Pagar para que renuncie al Estado y no volver por siete años

Qué cambia

La ley permite que el Estado ofrezca plata a un funcionario para que renuncie y se vaya a trabajar fuera del sector público. El artículo 25 reformado dice que la Administración Pública, centralizada y descentralizada, y las empresas públicas "podrán ofrecer el pago de sus prestaciones más una bonificación a los servidores que ellas estimen conveniente, si estos están de acuerdo y renuncian para dedicarse a actividades ajenas al sector público" (art. 1).

El auxilio de cesantía se reconoce por años de servicio continuo e ininterrumpido, hasta un máximo de doce años (art. 1). La ley llama a esto "un excepción a las reglas para calcular el auxilio de cesantía".

Además de los años de servicio, se puede dar "un incentivo adicional hasta de cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis (6) meses efectivamente laborados" (art. 1).

Quien acepte no puede volver a un puesto en la Administración Pública centralizada o descentralizada, ni en las empresas públicas, "sino después de siete (7) años contados a partir de la fecha de su renuncia" (art. 1). La Autoridad Presupuestaria debe reglamentar cómo controlar ese plazo.

El artículo 2 agrega un Transitorio X a la Ley 6955 para quienes se acogieron al programa de reducción voluntaria durante 1995 y no recibieron su pago (art. 2). Esos funcionarios reciben "una bonificación adicional o indemnización equivalente al monto de los salarios dejados de percibir", calculada con el salario promedio de los últimos seis meses laborados, desde el cese y hasta que la plata esté en la Pagaduría Nacional.

Para eso debe publicarse la lista de pagos disponibles en un medio de circulación nacional (art. 2). El Poder Ejecutivo cubre ese monto con una factura adicional que se tramita de oficio o a solicitud del funcionario.

El Poder Ejecutivo cancela todos los extremos laborales, incluidas las prestaciones legales, hasta un máximo de doce mensualidades, más hasta cuatro meses adicionales como incentivo salarial (art. 2). A quien tenga por convención colectiva u otra ley un tope de cesantía mayor a doce años se le reconoce, aparte de su cesantía, "el equivalente a cuatro mensualidades".

El Poder Ejecutivo paga ese incentivo y las mensualidades del rompimiento del tope "independientemente de la institución o empresa pública para la que laboran los funcionarios" (art. 2). También asume las prestaciones legales del artículo 28 del Código de Trabajo, las convenciones colectivas o las normas con rango de ley cuando la institución o empresa pública no tenga financiamiento para pagarlas.

La ley rige desde su publicación (art. 3).

A quién le toca

A los servidores de la Administración Pública centralizada y descentralizada y de las empresas públicas a quienes la institución les ofrezca el pago para renunciar (art. 1).

A los funcionarios que se acogieron al programa de reducción voluntaria del sector público durante 1995 y no recibieron sus prestaciones ni los beneficios adicionales (art. 2).

A los funcionarios con convención colectiva u otra norma con rango de ley que les reconozca un tope de cesantía superior a doce años (art. 2).

A las instituciones y empresas públicas que no cuenten con financiamiento para pagar las prestaciones de sus funcionarios: el Poder Ejecutivo asume esos montos (art. 2).

A la Autoridad Presupuestaria, que debe reglamentar el control de los siete años (art. 1).

Lo que se dijo en la Asamblea

Las grabaciones del dossier son de comisiones de 2022 y 2026 sobre control del gasto público y universidades. Ninguna trata la Ley 7560 ni el pago de prestaciones por renuncia. En la sesión del 22 de octubre de 2026, una persona de la Contraloría General de la República explicó que la fiscalización superior revisa la legalidad del gasto: "En esto lo que la Contraloría ha entrado es en la parte global del gasto y en la legalidad del gasto" 00:43:34.

En la sesión del 1 de octubre de 2026, una diputada dijo que "un recorte presupuestario por sí mismo no constituye un delito, tampoco constituye por sí mismo una irregularidad administrativa" 01:06:52.

Cómo está hoy según SINALEVI

La norma está vigente. SINALEVI registra una sola versión, la actual, y la Procuraduría General de la República anota que "El artículo 2 adiciona la indicada Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público con un Transitorio X" 4. La ley que reforma, la Ley 6955 del 24 de febrero de 1984, también está vigente 5.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier. El artículo 56 dice que "El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad" y que "El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo" §Constitución, art. 56. La ley no obliga a renunciar: el pago se ofrece y el funcionario debe estar de acuerdo (art. 1).

El artículo 57 garantiza "un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna" §Constitución, art. 57. La ley habla de prestaciones y bonificaciones, no de salarios mínimos.

El artículo 176 ordena que la gestión pública sea "sostenible, transparente y responsable" y que "En ningún caso, el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables" §Constitución, art. 176. El Transitorio X ordena al Poder Ejecutivo pagar atrasos y asumir prestaciones de instituciones sin financiamiento, con una factura adicional (art. 2). Queda la duda de cómo se cuadra ese gasto con la regla de no gastar más de lo que se ingresa.

El artículo 96 prohíbe que "El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas políticas" §Constitución, art. 96. La ley no toca ese punto.

Qué puede hacer usted

Si usted es funcionario y le ofrecen el pago para renunciar, pida por escrito el cálculo de sus prestaciones y del incentivo, y revise el plazo de siete años antes de firmar (art. 1).

Si trabajó en el Estado y salió en 1995 sin recibir su pago, puede pedir que se tramite la factura adicional a su favor (art. 2).

Si un acto concreto le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

Si considera que la ley choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de intereses difusos.

Puede denunciar un manejo irregular de recursos públicos ante la Contraloría General de la República, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes si una institución pública le falla en un servicio §guía, p. 71.

Para cambiar la ley, existe la iniciativa popular: el proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero se ha pagado por estos incentivos ni cuántas personas los han usado.

El dossier no incluye el reglamento de la Autoridad Presupuestaria sobre el control de los siete años.

El dossier no dice si el Transitorio X ya se aplicó o cuántas personas de 1995 quedan pendientes de pago.

El dossier no trae el texto del artículo 28 del Código de Trabajo que la ley menciona.