Municipalidades deben dar 10% del impuesto de bienes inmuebles a juntas

Qué cambia

Cada municipalidad debe apartar por lo menos el 10% de los ingresos que recibe por el impuesto de bienes inmuebles. Ese dinero va para las juntas de educación y las juntas administrativas de los centros educativos públicos de su cantón (art. 1). El impuesto de bienes inmuebles está en la Ley 7509, del 9 de mayo de 1995.

La ley también incluye como beneficiarias a las juntas administrativas de los centros de educación especial públicos. Esas juntas reciben la subvención aunque el centro esté en otro cantón, siempre que funcione en la misma provincia de la municipalidad (art. 1). Este párrafo se agregó con la Ley 10885, del 18 de marzo de 2026.

El artículo 2 deja en manos del Poder Ejecutivo la regla de cómo se reparte y se usa la subvención. La ley dice que se distribuirá "de acuerdo con el reglamento que al efecto dicte el Poder Ejecutivo" (art. 2).

La ley rige desde su publicación, el 2 de octubre de 1995 (art. 4).

A quién le toca

A las municipalidades del país: deben destinar al menos el 10% de los ingresos del impuesto de bienes inmuebles a la subvención (art. 1).

A las juntas de educación de los centros educativos públicos de cada cantón: reciben esa subvención (art. 1).

A las juntas administrativas de los centros educativos públicos: también reciben la subvención (art. 1).

A las juntas administrativas de los centros de educación especial públicos: reciben la subvención aunque el centro esté fuera del cantón, si funciona en la misma provincia (art. 1).

Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación disponible es de la instalación de comisiones permanentes especiales del 3 de junio de 2026. No trata sobre la Ley 7552. En esa sesión se instaló la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación 00:02:08.

La presidenta legislativa, Yara Jiménez, anunció cuáles comisiones se instalarían ese día 00:01:41. Una diputada propuso a Ana Catarina Müller Castro para presidir la comisión de educación 00:15:51. Otra diputada propuso a Istarú Alfaro Guerrero para el mismo puesto 00:18:56. La votación dio cuatro votos para Esmeralda Briton González y tres para José María Villalta Flores Estrada en la secretaría 00:29:50.

Ninguna de esas intervenciones menciona la Ley 7552 ni la subvención municipal a las juntas.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI muestra la versión 4 de 4 3.

El título cambió. La Ley 8972, del 22 de julio de 2011, reformó el título para que se lea "Subvención a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las Municipalidades" 4.

El artículo 1 también cambió. La Ley 10885, del 18 de marzo de 2026, agregó el párrafo sobre los centros de educación especial (art. 1).

La Procuraduría General de la República hace una referencia en sus observaciones. Menciona la Ley 6746, del 29 de abril de 1982, que crea un fondo para las juntas de educación y las juntas administrativas 3. Ese fondo se compone del 4% de lo que se recaude cada año por el impuesto sobre la renta. También incluye un aumento del 0.36% repartido en la tarifa progresiva de la propiedad inmueble.

Frente a la Constitución

El artículo 78 de la Constitución dice que la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y gratuitas, y que el Estado asume su costo §Constitución, art. 78. La ley reparte entre las municipalidades parte del financiamiento de las juntas educativas. Eso encaja con ese mandato de gratuidad estatal.

El artículo 175 de la Constitución dice que los presupuestos municipales requieren aprobación de la Contraloría General, que fiscaliza su ejecución §Constitución, art. 175. La ley no toca ese control: la Contraloría sigue revisando el uso de los recursos municipales.

El artículo 170 de la Constitución reconoce la autonomía municipal y fija un 10% de los ingresos ordinarios del presupuesto nacional para las municipalidades §Constitución, art. 170. La ley 7552 usa otro 10%, el del impuesto de bienes inmuebles. Son dos porcentajes distintos y no se contradicen en el texto.

El Censo no encontró un choque directo entre el texto de la ley y los artículos revisados de la Constitución.

Qué puede hacer usted

Si una municipalidad no aparta el 10% para las juntas, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República. La Contraloría revisa y aprueba los presupuestos de las municipalidades §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una junta de educación no recibe el dinero o lo recibe mal, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. La Defensoría protege los derechos de los habitantes ante el mal funcionamiento de las instituciones públicas, y las municipalidades forman parte del sector público §guía, p. 71.

Si un acto concreto de una municipalidad viola un derecho suyo, puede interponer un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22. El amparo se presenta contra el servidor o el órgano que causa el agravio.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y la Asamblea debe votarlo en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero reciben hoy las juntas por esta ley.

El dossier no incluye el reglamento del Poder Ejecutivo que reparte la subvención.

El dossier no dice si alguna municipalidad ha dejado de pagar el 10%.