El Ejecutivo vetó la ley que reorganizaba las pensiones del Estado

Ley 7529

VETO.- Normalización y Sostenibilidad del Sistema de Pensiones conCargo al Presupuesto Nacional

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NORMALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DEL

SISTEMA DE PENSIONES CON CARGO

AL PRESUPUESTO NACIONAL

CAPITULO I

Disposiciones generales

ARTICULO 1.- Campo de aplicación.

Esta ley se aplicará a todas las pensiones y las jubilaciones con

cargo al Presupuesto Nacional de la República, tanto aquellas que se

encuentren en curso de pago como las que se otorguen en el futuro. Se

exceptúan las pensiones y las jubilaciones correspondientes al Régimen del

Magisterio Nacional, al Régimen del Poder Judicial y los Diputados, cuyas

pensiones se incluirán en una legislación posterior.

ARTICULO 2.- Cierre del régimen contributivo.

Todo servidor, nombrado por primera vez en la Administración Pública

el 15 de julio de 1992 o en fecha posterior, estará cubierto por el seguro

social obligatorio de invalidez, vejez y muerte administrado por la Caja

Costarricense de Seguro Social, con los deberes y derechos que ese régimen

consagre.

ARTICULO 3.- Derechos adquiridos.

Las pensiones y las jubilaciones en curso de pago al entrar en

vigencia la presente ley, otorgadas al amparo ya sea de un régimen

contributivo o de uno no contributivo, establecido por alguna de las leyes

que por ésta se derogan, se ajustarán también a lo aquí dispuesto, con las

salvedades en cuanto a derechos adquiridos y situaciones jurídicas

consolidadas establecidas en esta ley.

CAPITULO II

Régimen contributivo

SECCION I

Ambito de protección

ARTICULO 4.- Régimen de adscripción.

El régimen contributivo que por esta ley se establece, es de

adscripción voluntaria.

ARTICULO 5.- Empadronamiento.

Los servidores mencionados en el artículo siguiente, que pretendan

quedar cubiertos por este régimen, deberán solicitar formalmente su

inclusión en él. La solicitud se presentará en fórmulas especiales, dentro

del período de un mes que correrá a partir de la vigencia del reglamento

que, al efecto, dictará el Poder Ejecutivo, dentro de los quince días

siguientes a la vigencia de esta ley. Quienes no opten por el régimen

contributivo establecido aquí, quedarán automáticamente cubiertos por el

seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte, administrado por

la Caja Costarricense de Seguro Social.

ARTICULO 6.- Ambito de cobertura.

El régimen contributivo establecido en la presente ley, cubre a todas

las personas que son o han sido servidores públicos en las siguientes

dependencias, de acuerdo con lo aquí indicado:

a) Ministerio de Hacienda.

b) Asamblea Legislativa.

c) Contraloría General de la República.

d) Tribunal Supremo de Elecciones.

e) Fábrica Nacional de Licores.

f) Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

g) Ministerio de Gobernación y Policía, sólo en cuanto a sus

dependencias de Correos y Telégrafos.

h) Registro Nacional.

i) Procuraduría General de la República.

SECCION II

Prestaciones

Clases de prestaciones

ARTICULO 7.- Contingencias protegidas.

El régimen contributivo creado en esta ley otorgará prestaciones

económicas con cargo al Presupuesto Nacional, para cubrir las

contingencias de vejez, invalidez y supervivencia a la muerte del sostén

económico de la familia.

ARTICULO 8.- Clases de prestaciones.

Las personas cubiertas por este régimen podrán tener derecho a

prestaciones de las siguientes clases:

a) Prestaciones completas por vejez.

b) Prestaciones reducidas por vejez.

c) Prestaciones por invalidez.

d) Prestaciones por viudez.

e) Prestaciones por orfandad.

Estas prestaciones son absolutamente incompatibles con la percepción

de sueldo o salario a cargo del Presupuesto Nacional, excepto lo devengado

por un cuarto de tiempo en docencia universitaria, como máximo, y la

remuneración consistente solo en dietas. Además, son inembargables, salvo

lo dispuesto por el derecho común sobre pensiones alimenticias.

Salario de referencia

ARTICULO 9.- Salario de referencia.

Para determinar la cuantía de las prestaciones que por este régimen

se otorguen, se tomará, como base de referencia, el promedio de los

cuarenta y ocho mejores salarios devengados y cotizados en los últimos

sesenta meses. Si la remuneración, total o parcial, se devenga en moneda

extranjera, la determinación de la pensión o jubilación, se calculará analógicamente, aplicando la regla establecida en el artículo 9 del

Estatuto de Servicio Exterior de la República, Ley No. 3530. En los casos

de invalidez o muerte del servidor que, por razón del tiempo transcurrido

no haya completado treinta y seis salarios, el salario de referencia se

calculará sobre la totalidad de los salarios devengados y cotizados antes

de acaecer la contingencia. Este salario de referencia lo es al solo

efecto de calcular la cuantía de las prestaciones, sin que pueda

entenderse que estas son salarios o tienen una composición similar al

salario. En este sentido, una prestación declarada consiste en una suma de

dinero única e indivisible.

ARTICULO 10.- Subsidios sustitutos del salario.

Cuando el servidor se encuentre devengando las prestaciones por

incapacidad laboral transitoria, sean las otorgadas por el Régimen de

enfermedad y maternidad, que administra la Caja Costarricense de Seguro

Social, o por el Régimen de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales o de accidentes de tránsito, tendrá derecho a que estas

cotizaciones se le consideren, tanto para calcular el salario de

referencia como para determinar el número de cuotas pagadas, siempre y

cuando siga cotizando sobre tales prestaciones en favor del régimen de

pensiones y jubilaciones.

ARTICULO 11.- Valor formal de la cotización.

Para determinar el número de cuotas mensuales pagadas que sirvan de

sustento para cumplir con el requisito correlativo, se tendrá como

cumplida la cuota pagada efectivamente en cada mes calendario,

independientemente del tiempo laborado durante cada mes.

SECCION III

Prestaciones por vejez

Requisitos de elegibilidad

ARTICULO 12.- Prestaciones completas.

Tendrán derecho a las prestaciones completas de vejez, los servidores

cubiertos por este régimen que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido sesenta y dos años de edad. Se exceptúan de esta

disposición las personas que, antes de promulgarse la Ley No. 7013,

cotizaron para el régimen estipulado en la Ley No. 148, del 23 de agosto

de 1943 y sus reformas. Estos servidores deberán haber cumplido cincuenta

y cinco años de edad.

b) Haber acreditado un mínimo de trescientos sesenta cotizaciones

mensuales.

c) Haber servido diez años, como mínimo, en cualquiera de las

instituciones indicadas en el artículo 6 y en las condiciones allí exigidas.

ARTICULO 13.- Prestaciones reducidas.

Las prestaciones reducidas son de dos clases: por razón del número de

cotizaciones y por la edad.

Tendrán derecho a las prestaciones reducidas de vejez por razón del

número de cotizaciones, los servidores cubiertos por este régimen, que

cumplan con los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido cincuenta y cinco años de edad.

b) Haber acreditado un mínimo de trescientas cotizaciones mensuales.

c) Haber servido diez años, como mínimo, en cualquiera de las

instituciones indicadas en el artículo 6 y en las condiciones allí exigidas.

Tendrán derecho a las prestaciones reducidas por razón de la edad,

los servidores cubiertos por este régimen que cumplan con los siguientes

requisitos:

a) Haber cumplido sesenta y dos años de edad.

b) Haber acreditado un mínimo de ciento ochenta cotizaciones

mensuales.

c) Haber servido diez años, como mínimo, en cualquiera de las

instituciones indicadas en el artículo 6 y en las condiciones allí exigidas.

ARTICULO 14.- Totalización de cotizaciones.

Para completar el número de cuotas citadas en los dos artículos

anteriores, se sumarán todas las aportadas a cualquier régimen

contributivo de pensiones obligatorio y público, incluso al de invalidez,

vejez y muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Cuando se haya cotizado consecutivamente para dos regímenes distintos, las

cotizaciones se totalizarán dentro del régimen en que se produce la baja,

el cual quedará a cargo del pago de las prestaciones, según sus propias

reglas.

ARTICULO 15.- Totalización del período mínimo de servicio.

El período mínimo de servicio mencionado en los incisos c) de los

artículos 12 y 13 anteriores, puede tenerse por cumplido sumando los

períodos laborados en varias de las instituciones mencionadas en el

artículo 6 y sólo en ellas, sin que sea útil, para ese efecto, el tiempo

servido para la empresa privada u otra institución del sector público que

no sea alguna de las allí citadas.

Cuantía de las prestaciones

ARTICULO 16.- Prestaciones completas por vejez.

Cuando se trate de prestaciones completas, el monto de la jubilación

será el equivalente al ochenta por ciento (80%) del salario de referencia,

determinado de conformidad con los artículos 9 y 10 anteriores.

ARTICULO 17.- Prestaciones reducidas por vejez.

Cuando se trate de prestaciones reducidas, el monto de la jubilación

se calculará determinándose en proporción al número de cotizaciones

realizadas y tendrá como referencia, el monto y el número de cotizaciones

correspondientes a la prestación completa.

ARTICULO 18.- Montos máximo y mínimo de pensión.

En ningún caso, las pensiones y las jubilaciones que se otorguen

superarán el monto correspondiente a siete veces el salario base más bajo

pagado por la Administración Pública; tampoco podrán ser inferiores a él.

ARTICULO 19.- Vigencia de las prestaciones por vejez.

Las prestaciones por vejez regirán a partir del primer día del mes

siguiente a aquel en que se produjo la baja laboral del beneficiario.

SECCION IV

Prestaciones por invalidez

Requisitos de elegibilidad

ARTICULO 20.- Requisitos de elegibilidad.

Tendrán derecho a las prestaciones por invalidez, las personas

cubiertas por este régimen que, por alteración o debilitamiento de su

estado físico o mental, hayan perdido dos terceras partes o más de su

capacidad para desempeñar sus funciones, que por tal razón no puedan ser

reubicadas en otra función dentro de la Administración Pública y que, por

tal motivo, no puedan obtener una remuneración suficiente para su

subsistencia y la de su familia. La Caja Costarricense de Seguro Social

determinará el estado de invalidez y lo calificará según el proceso de

declaratoria de ese estado que ella utiliza y dará, al costo, este

servicio al Estado. Además de la declaratoria de invalidez, los

solicitantes de este tipo de prestación deberán haber cumplido, como

mínimo, con el pago del número de cotizaciones mensuales que, según la

edad, se determinen en el reglamento de la presente ley.

ARTICULO 21.- Exámenes médicos.

El solicitante de las prestaciones por invalidez deberá someterse a

los exámenes, tratamientos y controles médicos que determine el

procedimiento de declaratoria del estado de invalidez citado en el

artículo anterior. Igual deber tendrán los derechohabientes que, por su

condición de inválidos, soliciten pensión.

Permanencia del estado de invalidez

ARTICULO 22.- Tratamientos de rehabilitación.

Los pensionados por invalidez deberán someterse a los tratamientos de

rehabilitación o de readaptación profesional, realizados por la Caja

Costarricense de Seguro Social, según el procedimiento de declaratoria del

estado de invalidez. La renuencia o contumacia a someterse a tales

tratamientos, suspende, de pleno derecho, el pago de las prestaciones, las

cuales se restablecerán en el momento en que el pensionado se someta a los

tratamientos sin que por esa razón adquiera el derecho al pago de los

montos dejados de percibir por su renuencia o contumacia.

ARTICULO 23.- Exámenes de revisión.

Los pensionados por invalidez deberán someterse a

exámenes periódicos de revisión que indiquen la evolución de su invalidez.

En caso de que el pensionado rehúse someterse a esos exámenes, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTICULO 24.- Rehabilitación.

Cuando los exámenes de revisión indican que el servidor ha recuperado

su capacidad, será restablecido en su puesto original, si así lo solicita

expresamente y esto es posible.

De no ser posible la restitución en el puesto original, se le

reubicará en otro de igual categoría, funciones y salario, o en el que más

se le parezca. Para los efectos de esa restitución, la Dirección General

de Servicio Civil dará prioridad de nombramiento. De no hacerse efectiva

esta opción, se tendrá por resuelta la relación de servicio, sin

responsabilidad laboral por parte del Estado.

Incompatibilidades

ARTICULO 25.- Incompatibilidad con las prestaciones de incapacidad

laboral transitoria.

Las prestaciones por invalidez mencionadas en el artículo anterior,

no se otorgarán si no se han agotado las prestaciones que, por incapacidad

laboral transitoria, otorgan los regímenes de enfermedad y maternidad

administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social o los regímenes

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o los de accidentes

de tránsito. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los

casos que sean de pronóstico fatal, las enfermedades incurables

invalidantes, los accidentes que tengan esta última característica y que,

por razones humanitarias, se justifiquen, de conformidad con el

pronunciamiento especial, debidamente fundamentado, según el proceso de

declaratoria del estado de invalidez que realice la Caja Costarricense de

Seguro Social.

ARTICULO 26.- Incompatibilidad con las prestaciones de accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales.

Cuando la invalidez sea consecuencia de un accidente de trabajo o de

una enfermedad profesional y esté cubierta por el régimen correspondiente,

las prestaciones serán atendidas por este y no por el régimen establecido

en esta ley.

Cuantía de las prestaciones

ARTICULO 27.- Monto de la prestación por invalidez.

La pensión por invalidez será equivalente al setenta por ciento (70%)

del salario de referencia, al cual se le sumará el 0,0555% de ese salario,

por cada mes cotizado, después de los primeros ciento ochenta meses, sin

que el total por devengar supere el monto que hubiera correspondido por

vejez.

ARTICULO 28.- Vigencia de la pensión por invalidez.

La pensión por invalidez comenzará a regir desde el primer día del

mes siguiente en que se agoten las prestaciones por incapacidad laboral

transitoria o, en su caso, desde el primer día del mes siguiente a la baja

laboral, si se trata de la excepción contemplada en el párrafo segundo del

artículo 26.

ARTICULO 29.- Conversión.

La pensión por invalidez, llegada la edad correspondiente, será convertida en pensión por jubilación. Esta conversión se realizará, sólo

a instancia de parte, y entrará en vigencia el primer día del mes

siguiente a aquel en que se presentó debidamente la solicitud de

conversión. Para realizar la conversión, en lo referente a la cuantía de

la prestación, se tomará el último monto de la pensión por invalidez, se

multiplicará por cien y el producto se dividirá entre el porcentaje que le

correspondió según el artículo 27. El resultado se multiplicará por el

porcentaje correspondiente a la prestación de vejez, establecido en el

artículo 16 de esta ley.

SECCION V

Prestaciones de sobrevivientes

Prestaciones por viudez

ARTICULO 30.- Requisitos de elegibilidad.

Tendrá derecho a la prestación por viudez, el cónyuge supérstite de

un servidor protegido que haya cumplido, por lo menos, con veinticuatro

cotizaciones mensuales.

ARTICULO 31.- Unión de hecho.

El mismo derecho que el cónyuge supérstite tendrá la compañera o el

compañero de la funcionaria o el servidor causante, que se halle en las

condiciones indicadas en el artículo anterior, siempre y cuando hayan

convivido por lo menos durante los dos años previos al fallecimiento. Si

en el momento del deceso existe viuda con derecho a pensión alimenticia

declarada por sentencia judicial firme, tanto la viuda como la compañera

tendrán derecho a la pensión por viudez, cada una, por la mitad de los

porcentajes indicados en el artículo 33 de esta ley, según su caso. La

misma solución se aplicará para el compañero que se encuentre en las

condiciones estipuladas en el párrafo primero de este artículo y que

concurra con una viuda.

ARTICULO 32.- Impedimentos.

No tendrá derecho a la pensión por viudez, el cónyuge o el compañero

supérstite, que se encuentre en alguno de los siguientes casos:

a) Esté divorciado o separado judicialmente o de hecho, a la fecha

del fallecimiento del servidor o pensionado, y no disfrute de una pensión

alimenticia declarada por sentencia firme, salvo que se demuestre que

recibía de hecho una ayuda económica por parte del ex cónyuge.

b) Que haya contraído matrimonio con un pensionado o servidor mayor

de sesenta años. Esta regla no rige si el fallecimiento ocurre después de

un año de celebrado el matrimonio, o cuando haya hijos comunes.

c) Cuando el cónyuge supérstite haya sido declarado, por sentencia

judicial firme, autor, instigador o cómplice de la muerte del servidor o

pensionado causante.

ARTICULO 33.- Cuantía de la prestación.

La cuantía de la prestación por viudez se determinará según la base

de referencia de la pensión que devengaba o hubiera podido devengar el

causante, así:

a) La viuda o el viudo mayor de sesenta años o que se encuentre

inválido, tendrá derecho a una prestación equivalente al setenta por

ciento (70%).

b) La viuda o el viudo mayor de cincuenta años y menor de sesenta,

tendrá derecho a una pensión equivalente al sesenta por ciento (60%).

c) La viuda o el viudo de cincuenta años de edad o menos, tendrá derecho a una pensión equivalente al cincuenta por ciento (50%).

Dentro de las condiciones indicadas, la pensión de la viuda se

modificará en su porcentaje cuando, por razón de cambio de edad, le

corresponda un mayor beneficio. Las mismas disposiciones se aplicarán en

caso de que la pensión le correspondiera a un compañero o compañera, de

conformidad con el artículo anterior. El total de las pensiones por viudez

y orfandad que deban otorgarse con respecto al fallecimiento de un mismo

servidor, no podrá exceder del cien por ciento (100%) de la pensión que le

hubiera correspondido a este. De excederse, se prorrateará entre los

beneficiarios.

ARTICULO 34.- Vigencia.

La pensión de viudedad regirá a partir del primer día del mes

siguiente a la fecha del deceso del servidor o pensionado.

ARTICULO 35.- Extinción.

El derecho a la prestación de viudez se pierde a causa de:

a) Nuevas nupcias.

b) Unión de hecho debidamente demostrada.

c) Muerte del beneficiario.

d) Rehabilitación.

Prestaciones por orfandad

ARTICULO 36.- Requisitos de elegibilidad.

Tendrán derecho a pensión por orfandad los hijos del servidor o

pensionado fallecido, cuando:

a) Sean solteros y menores de dieciocho años.

b) Sean mayores de dieciocho años, pero menores de veinticinco años

y estén realizando estudios superiores, universitarios, técnicos o

religiosos. Para optar por este derecho, los hijos deberán demostrar tanto

la matrícula en el centro de estudios, como su cumplimiento de los

estudios ordinarios, cuya carga académica no deberá ser menor de veinte

créditos anuales según lo establecido por la Universidad de Costa Rica o

su equivalente, un rendimiento académico aceptable, según cada institución

y la naturaleza de la carrera profesional correspondiente.

c) Se encuentren en estado de invalidez declarada.

d) Sean hijas solteras, mayores de cincuenta y cinco años, que no

gocen de pensión alimenticia, no sean asalariadas ni tengan otros medios

de subsistencia.

En el caso de los incisos b), c) y d), deberá demostrarse, además,

que dependían económicamente del fallecido. Para demostrar la dependencia

económica, se aplicará lo dispuesto en el artículo 63 de esta ley.

ARTICULO 37.- Filiación.

La filiación se comprobará de conformidad con el derecho común.

Cuando se trate de hijos extramatrimoniales no reconocidos ante el

Registro Civil, se estará a la sentencia judicial firme que declare la

paternidad.

ARTICULO 38.- Cuantía de las prestaciones.

La pensión por orfandad tipo, para cada hijo, será equivalente al

treinta por ciento (30%) de la pensión que devengaba o hubiera devengado

el servidor o pensionado, a la fecha de su fallecimiento. Si hay más de un

hijo con derecho a pensión por orfandad, se aplicarán las normas

siguientes:

a) Cada uno recibirá una pensión en las condiciones del párrafo

anterior, excepto en el caso de que, sumadas todas, excedan el cien por

ciento (100%) de la pensión que devengaba o hubiera devengado el servidor

o pensionado fallecido; en tal caso, el total se prorrateará entre los

beneficiarios.

b) Si alguna de las prestaciones prorrateadas a que se refiere el

inciso anterior se extingue, las prestaciones de los subsistentes

acrecerán, sin que superen el porcentaje correspondiente a la pensión de

orfandad tipo.

ARTICULO 39.- Extinción.

La pensión por orfandad cesa:

a) Con la mayoridad.

b) En el caso de estudiantes mayores, por el cumplimiento de los

veinticinco años de edad, el incumplimiento de los deberes académicos o la

consecución de un trabajo asalariado.

c) En el caso de hijas mayores de cincuenta y cinco años y solteras,

por las nupcias de la beneficiaria, por la consecución de un trabajo

asalariado o por venir a mejor fortuna.

d) En el caso de los inválidos, por rehabilitación o por venir a

mejor fortuna.

ARTICULO 40.- Compatibilidad.

En el caso de que el huérfano tuviera derecho a pensión por orfandad

por ambos padres, recibirá el treinta por ciento (30%) de cada una o el

sesenta por ciento (60%) de la mejor, según sea la suma más alta. En el

caso de concurrencia de varios hijos, se aplicará esta norma, en armonía

con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 38 de esta ley.

SECCION VI

Cotizaciones

ARTICULO 41.- Cotización de los servidores activos y patronos.

Todos los servidores cubiertos por este régimen cotizarán en favor

del Estado de la siguiente manera:

a) Con un diez por ciento (10%), quienes reciban un monto igual a dos

veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública.

b) Con un doce por ciento (12%), sobre el exceso de dos veces y hasta

cuatro veces el salario base más bajo pagado por la Administración

Pública.

c) Con un catorce por ciento (14%), sobre el exceso de cuatro veces

y hasta seis veces el salario base más bajo pagado por la Administración

Pública.

d) Con un dieciséis por ciento (16%), sobre el exceso de seis veces

el salario base más bajo pagado por la Administración Pública.

La misma suma cotizará el Estado como contribución patronal en las

proporciones indicadas anteriormente.

ARTICULO 42.- Contribución especial de los pensionados y los

jubilados.

Los pensionados y los jubilados cuyas prestaciones superen los montos

siguientes, contribuirán en forma especial, de acuerdo con esta tabla:

a) Sobre el exceso del tope establecido en el artículo 18 de esta ley

y hasta por el veinticinco por ciento (25%) de ese tope, contribuirán con

el veinticinco por ciento (25%) del exceso.

b) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por

ciento (25%) adicional a esa suma, contribuirán con el treinta y cinco por

ciento (35%) del exceso.

c) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por

ciento (25%) adicional a esa suma, contribuirán con el cuarenta y cinco

por ciento (45%) del exceso.

d) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por

ciento (25%) adicional a esa suma, contribuirán con un cincuenta y cinco

por ciento (55%) del exceso.

e) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por

ciento (25%) adicional a esa suma, contribuirán con un sesenta y cinco por

ciento (65%).

f) Sobre el exceso del margen anterior, contribuirán con un setenta

y cinco por ciento (75%).

SECCION VII

Transferencia de cotizaciones

ARTICULO 43.- Transferencia de cuotas.

Cuando, por razón de la totalización de los períodos de cotización,

deban transferirse cuotas del régimen contributivo del Estado, al Régimen

de invalidez, vejez y muerte administrado por la Caja Costarricense de

Seguro Social, sólo se transferirán los montos correspondientes a las

tasas de contribución exigidas por la Caja y los montos se determinarán

por la liquidación actuarial correspondiente. Cuando la transferencia sea

desde el Régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de

Seguro Social hacia el Estado, se seguirá el mismo procedimiento, con la

salvedad de que la Caja sólo estará obligada a la transferencia de lo

efectivamente recaudado. Si la transferencia de cuotas del Estado a la

Caja Costarricense de Seguro Social se realiza en títulos, estos deberán

reconocer las mejores condiciones de rendimiento y, en todo caso, con

tasas no inferiores a las de mercado.

ARTICULO 44.- Diferencias de cotización.

Cuando, por razón de la transferencia de cotizaciones, quede un saldo

en favor del servidor cotizante, el Estado emitirá a favor del interesado,

un certificado por tal suma. Ese certificado de reconocimiento se

destinará al plan de pensiones del Banco Nacional de Costa Rica, del

Instituto Nacional de Seguros o del Banco Popular y de Desarrollo Comunal,

a elección del interesado. También podrá destinarse a otra operadora de

fondos de pensión distinta de las antes mencionadas, si consta la

aceptación expresa de esa operadora. Para instrumentar lo dispuesto en el

párrafo anterior, el Poder Ejecutivo reglamentará lo que corresponde.

SECCION VIII

Revisiones y revaloraciones

Revisión de las prestaciones por vejez

ARTICULO 45.- Revisión por reingreso.

El jubilado que reingrese, con percepción de salario, a la función

pública en alguna de las instituciones a que se refiere el artículo 6 de

esta ley, dejará de percibir su jubilación, durante el tiempo en que se

encuentre activo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,

el jubilado que vuelva a la actividad laboral, deberá comunicar su alta,

con copia del acto de nombramiento, a la Dirección Nacional de Pensiones

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual ordenará suspender

las prestaciones durante el tiempo que el acto de nombramiento indique.

Cuando la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda

detecte la percepción simultánea de salario y pensión, informará inmediatamente a la Dirección Nacional de Pensiones para lo que

corresponda; esta ordenará que no se aplique la acción de personal.

ARTICULO 46.- Sanciones.

Si, por su dolo o culpa, el jubilado percibe simultáneamente sueldo

y jubilación, deberá reintegrar al Estado las prestaciones de jubilación

recibidas en forma ilícita, más un veinticinco por ciento (25%) en

concepto de cláusula penal. Si la devolución no se realiza dentro del mes

inmediato posterior a la percepción, el jubilado deberá reconocer los

intereses vencidos, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el artículo

1163 del Código Civil. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo

anterior, la Dirección Nacional de Pensiones, previa audiencia al

interesado, determinará las sumas que constituyan el crédito en favor del

Estado, y comunicará al Ministerio de Hacienda la necesidad de

recuperarlas. La resolución firme que en tal sentido emita la Dirección

Nacional de Pensiones, constituirá título ejecutivo.

ARTICULO 47.- Consecuencias de la revisión.

El ex jubilado que vuelva a cesar en funciones después de por lo

menos dos años de servicio activo, podrá solicitar la revisión del monto

de su pensión. Se considerarán los nuevos salarios devengados y cotizados,

todo de conformidad con los artículos 16 al 19 de esta ley, a excepción de

quienes modifiquen su régimen a cualquiera de los exceptuados en el

artículo primero de esta ley, que se regirán por las respectivas

disposiciones. Esta modificación la podrán realizar por una única vez. Los

ingresos percibidos a título de dietas no son hábiles para producir la

revisión, ni podrán ser incluidos en ella. El nuevo monto de la pensión

regirá a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se

produzca su baja.

Revalorización de las prestaciones

ARTICULO 48.- Revalorización.

Las prestaciones en curso de pago y las que se otorguen en el futuro,

se revalorizarán de acuerdo con lo que recomienden los estudios

actuariales. Esa revalorización surtirá efectos en las condiciones y desde

el momento en que el Poder Ejecutivo lo determine, mediante decreto que al

efecto se emitirá y será independiente del decreto de aumentos de salarios

para el sector público. La revalorización se producirá sobre el monto

total nominal de la pensión, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo

cuarto del artículo 9 de esta ley. El Reglamento de la presente ley

contendrá las fórmulas matemáticas para el cálculo de las revaloraciones.

SECCION IX

Procedimiento administrativo

ARTICULO 49.- Inicio del procedimiento.

Toda solicitud de pensión o jubilación deberá ser presentada ante la

Dirección Nacional de Pensiones, mediante la respectiva fórmula. El

Reglamento de la presente ley determinará el contenido de cada una de

estas.

ARTICULO 50.- Elementos probatorios.

Las pruebas de los hechos alegados en la solicitud serán

necesariamente documentales, salvo en el caso de la unión de hecho, sobre

la cual podrá recibirse prueba testimonial. El órgano director del

procedimiento, valorará la prueba, de conformidad con las reglas de la

sana crítica, salvo en lo que se refiere a la capacidad y el estado civil

de las personas, que se deberán demostrar con las certificaciones del

Registro Civil.

ARTICULO 51.- Sustanciación del expediente.

Los elementos probatorios del derecho reclamado deberán ser

propuestos por el solicitante en el acto inicial del procedimiento, pero

su consecución será realizada de oficio por el órgano director, salvo en

el caso de la prueba testimonial. El expediente que se sustancie para cada

gestión deberá ir debidamente foliado. El Director Nacional de Pensiones

será responsable de la fidelidad e integridad del expediente.

ARTICULO 52.- Deber de certificar.

Todas las oficinas y las dependencias públicas y privadas, estarán

obligadas a certificar lo que el órgano director les solicite, con la

mayor brevedad y bajo pena del delito de desobediencia, contemplado en el

artículo 305 del Código Penal, en caso de negación injustificada.

ARTICULO 53.- Recepción de prueba testimonial.

Si es necesario recibir prueba testimonial, el solicitante deberá indicarlo así en la fórmula de solicitud, señalando las calidades de los

testigos y los hechos sobre los que depondrán. Para recibir la prueba, el

órgano director señalará el término correspondiente y ordenará los

citatorios de estilo, los cuales quedarán a la orden del gestionante para

su diligenciamiento.

ARTICULO 54.- Curso del procedimiento.

El procedimiento administrativo para la declaratoria del derecho a

jubilarse o pensionarse, se ajustará a las disposiciones del Libro Segundo

de la Ley General de la Administración Pública y, particularmente, a las

referidas al proceso sumario.

CAPITULO III

Régimen no contributivo

SECCION I

Disposiciones generales

ARTICULO 55.- Naturaleza del régimen.

El régimen no contributivo es una forma de asistencia social que el

Estado realiza para atender las contingencias en las condiciones que esta

misma ley establece. Para atender el pago de este tipo de prestaciones, el

Estado presupuestará cada año, la suma total que destinará a tal efecto y

que contemplará tanto las prestaciones en curso de pago, como la suma que

sea posible para otorgar pensiones nuevas para ese año. Establecerá un

rubro especial para las pensiones de guardias civiles y rurales. En este

sentido, no se otorgarán pensiones nuevas cuando el presupuesto para cada

rubro se haya agotado, sin que puedan transferirse partidas de un rubro a

otro.

ARTICULO 56.- Ambito de cobertura.

Las prestaciones del régimen no contributivo del Estado protegen a

personas que, por razón de insuficiencia de cotizaciones, no adquieran

derecho de jubilarse por ningún régimen contributivo público, carecen de

bienes suficientes para subsistir y se hallan en alguna de las siguientes

condiciones:

a) Ser o haber sido servidor público, con diez años de servicio como

mínimo y tener por lo menos setenta años de edad.

b) Haber luchado efectivamente, en combate, en las actividades

bélicas de los años 1948 y 1955 y haber cumplido, por lo menos, sesenta

años de edad.

c) Ser servidor de la Guardia Rural o Civil.

SECCION II

Prestaciones

ARTICULO 57. Prestaciones por vejez.

Las personas a las que se refieran los incisos a) y b) del artículo

anterior, tendrán derecho a una pensión por vejez.

ARTICULO 58.- Prestaciones por invalidez.

Los mencionados en el inciso c) del artículo 56 de esta ley, que

hayan quedado inválidos como consecuencia de sus funciones en la Guardia

Civil o Rural, tendrán derecho a una pensión por invalidez. Esta

prestación es compatible con la de invalidez del Instituto Nacional de

Seguros.

ARTICULO 59.- Prestaciones de sobrevivientes.

Tendrán derecho a la pensión del régimen no contributivo, los

cónyuges supérstites de matrimonio o unión de hecho y los huérfanos de las

personas a las que se refiere el artículo 56 de esta ley y que cumplan los

requisitos del artículo 36 de esta misma ley.

ARTICULO 60.- Cuantía de las prestaciones.

Las prestaciones por vejez y por viudez del régimen no contributivo,

serán uniformes. Su cuantía será equivalente al sesenta por ciento (60%)

del salario de un obrero calificado de industria manufacturera, según el

decreto de salarios mínimos para la empresa privada, vigente al momento

del otorgamiento de la pensión. Las prestaciones por invalidez serán

equivalentes al sesenta por ciento (60%) del promedio de los doce últimos

salarios, que devengó el guardia civil o rural.

ARTICULO 61.- Revalorizaciones.

Las prestaciones del régimen no contributivo se revalorizarán

automáticamente con el aumento del salario de referencia.

ARTICULO 62.- Extinción.

Las pensiones del régimen no contributivo caducarán de pleno derecho

al quinto año de otorgadas. Para conservar el derecho respectivo, el

interesado deberá gestionarlo ante la Dirección Nacional de Pensiones del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante la fórmula respectiva,

dentro de los tres meses anteriores a la finalización del quinquenio.

ARTICULO 63.- Informe de trabajo social.

Además de las pruebas documentales necesarias, no se otorgará pensión

por el régimen no contributivo, sin contar con el informe favorable del

Departamento de Trabajo Social de la Dirección Nacional de Pensiones del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SECCION III

Prestaciones especiales

Pensiones correspondientes a los cónyuges supérstites

de los Beneméritos de la Patria y de las personas

galardonadas con el Premio Magón

ARTICULO 64.- Ambito de cobertura.

Los cónyuges supérstites de los Beneméritos de la Patria y las

personas galardonadas con el Premio Magón, tendrán derecho a una pensión,

de conformidad con el artículo siguiente, siempre que no reciban pensión

por otro régimen público.

ARTICULO 65.- Cuantía de la pensión y revaloración.

Esta pensión especial será equivalente a dos veces el salario base

más bajo pagado por la Administración Pública. Se revalorizará conforme a

lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley.

Pensiones de ex Presidentes

ARTICULO 66.- Pensión propia.

Los ex Presidentes de la República que hayan sido elegidos

constitucionalmente, tendrán derecho a una pensión mensual, equivalente al

ingreso de un diputado, incluyendo las dietas y los gastos de

representación; la disfrutarán a partir del primer día del mes inmediato

posterior a la finalización del período constitucional correspondiente.

Estas pensiones serán tramitadas de oficio por la Dirección Nacional de

Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ARTICULO 67.- Revalorizaciones.

Las pensiones de los ex Presidentes de la República se revalorizarán

según lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley.

ARTICULO 68.- Pensión de viudez y orfandad.

El cónyuge supérstite y los hijos del ex Presidente de la República

tendrán derecho a la pensión de supervivencia. Son aplicables las

disposiciones comprendidas en las Secciones I y II del Capítulo V del

Título II de esta ley.

CAPITULO IV

Administración de los regímenes

ARTICULO 69.- Organo competente.

La administración de los regímenes, tanto el contributivo como los no

contributivos, contemplados en la presente ley, estará a cargo de la

Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social.

En los casos de regulación por reglamentos o decretos, el Poder

Ejecutivo según la presente ley, estará constituido por el Presidente de

la República y por los Ministros de Trabajo y Seguridad Social, y de

Hacienda.

ARTICULO 70.- Composición.

La Dirección Nacional de Pensiones, además de la persona de su

Director, contará con las siguientes dependencias: Departamento Legal,

Departamento de Estadística, Departamento de Contabilidad, Departamento de

Trabajo Social y Departamento Administrativo. Para cumplir con lo

dispuesto en este artículo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

emitirá, dentro de los tres meses posteriores a la publicación de la

presente ley, el respectivo reglamento orgánico de servicio.

ARTICULO 71.- Bases de datos.

La Dirección Nacional de Pensiones tendrá la obligación de compilar

y actualizar todos los datos e indicadores demográficos, financieros,

biométricos y los que se consideren necesarios para la información

correcta y real del estado de los regímenes a su cargo y del cumplimiento

de su competencia como asesor técnico en política de seguridad social.

Para el cumplimiento de sus fines, todas las instituciones públicas

brindarán la información y la cooperación que les sean solicitadas; todo

dentro de sus respectivas competencias y responsabilidad. Mensualmente, el

Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de Pensiones

suministrará la información necesaria, para actualizar los datos del

módulo de pensiones del Ministerio de Hacienda, de tal forma que ambas

bases de datos sean idénticas.

ARTICULO 72.- Estudios actuariales.

La Dirección Nacional de Pensiones ordenará que organismos

independientes especializados, de reconocida experiencia en el ramo,

realicen un estudio actuarial de los regímenes a su cargo. Estos estudios

deberán efectuarse por lo menos cada dos años. Dentro de los quince días

siguientes, se informará a los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y

de Hacienda de los resultados y las recomendaciones del caso.

ARTICULO 73.- Las partidas presupuestarias de egresos.

El Ministerio de Hacienda creará las partidas presupuestarias de

transferencias del Estado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,

correspondientes a la contribución del Estado como tal y como patrono,

separadamente. También, en los regímenes no contributivos reestructurados

mediante esta ley, el Ministerio de Hacienda creará, separadamente, las

partidas presupuestarias de transferencias para cada régimen.

ARTICULO 74.- Partidas presupuestarias de ingresos.

Para el régimen contributivo, el Ministerio de Hacienda creará las

partidas presupuestarias de ingresos, separadamente por razón de su

origen, de la siguiente forma:

a) Una partida de ingresos por cotizaciones de servidores.

b) Una partida de ingresos por cotizaciones de pensionados.

ARTICULO 75.- Cuentas de ingresos y egresos de la Contabilidad

Nacional.

La Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, creará las

cuentas de ingresos separadas así:

a) Una cuenta para los ingresos provenientes de la cotización de

servidores.

b) Una cuenta para los ingresos provenientes de la cotización de

pensionados.

Cada año, a más tardar el último de enero, la Contabilidad Nacional

deberá suministrar, a los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de

Hacienda, un informe sobre el estado de las cuentas mencionadas y, además,

sobre los montos referidos a la cotización patronal pública y a la

cotización estatal, en forma separada. En lo que respecta a los egresos,

se creará una cuenta separada para cada régimen, así:

a) Una cuenta para el régimen contributivo general.

b) Una cuenta para el régimen no contributivo común, contemplado en

los Capítulos I y II del Título III de esta ley.

c) Una cuenta para el régimen no contributivo de Beneméritos,

contemplado en la Sección I del Capítulo III del Título III.

d) Una cuenta para el régimen no contributivo de Premios Magón,

contemplado en la misma Sección citada.

e) Una cuenta para el régimen de ex Presidentes, contemplado en la

Sección II del mismo Capítulo mencionado.

ARTICULO 76.- Resoluciones de la Dirección Nacional de Pensiones.

La Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social deberá resolver, por medio de acto final, toda solicitud

de pensión dentro del mes posterior al inicio del procedimiento. La falta

de resolución dentro del término señalado en el artículo anterior se

reputará falta grave de servicio y dará lugar a responsabilidad civil y

administrativa de los funcionarios que hayan provocado el atraso. La

reincidencia en los atrasos será causal de despido del funcionario

responsable.

CAPITULO V

Disposiciones finales

SECCION I

Disposiciones derogatorias

ARTICULO 77.- Leyes de regímenes contributivos.

Se deroga la siguiente normativa:

a) La Ley General de Pensiones, No. 14, del 2 de diciembre de 1935.

b) La Ley de pensiones de músicos de bandas militares, No. 15, del 5

de diciembre de 1935.

c) La Ley de jubilaciones y pensiones para los empleados del

Ferrocarril Eléctrico al Pacífico y sus reformas, No.264, del 23 de agosto

de 1939.

d) La Ley No.5, del 16 de setiembre de 1939 y sus reformas y la Ley

No.6934, del 28 de noviembre de 1983, Leyes de pensiones del Registro

Público y sus reformas.

e) La Ley de jubilaciones y pensiones de los empleados de

Comunicaciones y sus reformas, No.4, del 23 de setiembre de 1940.

f) La Ley de pensiones y jubilaciones de Hacienda y del Poder

Legislativo y sus reformas, No. 148, del 23 de agosto de 1943.

g) La Ley de pensiones y jubilaciones de los empleados del Ministerio

de Obras Públicas y Transportes, No. 19, del 4 de noviembre de 1944.

h) La Ley de pensiones para servidores del Poder Ejecutivo que no

están protegidos por el Seguro Social o por otros regímenes de pensiones

y jubilaciones y sus reformas, No. 3607, del 10 de diciembre de 1965.

i) La Ley No. 7007, del 5 de noviembre de 1985.

j) Los artículos del 1 al 18, del 26 al 34, el 38, del 40 al 42 y los

transitorios de la Ley No.7302, del 8 de julio de 1992, Ley de creación

del régimen general de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, de

otros regímenes especiales y reforma a la Ley No. 7092, del 21 de abril de

1988 y sus reformas, Ley del impuesto sobre la renta.

ARTICULO 78.- Regímenes no contributivos.

Se deroga la siguiente normativa:

a) La Ley No.21, del 9 de junio de 1921.

b) Ley de pensiones e indemnizaciones de guerra, y sus reformas,

No.1922, del 5 de agosto de 1955.

c) La Ley de pensiones a viudas e hijos de guardias fiscales,

guardias civiles y otros, y sus reformas, No.1988, del 14 de diciembre de

d) Ley No.2377, del 25 de junio de 1959.

e) La Ley de pensiones para Secretarios de Estado o Ministros de

Gobierno, No.4441, del 13 de octubre de 1969.

f) La Ley No.4453, del 27 de octubre de 1969, y sus reformas.

ARTICULO 79.- Derogación genérica.

La presente ley deroga, además, toda otra norma, de rango igual o

inferior, que se le oponga, incluyendo el artículo 252 del Código de

Trabajo.

ARTICULO 80.- Vigencia.

Esta ley rige a partir de su publicación.

SECCION II

Disposiciones transitorias

TRANSITORIO I.- Todas las personas que, según la legislación que por

esta ley se deroga, hayan cumplido o cumplan con los requisitos para

adquirir el derecho a la pensión por vejez, dentro de los dieciocho meses

posteriores a su vigencia, de acuerdo con los requisitos del régimen de

pensiones especiales en que empezaron a cotizar, podrán pensionarse, según

tales requisitos, y con un monto de jubilación igual al establecido por

las leyes aquí derogadas.

TRANSITORIO II.- Las personas que hayan formalizado su solicitud de

pensió