Costa Rica y Liechtenstein firman convenio para educar en zonas indígenas

Qué cambia

La ley aprueba un convenio entre Costa Rica y Liechtenstein para hacer programas de educación en las regiones indígenas y rurales del país (art. 1). El convenio se firmó en Vaduz el 12 de agosto de 1983 y amplía otro convenio cultural de 1981.

El convenio tiene varios compromisos concretos. Las dos partes se comprometen a crear programas de colaboración educativa y de comunicación regional (art. I). También acuerdan un programa para desarrollar la educación en las regiones indígenas y rurales de Costa Rica (art. II).

Las partes darán apoyo legal, económico y administrativo para un programa de educación bicultural en las lenguas propias de las comunidades indígenas (art. III).

Para apoyar los programas, las partes fomentarán la instalación de pequeñas emisoras culturales. El Gobierno de Costa Rica asignará las frecuencias necesarias (art. IV).

La parte costarricense dará exoneración de derechos de aduana, impuestos y sobretasas a la importación de materiales, maquinaria y equipo para radiodifusión, radiorreceptores, repuestos y otros equipos. Esto aplica solo si se importan dentro de los programas del convenio y si su objetivo es exclusivamente cultural y sin fines de lucro (art. V).

Cada cuatro años, la parte costarricense exonera de todo impuesto y tasa un vehículo de trabajo que quedará inscrito a nombre del Instituto Costarricense de Educación Radiofónica (ICER). Ese vehículo se puede vender o cambiar por otro sin pagar impuestos, después de cuatro años de inscrito (art. V). El texto usa la sigla I.C.E.R. y el nombre "Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica" (art. VI).

La ejecución general del convenio queda a cargo del Ministerio de Educación Pública por Costa Rica y de la Fundación Servicio de Liechtenstein para el Desarrollo (Liechtensteinischer Entwicklungsdienst), con sede en Vaduz, por Liechtenstein (art. VII).

La realización práctica en Costa Rica queda confiada al ICER, inscrito en el Registro de Asociaciones, Tomo 20, Folio 497, como asociación sin fines de lucro. Las asociaciones regionales que administren las pequeñas emisoras culturales serán filiales del ICER (art. VIII).

El convenio entra en vigor un mes después de que ambas partes notifiquen su aprobación. Sigue vigente hasta que una de las partes lo termine por escrito con seis meses de plazo (art. X).

La ley rige a partir de su publicación (art. 2).

A quién le toca

A las comunidades indígenas de Costa Rica: el convenio ordena un programa de educación bicultural en sus lenguas propias (art. III) y un programa para desarrollar la educación en las regiones indígenas y rurales (art. II).

Al Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER): el convenio le confía la realización práctica en Costa Rica (art. VIII) y le da exoneración de impuestos y tasas para un vehículo de trabajo cada cuatro años (art. VI).

Al Ministerio de Educación Pública: le encarga la ejecución general y la supervisión del convenio (art. VII), y debe firmar con la fundación de Liechtenstein y el ICER un convenio para cada programa específico (art. IX).

A las asociaciones regionales que administren las pequeñas emisoras culturales: el texto dice que serán filiales del ICER (art. VIII).

A las personas o entidades que importen materiales, maquinaria y equipo para radiodifusión dentro de los programas del convenio: la parte costarricense les exonera derechos de aduana, impuestos y sobretasas, siempre que el objetivo sea exclusivamente cultural y sin fines de lucro (art. V).

Lo que se dijo en la Asamblea

No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente en el dossier. La limitación de la investigación lo dice: "No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente".

Cómo está hoy según SINALEVI

El convenio está vigente. SINALEVI registra la versión 2 de 2 2.

La Procuraduría General de la República anota que el convenio tuvo consulta de constitucionalidad, expediente Nº 1665-91, y voto Nº 1562-91, ambos de la Sala Constitucional 2.

SINALEVI no muestra un texto distinto al aprobado. El texto consolidado que aparece en el dossier es el mismo que aprobó la Asamblea (art. 1).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre el texto del convenio y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 78 de la Constitución dice que la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y gratuitas en el sistema público §Constitución, art. 78. El convenio ordena programas de educación en regiones indígenas y rurales (art. II), lo que va en la misma dirección de facilitar el acceso a la educación.

El artículo 79 garantiza la libertad de enseñanza y pone los centros docentes privados bajo inspección del Estado §Constitución, art. 79. El convenio no crea centros docentes privados ni toca esa libertad.

El artículo 89 incluye entre los fines culturales de la República proteger las bellezas naturales, conservar el patrimonio histórico y artístico, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico §Constitución, art. 89. El convenio trabaja con una asociación sin fines de lucro, el ICER (art. VIII), y con una fundación extranjera (art. VII), lo que calza con ese apoyo a la iniciativa privada.

El artículo 121, inciso 4, dice que corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar o improbar los convenios internacionales y tratados públicos §Constitución, art. 121. La ley 7299 hizo exactamente eso: aprobó el convenio (art. 1).

El artículo 140, inciso 10, dice que el Presidente y el Ministro respectivo celebran convenios y tratados públicos y los ejecutan una vez aprobados por la Asamblea Legislativa §Constitución, art. 140. El convenio se firmó en 1983 y la Asamblea lo aprobó en 1992 (art. 1).

El artículo 105 dice que la potestad de legislar reside en el pueblo y que no puede renunciarse ni limitarse mediante ningún convenio, salvo por los tratados conforme a los principios del Derecho Internacional §Constitución, art. 105. El convenio es un tratado aprobado por la Asamblea, así que entra en esa excepción.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo relacionado con este convenio, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22. El recurso se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22.

Si considera que el convenio o alguna norma que lo aplica infringe la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Procede contra las leyes y otras disposiciones generales que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. También procede cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de convenios internacionales se haya infringido una norma o principio constitucional.

Para interponer una acción de inconstitucionalidad, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional requiere que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa. No será necesario el caso pendiente cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos §guía, p. 24.

Si una institución pública usa mal los fondos de este convenio, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos y revisa presupuestos de instituciones autónomas y fondos públicos que administran privados, como transferencias a fundaciones §guía, p. 68. La denuncia se puede presentar personalmente en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr, por apartado postal 1179-1000 San José, o por fax al 2501-8100.

Si una institución pública le da mal servicio o actúa de forma irregular en la aplicación de este convenio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en sus derechos e intereses por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios puede presentar una queja §guía, p. 71.

Si quiere proponer una reforma a esta ley, puede usar la iniciativa popular. Un grupo de ciudadanos puede presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para la redacción de los proyectos.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero ha aportado Liechtenstein ni cuánto ha gastado Costa Rica en estos programas.

El dossier no dice cuántas emisoras culturales se han instalado ni cuántas frecuencias se han asignado.

El dossier no dice cuántos vehículos ha exonerado el ICER desde que rige el convenio.

El dossier no dice si los programas de educación bicultural siguen funcionando hoy.

El dossier no incluye el texto del voto Nº 1562-91 de la Sala Constitucional, solo la referencia de SINALEVI.