Una ley vieja que paga a quienes hicieron el censo de 1995

Qué cambia

La Ley 7500 sigue vigente y regula el dinero del censo de 1995. No crea obligaciones nuevas para la gente de hoy. Su título cambió: ya no dice "de 1995", ahora se llama "Ejecución del Presupuesto Asignado a los Censos Nacionales" (art. 1) 2.

El artículo 1 autoriza al Poder Ejecutivo, a las instituciones autónomas, a las semiautónomas, a los entes descentralizados y a las empresas públicas estatales para contribuir con recursos económicos, materiales o humanos al censo (art. 1). Esos aportes deben ir en el Presupuesto Nacional.

El artículo 2 deja que la Tesorería Nacional maneje el dinero asignado a la Dirección General de Estadística y Censos (art. 2). Ese dinero se guarda aparte, en una o varias cuentas corrientes de un banco estatal. Para girar, la Tesorería necesita el visto bueno del Ministro de Economía, Industria y Comercio y del Director General de Estadística y Censos.

El artículo 3 pone a la Contraloría General de la República a fiscalizar la ejecución y la liquidación de esos recursos (art. 3). La liquidación se hace cada año y lo que sobre se define en la Ley de Presupuesto del año siguiente.

El artículo 4 saca el manejo de estos recursos de tres leyes: la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria (6821), la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público (6955) y el artículo 9 de la Ley de Planificación Nacional (5525) (art. 4). Aclara que los servicios personales, si se necesitan, se contratan por tiempo determinado.

El artículo 5 autoriza al Poder Ejecutivo a pagar un incentivo económico a los pensionados del sector público y a cualquier persona que haga entrevistas o supervise en el censo (art. 5). El incentivo es una cantidad fija: un salario base para empadronadores y 1,10 salarios base para supervisores. También se reconoce hospedaje, alimentación y transporte según el Reglamento de Gastos de Viajes de la Contraloría.

El "salario base" es el salario mensual del "Oficinista 2" del Gobierno Central en la Ley de Presupuesto Ordinario aprobada en noviembre anterior al censo (art. 5). Ese monto rige todo el año aunque el salario cambie. El incentivo no cuenta para aguinaldo, prestaciones ni pensión.

El artículo 6 dice que los remanentes de los materiales que se compren para el censo pasan al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a la Dirección General de Estadística y Censos (art. 6).

El artículo 7 dice que la ley rige desde su publicación y que el Poder Ejecutivo la reglamenta (art. 7).

A quién le toca

Si usted trabajó como empadronador o supervisor en los Censos Nacionales de 1995, esta ley fijó su pago. El artículo 4 dice que el pago de servicios personales se hace por tiempo definido (art. 4). El artículo 5 fija el monto: un salario base para empadronadores y 1,1 para supervisores, más gastos de hospedaje, comida y transporte (art. 5).

Si usted es pensionado, la ley permitió que se le pagara por participar en el censo. El artículo 5 menciona a los "pensionados del sector público" entre quienes pueden recibir el incentivo (art. 5).

Si usted trabaja en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio o en la Dirección General de Estadística y Censos, esta ley le da acceso a los remanentes de materiales del censo (art. 6).

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Dirección General de Estadística y Censos tienen que aprobar los giros de dinero de los censos (art. 2).

La Tesorería Nacional administra las cuentas separadas en un banco estatal (art. 2).

La Contraloría General de la República fiscaliza la ejecución y la liquidación de esos recursos (art. 3).

Lo que se dijo en la Asamblea

No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente en el dossier.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI muestra la versión 2 de 2 3.

La ley fue reformada tres veces. La Ley 7579 del 12 de marzo de 1996 reformó los artículos 2 y 3 4. La Ley 7712 del 22 de octubre de 1997 reformó el título y los artículos 1, 2 y 5 2.

La Procuraduría General de la República anota que, por el artículo 4, tres leyes no se aplican al manejo de los recursos de esta ley: la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria (6821), la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público (6955) y el artículo 9 de la Ley de Planificación Nacional (5525) 3.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución en el dossier.

El artículo 183 de la Constitución dice que la Contraloría es "una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública" §Constitución, art. 183. El artículo 3 de la ley pone a la Contraloría a fiscalizar la ejecución y liquidación de los recursos del censo (art. 3). Eso calza con el artículo 184, que le da a la Contraloría el deber de "Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República" §Constitución, art. 184.

El artículo 1 de la ley autoriza a instituciones autónomas y semiautónomas a contribuir con recursos al censo (art. 1). El artículo 188 de la Constitución dice que las instituciones autónomas "gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno" §Constitución, art. 188. La ley las sujeta a una contribución, pero no toca su independencia administrativa. No se ve choque.

El artículo 4 de la ley exceptúa el manejo de los recursos de la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria y de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público (art. 4). El artículo 176 de la Constitución dice que "El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública, durante todo el año económico" §Constitución, art. 176. La excepción podría generar dudas sobre si esos recursos quedan fuera del control presupuestario general. El Censo no encontró una resolución de la Sala Constitucional sobre este punto.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo relacionado con esta ley, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

Si cree que esta ley choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan la Constitución §guía, p. 22. Necesita un caso pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo que se trate de un interés difuso.

Si sospecha que los recursos de los censos se manejaron mal, puede presentar una denuncia ante la Contraloría. Se puede hacer en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr o por apartado postal 1179-1000 San José §guía, p. 68.

Si una institución pública le falla en un servicio relacionado con esta ley, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero se recaudó ni cuánto se pagó en incentivos en 1995.

El dossier no dice si los censos nacionales de 1995 se hicieron en la fecha prevista.

El dossier no dice cuántas personas recibieron el incentivo económico.

El dossier no dice si la ley se aplicó a censos posteriores a 1995.