Una fundación privada administra los museos del Banco Central

Qué cambia

La ley crea la Fundación para administrar los Museos del Banco Central de Costa Rica (art. 1). El Banco Central, como fundador, puede aportar sumas y bienes para formar el patrimonio de la nueva entidad.

La Fundación asume el manejo de los museos y contrata y paga su propio personal (art. 2). Tiene personalidad jurídica propia. Es un ente privado de utilidad pública, sin fines de lucro, con domicilio en la sede del Banco Central.

Los objetivos principales son tres. Primero, administrar los museos de Oro Precolombino, Cerámica Precolombina, Numismática Nacional y Artes Plásticas (art. 3). Segundo, generar fuentes de financiamiento para cumplir los fines de la ley. Tercero, velar por la preservación y divulgar el patrimonio arqueológico y artístico nacional.

El patrimonio de la Fundación tiene cuatro partes (art. 4). Un aporte inicial del Banco Central en efectivo, igual a tres veces lo que el Banco gastó el año anterior en los museos. Una contribución anual hasta por el monto que gastó el fundador el año anterior, ajustada cada año por la inflación que determine el Banco Central. El mobiliario y equipo de oficina del Departamento de Museos, que el Banco traspasa a la Fundación. Y todos los ingresos por donaciones o actividades que la Fundación promueva, dentro o fuera de los museos.

Los inmuebles donde están los museos y las colecciones siguen siendo propiedad del Banco Central (art. 4). Los presupuestos de ingresos los autoriza la Contraloría General de la República antes de ejecutarse. La Contraloría también aprueba la liquidación al final del ejercicio.

Una Junta Administrativa de cinco miembros dirige la Fundación (art. 5). El Banco Central designa a tres. Los otros dos se escogen según la Ley de Fundaciones. Los directivos del fundador duran cuatro años, pueden ser reelegidos o destituidos en cualquier momento por la mayoría de la Junta Directiva del Banco Central, y sus cargos son gratuitos. La Junta escoge de su seno a un Presidente, que tiene la representación legal con facultades de apoderado general.

Si la Fundación se disuelve, los fondos y bienes pasan al patrimonio del Banco Central (art. 6). El Banco ejerce un control global sobre el funcionamiento del servicio y la administración de los fondos. Puede hacer auditorajes periódicos (art. 7). En lo no regulado, aplica la Ley de Fundaciones No. 5338 del 28 de agosto de 1973 (art. 8). La ley rige desde su publicación (art. 9).

A quién le toca

Al Banco Central de Costa Rica. Aporta el patrimonio inicial y la contribución anual, traspasa mobiliario y equipo, designa a tres de los cinco directivos y ejerce el control global (art. 1) (art. 4) (art. 5) (art. 7).

A la Junta Administrativa de cinco miembros. Administra y dirige la Fundación, y su Presidente tiene la representación legal (art. 5).

Al personal que trabaja en los museos. La Fundación lo contrata y lo paga (art. 2).

A la Contraloría General de la República. Autoriza los presupuestos de ingresos antes de su ejecución y aprueba la liquidación al final del ejercicio (art. 4).

A las personas que visitan o usan los museos de Oro Precolombino, Cerámica Precolombina, Numismática Nacional y Artes Plásticas. La Fundación asume su administración y manejo (art. 3).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra la versión 2 de 2, y el texto consolidado que se cita aquí es esa última versión 2.

La Procuraduría General de la República describe el efecto de la ley así: crea una fundación para administrar los Museos de Oro Precolombino, Cerámica Precolombina, Numismática Nacional y Artes Plásticas, todos creados por el Banco Central 2. Agrega que la fundación tendrá personalidad jurídica propia, como ente privado de utilidad pública, sin fines de lucro, con domicilio en la sede del Banco.

El dossier no incluye una versión anterior del texto, así que no hay dos versiones que comparar.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier. Hay dos puntos que conviene mirar de cerca.

El artículo 89 dice que entre los fines culturales de la República está "conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación" §Constitución, art. 89. La ley encarga a la Fundación velar por la preservación y divulgar el patrimonio arqueológico y artístico nacional (art. 3). En ese punto la ley calza con el mandato constitucional.

El artículo 184 da a la Contraloría la atribución de "Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación" §Constitución, art. 184. La ley somete los presupuestos de ingresos de la Fundación a autorización previa de la Contraloría y a aprobación de su liquidación (art. 4). La Fundación es un ente privado, no una institución autónoma. Esa extensión del control de la Contraloría a un ente privado podría generar dudas, aunque la propia guía de participación ciudadana incluye entre lo que revisa la Contraloría los "Fondos públicos que administran privados (como transferencias a fundaciones)" §guía, p. 68.

El artículo 190 ordena oír a una institución autónoma antes de discutir proyectos que la afecten §Constitución, art. 190. El Banco Central es un banco del Estado y el artículo 189 lo lista entre las instituciones autónomas §Constitución, art. 189. El dossier no incluye el expediente legislativo, así que no se puede confirmar si esa opinión se pidió.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de la Fundación o del Banco Central viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos §guía, p. 22. En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23. No requiere autenticación.

Si considera que la ley misma infringe la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional. El artículo 75 pide, por regla general, un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa. No se necesita ese caso cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos públicos que recibe la Fundación, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. Las vías son: personalmente en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club; al teléfono 2501-8025 del Área de Denuncias e Investigaciones; por el portal de Denuncia Electrónica; al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr; o al Apartado Postal 1179-1000 San José.

Si el problema es el mal funcionamiento del servicio del museo, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si una institución pública o sus funcionarios la maltrataron en sus derechos.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto gastó el Banco Central en los museos el año anterior, así que no se puede calcular el aporte inicial ni la contribución anual.

El dossier no incluye el expediente legislativo ni confirma si se oyó al Banco Central antes de aprobar la ley.

El dossier no dice si la Fundación ya está constituida ni cuándo empezó a operar.

El dossier no incluye el texto de la Ley de Fundaciones No. 5338, que la ley aplica en lo no regulado.