La Constitución ya permite que un juez intervenga sus llamadas

Qué cambia

La Ley 7242 cambió el artículo 24 de la Constitución Política. Ahora ese artículo garantiza el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones (art. 1).

El texto dice que los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales y de cualquier otro tipo de los habitantes son inviolables (art. 1).

Pero abre una excepción. Una ley, que necesita dos tercios de los votos de los diputados, fijará los casos en que los Tribunales de Justicia podrán ordenar el secuestro, registro o examen de documentos privados (art. 1).

Esa orden solo procede cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer un asunto que el tribunal conoce (art. 1).

La misma ley determinará cuándo un tribunal puede ordenar la intervención de cualquier tipo de comunicación (art. 1). También indicará los delitos en cuya investigación se autoriza esa potestad excepcional y el tiempo durante el que se permite.

El texto agrega sanciones. La ley señalará las responsabilidades y sanciones de los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción (art. 1).

Toda resolución judicial amparada en esta norma deberá ser razonada y podrá ejecutarse de inmediato (art. 1). Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.

El artículo también toca la revisión de libros contables. La ley fijará los casos en que funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar libros de contabilidad y sus anexos (art. 1). Hacienda lo hará para fines tributarios y la Contraloría para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos.

Por último, la correspondencia sustraída y la información obtenida de una intervención legal no producirán efectos legales (art. 1).

La ley rige a partir de su publicación (art. 2).

A quién le toca

A cualquier habitante de la República. El texto protege los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales y de cualquier otro tipo de los habitantes (art. 1).

A las personas investigadas por un tribunal. La intervención de comunicaciones solo puede ordenarla un Tribunal de Justicia, en los casos que fije la ley (art. 1).

A los funcionarios públicos que apliquen esta excepción. La ley debe señalar las responsabilidades y sanciones si la aplican ilegalmente (art. 1).

A los contribuyentes y a quienes manejan fondos públicos. Funcionarios de Hacienda y de la Contraloría podrán revisar libros de contabilidad y anexos en los casos que fije la ley (art. 1).

Cómo está hoy según SINALEVI

La norma está vigente. SINALEVI registra la versión 2 de 2 y la Procuraduría General de la República anota que la ley reforma el artículo 24 de la Constitución 2.

La observación de la PGR dice que la reforma autoriza la intervención telefónica en casos calificados y previa orden judicial 2.

El artículo 24 que hoy muestra la Constitución vigente tiene el texto de la Ley 7242 y además un párrafo agregado en 2023. Ese párrafo reconoce el derecho fundamental al acceso a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información §Constitución, art. 24.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque entre la Ley 7242 y los artículos de la Constitución que están en el dossier. La reforma cambió el propio artículo 24, y el texto vigente conserva la exigencia de orden judicial y de ley con dos tercios §Constitución, art. 24.

El artículo 121 de la Constitución reserva a la Asamblea Legislativa la facultad de dictar las leyes §Constitución, art. 121. La Ley 7242 deja en manos de una ley posterior los casos y los delitos donde procede la intervención (art. 1).

El artículo 23 protege el domicilio y permite el allanamiento por orden escrita de juez competente §Constitución, art. 23. La reforma sigue la misma lógica: la autoridad judicial ordena y controla (art. 1).

El artículo 184 da a la Contraloría la tarea de fiscalizar la ejecución de los presupuestos §Constitución, art. 184. La Ley 7242 le permite revisar libros de contabilidad para fiscalizar el uso de fondos públicos (art. 1).

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una autoridad viola su intimidad o el secreto de sus comunicaciones, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo contra el servidor o el órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos §guía, p. 22.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho que considera violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas de cargo §guía, p. 23.

Si lo que quiere es impugnar una ley o una disposición general por infringir la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24.

Para presentarla, por regla general debe existir un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en la vía administrativa donde invoque esa inconstitucionalidad §guía, p. 24.

También puede denunciar ante la Contraloría General de la República un hecho que se presume irregular en el manejo de recursos públicos §guía, p. 68.

Las denuncias se presentan en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por los teléfonos 2501-8000 o 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si una institución pública le causa un mal funcionamiento en sus servicios, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuál ley posterior fijó los casos, los delitos y los tiempos de la intervención de comunicaciones.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.