El Censo
Ley7216Vigente
Ley

El presupuesto de 1991 sigue vigente y todavía mueve plata

La Ley 7216 aprobó los ingresos y gastos del Estado para 1991 y fijó reglas de gasto, fondos rotatorios y traslados de puestos que SINALEVI todavía muestra como vigentes.

Título oficial LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO FISCAL Y POR PROGRAMAS PARA EL AÑO 1991

Atención: La ley autoriza al Ministerio de Hacienda a hacer traslados presupuestarios por decreto, y la Constitución reserva esos cambios a leyes de iniciativa del Ejecutivo.

La letra pequeña

Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.

  • A quién le sirve: Ministerio de Hacienda

    La ley autoriza al Ministerio de Hacienda a hacer transferencias y traslados entre partidas mediante decreto del Poder Ejecutivo.

    El Ministerio de Hacienda, mediante decreto del Poder Ejecutivo, podrá:
    14, texto oficial

Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.

A quién le toca

  • Estudiantes de colegios públicos que usan transporte pagado por el Estado
  • Docentes y administrativos del Ministerio de Educación Pública que reclaman salarios
  • Funcionarios del Servicio Exterior con asignaciones en moneda extranjera
  • Jefes de departamento del Estado con dedicación exclusiva
  • Centros educativos que comparten un mismo edificio

A quién beneficia

  • El INDER recibe bonos por hasta ¢500.000.000 para comprar y distribuir tierras
  • El FES recibe ¢2.400.000.000 del aumento en ingresos corrientes de 1991
  • El Poder Judicial tiene un fondo rotatorio de ¢5.000.000, ampliable a ¢8.000.000
  • El Almacén Nacional Escolar tiene un fondo rotatorio de hasta ¢20.000.000

Qué cambia

  • La ley autoriza al Poder Ejecutivo a pagar el aguinaldo de 1991 con partidas de 1992
  • El Ministerio de Educación Pública puede agregar hasta un 10% al precio de costo de los útiles escolares
  • El Poder Ejecutivo no puede aumentar por decreto el número de puestos fijos
  • El artículo 40 fue anulado por la Sala Constitucional en 1992

La explicación completa

Qué cambia

La Ley 7216 aprobó los ingresos y los gastos del Estado para el año 1991. Los artículos 1 a 10 aprueban esos montos, pero el texto publicado solo trae la parte general, del artículo 11 al 45 (art. 1). La propia ley remite al Alcance No.48 a La Gaceta No.245 del 26 de diciembre de 1990 para ver el detalle completo.

El artículo 11 dice que sus reglas rigen solo durante el ejercicio económico de 1991 (art. 11). Aun así, SINALEVI muestra la norma como vigente en su versión 3 de 3 2.

El artículo 12 ordena incorporar dos mil cuatrocientos millones de colones (¢2.400.000.000) al Fondo de Financiamiento de la Educación Superior (FES). Ese dinero sale del aumento en los ingresos corrientes de 1991 (art. 12).

El artículo 13 autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos hasta por quinientos millones de colones (¢500.000.000) y a transferirlos al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) (art. 13). Ese dinero es para comprar y distribuir tierras en programas de desarrollo agrario. Los bancos del Sistema Bancario Nacional pueden recibir esos bonos en pago de deudas, por su valor nominal.

El artículo 17 autoriza al Poder Ejecutivo a pagar el aguinaldo de 1991 con cargo a las partidas del Presupuesto Nacional para 1992 (art. 17).

La ley crea varios fondos rotatorios. Uno es para Adaptación Social, de hasta cuatro millones de colones (¢4.000.000) (art. 18). Otro es para la Proveeduría Nacional, de hasta setenta millones de colones (¢70.000.000) (art. 19). Un tercero es para el Poder Judicial, de cinco millones de colones (¢5.000.000), que puede subir a ocho millones (¢8.000.000) entre enero y marzo para pagar sustitutos (art. 20). El cuarto es para el Almacén Nacional Escolar, de hasta veinte millones de colones (¢20.000.000) (art. 21).

El artículo 21 permite al Ministerio de Educación Pública agregar a los útiles escolares un margen sobre el precio de costo. Ese margen no puede pasar del diez por ciento (10%) (art. 21).

El artículo 24 prohíbe al Poder Ejecutivo aumentar por decreto el número de puestos fijos (art. 24). El artículo 27 niega el pago de tiempo extraordinario a quienes ocupan jefaturas de departamento o cargos mayores, si trabajan con dedicación exclusiva o prohibición (art. 27).

El artículo 32 autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a licitar las rutas de transporte de estudiantes que paga el Estado (art. 32).

El artículo 40 fue anulado por la Sala Constitucional con la resolución Nº 1481-92 del 3 de junio de 1992 (art. 40). Ese artículo dejaba al Consejo Superior de Educación fijar la matrícula y la mensualidad de colegios privados que reciben aportes del Gobierno.

A quién le toca

A los estudiantes de colegios públicos que usan transporte pagado por el Estado. El artículo 31 ordena al Ministerio de Educación Pública hacer un estudio socioeconómico para escoger a los beneficiarios del transporte, cuyo costo corre por cuenta del Estado (art. 31).

A los centros educativos que comparten un mismo edificio. El artículo 30 les da derecho a usar, en su turno, talleres, bibliotecas y laboratorios (art. 30).

A los docentes y administrativos del Ministerio de Educación Pública. El artículo 42 dice que los plazos de prescripción para reclamar salarios no empiezan a correr hasta que el Departamento de Personal les notifique por escrito que el reclamo no procede (art. 42).

A los funcionarios del Servicio Exterior. El artículo 28 dice que las devaluaciones del Banco Central no deben afectar sus asignaciones en moneda extranjera (art. 28).

A los jefes de departamento del Estado con dedicación exclusiva. El artículo 27 les quita el pago de tiempo extraordinario (art. 27).

A los estudiantes de colegios privados que reciben aportes del Gobierno. El artículo 40, que los tocaba, fue anulado por la Sala Constitucional (art. 40).

Cómo está hoy según SINALEVI

SINALEVI muestra la Ley 7216 como vigente, en su versión 3 de 3 2. La Procuraduría General de la República anota que la norma tuvo consulta de constitucionalidad, expediente Nº 2018-90, y voto Nº 1716-90 de la Sala Constitucional.

La ley cambió después de aprobada. La Ley 7256 del 17 de setiembre de 1991 modificó el artículo 3 y el artículo 22, amplió los incisos 1) del artículo 32 y 11) del artículo 39, y amplió el artículo 22 2. También varió el destino de la partida No.664-326-30, programa 765, y de los programas 908-900-9182. Además derogó el inciso 1) del artículo 34.

La Ley 7280 del 20 de diciembre de 1991 derogó el inciso 6) del artículo 34 y agregó un nuevo inciso 3) al artículo 32 2.

El artículo 26 de esta ley derogó el artículo 25 de la Ley 7038 del 25 de agosto de 1987 2. El artículo 28 derogó el artículo 28 de la Ley de Presupuesto para 1987, No.7056 del 9 de diciembre de 1986. También modificó la Ley de Presupuesto No.7141 del 20 de diciembre de 1989.

La Procuraduría anota que el artículo 32 de la Ley de Presupuesto para 1992, No. 7272 del 18 de diciembre de 1991, prorrogó de forma tácita el plazo del artículo 25 de la Ley 7088 2. Ese artículo 25 se refería al impuesto territorial.

SINALEVI advierte que el texto vigente del artículo 17 difiere del aprobado. La versión aprobada hablaba de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 2. La versión que muestra SINALEVI corta la palabra "Asignaciones" y deja "Asignacio".

Lo que se dijo en la Asamblea

Las grabaciones del dossier no tratan sobre la Ley 7216. Tratan sobre el presupuesto de 2018 y sobre otros proyectos 00:00:15 00:29:46.

En la grabación V1, del 5 de setiembre de 2017, se explica que la comisión de asuntos hacendarios inició el análisis del presupuesto ordinario de 2018 00:00:15. Según el relato, el plan de gastos ascendía a 9.3 billones de colones y tenía un aumento del 3.2 por ciento 00:00:19.

En la grabación V2, del 6 de octubre de 2026, la diputada Matamoros Montoya Carol Vanesa dijo que en noviembre iniciaría la discusión del presupuesto nacional 2027 00:29:42. También criticó recortes al Poder Judicial 00:29:51.

Ninguna de esas intervenciones menciona la Ley 7216 ni el presupuesto de 1991.

Frente a la Constitución

El artículo 176 de la Constitución dice que el presupuesto de la República se emite para un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre Constitución, art. 176. La Ley 7216 se aprobó para el ejercicio económico de 1991 (art. 11). El Censo no encontró un choque directo entre ambos textos.

El artículo 180 dice que el presupuesto ordinario y los extraordinarios son el límite de acción de los Poderes Públicos Constitución, art. 180. También dice que solo pueden modificarse por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. La ley permite al Ministerio de Hacienda hacer traslados y modificaciones por decreto (art. 14). Esa autorización podría generar dudas, porque la Constitución reserva los cambios presupuestarios a leyes de iniciativa del Ejecutivo.

El artículo 179 prohíbe a la Asamblea aumentar los gastos presupuestados sin señalar nuevos ingresos Constitución, art. 179. La ley no aumenta gastos por encima de lo aprobado, así que el Censo no ve choque en ese punto.

El artículo 184 da a la Contraloría General de la República la tarea de fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos Constitución, art. 184. La ley le encarga a la Contraloría revisar los fondos rotatorios cada seis meses o menos (art. 18). Eso calza con el mandato constitucional.

El artículo 177 de la Constitución manda asignar al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios Constitución, art. 177. La ley crea un fondo rotatorio para el Poder Judicial, pero no toca ese porcentaje (art. 20). El Censo no encontró choque en ese punto.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo por esta ley, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional guía, p. 22.

El recurso se plantea contra el servidor o el órgano que aparece como presunto autor del agravio guía, p. 22. Debe expresar con claridad el hecho, el derecho violado, el nombre del servidor y las pruebas guía, p. 23.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad guía, p. 24. Esa acción procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional.

Para interponer la acción de inconstitucionalidad debe existir un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa guía, p. 24. No hace falta ese caso cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club. También puede llamar al 2501-8000 o al 2501-8025.

Si una institución pública le falla en un servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo.

Si quiere proponer una reforma a esta ley, puede usar la iniciativa popular guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años.

Lo que no sabemos

El dossier no permite saber cuánto dinero aprobó la ley en total, porque el texto publicado solo trae la parte general.

El dossier no permite saber si la ley sigue ejecutándose hoy o si solo queda como norma histórica en SINALEVI.

El dossier no permite saber qué pasó con el expediente Nº 2018-90 ni con el voto Nº 1716-90 de la Sala Constitucional.

El dossier no permite saber si el artículo 17 vigente tiene un error de transcripción o un cambio real.

Estado en SINALEVI

VigenteVersión de la norma: 3 de 3Ver en SINALEVI

Tuvo Consulta de Constitucionalidad, expediente Nº 2018-90 y voto Nº 1716-90, ambos de la Sala Constitucional. El artículo 26 de esta ley deroga el artículo 25 de la ley No.7038 del 25 de agosto de 1987. El artículo 28 deroga el artículo 28 de la Ley de Presupuesto para 1987 No.7056 del 9 de diciembre de 1986. Modifica la Ley de Presupuesto para No.7141 del 20 de diciembre de 1989. Se deroga el numeral 04 del artículo 21 de la ley No.7206 del 11 de octubre de 1990; el inciso 10 del artículo 32 de la ley No.7131 del 16 de agosto de 1989 y el artículo 100 de la ley No.7097 del 18 de agosto de 1988; así como el numeral 43 del artículo 11 de la ley 7089 del 18 de diciembre de 1987. Prorroga hasta el 31 de diciembre de 1991 la vigencia del artículo 25 de la ley No.7088 del 30 de noviembre de 1987, que originalmente dispuso que la modificación del IMPUESTO TERRITORIAL incluida en el artículo 14 de dicha ley (7088), regiría hasta el 31 de diciembre de 1989. NOTA: El artículo 32 de la ley de Presupuesto para 1992, No. 7272 de 18 de diciembre de 1991, TACITAMENTE prorroga el plazo de vigencia del artículo 25 de la No. 7088 citada, al disponer que del incremento que se produzca en la recaudación del IMPUESTO TERRITORIAL durante 1992, por la actualización de avalúos establecido en el artículo 14 de dicha ley (7088), el Poder Ejecutivo destinará un 40% a la contratación y confección de un catastro inmobiliario y multifinalitario. El artículo 33 de la ley No.7206 del 11 de octubre de 1990 es reformado. Rige a partir de su publicación. AFECTACIONES POSTERIORES: La ley No. 7256 del 17 de setiembre de 1991 modifica los términos de la presente ley en la forma que sigue: Modifica el artículo 3; Varía el destino de la partida No.664-326-30, programa 765; Programas 908-900-9182, el inciso 14) del artículo 35; Deroga el inciso 1) del artículo 34; Amplía el inciso 11) del artículo 39; Amplía el inciso 1) del artículo 32; Amplía el artículo 22. La ley No.7280 del 20 de diciembre de 1991 modifica la presente, derogando el inciso 6) del artículo 34, y adicionando el artículo 32 con un nuevo inciso 3).

La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas

El Censo encontró dudas sobre la autorización al Ministerio de Hacienda para hacer traslados presupuestarios por decreto, frente al artículo 180 de la Constitución.

  1. Constitución, art. 180"El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo."
    Esta ley, art. 14"El Ministerio de Hacienda, mediante decreto del Poder Ejecutivo, podrá:"

    Hay dudas La Constitución dice que los cambios al presupuesto se hacen por ley de iniciativa del Ejecutivo. La ley permite que Hacienda haga traslados por decreto. Eso podría chocar con la regla constitucional.

  2. Constitución, art. 176"El presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre."
    Esta ley, art. 11"Para la ejecución de lo dispuesto en los artículos precedentes así como para el control de esta ejecución, se establecen las regulaciones que, a continuación, se señalan, las cuales tendrán vigencia exclusivamente durante el período del ejercicio económico de 1991."

    Sin choque aparente La Constitución fija el presupuesto para un año. La ley dice que sus reglas rigen solo en 1991. El Censo no ve choque en ese punto.

  3. Constitución, art. 184"Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República;"
    Esta ley, art. 18"La Contraloría General de la República efectuará la auditoría del movimiento de estos fondos, en forma periódica y en intervalos no mayores de seis meses."

    Sin choque aparente La Constitución le da a la Contraloría la tarea de fiscalizar los presupuestos. La ley le encarga revisar los fondos rotatorios cada seis meses o menos. Eso calza con el mandato constitucional.

Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.

Fuentes

  1. Ley 7216: LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO FISCAL Y POR PROGRAMAS PARA EL AÑO 1991 Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa
  2. Ley 7216 en SINALEVI: Ley de Presupuesto para 1991 (ordinario y extraordinario) (Vigente, Versión de la norma: 3 de 3) SINALEVI, Procuraduría General de la República, 19/12/1990
  3. DIPUTADOS INICIAN ESTUDIO DEL PRESUPUESTO DEL 2018 Asamblea Legislativa Costa Rica, 2017-09-05
  4. Plenario Legislativo, Sesión Ordinaria #75, 06 Octubre 2026 Asamblea Legislativa Costa Rica, 2026-10-07
  5. Constitución Política (texto vigente) SINALEVI, PGR, 2026-11-02
  6. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica CONAMAJ, 2025, 2025

Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.

Texto oficial completo

Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.

Leer el texto completo

Ley 7216

Ley de Presupuesto para 1991 (ordinario y extraordinario)

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LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA,

FISCAL Y POR PROGRAMAS, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1991

ARTICULO 1.- Apruébanse los siguientes ingresos ordinarios para el

ejecicio fiscal de 1991:

(Por lo extenso del contenido, se publica sólo la parte general, que

comprende del artículo 11 al 45. El texto completo puede verse en el

Alcance No.48 a La Gaceta No.245 del 26 de diciembre de 1990.)

ARTICULO 2.- Apruébanse los siguientes ingresos extraordinarios

internos para el ejercicio económico de 1991:

(Por lo extenso del contenido, se publica sólo la parte general, que

comprende del artículo 11 al 45. El texto completo puede verse en el

Alcance No.48 a La Gaceta No.245 del 26 de diciembre de 1990.)

ARTICULO 3.- Apruébanse los siguientes egresos ordinarios y

extraordinarios internos para el ejercicio económico de 1991:

(Por lo extenso del contenido, se publica sólo la parte general, que

comprende del artículo 11 al 45. El texto completo puede verse en el

Alcance No.48 a La Gaceta No.245 del 26 de diciembre de 1990.)

ARTICULO 4.- Apruébanse los siguientes egresos ordinarios y

extraordinarios internos para el ejercicio económico de 1991:

(Por lo extenso del contenido, se publica sólo la parte general, que

comprende del artículo 11 al 45. El texto completo puede verse en el

Alcance No.48 a La Gaceta No.245 del 26 de diciembre de 1990.)

ARTICULO 5.- Apruébanse los siguientes egresos ordinarios y

extraordinarios internos para el ejercicio económico de 1991:

(Por lo extenso del contenido, se publica sólo la parte general, que

comprende del artículo 11 al 45. El texto completo puede verse en el

Alcance No.48 a La Gaceta No.245 del 26 de diciembre de 1990.)

ARTICULO 6.- Apruébanse los siguientes ingresos ordinarios para el

ejecicio fiscal de 1991:

(Por lo extenso del contenido, se publica sólo la parte general, que

comprende del artículo 11 al 45. El texto completo puede verse en el

Alcance No.48 a La Gaceta No.245 del 26 de diciembre de 1990.)

ARTICULO 7.- Apruébanse los siguientes ingresos extraordinarios

internos para el ejercicio económico de 1991:

(Por lo extenso del contenido, se publica sólo la parte general, que

comprende del artículo 11 al 45. El texto completo puede verse en el

Alcance No.48 a La Gaceta No.245 del 26 de diciembre de 1990.)

ARTICULO 8.- Apruébanse los siguientes ingresos extraordinarios

internos para el ejercicio económico de 1991:

(Por lo extenso del contenido, se publica sólo la parte general, que

comprende del artículo 11 al 45. El texto completo puede verse en el

Alcance No.48 a La Gaceta No.245 del 26 de diciembre de 1990.)

ARTICULO 9.- Apruébanse los siguientes ingresos extraordinarios

internos para el ejercicio económico de 1991:

(Por lo extenso del contenido, se publica sólo la parte general, que

comprende del artículo 11 al 45. El texto completo puede verse en el

Alcance No.48 a La Gaceta No.245 del 26 de diciembre de 1990.)

ARTICULO 10.- Apruébanse los siguientes ingresos extraordinarios

internos para el ejercicio económico de 1991:

(Por lo extenso del contenido, se publica sólo la parte general, que

comprende del artículo 11 al 45. El texto completo puede verse en el

Alcance No.48 a La Gaceta No.245 del 26 de diciembre de 1990.)

ARTICULO 11.- Para la ejecución de lo dispuesto en los artículos

precedentes así como para el control de esta ejecución, se establecen las

regulaciones que, a continuación, se señalan, las cuales tendrán vigencia

exclusivamente durante el período del ejercicio económico de 1991.

SECCION I. REGULACIONES ADMINISTRATIVAS

A. DISPOSICIONES DIVERSAS

Determinación de ingresos

1.- Para los efectos del artículo No. 51 de la Ley de la Administración

Financiera de la República, No. 1279 del 2 de mayo de 1951, se transforman

en subvenciones todos los productos de rentas con destino específico,

según el detalle especial contenido en la Ley de Presupuesto Nacional.

Créditos presupuestarios destinados a gastos fijos

2.- Para los efectos de esta ley, los créditos presupuestarios destinados

a gastos fijos se estimarán comprometidos por la sola razón de producirse

los hechos que generen la obligación prevista en ellos. En consecuencia,

tratándose de sueldos, el hecho mismo de devengarlos legalmente constituye

el compromiso.

Autorización para recodificar

3.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto, previa

aprobación de la Contraloría General de la República, recodifique los

presupuestos ordinarios y extraordinarios incorporados al Presupuesto

Nacional, de conformidad con la codificación general vigente.

Autorización para girar como gastos fijos

4.- Todas las sumas aprobadas para gastos de representación de los

funcionarios de la Casa Presidencial y de los Supremos Poderes, se girarán

como gastos fijos y para su pago no se requerirá la presentación de

comprobantes. Igual procedimiento se seguirá para la tramitación de los

gastos de representación del Servicio Exterior.

En lo concerniente a los gastos de alimentación y a los de la

subpartida Protocolo de la Casa Presidencial, se requerirá la presentación

de comprobantes para su pago.

Partidas de pasajes

5.- De las partidas de gastos de viaje y de pasajes al exterior,

únicamente se cubrirán gastos realizados por servidores públicos, salvo

los casos de los asesores técnicos de organismos internacionales y de las

comitivas de la Presidencia de la República.

Subpartida gastos de viaje: servicio exterior

6.- Para el traslado de embajadores concurrentes que -en el ejercicio de

su cargo- deban presentar cartas credenciales en sedes distintas a la

permanente, se utilizará la subpartida "transporte de o para el exterior".

De la misma fuente señalada en el párrafo anterior, se tomarán los

recursos para el traslado de los representantes o delegados que designe el

Ministro de Relaciones Exteriores para asistir a congresos, a conferencias

o a reuniones, en lugares distintos al de la sede permanente en que estos

servidores ejerzan sus funciones.

Las subpartidas "gastos de viaje en el exterior" y "transporte de o

para el exterior" serán utilizadas exclusivamente, según lo indicado, para

el traslado de los funcionarios del programa 081 - Servicio Exterior.

B. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION Y DE CONTROL

Trámite de solicitudes de crédito especial y de mercancías

7.- No se incurrirá en compromiso alguno con cargo a una partida de

"gastos variables", si previamente la Oficina de Control de Presupuesto

del Ministerio de Hacienda no ha reservado, en la cuenta de crédito del

presupuesto respectivo, la suma suficiente para atender ese pago.

Las solicitudes de crédito especial y las de mercancías o de

servicios, serán firmadas por el respectivo superior jerárquico de la

institución correspondiente o por su delegado, en el momento de su emisión.

El superior jerárquico sólo podrá delegar su autorización en los

funcionarios directamente responsables de la unidad administrativa, a la

que se le asignen los recursos en los programas presupuestarios de la Ley

de Presupuesto Nacional. No se tramitará ninguna solicitud de reserva de

crédito especial o solicitud de mercancías o de servicios, si no se llenan

esos requisitos. Para la validez de los compromisos, se requerirá la

aprobación previa de la Contraloría General de la República. Acuerdos de

pago de órganos constitucionales

8.- Los acuerdos de pago para girar partidas de gastos variables de los

presupuestos de los Poderes Legislativo y Judicial, del Tribunal Supremo

de Elecciones y de la Contraloría General de la República, serán emitidos

o autorizados por estos organismos, previa aprobación -por parte de las

oficinas competentes- de la correspondiente solicitud de mercancías o de

servicios o de las solicitudes de reserva de crédito especial.

Modificación de contratos

9.- Las órdenes de modificación de contratos de construcción, consultorías

y alquileres, deberán ser aprobadas previamente por la Oficina de Control

de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Esta Oficina certificará que

los desembolsos financieros, que pueda ocasionar la orden, tienen

contenido económico durante el año en ejecución. Con este propósito, los

ministerios deberán presentar ante la citada Oficina, un calendario de

desembolsos de las partidas que afecten dichos contratos, sobre la base de

las obras que se efectuarán en el año en que se muestren separadamente los

desembolsos que se generen en el contrato original y los que se deriven de

cada orden de modificación solicitada. Informes de dependencias

10.- Las dependencias del Gobierno Central deberán presentar ante la

Oficina de Presupuesto Nacional -dentro de los quince días hábiles

siguientes a la terminación de cada trimestre del ejercicio económico- un

informe detallado sobre el avance físico, las realizaciones o las metas

alcanzadas en la ejecución de cada programa y cada proyecto. Los

ministerios, en colaboración con la Oficina del Presupuesto Nacional y de

acuerdo con los recursos asignados para cada año, definirán y cuantificarán

los objetivos y las metas de los programas presupuestarios.

Control de utilización de recursos

11.- La Contraloría General de la República deberá ejercer un estricto

control sobre la utilización de los fondos que se autorizan en el

presupuesto por medio de subvenciones, transferencias o partidas giradas a

diferentes entidades y organismos estatales y privados y, sobre aquellas

entidades de cualquier naturaleza que, en forma temporal o permanente,

reciban o administren fondos y bienes públicos o que sean beneficiadas con

exenciones.

La Contraloría General de la República, una vez que determine cuáles

entidades deben someterle un presupuesto para disponer de las sumas a que

se refiere esta norma, comunicará este dato a la Tesorería Nacional, con

el fin de que no se entreguen las subvenciones a aquéllas que no hubieran

cumplido con este requisito o con el suministro de cualquier información

referente a la aplicación de fondos públicos.

A más tardar el 31 de enero de cada año, toda entidad -estatal o

privada- favorecida con subvenciones, deberá remitir a la Contraloría, con

copia para la Oficina de Presupuesto Nacional, la liquidación de los

presupuestos correspondientes al año anterior.

Plazo para rendir dictámenes

12.- En aquellos casos en que la Contraloría General de la República deba

emitir dictamen previo para el cumplimiento del presente cuerpo de normas

presupuestarias, deberá rendirlo en un lapso no mayor de quince días

hábiles, contados a partir del recibo del proyecto de decreto, mediante

resolución que le remitirá al Ministerio de Hacienda.

Liquidación de presupuestos extraordinarios

13.- En la liquidación de los presupuestos extraordinarios, al 31 de

diciembre de cada año, cuyos ingresos se originen en líneas de crédito con

organismos del exterior, serán tomados como recursos los gastos efectivos

que no hayan sido reembolsados por esos organismos antes de esa fecha.

Entre los reembolsos por recibir, se incluirán los gastos reconocidos

para obras que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realice bajo

su administración. El reembolso solamente podrá solicitarse a los

organismos del exterior, una vez que aquellas hayan sido efectuadas.

SECCION II. AUTORIZACIONES

A. AUTORIZACION AL PODER EJECUTIVO

Traslados y modificaciones

14.- El Ministerio de Hacienda, mediante decreto del Poder Ejecutivo,

podrá:

a) Efectuar transferencias entre partidas para el servicio de la

deuda pública y crear los programas y subpartidas que fueran necesarios

para esos fines.

b) Trasladar sobrantes tanto de servicios personales de todos los

programas presupuestarios como de todos los regímenes de pensiones con

cargo al Presupuesto Nacional, al Servicio de la Deuda Pública, a las

partidas para el pago de pensiones y de prestaciones legales a cargo del

Gobierno Central y viceversa, con el propósito de cubrir faltantes en las

partidas de servicios personales y transferencias, para hacerle frente

tanto a resoluciones salariales emitidas por la Dirección General del

Servicio Civil como por la Autoridad Presupuestaria.

Traspasos a partir del segundo trimestre

15.- A partir del segundo trimestre del año, previa aprobación de la

Contraloría General de la República y mediante decreto ejecutivo, podrán

ordenarse traspasos entre los gastos autorizados en la Ley de Presupuesto

Nacional, dentro de un mismo programa, excepto en lo relativo a servicios

personales y a partidas de transferencias.

Asimismo, se podrán reordenar traspasos mediante la creación de un

nuevo tipo de gasto, sin que con ello se modifique el monto de los

recursos asignados al programa, cuando para su mejor ejecución resultara

indispensable.

No se podrán aumentar, mediante decreto ejecutivo, las sumas que la

Ley de Presupuesto Nacional autoriza para gastos confidenciales, gastos de

representación, amortización de cuentas pendientes de ejercicios

anteriores, consultorías, equipos de transporte, artículos y gastos para

recepciones y gastos de viaje y transporte en y para el exterior.

En los presupuestos financiados con recursos provenientes del crédito

externo, sí se permitirán los traspasos de servicios personales a gastos

variables o viceversa, por decreto ejecutivo, previa aprobación de la

Contraloría General de la República.

Las solicitudes de traspaso entre partidas de un mismo programa,

deberán ser presentadas por escrito, debidamente justificadas por los jefes

de los programas presupuestarios y autorizadas por el superior jerárquico

respectivo. Además, el oficial presupuestal correspondiente certificará el

saldo disponible de las subpartidas que se rebajen.

Los citados traspasos o transferencias podrán efectuarse en cualquier

momento, para atender situaciones de emergencia o de calamidad pública,

previamente declaradas por acuerdo del Poder Ejecutivo.

No podrán rebajarse las siguientes subpartidas de los ministerios:

alquileres, telecomunicaciones, energía eléctrica, gasolina, diesel y

medicinas. Tampoco podrán rebajarse las destinadas al pago de cuentas

pendientes de ejercicios anteriores, en programas de gastos directos de

los ministerios ni las de productos alimenticios de los Ministerios de

Seguridad Pública, de Gobernación y Policía y de Justicia y Gracia.

Modificación del presupuesto del Poder Judicial

16.- El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia,

mediante decretos ejecutivos del Ministerio de Hacienda, practicará las

modificaciones necesarias al presupuesto del Poder Judicial, en todo lo

que se relacione con los cambios de plazas nuevas y creación o

reorganización de oficinas, que sean indispensables para la aplicación de

los distintos códigos procesales y de la Ley Reguladora de la

Jurisdiccción Contencioso-Administrativa, así como para la aplicación de

las Leyes Nos. 6332 del 8 de junio de 1979 y 7046 del 6 de octubre de

  1. Los recursos presupuestarios se tomarán de la subpartida de "sueldos

para cargos fijos", parte final, reservada con ese propósito y de las

subpartidas modificadas por los decretos que lleguen a dictarse.

Autorización para el pago del aguinaldo con partidas de 1992

17.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que pague el aguinaldo

(decimotercer mes) del año 1991, con cargo a las correspondientes partidas

de gastos del Presupuesto Nacional para 1992.

B. FONDOS ROTATORIOS

Fondo para Adaptación Social

18.- Para el funcionamiento de la Dirección General de Adaptación Social,

se autoriza al Poder Ejecutivo para que constituya, por medio de la

Tesorería Nacional, un fondo rotatorio de hasta cuatro millones de colones

(¢4.000.000), para facilitar la atención oportuna de los requerimientos de

materiales, mercaderías y servicios indispensables para el funcionamiento

de la Dirección.

Este fondo se manejará en una cuenta corriente especial en un banco

del Estado, contra la cual, únicamente, se podrán girar cheques con las

firmas del Ministro de Justicia o su designado y del Contador General de

ese Ministerio, conjuntamente.

La Contraloría General de la República efectuará la auditoría del

movimiento de estos fondos, en forma periódica y en intervalos no mayores

de seis meses. En ningún caso, esta partida podrá utilizarse para el pago

de servicios personales.

Fondo para la Proveeduría Nacional

19.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que constituya un fondo rotatorio

de hasta setenta millones de colones (¢70.000.000) en la Proveeduría

Nacional. Estos recursos servirán para facilitar la atención oportuna de

los requerimientos de la Administración Pública. La Proveeduría Nacional

sólo podrá proporcionar bienes y servicios adquiridos con los recursos de

este fondo rotatorio, cuando se le entreguen solicitudes de mercancía

debidamente aprobadas por las oficinas indicadas en la norma sétima.

Este fondo se manejará en una cuenta corriente especial en un banco

del Estado, contra la cual únicamente se podrán girar cheques con las

firmas del Ministro de Hacienda o de un representante designado por éste

y del Proveedor Nacional. La Contraloría General de la República efectuará la auditoría del movimiento de este fondo en forma periódica y en

intervalos no mayores de seis meses.

En ningún caso, esta partida podrá utilizarse para el pago de

servicios personales.

Fondo para el Poder Judicial

20.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que constituya, por medio de la

Tesorería Nacional, un fondo rotatorio para el funcionamiento del Poder

Judicial, únicamente con el objetivo de facilitar la adquisición de

materiales, mercaderías y servicios, por el monto que se establece en el

Reglamento de la Contratación Administrativa, para las compras directas

que sean de carácter indispensable y urgente, así como para atender el

pago del personal sustituto durante el período de vacaciones y de

licencias de los servidores judiciales.

El monto autorizado para la adquisición de los bienes y servicios

citados será de cinco millones de colones (¢5.000.000), suma que podrá aumentarse hasta ocho millones de colones (¢8.000.000), durante los meses

de enero, febrero y marzo, inclusive, para el pago de sustitutos. Este

fondo se manejará en una cuenta corriente, en un banco del Estado, contra

la cual sólo se podrán girar cheques con las firmas de los funcionarios

que determine la Corte Plena, mediante reglamento.

Corresponde a la Auditoría Judicial llevar el control del fondo. La

Contraloría General de la República efectuará la auditoría del movimiento

de estos fondos, en forma periódica y en intervalos no mayores de seis

meses.

La Corte Plena dictará un reglamento para la operación de ese fondo,

que deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República.

El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte y mediante decretos

ejecutivos elaborados por la Oficina de Presupuesto Nacional, le hará las

modificaciones necesarias al presupuesto del Poder Judicial, en todo lo

que se relacione con los cambios que sean indispensables para el mejor

funcionamiento del fondo.

Fondo para el Almacén Nacional Escolar

21.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que constituya un fondo rotatorio

de hasta veinte millones de colones (¢20.000.000), en el Programa de

Suministros Escolares del Ministerio de Educación Pública, que utilizará para el funcionamiento del Almacén Nacional Escolar. Por medio de este

fondo, se pagarán las compras de materiales y servicios generales que

constituyan el objeto normal de sus actividades y se reintegrará el

producto de la venta de útiles y de materiales escolares que se efectúe.

Con el objetivo de que ese fondo pueda fortalecerse para extender los

servicios y preservar su poder adquisitivo, autorízase al Ministerio de

Educación Pública para que, en las ventas de materiales y de útiles

escolares, agregue a su precio de costo un margen que, en ningún caso,

será mayor a un diez por ciento (10%).

Estos fondos se manejarán en una cuenta corriente especial en un

banco del Estado, contra la cual se podrá girar únicamente con las firmas

del Director del Departamento Financiero y del Ministro de Educación

Pública o su designado, conjuntamente. La Contraloría General de la

República efectuará la auditoría del movimiento de estos fondos, en forma

periódica y en intervalos no mayores de seis meses.

En ningún caso, esta partida podrá utilizarse para el pago de

servicios personales.

SECCION III. REGULACION SOBRE PERSONAL Y PUESTOS

Servicios especiales

22.- En ningún caso, los sueldos del personal pagado por medio de las

subpartidas de servicios especiales de los ministerios, podrán ser

superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen de

Servicio Civil, en el desempeño de funciones similares.

Además, el personal pagado por servicios especiales deberá llenar los

requisitos exigidos por este Régimen. Los nombramientos deberán ajustarse

a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio. En los casos

en que no se adicionen estos detalles, deberán emitirse por decretos

ejecutivos. Igualmente se procederá con los nombramientos que se efectúen

con cargo a las subpartidas de jornales de los ministerios.

Estos detalles de servicios especiales y de jornales podrán ser

modificados por medio de decreto ejecutivo del Ministerio de Hacienda. La

Dirección General de Servicio Civil será la responsable de la

clasificación de los cargos que figuren en la relación de puestos de

servidores especiales.

Relación de puestos del Ministerio de Educación

23.- El Poder Ejecutivo, a solicitud del Ministro de Educación, mediante

decreto de los Ministerios de Hacienda y de Educación Pública, podrá modificar las relaciones de puestos en los programas: 505, 506, 507 y 508

con los siguientes fines:

a) Efectuar traslados o cambios de plazas y de horas lectivas, entre

los centros educativos del país, siempre y cuando las necesidades se

deriven de la matrícula efectiva de los diferentes centros educativos.

b) Crear los centros educativos que estime convenientes, según las

necesidades de las distintas comunidades del país, pero solamente mediante

traslado de puestos.

c) Efectuar traslados o cambios de plazas del personal administrativo

y del personal de servicio entre los centros educativos, en el entendido

de que los decretos que se deriven de la presente norma, sólo podrán crear

un número de cargos o de horas lectivas igual al que se rebaja y de que el

traslado o cambio de puestos se efectuará sin perjuicio de los derechos

adquiridos por los servidores nombrados.

Para la correcta aplicación de esta norma, a partir del mes de marzo,

el Ministerio de Educación Pública deberá realizar, sin perjuicio de los

derechos adquiridos por los servidores, los reajustes de personal

ocasionados por la disminución de matrícula en los diversos ciclos, para

lo cual ejecutará, en las instituciones educativas del país, un control

presupuestario permanente sobre la relación de puestos incluida en esta

ley.

24.- El Poder Ejecutivo no podrá aumentar, mediante decreto, el número de

puestos contemplados en las relaciones de puestos para cargos fijos.

SECCION IV. NORMAS DE CONVENIENCIA Y DE OPORTUNIDAD PARA 1991

25.- Los fondos de divisas provenientes de los préstamos otorgados por

organismos internacionales al Gobierno Central o a las instituciones

descentralizadas, que deban ser transformados a moneda nacional, serán

convertidos a esta moneda al tipo de cambio para la compra de divisas

(tasa intercambiaria) que actualmente rige o al tipo por el cual se

sustituya en el futuro.

26.- Se autoriza al Estado, a sus instituciones y demás entidades del

Sector Público, a que trasladen puestos -siempre que no sean docentes- de

un programa a otro, de un mismo título o de títulos o instituciones

diferentes, dentro de la misma categoría o nivel, según las siguientes

disposiciones:

a) En el caso de las instituciones que se regulan por el Estatuto del

Servicio Civil, el traslado de plazas ocupadas en propiedad se efectuará de común acuerdo entre el ministro o la autoridad superior que cede el

puesto y el ministro o autoridad superior que lo recibe, siempre y cuando

no se le cause perjuicio al funcionario objeto del movimiento. El código

presupuestario respectivo puede ser incorporado en el nuevo programa,

eliminándose el correspondiente en el presupuesto del ministerio o

instituciones de procedencia.

b) En el caso de las instituciones descentralizadas y de las empresas

públicas, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, a

solicitud de los superiores jerárquicos de los entes públicos interesados,

analizará y definirá si extiende la respectiva autorización. Los cambios

o traslados que se produzcan por la aplicación de este artículo, podrán

ser confirmados mediante su incorporación en el siguiente proyecto de

presupuesto que se presente a conocimiento de la Contraloría General de la

República.

c) Los traslados de plazas vacantes que no estén ocupadas por

servidores interinos podrán realizarse de conformidad con lo establecido

en el inciso a) en lo pertinente, incluso en instituciones pertenecientes

al Régimen de Servicio Civil y se requerirá, en este caso, la anuencia del

jerarca que recibe la plaza y el traslado definitivo de ella podrá hacerse

mediante su incorporación en el presupuesto correspondiente o en la

modificación presupuestaria, que aprueba la Contraloría General de la

República o por decreto ejecutivo cuando corresponda al Gobierno Central.

27.- No se pagará tiempo extraordinario a quienes ocupen puestos de

jefatura de departamento o de jefatura de mayor jerarquía dentro de la

organización del Estado, siempre que presten sus servicios en el régimen

de dedicación exclusiva o prohibición. Los demás empleados y funcionarios

del Estado conservan el derecho al pago respectivo.

28.- Los efectos de las devaluaciones de la moneda que efectúe el

Banco Central de Costa Rica, no deberán repercutir en las asignaciones

que, en moneda extranjera, contempla la Ley de Presupuesto Nacional para

los servidores y oficinas del Servicio Exterior de la República. El

Ministerio de Hacienda, por medio de decreto ejecutivo, utilizará los

saldos mensuales no usados del Presupuesto Nacional para cubrir las

diferencias cambiarias que se produzcan en los programas: 081 - Servicio

Exterior.

La Contabilidad Nacional coordinará, con la Oficina Técnica

Mecanizada, el cargo al Presupuesto, tan pronto reciba el informe mensual

del Banco Central sobre estas diferencias.

La Dirección de Presupuesto Nacional, en coordinación con el

Ministerio de Relaciones Exteriores, velará porque las partidas asignadas

en colones cubran estos ajustes.

Las diferencias que, por variaciones del tipo de cambio, se presenten

entre la asignación en dólares para los cargos del Servicio Exterior,

aprobada en la Ley de Presupuesto y los giros en colones que mensualmente

remite la Tesorería Nacional al Banco Central de Costa Rica, podrán

cubrirse con cargo directo al Fondo General, previa aprobación de la

Tesorería Nacional.

29.- Cuando indebidamente se emitiera uno o varios giros a favor del

titular de una plaza docente, administrativo-docente o administrativa, que

hubiera sido sustituido interinamente por otro servidor, esta

circunstancia no constituirá impedimento para que se le emitan los giros

correspondientes a éste último. El Ministerio de Educación Pública, en

coordinación con la Oficina Técnica Mecanizada del Ministerio de Hacienda,

tomará las providencias necesarias para lograr el reintegro de las sumas

giradas indebidamente, en un plazo no mayor de tres meses a partir de la

emisión de los giros.

30.- Cuando dos o más instituciones ocupen un mismo edificio escolar,

cada una de ellas tendrá derecho al uso, en su correspondiente turno, de

la totalidad de las instalaciones físicas, tales como talleres,

bibliotecas, laboratorios y otros. Cuando deba suscribirse un convenio,

para el uso de las instalaciones, su efectividad estará sujeta a la

sanción por parte del Ministerio de Educación Pública. El director y los

profesores serán responsables del cuido de las instalaciones en la

correspondiente jornada de trabajo.

31.- El Ministerio de Educación Pública, con la intervención del

director y de los departamentos de orientación de los colegios y, de otros

funcionarios que estime necesarios, practicará un estudio socioeconómico a

los estudiantes de las instituciones educativas a las que se les brinde

servicio de transporte, con el fin de designar a los beneficiarios de él,

cuyo costo correrá a cargo del Estado.

32.- Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para

que, por medio de la Comisión Técnica de Transporte Automotor, realice el

trámite de licitación pública para la adjudicación de las rutas o

concesiones de transporte de estudiantes, financiadas en el Presupuesto de

la República, de conformidad con la Ley No. 3503 del 10 de mayo de 1965 y

sus reformas, con la Ley No. 3560 del 27 de octubre de 1965 y con el

Decreto Ejecutivo No. 15203-MOPT del 22 de febrero de 1984.

Corresponderá al Ministerio de Educación Pública la definición de las

rutas y la asignación del número de estudiantes por cada una de ellas,

además del correspondiente trámite de pago que se realizará por medio del

procedimiento de reserva especial de crédito, de conformidad con los

procedimientos de la Proveeduría Nacional y con la aprobación de la

Contraloría General de la República.

De conformidad con la legislación vigente, el Ministerio de Educación

Pública reglamentará lo relativo a la adjudicación, para evitar atrasos

que provoquen interrupción del servicio.

33.- Los centros educativos incluidos en la relación de puestos del

Presupuesto Nacional, a los cuales hace referencia el artículo 24 de la

Ley No. 6975 del 3 de diciembre de 1984 (modificación al Presupuesto

Nacional para 1984) enunciados en la norma 41 del Presupuesto de 1974,

mantendrán su statu quo en lo referente a su gobierno y al nombramiento de

su personal administrativo y administrativo-docente, incluido el personal

docente de religión, filosofía y ética.

En cuanto al nombramiento del nuevo personal docente, éste será escogido por las respectivas direcciones de esos colegios, de una lista de

cinco nombres que, para cada puesto, propondrá el Ministerio de Educación

Pública.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará para el nombramiento

del personal en propiedad e interino.

El Ministerio de Educación Pública solicitará las respectivas nóminas

al Departamento Docente del Servicio Civil, el cual las integrará mediante

el concurso público respectivo.

34.- El Ministerio de Hacienda podrá autorizar la ejecución de hasta tres

dozavos de los gastos aprobados en la Ley de Presupuesto Nacional.

Las solicitudes de reserva de crédito especial y las solicitudes de

mercancías o de servicios, que impliquen ampliación de la cuota máxima de

tres dozavos, requerirán, además de las autorizaciones que normalmente

llevan, la autorización del Ministro de Hacienda o su designado y del

Tesorero Nacional. Asimismo, se autoriza al Ministerio de Hacienda para

ejecutar, de una sola vez, aquellas subpartidas del Presupuesto cuyos

montos anuales sean iguales o inferiores a cien mil colones (¢100.000).

35.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto del

Ministerio de Hacienda y a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones,

pueda efectuar traspasos de partidas durante el año de 1991, entre los

gastos autorizados del Tribunal Supremo de Elecciones. Para estos efectos,

el funcionario que realice las labores de oficial presupuestal certificará el saldo efectivamente disponible de las subpartidas que se rebajen.

36.- El Ministerio de Hacienda, por medio de decreto ejecutivo, en el

transcurso del año, podrá modificar la relación de puestos del Programa

081, Servicio Exterior, con el propósito de adecuarla a las necesidades de

las diferentes situaciones políticas y económicas que así lo demanden, sin

sobrepasar la cantidad de puestos ni el monto de la cuota anual autorizada

con este fin en la Ley de Presupuesto Nacional.

A la vez, podrá hacer transferencias de subpartidas y modificar el

detalle de éstas en este programa.

37.- Autorízase al Poder Ejecutivo a revalidar automáticamente, bajo el

criterio técnico de la Oficina de Presupuesto Nacional y en consulta con

las unidades ejecutoras de los respectivos programas, los saldos

disponibles y los compromisos pendientes de los recursos provenientes del

crédito público y de donaciones, que al 31 de diciembre de 1990 hayan

quedado en esas condiciones. El Ministerio de Hacienda, previa

certificación de la Contabilidad Nacional acerca de la efectividad de

dichos recursos y con la aprobación de la Contraloría General de la

República, elaborará, en el primer semestre del año, el correspondiente

decreto de modificación a la presente ley.

38.- Con el fin de desconcentrar la función de proveeduría dentro del

Poder Ejecutivo, se autoriza a los ministerios para que ejecuten el

presupuesto por medio de sus departamentos de proveeduría, para lo cual

llevarán a cabo todos los trámites de contratación administrativa, que

autorizan la Ley de la Administración Financiera de la República y el

Reglamento de la Contratación Administrativa. Para que los ministerios se

puedan desconcentrar, necesitan la autorización expresa de la Proveeduría

Nacional. En adelante, ésta cumplirá con las siguientes funciones respecto

de los departamentos ministeriales de proveeduría:

a) Supervisión de las actividades técnicas.

b) Formulación de las instrucciones y de las normas técnicas de

acatamiento obligatorio.

c) Resolución, en grado de recursos, contra carteles y adjudicaciones

de licitaciones, cuando el recurso no corresponda conocerlo a la

Contraloría General de la República.

ch) Vigilancia del cumplimiento de la Ley de la Administración

Financiera de la República, del Reglamento de la Contratación

Administrativa y de cualquier norma o directriz que emita la Contraloría

General de la República o la Proveeduría Nacional, relacionada con esta

materia (contratación administrativa).

d) Asesoría y ejecución de programas de capacitación en funciones de

proveeduría.

e) Denunciar cualquier irregularidad o violación a la ley, a efecto

de que se realicen las investigaciones pertinentes y, si fuera procedente,

se sienten las responsabilidades del caso.

f) Revocatoria de la autorización de desconcentración, cuando se haya

determinado incumplimiento de las disposiciones legales o de las

instrucciones del órgano de vigilancia y supervisión, habiendo mediado

prevención al órgano desconcentrado sin que se hubiera modificado la

situación.

En ningún caso la desconcentración de la función de Proveeduría

elimina las facultades que le da la Ley de la Administración Financiera de

la República a la Proveeduría Nacional, en materia de celebración de

contratos en el Poder Ejecutivo, como órgano rector.

39.- El Consejo Técnico, órgano rector del Centro de Investigaciones y

Perfeccionamiento para la Educación Técnica del Ministerio de Educación

Pública, además de la constitución, funciones y atribuciones que le señala

el decreto ejecutivo No. 6002-E del 6 de mayo de 1976 (reformado por el

número 6258-E del 29 de julio del mismo año), ejercerá y ostentará las

funciones y atribuciones que el Código de Educación Título III, artículos

del 406 al 409 otorga a las juntas administrativas de instituciones

educativas de enseñanza media, en lo que se refiere exclusivamente a

gobierno, funcionamiento y administración del Centro de Investigaciones y

Perfeccionamiento de la Educación Técnica (CIPET) del Ministerio de

Educación Pública.

40.- (*) El Consejo Superior de Educación, con fundamento en el informe de

costos elaborado por la División de Planeamiento y Desarrollo Educativo

del Ministerio de Educación Pública, revisará y fijará los montos que se

cobrarán por concepto de matrícula y mensualidad, en el nivel de enseñanza

que corresponda, en todas aquellas instituciones de enseñanza privada que

reciban aportes del Gobierno, por medio del Presupuesto Nacional, para el

pago de profesores.

(*) ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº 1481-92 de las

15:42 horas del 3 de junio 1992.

41.- Toda construcción, ampliación o mejora que se realice en edificios

destinados a centros educativos oficiales -sean aulas, comedores,

gimnasios, talleres y otros- con fondos provenientes de este presupuesto

o de empréstitos internacionales y otros fondos públicos, se considerará propiedad del Estado y deberá inscribirse a nombre del Ministerio de

Educación Pública. El mismo criterio será aplicable a la compra de fincas

destinadas a la educación. El Ministerio de Educación Pública tendrá potestad para autorizar el uso de todas las instalaciones educativas

oficiales, tomando en consideración los intereses generales de la

educación y de la cultura y los intereses particulares de la comunidad.

42.- Los términos de prescripción que fijan el Código de Trabajo y el

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, no empezarán a correr para los

servidores del Ministerio de Educación Pública, con respecto a sus

reclamos o gestiones normales por pago de salarios, diferencias salariales

o sobresueldos, sino desde el momento en que, expresamente, el

Departamento de Personal del Ministerio de Educación Pública les

notifique, personalmente o por correo certificado, la improcedencia de la

gestión o, que el pago correspondiente no es factible de oficio o por la

vía ordinaria de planillas. De lo anterior, siempre, se dejará constancia

escrita.

En todo caso, dichos reclamos deben referirse a los ejercicios

económicos de los dos años anteriores a la vigencia de la Ley de

Presupuesto Nacional de cada año. Las acciones de personal o resoluciones

deberán encontrarse debidamente aprobadas, para lo cual el Ministerio de

Educación Pública queda autorizado según la presente norma.

43.- Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para

realizar transferencias que involucren el rebajo de las partidas de diesel

y gasolina con el objeto de ajustar sus programas a las metas

establecidas.

44.- Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a ejecutar

su presupuesto en cuotas globales trimestrales. Podrá incluirse en el

trimestre, el gasto total del monto de una subpartida, sin exceder la

cuota global trimestral.

45.- Autorízase al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a pagar, una

vez realizados los estudios correspondientes, los trabajos efectuados en

las calles de Palmar y Cortés de la Provincia de Puntarenas, en el año de

  1. Estas erogaciones se efectuarán con cargo al Programa 316 del

Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Todo ello,

previa autorización de la Contraloría General de la República.

46.- Se autoriza al Tribunal Supremo de Elecciones a ocupar los recursos

de los saldos disponibles del Título 125, al hacer la liquidación final de

los presupuestos a partir del año de 1990, cuyo destino será la

construcción y acondicionamiento de su propio edificio. Asimismo, queda

autorizado para abrir las cuentas corrientes en bancos del Sistema

Bancario Nacional, con el propósito de depositar los fondos que la

presente ley le asigna.

47.- Se autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que

deposite los saldos de partidas no utilizados correspondientes al

Presupuesto del año de 1990 en la cuenta de Depósitos Diversos código

07001, gastos varios del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin

de que se destinen para la adquisición del equipo y del acondicionamiento

de la nueva sede.

48.- Se autoriza a los funcionarios del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto que en funciones propias de su cargo deban desplazarse

en Misión Especial, a poder utilizar, indistintamente, las subpartidas 132

y 142 de los Programas 080 y 081 del Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto.

49.- Se autoriza al Ministerio de Gobernación y Policía para que el saldo

de la Cuenta, de Administración Postal Internacional, código 12120315 al

31 de diciembre de 1990, se presupueste de la siguiente manera:

45% para la tecnificación postal y telegráfica.

10% para compra de equipo a la Oficina de Control de Radio.

40% a la Guardia de Asistencia Rural.

5% para el desarrollo del proyecto de vivienda de empleados de

CORTEL. Todo ello, con la aprobación previa de la Contraloría General de

la República.

SECCION V. DISPOSICIONES SOBRE SITUACIONES

APREMIANTES Y DE INTERES SOCIAL

ARTICULO 12.- Del aumento en los ingresos corrientes que ocurra en el

año de 1991, producto de la aprobación del Proyecto de Ley de Ajuste

Tributario, Expediente No. 10954, se incorporarán mediante decreto

ejecutivo del Ministerio de Hacienda, únicamente dos mil cuatrocientos

millones de colones (¢2.400.000.000), destinados al Fondo de Financiamiento

de la Educación Superior (FES).

ARTICULO 13.- Autorízase al Poder Ejecutivo a que emita bonos hasta por quinientos millones de colones (¢500.000.000) y a que los transfiera al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) (*) , para la adquisición y distribución de tierras en sus programas de desarrollo agrario. El Ministerio de Hacienda determinará el plazo y el tipo de interés que devengarán estos bonos y los incorporará vía decreto ejecutivo.

(*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")

Se autoriza a los bancos del Sistema Bancario Nacional para que reciban estos bonos en pago de deudas, por su valor nominal.

ARTICULO 14.- Se autoriza a la Tesorería Nacional a que ponga, en

operación, el siguiente procedimiento para el manejo de los desembolsos

del préstamo No. 208-IC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID).

1.- El Banco Interamericano de Desarrollo hará el anticipo de fondos

solicitado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y

Avenamiento (SENARA).

2.- Los recursos de ese anticipo y los desembolsos futuros se

depositarán en una cuenta especial en dólares de los Estados Unidos de

Norte América, de la Tesorería Nacional.

3.- La Tesorería Nacional transferirá los recursos a las cuentas

corrientes en dólares de los Estados Unidos de Norte América y colones del

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.

4.- El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento,

una vez realizados los gastos, presentará la justificación de éstos y

preparará la solicitud de desembolso al Banco Interamericano de

Desarrollo, para constituir nuevamente el monto requerido que le permita

continuar con el programa.

Las transferencias que la Tesorería Nacional realice a aquella

Institución, podrá hacerlas en las cuentas No. 6008288 de dólares

estadounidenses y No. 107038-2 de colones, disponibles para tal efecto en

el Banco Nacional de Costa Rica.

ARTICULO 15.- Se autoriza al Tesorero Nacional a abrir una cuenta

especial en el Banco Central de Costa Rica, identificada con el nombre del

proyecto, en la cual se depositarán los montos de los recursos

provenientes de los desembolsos de los fondos del préstamo 530/OC-CR y de

los correlativos de la contrapartida local, según los respectivos

presupuestos de pago, cuenta que será mantenida en operación durante todo

el período de ejecución del proyecto.

ARTICULO 16.- De los fondos del Préstamo No. 530/OC-CR, celebrado

entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano

de Desarrollo, para el financiamiento parcial del Proyecto Ciudad Colón-

Orotina y de la Contrapartida a que se refiere la cláusula 4.02 (a) (iii)

del Capítulo IV del Contrato de préstamo, Ley No. 7123, la Tesorería

Nacional girará, directamente, las sumas que correspondan para cubrir

gastos realizados según las solicitudes que presente la Dirección General

Financiera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Este Ministerio,

junto con los Departamentos de Control de Presupuesto del Ministerio de

Hacienda y de la Contraloría General de la República, establecerá los

mecanismos de control y de cargo al Presupuesto Nacional.

ARTICULO 17.- Hasta tanto no se incluyan, en el Presupuesto Ordinario

o Extraordinario de la República, los gastos que ocasione el funcionamiento

de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignacio

Observaciones

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