa a la promoción y la regulación del mercado de valores. Corresponderá, además, a ese funcionario ejercer, en nombre y por cuenta de la Comisión Nacional de Valores, la representación legal, judicial o extrajudicial, únicamente para las funciones propias de la Comisión, con las atribuciones de un apoderado generalísimo sin límite de suma. (Así adicionado este párrafo por el artículo 166, inciso f), de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Nº 7558 de 3 de noviembre de 1995) Artículo 19.- El gerente de la Comisión Nacional de Valores deberá ser un funcionario de tiempo completo y de dedicación exclusiva; consecuentemente, no podrá desempeñar ningún otro cargo público ni ejercer profesiones liberales. Artículo 20.- El gerente de la Comisión Nacional de Valores podrá ser removido por mayoría calificada de los miembros de la Junta Directiva. Artículo 21.- La Comisión Nacional de Valores conocerá de los asuntos relativos a la adopción de criterios y políticas de aplicación general, en materia del mercado de valores. Artículo 22.- Los recursos ordinarios contra las decisiones y resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, deberán presentarse ante ésta dentro del término de cinco días, tratándose del acto final, y de tres días en los demás casos, ambos plazos contados a partir de la última comunicación del acto. Artículo 23.- Cuando se trate del acto final de la Comisión, la vía administrativa se tendrá por agotada al día siguiente de la última comunicación del acto, salvo que, dentro del mes siguiente a esa comunicación, el interesado optare por presentar el recurso de reposición o reconsideración. El recurso se tramitará conforme con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Artículo 24.- El resultado de las investigaciones que realice la Comisión, en el ejercicio de las atribuciones de inspección, constituyen material secreto al que sólo tendrán acceso las autoridades judiciales competentes. Artículo 25.- Le corresponde a la Comisión proponer al juez, en caso de solicitarse la quiebra de una bolsa o de un concesionario de puesto de bolsa, una terna de la cual deberán escogerse necesariamente los curadores propietario y suplente. Solicitada la quiebra, el juez, en su primera providencia, ordenará a la Comisión que presente la terna en un plazo perentorio de tres días. Si fuere necesario, el juez podrá nombrar un curador provisional. Artículo 26.- En los casos de quiebra, la Comisión tendrá la mismas atribuciones que se confieren a las sociedades, en cuanto les sean aplicables. CAPÍTULO TERCERO DE LAS BOLSAS DE VALORES Artículo 27.- Las bolsas de valores tienen por objeto facilitar las transacciones con títulos y procurar el desarrollo del mercado respectivo, mediante las actividades siguientes: a) Establecer los locales, las instalaciones y los medios de difusión, y organizar los servicios respectivos para facilitar las operaciones de bolsa. b) Establecer procedimientos que faciliten las relaciones y las operaciones entre la oferta y la demanda de títulos, así como fomentar las operaciones de bolsa y procurar el mejor y más firme desarrollo del mercado respectivo. c) Llevar un registro de las empresas y los títulos admitidos para cotización. ch) Adjudicar la concesión a los puestos de bolsa y autorizar el ejercicio a los corredores de bolsa. d) Autorizar la oferta pública que realicen las personas jurídicas con títulos inscritos en ella. e) Dictar los reglamentos internos a que deben ajustarse de acuerdo con la ley y los usos bursátiles y mercantiles, los contratos que lleven a cabo los puestos y agentes de bolsa, entre sí y con sus respectivos clientes, así como la inscripción de los títulos emitidos por las personas jurídicas que deseen ofrecerlos públicamente. f) Velar para que los negocios que se realicen en la bolsa estén ajustados a la ley, a los reglamentos y a las más estrictas normas de ética comercial; y evitar especulaciones perjudiciales para los títulos inscritos en bolsa. g) Proporcionar y mantener a disposición del público la información sobre los valores inscritos en la bolsa, sus emisores y las operaciones que en ella se realicen. h) Efectuar la más amplia publicidad de las materias señaladas en el inciso anterior. i) Efectuar la liquidación voluntaria o coactiva de las operaciones. j) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto. k) Certificar las cotizaciones en bolsa. l) Ejercer la debida vigilancia y fiscalización sobre los concesionarios de puestos y agentes de bolsa. Artículo 28.- La falta del debido cumplimiento de lo prescrito en los incisos c), e), f), g), i), y l) del artículo 27, será sancionada por la Comisión Nacional de Valores, según la gravedad de la falta, con la aplicación de cualquiera de las siguientes sanciones: a) Multa pecuniaria, de acuerdo con los montos que se establezcan en el reglamento de esta ley. b) Destitución de los directores o administradores. c) Cancelación de la autorización para operar. En caso de reincidencia, se tomarán en cuenta la sanción o las sanciones previamente impuestas por aplicación de este artículo, independientemente de cuál haya sido el hecho o la omisión que motivó la sanción. Sólo se tomarán en cuenta, para estos efectos, las faltas sancionadas en los últimos cinco años. Artículo 29.- La creación de las bolsas de valores deberá contar con la aprobación previa de la Comisión Nacional de Valores. Para dar su aprobación, la Comisión Nacional de Valores la fundamentará con base en las necesidades y las condiciones económicas, financieras y del mercado de valores. El pacto constitutivo de las bolsas y sus modificaciones deberá someterse a la aprobación de la Comisión Nacional de Valores, antes de su inscripción en el Registro Público. Concedida la aprobación, la bolsa autorizada deberá iniciar operaciones a más tardar dentro de un plazo no mayor de seis meses. De lo contrario la Comisión cancelará la autorización. La autorización concedida no es directa ni indirectamente transmisible. Las sociedades que ejerzan actividades bursátiles sin la debida autorización, serán reprimidas con la inmediata clausura de su negocio. Contra esta resolución no cabrá el incidente de suspensión del acto administrativo. Artículo 30.- Las bolsas de valores deberán constituirse como sociedades anónimas, con arreglo a las normas generales que rigen esta clase de sociedades, en cuanto no estuvieren modificadas por lo dispuesto en esta ley. Además, deberán cumplir con las siguientes disposiciones: a) Tener un capital suficiente para instalarse e iniciar normalmente sus operaciones, a juicio de la Comisión Nacional de Valores. En ningún caso el capital de la sociedad podrá ser inferior a cien millones de colones. La Comisión revisará periódicamente este monto mínimo, para adecuarlo a las circunstancias de la economía. b) Antes de iniciar operaciones, deberán depositar en efectivo al menos el capital social mínimo, según lo dispuesto en el inciso anterior, en el Banco Central de Costa Rica, en una cuenta corriente, para ser retirado conforme efectúen los pagos correspondientes a los gastos de organización e instalación e inicien sus actividades. Sobre el monto mínimo establecido, las aportaciones de los socios pueden no ser en numerario. c) Tener su capital social representado por acciones comunes y nominativas. ch) Tener las acciones suscritas y pagadas en su totalidad, sin que ninguna persona física o jurídica pueda llegar a ser dueña, en ningún momento, por sí o por interpósita persona, de más del cinco por ciento (5%) del capital social. Tratándose de personas físicas, ellas y sus parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no podrán acumular, conjuntamente, más del cinco por ciento (5%) antes mencionado. Se entenderá violado este límite cuando más del cinco por ciento (5%) de las acciones de una bolsa esté concentrado entre la sociedad controlante y las sociedades por ellas controladas, o entre compañías sometidas a un mismo control. d) No podrán ser socios de una bolsa de valores sociedades anónimas cuyo capital esté representado total o parcialmente por acciones al portador. e) El capital de una bolsa de valores sólo podrá ser empleado en cualquiera de los siguientes activos: i) En el edificio y demás locales de uso propio de la bolsa. ii) En los muebles, enseres y equipos necesarios para su buen funcionamiento. iii) En los gastos de instalación, organización y funcionamiento. iv) En los títulos de notoria solidez y liquidez cotizados en bolsa, sin que la inversión global exceda el cincuenta por ciento (50%) del capital, y la efectuada en un valor determinado supere el diez por ciento (10%) del capital. v) En dinero efectivo, en caja o depósitos, en los bancos del Sistema Bancario Nacional, autorizados por ley para recibir depósitos. Las actuaciones u omisiones en contra de lo dispuesto en los incisos ch) y d) de este artículo serán sancionadas conforme con el artículo 30. Artículo 31.- De las utilidades netas de las bolsas de valores se reservará un diez por ciento (10%) para la formación de un fondo de reserva legal, obligación que cesará cuando el fondo alcance el cuarenta por ciento (40%) del capital social suscrito y pagado. Sin perjuicio de otras reservas que prevea el Pacto Social o acuerde la asamblea de accionistas, el remanente de las utilidades netas podrá ser distribuido entre los socios, como dividendo. Artículo 32.- Las bolsas de valores deberán suspender o cancelar la autorización otorgada a personas físicas o jurídicas para que ofrezcan públicamente sus títulos, cuando éstos o sus emisores dejen de satisfacer los requisitos que al respecto determine el reglamento interno de la bolsa. Asimismo, podrá suspender la cotización de los títulos, cuando se produzcan condiciones desordenadas u operaciones no conformes con los sanos usos o prácticas de mercado. La disposición que tome la bolsa, en uno u otro sentido, debe notificarse a la Comisión Nacional de Valores dentro de las veinticuatro horas siguientes. La bolsa que incumpla cualquiera de las obligaciones señaladas en este artículo será sancionada de conformidad con el artículo 28. Artículo 33.- Podrán ser objeto de contrato en bolsa, sin necesidad de inscripción, las letras de cambio, los pagarés, los cheques, los conocimientos de embarque, las hipotecas, las guías, los certificados, las facturas cambiarias y bonos de prenda emitidos por almacenes generales de depósito, las cédulas prendarias y los demás títulos valores individuales. Estas operaciones se harán bajo la exclusiva responsabilidad de las partes que intervengan en la contratación, y deberán pagar los derechos correspondientes establecidos por la bolsa. La intervención y responsabilidad de ésta se limitará a dar a conocer, en la forma que estime conveniente, datos relativos a tales operaciones. Artículo 34.- Cada bolsa de valores formulará su reglamento general, que deberá contener, entre otras, las siguientes materias: a) (*) Autorización, suspensión y de esa autorización, a personas físicas o jurídicas que deseen ofrecer públicamente sus títulos. (*) TEXTO MODIFICADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº 5408-97 de las 16:03 horas del 5 de setiembre de 1997. b) Organización, funcionamiento, derechos, obligaciones y régimen disciplinario de los puestos de bolsa. c) Derechos, obligaciones y régimen disciplinario de los agentes de bolsa. ch) Funcionamiento de las ruedas de bolsa. d) Comisiones de negocio de bolsa. e) Liquidación de las operaciones y las sanciones por incumplimiento. f) Publicidad. g) Derechos y obligaciones de los emisores de valores inscritos. Este reglamento y sus modificaciones deberán someterse, por la bolsa respectiva, a la aprobación de la Comisión Nacional de Valores. El proyecto de reglamento o el de sus reformas, se tendrá por aprobado si en un plazo de dos meses, a partir de su presentación, la Comisión no se hubiere pronunciado sobre él. Artículo 35.- La Comisión Nacional de Valores ordenará la intervención administrativa de la bolsa de valores, o del o de los puestos de bolsa que incurran en alguna infracción grave a las obligaciones que le impongan las leyes, y cuya gravedad ocasione riesgo para las empresas con títulos inscritos, los puestos o los inversionistas, siguiendo las disposiciones del artículo 134 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, No. 1552 del 23 de abril de 1953 y sus reformas, en lo que fuere aplicable. CAPÍTULO CUARTO DE LAS CENTRALES PARA EL DEPÓSITO DE VALORES Artículo 36.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, en cuanto a las entidades bancarias y financieras, así como a los almacenes generales de depósito, sólo las bolsas de valores podrán crear centrales para el depósito de valores que operen dentro de su estructura administrativa o mediante sociedades subsidiarias. Sólo habrá una central por cada bolsa de valores. Artículo 37.- La Central para el Depósito de Valores podrá realizar las siguientes actividades: a) Recibir títulos en depósito de los puestos de bolsa, de instituciones de crédito y otros intermediarios financieros, así como títulos de las carteras de las sociedades de inversión. b) Prestar servicios de custodia, cobro, compensación, transferencia y liquidación de los títulos depositados. c) Emitir cédulas prendarias sobre los títulos en depósito, a solicitud de los depositantes. ch) Certificar los actos que realice en ejercicio de sus funciones. d) Todas las demás que le asigne esta ley o su reglamento. Artículo 38.- Si en el propio acuerdo de emisión se autoriza, podrá entregarse en depósito, a la Central, para los efectos de este capítulo, un sólo certificado múltiple, comprensivo de todos los títulos de la emisión, o parte de ellos. La Central de Depósito podrá efectuar sobre ese certificado, todas las operaciones que se enumeran en el artículo 37 de esta ley que afecten los títulos individuales, sin que éstos sean emitidos, siempre que las respectivas operaciones se realicen exclusivamente por medio de la bolsa. Si una persona debidamente legitimada, exige la emisión de algún título relativo al certificado de depósito, el emisor lo hará mediante la cancelación parcial del certificado ante la Central. No se podrá hacer emisión alguna sin esta cancelación. La bolsa que emitiere constancias en contravención de esta disposición, será sancionada conforme con lo dispuesto en el artículo 28. La Central podrá emitir constancias, que no serán título valor, de las operaciones realizadas sobre el certificado múltiple. Artículo 39.- Al concluir el depósito, la Central queda obligada a restituir al depositante títulos del mismo emisor, de la misma especie y de las mismas características de los que fueron depositados. Artículo 40.- Los títulos no podrán perseguirse por ningún acreedor de la bolsa y, en consecuencia, no podrán ser embargados ni secuestrados en forma alguna, salvo por los respectivos depositantes. Sólo podrán serlo por acreedores del depositante, en el tanto en que se compruebe que le pertenecen. Los depósitos constituidos en la Central se harán siempre a nombre del puesto, institución u otro intermediario depositante, con indicación, en su caso, de cuáles son por cuenta propia y cuáles por cuenta ajena. Quedan a salvo los derechos de los tenedores de cédulas prendarias sobre los títulos depositados. Artículo 41.- En caso de quiebra de la bolsa o del depositante, los títulos depositados podrán ser reivindicados por quienes los hubieren entregado para su depósito. Artículo 42.- Si los títulos depositados estuvieren sujetos a sorteos para otorgar premios o reembolsos, los derechos y las cargas derivadas de la extracción corresponderán al depositante. Se aplicarán en este caso las normas del párrafo segundo del artículo 168. A esta misma norma quedarán sujetos los depositantes respecto de sus clientes. Artículo 43.- El depositante será responsable de la autenticidad de los títulos, de su existencia legal y de su derecho sobre el título. La Central deberá revisar los títulos que se le entreguen para su depósito y será responsable solidario, junto con el depositante, cuando éstos contengan defectos evidentes y manifiestos. Artículo 44.- La Central enviará a los depositantes, por lo menos cada tres meses, un estado de su cuenta, durante el período comprendido desde el último corte. Si dentro de los quince días siguientes al envío, el depositante no objetare el informe, éste se tendrá por aceptado. Artículo 45.- Las Centrales podrán emitir cédulas prendarias, que serán títulos valores representativos de un crédito prendario sobre los títulos que se indiquen, y que otorguen a su tenedor los derechos y privilegios que esta ley establece. Sólo las Centrales de depósito podrán emitir esta clase de títulos. Las constancias, recibos o certificados que expidan otras personas o instituciones para acreditar depósitos de valores, no serán títulos valores. Se exceptúan de esta disposición los almacenes generales de depósito, los cuales conservan todas las facultades que les confiere la Ley de Almacenes Generales de Depósito, No. 5 del 15 de octubre de 1934 y sus reformas, en relación con la emisión de títulos valores. Artículo 46.- No se emitirá ninguna cédula prendaria sobre títulos valores depositados que hayan sido objeto de embargo, secuestro u otra medida de cualquier naturaleza, que perjudique su libre transmisión, debidamente notificado a la Central. La bolsa que emitiere cédulas en contra de esta disposición será sancionada conforme con el artículo 28. Una vez emitidas las cédulas prendarias, los títulos valores que las garantizan tampoco podrán ser objeto de las medidas precautorias del párrafo anterior. Artículo 47.- La cédula deberá contener: a) La mención de ser cédula prendaria. b) El nombre del beneficiario. c) El nombre y domicilio de la Central que la emite. ch) La fecha de expedición del título. d) El número de orden de la cédula prendaria y los números progresivos, cuando se expidan varias cédulas en relación con un sólo título valor, o un mismo grupo de títulos valores. e) La especificación del título o valores gravados con mención de su emisor, clase, monto y demás características que sirvan para su identificación. f) La fecha de vencimiento de la obligación prendaria. g) El importe del crédito que representa y el tipo de interés que devenga. h) El importe total de la prenda a que la cédula se refiere y el monto de las prendas anteriores, si las hubiere. i) El nombre y la firma del depositante o de su representante legal, debidamente autenticados por un notario público. j) La mención suscrita por la Central, de haberse hecho la anotación correspondiente en los registros respectivos. Artículo 48.- Las cédulas prendarias múltiples a que se refiere el inciso d) del artículo anterior, tendrán un valor uniforme y serán garantizadas conjuntamente con los títulos depositados. Artículo 49.- La bolsa respectiva y el depositante responderán solidariamente por los daños y perjuicios que ocasionaren las omisiones e inexactitud que contengan las cédulas prendarias. Artículo 50.- Las cédulas prendarias pueden emitirse en favor del mismo depositante quien, de igual manera que cualquier otro tenedor, podrá negociarlas aún después de vencidas. La solicitud de emisión deberá hacerla a la Central, el puesto, institución de crédito o intermediario financiero que haya efectuado el depósito, quien deberá acompañar autorización expresa de su cliente, salvo que en el momento del depósito el depositante haya declarado que los títulos respectivos le pertenecen. Prohíbese a las centrales emitir cédulas prendarias sobre sus propios títulos, bajo pena de nulidad absoluta. La bolsa que actuare en contra de esta previsión será sancionada conforme con el artículo 28. El plazo de las cédulas no podrá ser mayor que el de los títulos que la garanticen. Las cédulas de diferentes grados tendrán el mismo vencimiento. Artículo 51.- La prenda de cédulas garantiza, además del capital, los intereses corrientes y moratorios, y las comisiones y gastos de ejecución. El depositante no quedará obligado personalmente al pago de la deuda, salvo que los títulos en garantía le pertenezcan. Artículo 52.- Las cédulas prendarias se transmitirán por endoso nominativo, que deberá ser inscrito en el registro de la central emisora para su validez. Para ese efecto, la Central llevará un registro de cédulas prendarias en el cual se anotarán la emisión, los endosos respectivos y sus fechas, el número del título y el nombre y dirección del endosante y del endosatario, y su cancelación e incineración, todo ello con indicación de las fechas respectivas. No producirá efecto en relación con la Central, el endoso de cédulas prendarias antes de que hayan sido registradas, si las fechas del registro se consideraran ciertas. Artículo 53.- El depositante de los títulos valores pignorados no podrá retirarlos sin haber devuelto a la central, endosadas en blanco, las cédulas prendarias emitidas sobre ellos para su cancelación e incineración, salvo que deposite en la propia Central el importe total de las cédulas emitidas, sus intereses devengados y los pendientes hasta la fecha de vencimiento, si ese no se hubiere producido, y el importe de cualesquiera gastos de ejecución, si los hubiere. En este último caso, la Central le comunicará el hecho al tenedor de las cédulas. Si éste optare por retirar el dinero, se le hará la liquidación de intereses hasta la fecha del retiro, si éste se produjere ante Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/7201). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.