Ley 7262: plata para reconstruir casas tras el terremoto de 1991

Qué cambia

La ley autoriza al Banco Hipotecario de la Vivienda y a las instituciones autónomas y semiautónomas relacionadas con vivienda a dar financiamiento, con prioridad, a proyectos de reconstrucción de casas para las familias más pobres en las zonas afectadas por desastres naturales (art. 1).

También permite que las instituciones del Estado donen y reciban donaciones de materiales, equipos, bienes, servicios o dinero para esos proyectos (art. 2).

El Banco Hipotecario de la Vivienda y otras instituciones, empresas o entes estatales pueden financiar o promover la formación de esos proyectos de reconstrucción (art. 3).

El artículo 4 permite financiar la reconstrucción cuando la familia ocupa el terreno o la casa sin ser dueña, pero solo si se cumplen cuatro condiciones: que la familia posea el inmueble de buena fe, en forma pública y pacífica; que no haya posibilidad razonable de obtener el título de propiedad a corto o mediano plazo; que el inmueble no esté inscrito a nombre de otra persona o que el dueño dé su consentimiento; y que el inmueble no esté en caminos públicos, parques nacionales, reservas forestales o zona pública marítimo-terrestre (art. 4).

Las construcciones y reparaciones de vivienda que se hagan por movimientos sísmicos u otras catástrofes naturales no pagan impuestos municipales, siempre que su valor no pase de un millón de colones (C/1.000.000) (art. 5).

La ley rige desde su publicación y tiene una vigencia de dos años (art. 6). SINALEVI registra la versión vigente como la número 2 de 2, del 22/10/1991 2.

A quién le toca

A las familias más pobres de las zonas afectadas por el terremoto del 22 de abril de 1991 en Cartago y Limón: la ley ordena que el financiamiento para reconstruir sus casas sea prioritario (art. 1).

Al Banco Hipotecario de la Vivienda y a las entidades autorizadas conforme a su ley orgánica: la ley les impone otorgar ese financiamiento (art. 1).

A las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado relacionadas con vivienda: también deben dar ese financiamiento (art. 1).

A las instituciones del Estado: la ley las autoriza a donar y recibir donaciones para los proyectos de reconstrucción (art. 2).

A las familias que ocupan un terreno o una casa sin ser dueñas: pueden recibir financiamiento si cumplen las cuatro condiciones del artículo 4 (art. 4).

A las personas que construyan o reparen su vivienda por un sismo u otra catástrofe natural: quedan exentas de impuestos municipales si el valor no pasa de un millón de colones (art. 5).

Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación disponible es de una comisión legislativa del 10 de marzo de 2022 sobre recortes al presupuesto de vivienda. No discute la Ley 7262. Los diputados de la comisión de hacendarios reclamaron a la ministra de Vivienda y al gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda por no alzar la voz a tiempo y por la falta de coordinación entre ministerios 00:00:09.

En la grabación se dice que un recorte de más de seis mil millones de colones al sector vivienda podría dejar sin casa a unas 650 familias ese año 00:03:24. También se afirma que los recortes ejecutados desde el año 2020 suman más de 58 mil millones de colones y que eso significa cerca de 6 mil viviendas que no se construyen 00:02:38.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI muestra la versión 2 de 2, del 22/10/1991 2.

La Procuraduría General de la República resume la ley así: autoriza al Banco Hipotecario de la Vivienda, a las entidades autorizadas conforme a la Ley Orgánica de aquél y a las demás instituciones autónomas y semiautónomas relacionadas con la vivienda para financiar prioritariamente proyectos de reconstrucción de viviendas para las familias más pobres en las zonas afectadas por el terremoto del 22 de abril de 1991 en Cartago y Limón 2.

La Procuraduría también anota que la ley tiene una vigencia de dos años 2.

El texto vigente del artículo 1 dice "zonas afectadas por desastres naturales", sin limitarlo a Cartago y Limón (art. 1). El título de la ley sí menciona solo esas dos provincias 1.

Frente a la Constitución

El artículo 51 de la Constitución dice que la familia "tiene derecho a la protección especial del Estado" §Constitución, art. 51. La ley desarrolla esa protección al ordenar financiamiento prioritario para las casas de las familias más pobres afectadas por desastres (art. 1). El Censo no encontró choque en este punto.

El artículo 45 de la Constitución dice que "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley" §Constitución, art. 45. El artículo 4 de la ley permite financiar reconstrucción en terrenos ocupados sin ser dueño, pero exige que el inmueble no esté inscrito a nombre de otra persona o que el propietario dé su consentimiento (art. 4). Esa condición reduce el riesgo de choque con el artículo 45. Queda una duda: el artículo 4 también admite casos de zonas fronterizas y del área restringida no pública de la zona marítimo-terrestre, donde el ocupante tiene un derecho de uso reconocido. El dossier no permite saber cómo se aplica esa excepción en la práctica.

El artículo 190 de la Constitución dice que, para discutir y aprobar proyectos relativos a una institución autónoma, la Asamblea Legislativa oye previamente la opinión de aquélla §Constitución, art. 190. La ley afecta al Banco Hipotecario de la Vivienda, que es un banco del Estado y por eso una institución autónoma según el artículo 189 §Constitución, art. 189. El dossier no incluye el expediente legislativo, así que no se puede confirmar si se oyó esa opinión.

El artículo 175 de la Constitución dice que los presupuestos municipales necesitan la aprobación de la Contraloría General §Constitución, art. 175. El artículo 5 de la ley exime del pago de impuestos municipales a las construcciones y reparaciones de hasta un millón de colones (art. 5). El Censo no encontró choque: la exención la fija una ley y no toca la aprobación del presupuesto municipal.

Qué puede hacer usted

Si una institución pública le niega el financiamiento prioritario que ordena el artículo 1, o le pone trabas que no están en la ley, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo y se plantea contra el servidor o el órgano que causa el agravio §guía, p. 22.

El recurso de amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho que considera violado, el nombre del servidor público o del órgano autor del agravio y las pruebas §guía, p. 23.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

La acción de inconstitucionalidad requiere, por regla general, que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa §guía, p. 24.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos públicos en estos proyectos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer personalmente en Sabana Sur, llamar al 2501-8000 o al 2501-8025, o escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si una institución pública le da un mal servicio o le irrespeta un derecho, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto debe pasar por la revisión de firmas del Tribunal Supremo de Elecciones y luego se tramita en la Asamblea Legislativa §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas familias recibieron financiamiento ni cuánto dinero se entregó por esta ley.

El dossier no incluye el expediente legislativo, así que no se sabe si se oyó al Banco Hipotecario de la Vivienda antes de aprobar la ley.

El dossier no explica cómo se aplica hoy el artículo 4 en las zonas fronterizas y en el área restringida no pública de la zona marítimo-terrestre.

El dossier no dice si la exención de impuestos municipales del artículo 5 sigue aplicándose en la práctica, ni cómo la cobran las municipalidades.