La ley que creó la Sección Tercera ya no rige desde el 2006

Qué decía

La Ley 7274 creó la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo (art. 1). Esa sección conocía las apelaciones contra los autos y resoluciones definitivos de todos los Registros que conforman el Registro Nacional (art. 2).

El recurso se presentaba ante la autoridad que dictó la resolución, dentro de cinco días hábiles contados desde la notificación (art. 2). Si estaba en tiempo, esa autoridad lo admitía y mandaba el expediente al Tribunal con todos sus antecedentes.

Recibido el expediente, el Tribunal daba a las partes un término común de cinco días hábiles para que se apersonaran y presentaran su alegato (art. 3). Si el recurrente no se apersonaba, el Tribunal tenía por desistido el recurso.

Contra lo que resolviera la Sección Tercera solo cabían los recursos de aclaración y adición (art. 4). La Sección actuaba como superior jerárquico impropio del órgano que dictó la resolución impugnada (art. 6). Su resolución final solo agotaba la vía administrativa y dejaba abierta la vía jurisdiccional.

El artículo 7 derogó varias normas. Entre ellas, los artículos 117 y 122 de la Ley General de Patentes No. 6867 (art. 7). También el párrafo V del artículo 6 de la Ley de Marcas o Fierros para ganado No. 2247. Y el inciso 2) del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además derogó el artículo 25 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público No. 6145.

La ley entraba en vigencia treinta días después de su publicación (art. 8).

Qué la reemplazó

El artículo 211 de la Ley N° 8508, Código Procesal Contencioso-Administrativo del 28 de abril de 2006, derogó la Ley 7274 2. Ese mismo artículo dispuso que, en adelante, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso-Administrativo conocería las mismas materias que las otras secciones de ese Tribunal. La distribución la fijaría la Corte Suprema de Justicia.

Antes de eso, la Ley 8039 del 12 de octubre del 2000 ya había derogado los incisos a) y c) del artículo 1 de la Ley 7274 3. Esos incisos se referían a los registros que integran el Registro Nacional. El artículo 2 de la Ley 7274 quedó derogado tácitamente por el artículo 25 de la Ley 8039 (art. 2).

El artículo 25 de la Ley 8039 creó el Tribunal Registral Administrativo 3. Ese Tribunal conoce ahora los recursos de apelación contra los actos y resoluciones definitivas de todos los Registros que conforman el Registro Nacional. Sus resoluciones no tienen más recursos y agotan la vía administrativa.

Cómo está hoy según SINALEVI

SINALEVI registra la Ley 7274 como derogada 4. La ficha de la Asamblea la marca como vigente, pero el texto consolidado de SINALEVI dice que la derogó el artículo 211 de la Ley N° 8508 del 28 de abril de 2006.

La Procuraduría General de la República hizo observaciones sobre las derogaciones del artículo 7 4. Señala que la Ley 6145 no tiene artículo 25. El legislador se refería en realidad al artículo 2 de esa ley, que modificó la Ley 3883 y derogó el numeral 25 de esta última.

La PGR también advierte que la Ley General de Patentes No. 6867 no tiene artículos 117 ni 122 4. La cita correcta sería la Ley de Marcas Nº 559 del 24 de junio de 1946. El propio texto de la ley trae una nota que reconoce ese error de numeración (art. 7).

Frente a la Constitución

El artículo 49 de la Constitución establece la jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del Poder Judicial §Constitución, art. 49. Su objeto es garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado y de sus instituciones. La ley debe proteger al menos los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados.

La Ley 7274 desarrollaba ese mandato: daba a los administrados una vía de apelación contra actos del Registro Nacional (art. 2). También dejaba abierta la vía jurisdiccional después de agotar la administrativa (art. 6). El Censo no encontró choque entre ese diseño y el artículo 49 §Constitución, art. 49.

El artículo 129 dice que la ley no queda abrogada sino por otra posterior §Constitución, art. 129. La derogatoria por el artículo 211 de la Ley 8508 sigue esa regla 2.

El artículo 11 obliga a los funcionarios públicos a cumplir los deberes que la ley les impone y les prohíbe arrogarse facultades no concedidas en ella §Constitución, art. 11. La ley creaba un tribunal con competencias definidas en sus artículos 1 y 2 (art. 1). El Censo no encontró choque en ese punto.

Qué puede hacer usted

Esta ley ya no rige, así que no hay comisión ni debate legislativo donde opinar sobre ella. Las vías que quedan son otras.

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación §guía, p. 22. También hasta dos meses después de que hayan cesado del todo sus efectos directos. En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado y el nombre del servidor u órgano §guía, p. 23. Debe incluir las pruebas de cargo.

Si lo que quiere es atacar una ley o una disposición general por infringir la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Para interponerla se requiere un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa. No se necesita ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo. La Defensoría no investiga casos que estén a la espera de una resolución judicial.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025.

Si quiere proponer una reforma legal, existe la iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice qué pasó con los expedientes que estaban en trámite en la Sección Tercera cuando entró a regir la Ley 8508.

El dossier no permite confirmar si la ficha de la Asamblea que marca la ley como vigente está desactualizada o si responde a otro criterio.

El dossier no incluye el texto completo de la Ley de Marcas Nº 559, así que no se puede verificar qué decían sus artículos 117 y 122.