Nuevos juzgados civiles de Hacienda para pleitos con el Estado

Qué cambia

La ley crea las Alcaldías Civiles de Hacienda. Estos juzgados conocen los asuntos que la misma ley enumera, cualquiera que sea su cuantía (art. 1).

La Corte Suprema de Justicia decide dónde se instalan esas alcaldías. También fija el momento, el lugar, el número y el territorio de su competencia (art. 1).

Esos juzgados ven tres tipos de asuntos. Primero, los juicios ejecutivos simples a favor o en contra del Estado o de sus instituciones. Segundo, los desahucios que se promuevan por o contra el Estado o sus instituciones. Tercero, los actos prejudiciales o de jurisdicción voluntaria ligados a esos juicios (art. 2).

También pueden conocer esos asuntos los Juzgados y Alcaldías Civiles del lugar donde esté el inmueble de la institución, agencia o sucursal (art. 2).

Si dos juzgados se pelean la competencia, resuelve el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. En los choques entre Alcaldías Civiles de Hacienda y otros tribunales se aplican las reglas de la Ley 4957 del 16 de febrero de 1972. Si hay disconformidad, conoce la consulta la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (art. 3).

Sobre los recursos, se aplica el Código de Procedimientos Civiles según la cuantía del asunto. La segunda instancia la ven los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en asuntos de menor cuantía. En los de mayor cuantía la ve el Tribunal Superior Contencioso Administrativo (art. 4).

La Corte Plena reparte el trabajo entre esas oficinas como le parezca mejor para el buen servicio público (art. 4).

Los transitorios permiten convertir alcaldías civiles o mixtas existentes en Alcaldías Civiles de Hacienda. También facultan a la Corte Plena para trasladar asuntos en trámite desde los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (art. Transitorio I) (art. Transitorio III).

El Transitorio II dice que a esta ley no se le aplica lo dispuesto en la Ley 6955 del 24 de febrero de 1984, en lo relativo a cambios y plazas nuevas (art. Transitorio II).

A quién le toca

Al Estado y a sus instituciones. La ley nombra como partes a "el Estado o sus Instituciones" en los juicios ejecutivos simples y en los desahucios que esos juzgados conocen (art. 2).

A las personas o empresas que tengan un cobro o un desahucio con el Estado o una institución pública. Esos casos van a las Alcaldías Civiles de Hacienda, sin importar el monto [L art. 1] [L art. 2].

A la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Plena. La ley les encarga instalar las alcaldías, fijar su territorio, repartir el trabajo y trasladar asuntos y personal [L art. 1] [L art. 4] [Transitorio I].

A los Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. La ley los pone como segunda instancia en casos menores y les permite pasar asuntos en trámite a las alcaldías [L art. 4] [Transitorio III].

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI muestra la versión 2 de 2, y la Procuraduría General de la República la registra como vigente 2.

SINALEVI advierte que los artículos 97, 102, 110 y 119 de la Ley 7333 del 5 de mayo de 1993 reformaron tácitamente los artículos 2, 3 y 4 de esta ley 2.

El texto consolidado marca esas reformas tácitas en cada artículo. El artículo 2 quedó reformado por el artículo 119 de la Ley 7333 (art. 2). Los artículos 3 y 4 quedaron reformados por los artículos 97, 102 y 110 de la misma Ley 7333 (art. 3) (art. 4).

El propio SINALEVI anota que el artículo 119 de la Ley 7333 fue derogado después. Lo derogó el artículo 212 de la Ley 8508 del 28 de abril de 2006, y lo volvió a derogar el artículo 37 de la Ley 8624 del 1 de noviembre de 2007 3.

La Procuraduría también anota que esta ley modificó otras normas. El artículo quinto cambió el artículo 9 de la Ley 2393 del 11 de julio de 1959, que crea la Oficina de Cobros de la Dirección de Tributación Directa. Los artículos sexto, séptimo y octavo tocaron la Ley Orgánica del Poder Judicial 2.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

La ley deja en manos de la Corte Suprema de Justicia la instalación y el territorio de las alcaldías (art. 1). La Constitución dice que la Corte Suprema de Justicia está formada por los Magistrados que fueren necesarios para el buen servicio, elegidos por la Asamblea Legislativa §Constitución, art. 157. Esa organización judicial encaja con el encargo que hace la ley.

La ley también permite a la Corte Plena repartir el trabajo entre oficinas (art. 4). La Constitución prohíbe que un mismo juez lo sea en diversas instancias para decidir un mismo punto §Constitución, art. 42. El texto de la ley separa la primera instancia (las alcaldías) de la segunda (los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda o el Tribunal Superior). No se ve choque ahí.

Una duda posible: la ley crea juzgados y les asigna competencia por materia (art. 1) (art. 2). La Constitución reserva a la Asamblea Legislativa dictar las leyes §Constitución, art. 121. La creación de tribunales por ley es materia legislativa, así que el Censo no encontró conflicto en ese punto.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una Alcaldía Civil de Hacienda le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El recurso se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación. También hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos §guía, p. 22.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas. No necesita citar la norma constitucional infringida §guía, p. 23.

Si lo que quiere es atacar la ley misma por inconstitucionalidad, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para interponerla, el artículo 75 pide un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa donde se invoque esa inconstitucionalidad. No se necesita ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos §guía, p. 24.

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

La Defensoría no investiga casos que estén a la espera de una resolución judicial §guía, p. 71.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Lo que no sabemos

El dossier no dice en qué lugares ya funcionan Alcaldías Civiles de Hacienda ni cuántas hay.

El dossier no permite saber si la Corte Plena ya trasladó asuntos en trámite a estas alcaldías.

El dossier no aclara qué efecto práctico tiene hoy la derogatoria del artículo 119 de la Ley 7333 sobre el artículo 2 de esta ley.