El impuesto de ventas sube al 13% y baja un punto por año
La Ley 7218 sube el impuesto de ventas al 13% desde 1991 y lo baja un punto cada año hasta volver al 10% en 1994; también fija en US$30 el impuesto de salida del país.
Título oficial LEY DE AJUSTE TRIBUTARIO
Atención: La ley sube el impuesto de ventas del 10% al 13% y faculta a la Administración Tributaria para cerrar negocios por cinco días o el doble si hay reincidencia.
La letra pequeña
Encontramos 4 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Municipalidad del Cantón Central de Alajuela
El artículo 7 destina el 10% del impuesto de salida recaudado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, para los acueductos de la ciudad.
Del impuesto único de salida a que hace referencia el párrafo anterior y que se recaude en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el Poder Ejecutivo destinará el diez por ciento (10%) para la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, para cubrir los costos de construcción de los acueductos de la ciudad.
7, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Quien compra bienes y servicios gravados paga 13% desde 1991, con baja gradual al 10% en 1994
- Quien consume más de 250 kWh mensuales de electricidad residencial paga 5% sobre el exceso
- Los comercios deben emitir y timbrar facturas o se exponen al cierre del negocio
- Toda persona que salga del país paga US$30 de impuesto de salida
- Quien venda o traspase parcelas reforestadas con incentivos fiscales paga 5% sobre el valor
A quién beneficia
- La Municipalidad del Cantón Central de Alajuela recibe el 10% del impuesto de salida recaudado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
- Las municipalidades reciben el 1% de la recaudación total del impuesto de ventas desde 1994
- Los bienes de la canasta básica alimentaria, las medicinas y los libros quedan exentos del impuesto
- El consumo de electricidad hasta 250 kWh mensuales queda exento
Qué cambia
- El impuesto de ventas sube tres puntos en 1991 y vuelve al 10% en 1994
- La Administración Tributaria puede cerrar negocios por atraso de más de un mes o por no emitir facturas
- El cierre es de cinco días y del doble si hay reincidencia
- Romper los sellos oficiales del cierre es infracción tributaria con multa de ¢25.000 a ¢100.000
- El impuesto de salida del país queda en un monto único de US$30
La explicación completa
Qué cambia
La tarifa del impuesto de ventas pasa al 13% para todas las operaciones gravadas (art. 10). Desde el 1 de enero de 1992 baja a 12%, en 1993 a 11% y en 1994 vuelve al 10%.
Sobre el consumo de electricidad residencial que pase de 250 kWh al mes se aplica una tarifa del 5% (art. 10). El consumo hasta 250 kWh mensuales queda exento (art. 9).
La ley fija una lista de ventas exentas: canasta básica alimentaria, insumos esenciales para vivienda, reencauches y llantas para maquinaria agrícola, productos veterinarios e insumos agropecuarios, medicinas, querosene, diesel para la pesca no deportiva, libros, composiciones musicales, cuadros y pinturas hechos en el país, y cajas mortuorias (art. 9). Las mercaderías exentas quedan sujetas al control de precios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
A partir de 1994, el 1% de la recaudación total del impuesto de ventas se asigna a las municipalidades (art. 10). La distribución se hará con base en un programa de desarrollo regional balanceado y un proyecto de ley que elaborará una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa.
La Administración Tributaria puede ordenar el cierre de un negocio si el contribuyente atrasa más de un mes la declaración o el pago del impuesto (art. 20). También puede cerrarlo si no emite facturas o no las timbra cuando corresponde. El cierre es de cinco días, y del doble si hay reincidencia.
La causal del cierre se hace constar con sellos oficiales en puertas, ventanas u otros lugares del negocio (art. 20). Romper, destruir o alterar esos sellos es infracción tributaria, con multa de ¢25.000 a ¢100.000. En todo caso de cierre, el contribuyente debe asumir la totalidad de las obligaciones laborales con sus empleados y las demás cargas sociales.
El artículo 7 reforma el impuesto de salida del país: un monto único equivalente a US$30, al tipo de cambio libre del día que fije el Banco Central de Costa Rica (art. 7). Lo paga toda persona que salga del territorio nacional por aeropuertos internacionales, puertos marítimos o aéreos, o que cruce las fronteras. Del impuesto que se recaude en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el Poder Ejecutivo destina el 10% a la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela para los acueductos de la ciudad.
En todo traspaso o venta de parcelas reforestadas con incentivos fiscales se paga un impuesto del 5% sobre su valor (art. 6). Ese impuesto se declara ante la Dirección General Forestal para deducirlo del impuesto sobre la renta. Los recursos solo pueden destinarse a los problemas forestales de la provincia de Guanacaste.
La ley rige a partir de su publicación (art. 8).
A quién le toca
A quien compra bienes y servicios gravados: paga el 13% desde 1991, con la baja gradual hasta el 10% en 1994 (art. 10).
A quien consume más de 250 kWh mensuales de electricidad residencial: paga 5% sobre el exceso (art. 10).
A los comercios que venden mercancías: deben emitir y timbrar facturas, o se exponen al cierre del negocio (art. 20).
A los dueños de negocios cerrados: deben pagar las obligaciones laborales y cargas sociales de sus empleados (art. 20).
A toda persona que salga del país: paga US$30 de impuesto de salida (art. 7).
A la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela: recibe el 10% del impuesto de salida recaudado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (art. 7).
A las municipalidades en general: desde 1994 reciben el 1% de la recaudación total del impuesto de ventas (art. 10).
A quien venda o traspase parcelas reforestadas con incentivos fiscales: paga 5% sobre el valor (art. 6).
Cómo está hoy según SINALEVI
La ley está vigente y SINALEVI muestra la versión 3 de 3 2. La Procuraduría General de la República anota que la ley establece una elevación sustancial del impuesto sobre las ventas, del 10% al 13%, con disminución progresiva del 1% cada año hasta volver al 10% original.
La Procuraduría también anota que la ley modifica los artículos 9, 10 y 20 de la Ley 6826 y les adiciona un párrafo final a los artículos 11 y 14 2. Deroga el Transitorio III de la Ley 6826.
Sobre el artículo 7, la Procuraduría anota que el artículo 1 de la Ley 5874 ya había sido modificado antes por el artículo 46 de la Ley 6955, por el artículo 10 de la Ley 6962 y por el artículo 20 de la Ley 7088 2. La Procuraduría señala que en La Gaceta se consigna erróneamente el artículo 10 de la Ley 6962 como artículo 01.
El texto vigente de la Ley 5874 confirma que su artículo 1 fue reformado por el artículo 7 de la Ley 7218 3.
Dos artículos del texto aprobado ya no rigen. El artículo 4 fue derogado por el artículo 19 inciso a) de la Ley 9416 del 14 de diciembre de 2016 (art. 4). El artículo 5 fue anulado por resolución de la Sala Constitucional Nº 2359-94 de las 15:03 horas del 17 de mayo de 1994 (art. 5).
Frente a la Constitución
El artículo 18 de la Constitución dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" Constitución, art. 18. El impuesto de ventas y el impuesto de salida encajan con ese deber.
El artículo 46 prohíbe los actos, aunque vengan de una ley, que "amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria" Constitución, art. 46. El cierre del negocio por parte de la Administración Tributaria es una sanción que limita operar (art. 20). El Censo no encontró en el dossier una sentencia que resuelva si ese cierre choca con el artículo 46. Queda como duda.
El artículo 46 también manda que los consumidores reciban "información adecuada y veraz" Constitución, art. 46. La ley obliga a emitir y timbrar facturas (art. 20), lo que apunta en esa dirección.
El artículo 170 ordena asignar a las municipalidades una suma no menor al 10% de los ingresos ordinarios Constitución, art. 170. La ley asigna a las municipalidades el 1% de la recaudación del impuesto de ventas desde 1994 (art. 10). Son dos montos distintos y el dossier no permite compararlos.
El artículo 105 excluye el referéndum en materia tributaria Constitución, art. 105. Por eso la vía para cambiar esta ley no es el referéndum.
Qué puede hacer usted
Si un acto concreto de la Administración Tributaria viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Lo puede interponer cualquier persona, contra el servidor o el órgano que aparece como autor del agravio guía, p. 22.
El amparo se plantea por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades ni autenticación guía, p. 23. Debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas.
Si cree que la ley misma choca con la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales guía, p. 24. Para interponerla se requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se defiendan intereses difusos.
Si el problema es el mal funcionamiento de una institución pública, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Puede hacerlo cualquier persona que habite en Costa Rica guía, p. 71.
Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Las denuncias se presentan en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, o al teléfono 2501-8025 del Área de Denuncias e Investigaciones guía, p. 68.
Para proponer una reforma a esta ley, la vía es la iniciativa popular. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años guía, p. 26.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuánto se recaudó por el impuesto de ventas ni por el impuesto de salida.
El dossier no dice si la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa llegó a elaborar el proyecto de ley de distribución del 1% municipal.
El dossier no incluye el texto del Transitorio III de la Ley 6826 que esta ley deroga.
El dossier no explica qué contenía el artículo 5 que la Sala Constitucional anuló en 1994.
Estado en SINALEVI
VigenteVersión de la norma: 3 de 3Ver en SINALEVI
Establece un elevación sustancial en el impuesto sobre las ventas, pasando del 10% al 13% que irá en disminución progresiva del 1% cada año, siendo del 12% en 1992, etc., hasta retornar al 10% original. Modifica los artículos 09, 10 y 20 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas No.6826 del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, y le adiciona un párrafo final a los artículos 11 y 14. Deroga el Transitorio III de la Ley No.6826 ya mencionada. Por medio de su artículo 07, reforma el primer párrafo del artículo 01 de la Ley de establecimiento de Timbres, Uso de Fronteras y Puertos y Timbre de Migración No.5874 del 23 de diciembre de 1975, referente al impuesto de salida. En este caso, se establece el impuesto de salida del país por un monto único de US$30.oo, al tipo de cambio que determine el Banco Central. (Este artículo 01 había sido modificado anteriormente por el artículo 46 de la ley No.6955 del 24 de febrero de 1984, por el artículo 10 (no el 01, como erróneamente se consigna en La Gaceta) de la ley No.6962 del 26 de julio de 1984, y por el artículo 20 de la Ley de Registro Tributario No.7088 del 30 de noviembre de 1987). Rige a partir de su publicación.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo no encontró un choque claro entre la ley y la Constitución. Hay una duda sobre el cierre de negocios frente a la libertad de comercio del artículo 46.
Constitución, art. 18"Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos."
Esta ley, art. 10"La tarifa del impuesto es del trece por ciento (13%), para todas las operaciones gravadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de esta ley."
Sin choque aparente La Constitución pide a los costarricenses contribuir con los gastos públicos. El impuesto de ventas es una forma de esa contribución.
Constitución, art. 46"Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria."
Esta ley, art. 20"La Administración Tributaria queda facultada para ordenar el cierre de los establecimientos cuyos contribuyentes atrasen: ya sea la presentación de la declaración o el pago del impuesto correspondiente por más de un mes, según el procedimiento que al efecto disponga el Reglamento."
Hay dudas El cierre del negocio es una sanción que limita operar. El Censo no encontró en el dossier una sentencia que resuelva si ese cierre choca con la libertad de comercio.
Constitución, art. 170"En el Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente."
Esta ley, art. 10"A partir de 1994, el uno por ciento (1%) de la recaudación total del impuesto de ventas se asignará a las municipalidades, con base en una distribución acorde con el programa de desarrollo regional balanceado y con un proyecto de ley que elaborará una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, para transferir funciones de conformidad con el incremento de recursos asignados."
Hay dudas La Constitución habla de un 10% de los ingresos ordinarios y la ley de un 1% de la recaudación del impuesto de ventas. Son dos montos distintos y el dossier no permite compararlos.
Constitución, art. 105"El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa."
Esta ley, art. 8"Esta ley rige a partir de su publicación."
Sin choque aparente La Constitución excluye el referéndum en materia tributaria. Por eso la vía para cambiar esta ley no es el referéndum.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 7218: LEY DE AJUSTE TRIBUTARIO
- Ley 7218 en SINALEVI: Ley de Ajuste Tributario (Vigente, Versión de la norma: 3 de 3)
- Ley 5874: Ley de Creación de Timbres de Impuestos de Salida del País""Timbre de Uso de Fronteras y Puertos"" y ""Timbre de Migración"" (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
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Ley 7218
Ley de Ajuste Tributario
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N° 7218
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE AJUSTE TRIBUTARIO
ARTICULO 1.- De las modificaciones a la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, No. 6826 del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas.
Modifícanse los artículos 9, 10 y 20 de la Ley No. 6826 del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, Ley del Impuesto General sobre las Ventas, los cuales en adelante dirán:
"Artículo 9.- Exenciones
Están exentas del pago de este impuesto, las ventas de: los artículos definidos en la canasta básica alimentaria; los insumos esenciales para la construcción de vivienda, estipulados en la Resolución No. 319, publicada en "La Gaceta" No. 14 del 15 de agosto de 1988; los reencauches y las llantas para maquinaria agrícola exclusivamente; los productos veterinarios y los insumos agropecuarios que definan de común acuerdo el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Hacienda; asimismo, las medicinas, el querosene, el diesel para la pesca no deportiva, los libros, las composiciones musicales, los cuadros y pinturas creados en el país por pintores nacionales o extranjeros, el consumo de energía eléctrica hasta 250 kWh mensuales y las cajas mortuorias. Las mercaderías exentas quedan sujetas al control de precios por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio."
"Artículo 10.- Tarifa del impuesto
La tarifa del impuesto es del trece por ciento (13%), para todas las operaciones gravadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de esta ley.
Desde el 1 de enero de 1992, la tarifa se disminuirá para que sea de un doce por ciento (12%); a partir del 1 de enero de 1993, se disminuirá para que sea de un once por ciento (11%) y a partir del 1 de enero de 1994, se reducirá a un diez por ciento (10%). Sobre el exceso de consumo de 250 kWh mensuales, correspondientes al servicio de electricidad residencial, se aplicará una tarifa del cinco por ciento (5%).
A partir de 1994, el uno por ciento (1%) de la recaudación total del impuesto de ventas se asignará a las municipalidades, con base en una distribución acorde con el programa de desarrollo regional balanceado y con un proyecto de ley que elaborará una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, para transferir funciones de conformidad con el incremento de recursos asignados."
"Artículo 20.- Cierre del negocio
La Administración Tributaria queda facultada para ordenar el cierre de los establecimientos cuyos contribuyentes atrasen: ya sea la presentación de la declaración o el pago del impuesto correspondiente por más de un mes, según el procedimiento que al efecto disponga el Reglamento. Asimismo, serán causales para el cierre del negocio el no emitir facturas o no timbrarlas, cuando corresponda.
En estos casos, el negocio podrá ser cerrado por cinco días y por el doble de ese lapso cuando se produzca reincidencia, siempre de conformidad con el procedimiento que disponga el Reglamento. La misma disposición se aplicará para aquellos negocios, que usen cajas registradoras autorizadas por la Tributación Directa que no expidan comprobantes por cada una de sus ventas.
En cualquiera de los casos, la causal por la que se efectuó el cierre de un establecimiento se hará constar por medio de sellos oficiales que se colocarán en las puertas, ventanas u otros lugares del negocio. La ruptura, destrucción o alteración de los sellos oficiales, provocadas o instigadas por el propio contribuyente, sus representantes, administradores, socios o su personal, constituyen infracción tributaria.
Serán sancionadas con una multa de veinticinco mil colones (¢25.000,00), a cien mil colones (¢100.000,00), de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En todos los casos de cierre, el contribuyente siempre deberá asumir la totalidad de las obligaciones laborales con sus empleados, así como las demás cargas sociales.
En todo momento, el incumplimiento de ello será sancionado de conformidad con la legislación aplicable."
ARTICULO 2.- De las adiciones a la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, No. 6826 del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas.
Adiciónase un párrafo final a los artículos 11 y 14 de la Ley No. 6826 del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas para que los nuevos textos digan:
"Artículo 11.- Base imponible en ventas de mercancías
En las ventas de mercancías el impuesto se determina sobre el precio neto de venta, que incluye para estos efectos el monto del impuesto selectivo de consumo, cuando las mercancías de que se trate estén afectas a este impuesto.
No forman parte de la base imponible:
a) Los descuentos aceptados en las prácticas comerciales, siempre que sean usuales y generales y se consignen por separado del precio de venta en la factura respectiva.
b) El valor de los servicios que se presten con motivo de las ventas de mercancías gravadas, siempre que sean suministrados por terceras personas y se facturen y contabilicen por separado.
c) Los gastos financieros que se facturen y contabilicen por separado.
Se faculta a la Administración Tributaria, para determinar la base imponible y ordenar la recaudación del impuesto en el nivel de fábrica y aduana sobre los precios de venta al consumidor final, en aquellas mercancías en las que se dificulte la percepción del tributo y en el nivel del detallista. El procedimiento anterior deberá ser adoptado mediante resolución razonada, emitida por la Administración Tributaria."
"Artículo 14.- Determinación del impuesto
El impuesto que debe pagarse al Fisco se determina por la diferencia entre el débito y el crédito fiscales que estén debidamente respaldados por comprobantes y registrados en la contabilidad de los contribuyentes.
El débito fiscal se determina aplicando la tarifa de impuesto a que se refiere el artículo 10 de esta ley al total de ventas gravadas del mes correspondiente.
El crédito fiscal se establece sumando el impuesto realmente pagado por el contribuyente sobre las compras, importaciones o "internaciones" que realice durante el mes correspondiente. El crédito fiscal procede en el caso de adquisición de mercancías que se incorporen físicamente en la elaboración de bienes exentos del pago de este impuesto, así como sobre la maquinaria y equipo que se destinen directamente para producir los bienes indicados. Asimismo, el crédito fiscal se otorgará sobre la adquisición de mercancías que se incorporen físicamente en la producción de bienes que se exporten exentas o no del pago de este impuesto.
Cuando el crédito fiscal sea mayor que el débito, la diferencia constituye un saldo del impuesto a favor del contribuyente.
El crédito fiscal por compras locales debe estar respaldado por documentos registrados y timbrados en la Administración Tributaria, de acuerdo con lo que dispone el artículo 25 de esta ley y su reglamento."
ARTICULO 3.- De la derogatoria del Transitorio III de la Ley No. 6826 del 8 de noviembre de 1982.
Derógase el Transitorio III de la Ley No. 6826 del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, Ley del Impuesto General sobre las Ventas.
ARTICULO 4.- (Derogado por el artículo 19 inciso a) de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, N° 9416 del 14 de diciembre de 2016)
ARTICULO 5.- (ANULADO por resolución de la Sala Constitucional Nº 2359-94 de las 15:03 horas del 17 de mayo de 1994.)
ARTICULO 6.- En todo traspaso o venta de parcelas que hayan sido reforestadas al amparo de incentivos fiscales, se pagará un impuesto del cinco por ciento (5%) sobre su valor, el cual deberá ser declarado ante la Dirección General Forestal para efectos de la deducción del impuesto sobre la renta.
Los recursos que genere este impuesto sólo podrán destinarse a la atención de los problemas forestales de la provincia de Guanacaste.
La recaudación será realizada por el Ministerio de Hacienda, quien deberá trasladar estos recursos a la Dirección General Forestal.
ARTICULO 7.- Refórmase el primer párrafo del artículo 1 de la Ley No. 5874 del 23 de diciembre de 1975, modificado por el artículo 46 de la Ley No. 6955 del 24 de febrero de 1984 y por el artículo 1 de la Ley No. 6962 del 26 de julio de 1984, modificado por el artículo 20 de la Ley 7088 (Ley de Reajuste Tributario) del 30 de noviembre de 1987. Su texto, en adelante, dirá:
"Artículo 1.- Establécese un impuesto único de salida, equivalente en colones costarricenses a treinta dólares ($30,00), (moneda de Estados Unidos de Norteamérica) calculados al tipo de cambio libre del día que fije el Banco Central de Costa Rica. El impuesto será pagado por toda persona que salga del territorio nacional, utilizando cualquiera de los aeropuertos internacionales, puertos marítimos, aéreos o que cruce las fronteras del país.
Del impuesto único de salida a que hace referencia el párrafo anterior y que se recaude en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el Poder Ejecutivo destinará el diez por ciento (10%) para la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, para cubrir los costos de construcción de los acueductos de la ciudad."
ARTICULO 8.- Esta ley rige a partir de su publicación.