La ley que juzga a menores de edad y qué le toca a usted

Ley 7576

Ley de Justicia Penal Juvenil

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N° 7576

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL

TITULO PRIMERO

Capítulo I

Disposiciones generales

ARTICULO 1.- Ambito de aplicación según los sujetos Serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida entre los doce años y menos de dieciocho años al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales.

ARTICULO 2.- Aplicación de esta ley al mayor de edad

Se aplicará esta ley a todos los menores de edad que, en el

transcurso del proceso, cumplan con la mayoridad penal. Igualmente se

aplicará cuando los menores de edad sean acusados después de haber

cumplido la mayoridad penal, siempre y cuando el hecho haya ocurrido

dentro de las edades comprendidas para aplicarles esta ley.

ARTICULO 3.- Ambito de aplicación en el espacio

Esta ley se aplicará a quienes cometan un hecho punible en el

territorio de la República o en el extranjero, según las reglas de

territorialidad y extraterritorialidad establecidas en el Código Penal.

ARTICULO 4.- Grupos etarios

Para su aplicación, esta ley diferenciará en cuanto al proceso, las

sanciones y su ejecución entre dos grupos: a partir de los doce años de

edad y hasta los quince años de edad, y a partir de los quince años de

edad y hasta tanto no se hayan cumplido los dieciocho años de edad.

ARTICULO 5.- Presunción de minoridad

En los casos en que por ningún medio pueda comprobarse la edad de una

persona, presumiblemente menor de dieciocho años, esta será considerada

como tal y quedará sujeta a las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 6.- Menor de doce años

Los actos cometidos por un menor de doce años de edad, que

constituyan delito o contravención, no serán objeto de esta ley; la

responsabilidad civil quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales

jurisdiccionales competentes. Sin embargo, los juzgados penales juveniles

referirán el caso al Patronato Nacional de la Infancia, con el fin de que

se le brinde la atención y el seguimiento necesarios.

Si las medidas administrativas conllevan la restricción de la

libertad ambulatoria del menor de edad, deberán ser consultadas al Juez de

Ejecución Penal Juvenil, quien también las controlará.

Artículo 7- Principios rectores. Serán principios rectores de la presente ley, la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral, la inserción, integración y restauración individual y social de la persona menor de edad en su familia y la sociedad. El Estado, en asocio con las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, promoverá tanto los programas orientados a esos fines como la protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho.

(Así reformado por el artículo 50 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 2018)

Artículo 8- Interpretación y aplicación. Esta ley deberá interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios restaurativos, los principios generales del derecho penal, del derecho procesal penal, la doctrina y la normativa internacional en materia de menores.

Todo ello en la forma que garantice mejor los derechos establecidos en la Constitución Política, los tratados, las convenciones y los demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Costa Rica.

(Así reformado por el artículo 50 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 2018)

ARTICULO 9.- Leyes supletorias

En todo lo que no se encuentre regulado de manera expresa en la

presente ley, deberán aplicarse supletoriamente la legislación penal y el

Código Procesal Penal. Sin embargo, al conocer el caso concreto, el Juez

Penal Juvenil siempre deberá aplicar las disposiciones y los principios

del Código Penal, en tanto no contradigan alguna norma expresa de esta

ley.

Capítulo II

Derechos y garantías fundamentales

ARTICULO 10.- Garantías básicas y especiales. Desde el inicio de la investigación policial y durante la tramitación del proceso judicial, a los menores de edad les serán respetadas las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos; además, las que les correspondan por su condición especial. Se consideran fundamentales las garantías consagradas en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica y en las leyes relacionadas con la materia objeto de esta ley.

Artículo 10 bis- Derecho a la justicia restaurativa. Desde el inicio de la investigación policial, durante la tramitación del proceso judicial y en fase de ejecución, las personas menores de edad tienen derecho a ser informadas sobre la justicia restaurativa como una alternativa para promover la restauración personal y el daño causado a la víctima y comunidad. Asimismo, a que en los casos en que las partes intervinientes manifiesten su aprobación, se tramite la causa penal juvenil mediante la aplicación del procedimiento de justicia juvenil restaurativa, de conformidad con la ley vigente.

(Así adicionado por el artículo 51 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 2018)

ARTICULO 11.- Derecho a la igualdad y a no ser discriminados

Durante la investigación policial, el trámite del proceso y la

ejecución de las sanciones, se les respetará a los menores de edad el

derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminados por ningún

motivo.

ARTICULO 12.- Principio de justicia especializada

La aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la ejecución,

estará a cargo de órganos especializados en materia de menores.

ARTICULO 13.- Principio de legalidad

Ningún menor de edad podrá ser sometido a un proceso por un hecho que

la ley penal no tipifica como delito ni contravención. Tampoco podrá ser

sometido a sanciones que la ley no haya establecido previamente.

ARTICULO 14.- Principio de lesividad

Ningún menor de edad podrá ser sancionado si no se comprueba que su

conducta daña o pone en peligro un bien jurídico tutelado.

ARTICULO 15.- Presunción de inocencia

Los menores de edad se presumirán inocentes hasta tanto no se les

compruebe, por medios establecidos en esta ley u otros medios legales, la

culpabilidad en los hechos que se les atribuyen.

ARTICULO 16.- Derecho al debido proceso

A los menores de edad se les debe respetar su derecho al debido

proceso, tanto durante la tramitación del proceso como al imponerles una

sanción.

ARTICULO 17.- Derecho de abstenerse de declarar

Ningún menor de edad estará obligado a declarar contra sí mismo ni

contra su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o parientes

colaterales, inclusive hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

ARTICULO 18.- Principio de "Non bis in idem"

Ningún menor de edad podrá ser perseguido más de una vez por el mismo

hecho, aunque se modifique la calificación legal o se acusen nuevas

circunstancias.

ARTICULO 19.- Principio de aplicación de la ley y la norma

más favorable

Cuando a un menor de edad puedan aplicársele dos leyes o normas

diferentes, siempre se optará por la que resulte más favorable para sus

derechos fundamentales.

ARTICULO 20.- Derecho a la privacidad

Los menores de edad tendrán derecho a que se les respeten su vida

privada y la de su familia. Consecuentemente, se prohíbe divulgar la

identidad de un menor de edad sometido a proceso.

ARTICULO 21.- Principio de confidencialidad

Serán confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por menores

sometidos a esta ley. En todo momento, deberá respetarse la identidad y la

imagen del menor de edad.

Los Jueces Penales Juveniles deberán procurar que la información que

brinden, sobre estadísticas judiciales, no contravenga el principio de

confidencialidad ni el derecho a la privacidad, consagrados en esta ley.

ARTICULO 22.- Principio de inviolabilidad de la defensa

Los menores de edad tendrán el derecho a ser asistidos por un

defensor, desde el inicio de la investigación policial y hasta que cumplan

con la sanción que les sea impuesta.

ARTICULO 23.- Derecho de defensa

Los menores de edad tendrán el derecho de presentar las pruebas y los

argumentos necesarios para su defensa y de rebatir cuanto les sea

contrario. En ningún caso podrá juzgárseles en ausencia.

ARTICULO 24.- Principio del contradictorio

Los menores de edad tendrán el derecho de ser oídos, de aportar

pruebas e interrogar a los testigos y de refutar los argumentos del

contrario. Lo anterior está garantizado por la intervención de un defensor

y del Ministerio Público dentro del proceso.

ARTICULO 25.- Principio de racionalidad y proporcionalidad

Las sanciones que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser

racionales y proporcionales a la infracción o el delito cometido.

ARTICULO 26.- Principio de determinación de las sanciones

No podrán imponerse, por ningún tipo de circunstancia, sanciones

indeterminadas. Lo anterior no excluye la posibilidad de que el menor de

edad sea puesto en libertad antes de tiempo.

ARTICULO 27.- Internamiento en centros especializados

En caso de ser privados de libertad, de manera provisional o

definitiva, los menores de edad tendrán derecho a ser ubicados en un

centro exclusivo para menores de edad; no en uno para personas sometidas

a la legislación penal de adultos. De ser detenidos por la policía

administrativa o judicial, esta destinará áreas exclusivas para los

menores y deberá remitirlos cuanto antes a los centros especializados.

TITULO SEGUNDO

ORGANOS Y SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO

Capítulo I

Organos encargados de administrar justicia

ARTICULO 28.- Órganos judiciales competentes

Sobre los hechos ilícitos cometidos por menores de edad decidirán, en primera instancia, los juzgados penales juveniles y en alzada, los tribunales de apelación de sentencia penal juvenil. Además, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia será competente para conocer del recurso de casación que por esta ley le corresponden y el juez de ejecución de la sanción penal juvenil tendrá competencia para la fase de cumplimiento de la pena.

(Así reformado por el artículo 3° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)

ARTICULO 29- Funciones del Juzgado Penal Juvenil. Serán funciones del Juzgado Penal Juvenil las siguientes:

a) Conocer, en primera instancia, de las acusaciones atribuidas a menores por la comisión o la participación en delitos o contravenciones.

b) Resolver, por medio de providencias, autos y sentencias, los asuntos dentro de los plazos fijados por esta ley.

c) Decidir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental del acusado.

d) Decidir, según el criterio de culpabilidad, proporcionalidad y racionalidad, la sanción por imponer.

e) Realizar la audiencia de conciliación y aprobarla, en caso de que las partes lleguen a un acuerdo.

f) Aprobar la suspensión de procedimientos, siempre que se cumpla con los requisitos fijados por esta ley.

g) Revisar y homologar la decisión que, en aplicación del principio de oportunidad, haya tomado el Ministerio Público.

h) Decidir las sanciones aplicables a los menores, considerando su formación integral y la reinserción en su familia o su grupo de referencia.

i) Comunicar, al Patronato Nacional de la Infancia, las acusaciones presentadas en contra de menores de edad.

j) Remitir a quien corresponda los informes estadísticos mensuales.

k) Las demás funciones que esta u otras leyes le asignen.

l) Realizar audiencias tempranas.

m) Aplicar el procedimiento de justicia juvenil restaurativa.

(Así reformado por el artículo 50 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 2018)

ARTICULO 30.- Competencia. El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil tendrá las siguientes funciones:

a) Resolver las excusas y recusaciones que se presenten por la aplicación de esta Ley.

b) Controlar el cumplimiento de los plazos fijados por la presente Ley.

c) Conocer de las apelaciones procedentes que se interpongan dentro del proceso penal juvenil.

d) Conocer del recurso de apelación de la sentencia penal juvenil y contra las fijaciones ulteriores de la pena.

e) Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre los juzgados penales juveniles.

f) Las demás funciones que esta u otras leyes le asignen.

(Así reformado por el artículo 6° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

Capítulo II

Sujetos procesales

ARTICULO 31.- Menores de edad

Los menores de edad a quienes se les atribuya la comisión o

participación en un delito o contravención, tendrán derecho, desde el

inicio de la investigación, a ser representados y oídos en el ejercicio de

su defensa, a proponer prueba y a interponer recursos, así como a que se

motive la sanción que se les aplicará, sin perjuicio de los demás derechos

reconocidos en la presente ley.

ARTICULO 32.- Rebeldía

Serán declarados rebeldes los menores de edad que, sin grave y

legítimo impedimento, no comparezcan a la citación judicial, se fuguen del

establecimiento o lugar donde están detenidos o se ausenten del lugar

asignado para su residencia.

Comprobada la fuga o la ausencia, se declarará la rebeldía y se

expedirá una orden de presentación. Si esta se incumple o no puede

practicarse, se ordenará la captura y la detención del acusado.

ARTICULO 33.- Padres o representantes del acusado

Los padres, tutores o responsables del menor de edad podrán

intervenir en el procedimiento, como coadyuvantes en la defensa o como

testigos calificados que complementen el estudio psicosocial del acusado.

Esto no evita que participen también en su condición de testigos del hecho

investigado.

ARTICULO 34.- El ofendido

De conformidad con lo establecido en esta ley, la víctima podrá participar en el proceso y podrá formular los recursos correspondientes

cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses; podrá estar

representada por sí mismo o por un abogado.

ARTICULO 35.- Ofendidos en delitos de acción privada

Si un ofendido se considera perjudicado por un delito de acción

privada podrá denunciarlo, directamente o por medio de un representante

legal, ante el Juez Penal Juvenil, con las facultades y funciones del

Ministerio Público, en cuanto sean aplicables. Todo esto sin perjuicio del

derecho del ofendido de recurrir a la vía civil correspondiente, para que

se le reparen los daños.

ARTICULO 36.- Ofendido en delitos de acción pública perseguibles a

instancia privada

En la tramitación de delitos de acción pública, perseguibles sólo a

instancia e interés del ofendido, se requerirá la denuncia conforme a las

reglas establecidas en la legislación penal y procesal penal.

ARTICULO 37.- Defensores

Desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, los

menores de edad deberán ser asistidos por defensores y no podrá recibírseles ninguna declaración sin la asistencia de estos.

El acusado o cualquiera de sus padres, tutores o responsables podrán

nombrar un defensor particular. Si no cuentan con recursos económicos, el

Estado les brindará un defensor público. Para tal efecto, el Departamento

de Defensores Públicos deberá tener una sección o grupo de defensores

especializados en la materia.

ARTICULO 38.- Ministerio Público

El Ministerio Público será el encargado de solicitar ante los

tribunales penales juveniles la aplicación de la presente ley, mediante la

realización de los actos necesarios para promover y ejercer, de oficio, la

acción penal pública; salvo las excepciones establecidas en el Código

Procesal Penal y en esta ley. Para tal efecto, el Ministerio Público

contará con fiscales especializados en la materia.

Artículo 39- Funciones del Ministerio Público. En relación con esta ley, serán funciones del Ministerio Público:

a) Velar por el cumplimiento de la presente ley.

b) Realizar las investigaciones de los delitos cometidos por menores.

c) Promover la acción penal.

d) Solicitar pruebas, aportarlas y, cuando proceda, participar en su producción.

e) Solicitar, cuando proceda, la cesación, modificación o sustitución de las sanciones decretadas e interponer recursos legales.

f) Velar por el cumplimiento de las funciones de la Policía Judicial Juvenil.

g) Asesorar a la víctima, durante la conciliación, cuando ella lo solicite.

h) Asesorar a la víctima en el procedimiento juvenil restaurativo y, si lo solicita, representarla en la audiencia temprana.

i) Las demás funciones que esta u otras leyes le fijen.

(Así reformado por el artículo 50 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 2018)

ARTICULO 40.- Policía Judicial Juvenil

La Policía Judicial Juvenil será un órgano especializado que se

encargará de auxiliar al Ministerio Público y a los tribunales penales

juveniles, en el descubrimiento y la verificación científica de los

delitos y de sus presuntos responsables. Funcionará dentro de la

estructura del Organismo de Investigación Judicial y sus integrantes

deberán estar especialmente capacitados para trabajar con menores.

ARTICULO 41.- Atribuciones de la Policía Judicial Juvenil

La Policía Judicial Juvenil podrá citar o aprehender a los presuntos

responsables de los hechos denunciados; pero, por ninguna circunstancia,

podrá disponer la incomunicación de ningún menor de edad. En caso de la

detención en flagrancia, lo remitirá inmediatamente al Juez Penal Juvenil.

ARTICULO 42.- Policía administrativa

Si un menor de edad es aprehendido por los miembros de la policía

administrativa, de inmediato deberá ponerlo a la orden del Juez Penal

Juvenil.

ARTICULO 43.- Patronato Nacional de la Infancia. El Patronato Nacional de la Infancia, por medio de su representante legal, podrá participar, con carácter de interesado, en todas las etapas del proceso, con el fin de controlar, vigilar y garantizar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales en beneficio del menor de edad, sea víctima o victimario.

Artículo 43 bis- Persona mentora. Desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, incluyendo la fase de ejecución, la persona menor de edad que se enfrente al proceso en una mayor condición de vulnerabilidad, en razón de no contar con apoyo familiar, personas de apoyo, condición de calle u otras condiciones análogas debidamente acreditadas en el expediente, podrá contar con el apoyo de una persona mentora.

La persona mentora deberá ser una persona adulta, que no tenga interés en el proceso, y formará parte de la red de apoyo institucional que a nivel local o nacional establezca el sistema de justicia juvenil y deberá ser asignada por el juzgado penal juvenil, según la disponibilidad donde se tramite la causa, debiendo rendir informes a este despacho en los términos que le sean solicitados.

La mentoría judicial tiene como función acompañar a la persona menor de edad en el cumplimiento de sus obligaciones procesales conforme lo dispone esta ley, la Ley 9582, Ley de Justicia Restaurativa, de 2 de julio de 2018 y la Ley 8460, Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, de 20 de octubre de 2005, ofreciendo orientación, guía, apoyo y motivación para lograr el cumplimiento y su reinserción social y familiar.

La persona mentora tendrá acceso a la información de la causa, una vez asumida su función en los términos que el Protocolo para la participación de las personas mentoras en el proceso penal juvenil confeccionará el Poder Judicial, debiendo guardar confidencialidad de todo lo que conozca en relación con su función.

En ningún caso, la persona mentora asumirá la representación jurídica de la persona menor de edad que acompaña.

(Así adicionado por el artículo 1° de la Ley de Creación de la figura de la persona mentora dentro del proceso penal juvenil, N° 10641 del 14 de febrero de 2025)

TITULO TERCERO

PROCEDIMIENTOS

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 44- Objetivo del proceso. El proceso penal juvenil tendrá como objetivo establecer la existencia de un hecho delictivo, determinar quién es su autor o partícipe y ordenar la aplicación de las sanciones correspondientes. Asimismo, buscará la reinserción, reintegración y restauración individual y social de la persona menor de edad en su familia y en la sociedad, según los principios rectores establecidos en esta ley y la Ley de Justicia Restaurativa.

(Así reformado por el artículo 50 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 2018)

ARTICULO 45.- Calificación legal

La calificación legal de los delitos o contravenciones cometidos por

menores, se determinará por las descripciones de conductas prohibidas que

se establecen en el Código Penal y en las leyes especiales.

ARTICULO 46.- Comprobación de edad e identidad

La edad del menor se acreditará mediante certificación o constancia

de la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil. En caso de

extranjeros, se pedirá información a la embajada o delegación del país de

origen del menor de edad; en ambos casos, podrá lograrse la comprobación

mediante cualquier documento oficial.

El menor de edad deberá suministrar los datos que permitan su

identificación personal. De no hacerlo, o si se estima necesario, una

oficina técnica practicará la identificación física, utilizando los datos

personales, las impresiones digitales y señas particulares. También se

podrá recurrir a la identificación por testigos, en la forma prescrita

para los reconocimientos, o a otros medios que se consideren útiles.

La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del

procedimiento y los errores, siempre y cuando se trate de menores de edad,

podrán ser corregidos en cualquier momento, aún durante la ejecución penal

juvenil. Todas estas medidas podrán aplicarse aún contra la voluntad del

imputado.

ARTICULO 47.- Incompetencia y remisión

Si en el transcurso del procedimiento se comprueba que la persona a

quien se le imputa el delito era mayor de edad en el momento de cometerlo,

el Juez Penal Juvenil se declarará incompetente y remitirá los autos a la

jurisdicción penal de adultos. Si se trata de un menor de doce años, el

procedimiento cesará y el caso deberá ser remitido al Patronato Nacional

de la Infancia, para que le brinde una asistencia adecuada.

ARTICULO 48.- Validez de actuaciones

Las actuaciones que se remitan por causas de incompetencia, tanto en

la jurisdicción penal juvenil como en la de jurisdicción de adultos, serán

válidas para su utilización en cada uno de los procesos, siempre que no

contravengan los fines de esta ley ni los derechos fundamentales de los

menores de edad.

ARTICULO 49.- Participación de menores con adultos

Cuando en un mismo delito intervengan uno o más menores con uno o

varios adultos, las causas se separarán y los expedientes de los mayores

de edad se remitirán a la jurisdicción penal de adultos. Para mantener en

lo posible la conexidad en estos casos, los distintos tribunales quedarán

obligados a remitirse, recíprocamente, copias de las pruebas y las

actuaciones pertinentes, firmadas por el secretario.

ARTICULO 50.- Menores de edad ausentes

Si el hecho investigado es atribuido a un menor de edad ausente, se

recabarán los indicios y evidencias y, si procede, se promoverá la acción.

Iniciada la etapa de investigación, el Ministerio Público podrá continuar con las demás diligencias hasta concluir esta etapa y ordenar la

localización del menor de edad, para continuar con la tramitación de la

acusación. Si es posible concluir la investigación, solicitará la apertura

del proceso y pedirá al Juez que ordene localizar al menor de edad. El

proceso se mantendrá suspendido hasta que el menor de edad comparezca

personalmente ante el Juez Penal Juvenil.

ARTICULO 51.- Actas

Cuando uno o varios actos deban ser documentados, el funcionario que

los practique, asistido por su secretario, levantará un acta, en la forma

prescrita por el Código Procesal Penal.

De tratarse de actos sucesivos, llevados a cabo en lugares o fechas

distintas, se levantarán tantas actas como sea necesario.

ARTICULO 52.- Plazos

Los plazos procesales establecidos en esta ley se contarán en días

hábiles. Cuando se trate de menores privados de libertad, los plazos serán

improrrogables y a su vencimiento caducará la facultad respectiva. Si el

menor de edad se encuentra en libertad, los plazos serán prorrogables

conforme lo establece esta ley.

ARTICULO 53.- Fijación judicial de los plazos

Cuando la ley no establezca el plazo o su extensión, la autoridad

judicial encargada de realizar el acto estará facultada para fijarlo,

racionalmente, conforme a la naturaleza del procedimiento y a la

importancia de la actividad que deba cumplirse.

ARTICULO 54.- Medios probatorios

Serán admisibles, dentro del presente proceso, todos los medios

probatorios regulados en el Código Procesal Penal, en la medida en que no

afecten los fines y derechos consagrados en esta ley. Las pruebas se

valorarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

ARTICULO 55.- Responsabilidad civil

La acción civil para el pago de daños y perjuicios ocasionados por

los hechos atribuidos al menor de edad, deberá promoverse ante el Juez

competente, con base en las normas del proceso civil, independientemente

de lo dispuesto en la resolución del Juez Penal Juvenil.

ARTICULO 56.- Criterio de oportunidad reglado

Los funcionarios del Ministerio Público tendrán la obligación de

ejercer la acción penal pública en los casos en los que sea procedente,

con arreglo a las disposiciones de esta ley.

No obstante, podrán solicitar al Juez que se prescinda, total o

parcialmente, de la persecución penal; la limite a una o varias

infracciones o a alguna de las personas que hayan participado en el hecho,

cuando:

a) Se trate de un hecho que, por su insignificancia, lo exiguo de la

contribución del partícipe o su mínima culpabilidad, no afecte el interés

público.

b) El menor de edad colabore eficazmente con la investigación, brinde

información esencial para evitar la consumación o la perpetración de otros

hechos, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o brinde

información útil para probar la participación de otras personas.

c) El menor de edad haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño

físico o moral grave.

d) La sanción que se espera, por el hecho o infracción de cuya

persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la

sanción ya impuesta o a la que se debe esperar por los restantes hechos o

infracciones.

Si el Juez, de oficio, considera conveniente la aplicación de los

anteriores criterios, deberá solicitar la opinión del Fiscal quien deberá dictaminar dentro de los tres días siguientes. El Juez no podrá aplicar un

criterio de oportunidad sin el acuerdo del Fiscal.

ARTICULO 57.- Desestimiento de la acusación

En los casos señalados en el artículo anterior, si la acción ya ha

sido ejercida, el Juez Penal Juvenil, a solicitud del Ministerio Público,

podrá dictar el desestimiento en cualquier etapa del proceso.

ARTICULO 58.- Detención provisional

El Juez Penal Juvenil podrá decretar, a partir del momento en que se

reciba la acusación, la detención provisional como una medida cautelar,

cuando se presenten las siguientes circunstancias:

a) Exista el riesgo razonable de que el menor de edad evada la acción

de la justicia.

b) Exista peligro de destrucción u obstaculización de la prueba.

c) Exista peligro para la víctima, el denunciante o el testigo.

La detención se practicará en centros de internamiento

especializados, donde estos menores necesariamente deberán estar separados

de los ya sentenciados.

ARTICULO 59.- Carácter excepcional de la detención provisional

La detención provisional tendrá carácter excepcional, especialmente para los mayores de doce años y menores de quince, y solo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa.

La detención provisional no podrá exceder de tres meses. Cuando el juez estime que debe prorrogarse lo acordará así estableciendo el plazo de prórroga y las razones que lo fundamentan. En ningún caso, el nuevo término será mayor de tres meses.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y la Sala de Casación, excepcionalmente y mediante resolución fundada, podrán autorizar una prórroga de la detención provisional superior a los plazos anteriores y hasta por tres meses más, cuando dispongan el reenvío a un nuevo juicio.

(Así reformado por el artículo 3° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)

ARTICULO 60.- Máxima prioridad

A fin de que la detención provisional sea lo más breve posible, los

Tribunales Penales Juveniles y los órganos de investigación deberán

considerar de máxima prioridad la tramitación efectiva de los casos en que

se recurra a detener provisionalmente a un menor.

Capítulo II

Conciliación

Artículo 61- Partes necesarias. La conciliación es un acto jurisdiccional voluntario entre el ofendido o su representante y el menor de edad, quienes serán las partes necesarias en ella.

Se podrá acordar la conciliación mediante la aplicación del procedimiento establecido en la Ley de Justicia Restaurativa.

(Así reformado por el artículo 50 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 2018)

ARTICULO 62.- Convocatoria

Durante los diez días posteriores al establecimiento de la acusación

y cuando sea posible por la existencia de la persona ofendida, el Juez

Penal Juvenil citará a las partes a una audiencia de conciliación.

El Juez Penal Juvenil, en su carácter de conciliador, invitará a las

partes, previamente asesoradas, a un acuerdo. Si el ofendido no tiene

asesoramiento y quiere participar en la audiencia de conciliación, el

Ministerio Público le asignará un asesor.

Podrá llegarse a un acuerdo de conciliación en cualquier otra etapa

del proceso, en tanto no se haya decretado la resolución definitiva en

primera instancia.

ARTICULO 63.- Otros participantes

A la audiencia podrán asistir los padres, tutores o encargados del

menor de edad, lo mismo que el representante del Patronato Nacional de la

Infancia.

ARTICULO 64.- Procedencia

La conciliación procederá en todos los casos en que es admisible para

la justicia penal de adultos.

ARTICULO 65.- Acuerdos y acta de conciliación

Presentes las partes y los demás interesados, deberá explicárseles el

objeto de la diligencia. El Juez deberá instar a las partes a conciliarse

y buscar un arreglo al conflicto planteado. Luego se escucharán las

propuestas del menor de edad y del ofendido.

Si se llega a un acuerdo y el Juez lo aprueba, las partes firmarán el

acta de conciliación. Pero de no haberlo, se dejará constancia de ello y

se continuará con la tramitación del proceso.

En el acta de conciliación se determinarán las obligaciones pactadas,

el plazo para su cumplimiento y el deber de informar al Juez sobre el

cumplimiento de lo pactado.

El arreglo conciliatorio suspenderá el procedimiento e interrumpirá la prescripción de la acción, mientras su cumplimiento esté sujeto a

plazo.

ARTICULO 66.- Incumplimiento del acuerdo de conciliación

Cuando el menor de edad incumpla, injustificadamente, las

obligaciones pactadas en el acta de conciliación, el procedimiento deberá continuar como si no hubiera existido conciliación.

ARTICULO 67.- Cumplimiento del acuerdo de conciliación

Cuando el menor de edad cumpla con las obligaciones pactadas en la

audiencia de conciliación, el Juez dictará una resolución dando por

terminado el proceso y ordenando que se archive.

Capítulo III

El proceso penal juvenil

ARTICULO 68.- Acción penal juvenil

La acción penal juvenil corresponderá al Ministerio Público, sin

perjuicio de la participación que esta ley y el Código Procesal Penal

concedan al ofendido, tratándose de delitos de acción privada y de acción

pública a instancia privada.

ARTICULO 69.- Extinción de la acción

La acción penal se extinguirá por las siguientes razones:

a) Sentencia firme.

b) Sobreseimiento definitivo.

c) Muerte del menor de edad.

d) Prescripción.

e) Renuncia o abandono de la causa, cuando se trate de delitos de

acción privada.

f) Conciliación, cuando se cumplan los acuerdos o diligencias que

ella establece.

ARTICULO 70.- Iniciación

La investigación se iniciará de oficio o por denuncia que deberá ser

presentada ante el Ministerio Público, en los delitos de acción pública,

y los de acción pública a instancia privada; por demanda presentada por el

interesado, en los delitos de acción privada.

ARTICULO 71.- Facultad de denunciar

Quien tenga noticia de un delito o contravención cometido por un

menor de edad podrá denunciarlo ante el Ministerio Público, salvo si se

trata de un delito de acción privada.

ARTICULO 72.- Fase de investigación

Una vez establecida la denuncia, por cualquier medio, deberá iniciarse una investigación que tendrá por objeto determinar la existencia

del hecho, así como establecer los autores, cómplices o instigadores.

También se verificará el daño causado por el delito.

ARTICULO 73.- Organo investigador

El Ministerio Público será el órgano encargado de realizar la

investigación y de formular la acusación, cuando exista mérito para

hacerlo. Además, aportará las pruebas que demuestren la responsabilidad

del menor de edad.

El Juez Penal Juvenil será el encargado de controlar y supervisar las

funciones del ente acusador.

ARTICULO 74.- Fin de la investigación

Finalizada la investigación, el Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar:

a) La apertura del proceso, formulando la acusación si estima que la

investigación proporciona fundamento suficiente.

b) La desestimación del proceso, cuando considere que no existe

fundamento para promover la acusación, que debe aplicarse un criterio de

oportunidad o por cualquier condición objetiva o subjetiva de los hechos.

c) El sobreseimiento provisional o definitivo.

ARTICULO 75.- Acusación

El escrito de acusación deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Las condiciones personales del menor de edad acusado o, si se

ignoran, las señas o los datos por los que se pueda identificar.

b) La edad y el domicilio del menor de edad si se cuenta con esa

información.

c) La relación de hechos, con indicación, si es posible, del tiempo

y modo de ejecución.

d) La indicación y el aporte de todas las pruebas evacuadas durante

la etapa de investigación.

e) La calificación provisional del presunto delito cometido.

f) Cualquier otro dato o información que el Ministerio Público

considere indispensable para mantener la acusación.

ARTICULO 76.- Sobreseimiento provisional

Si no corresponde el sobreseimiento definitivo y los elementos de

prueba resultan insuficientes para realizar el juicio, se ordenará el

sobreseimiento provisional, mediante auto fundado que mencione

concretamente los elementos de prueba específicos que se espera

incorporar. En tales casos, se hará cesar cualquier medida cautelar

impuesta al menor de edad.

Si nuevos elementos de prueba permiten continuar el procedimiento, el

Juez, a pedido de cualquiera de las partes, admitirá que prosiga la

investigación.

Si dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional no se

solicita la reapertura, de oficio se declarará la extinción de la acción

penal.

ARTICULO 77.- Sobreseimiento definitivo

El sobreseimiento definitivo procederá cuando:

a) Resulte evidente la falta de una condición necesaria para imponer

la sanción.

b) A pesar de la falta de certeza, no exista, razonablemente, la

posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible

requerir fundadamente la apertura del juicio.

ARTICULO 78.- Disconformidad

Cuando el Fiscal solicite la desestimación o el sobreseimiento y el

Juez no esté de acuerdo, le remitirá nuevamente las actuaciones para que

modifique su petición, en el plazo máximo de cinco días.

Si el Fiscal ratifica su solicitud y el Juez mantiene su posición, se

enviarán las actuaciones al Fiscal General o al Fiscal Superior que él

haya designado, para que nuevamente peticione o ratifique lo planteado por

el Fiscal.

Cuando el Ministerio Público insista en su solicitud, el Juez deberá resolver conforme a lo peticionado, sin perjuicio de que la víctima

impugne la decisión.

ARTICULO 79.- Hechos en flagrancia

Cuando los hechos sean cometidos en flagrancia, el menor de edad será puesto a la orden del Juez Penal Juvenil y si procede el Ministerio

Público deberá presentar la acusación, a más tardar dentro de los cinco

días siguientes. El Juez convocará a las partes a la audiencia de

conciliación; luego, si procede, se continuará con el trámite normal del

proceso.

ARTICULO 80.- Conciliación

En el término de diez días de establecida la acusación, el Juez Penal

Juvenil practicará la audiencia de conciliación, después de citar a las

partes e interesados.

ARTICULO 81.- Declaración del menor de edad

Puesto el menor de edad a la orden del Juez Penal Juvenil, este

procederá a tomarle declaración dentro de las veinticuatro horas

siguientes.

Cuando la libertad del menor de edad no se encuentre restringida, la

declaración se le tomará después de la audiencia de conciliación. En los

casos en que esta no proceda, se realizará dentro de los cinco días

siguientes de recibida la acusación.

Los menores de edad podrán abstenerse de declarar. En ningún caso se

les requerirá promesa o juramento de decir la verdad, ni se ejercerá contra ellos coacción ni amenaza; tampoco se usará medio alguno para

obligarlos a declarar contra su voluntad, ni se les harán cargos para

obtener su confesión. La inobservancia de esta disposición hará nulo el

acto.

ARTICULO 82.- Declaración indagatoria del menor mayor de doce años,

pero menor de quince años

La declaración del mayor de doce años, pero menor de quince años de

edad deberá realizarse en presencia de su defensor y, de ser posible, de

sus padres o tutores, guardadores o representantes; además, podrá asistir

el Fiscal del Ministerio Público. El propósito de esta diligencia será averiguar los motivos del hecho que se le atribuyen al mayor de doce años

y menor de quince años de edad, estudiar su participación e investigar las

condiciones familiares y sociales en que se desenvuelve.

La declaración de este tipo no tendrá las formalidades de la

declaración indagatoria del proceso penal de adultos, en cuanto lo

perjudiquen y deberá prevalecer, en todo momento, el interés superior del

mayor de doce años, pero menor de quince años de edad.

ARTICULO 83.- Declaración indagatoria del menor mayor de quince años,

pero menor de dieciocho años

La declaración del mayor de quince años, pero menor de dieciocho

años de edad deberá realizarse en presencia de su defensor y sus padres o

tutores, guardadores o representantes solo podrán asistir cuando el menor

de edad lo solicite. También podrá asistir el representante del

Ministerio Público.

La declaración del mayor de quince años, pero menor de dieciocho años

de edad deberá tener las características de la declaración indagatoria del

proceso penal de adultos, siempre y cuando no se violen los principios ni

las garantías que esta ley enuncia.

ARTICULO 84.- Resolución sobre la procedencia de la acusación

Inmediatamente después de recibida la declaración indagatoria, el

Juez dictará una resolución sobre la procedencia de la acusación. Si

considera procedente la acusación continuará con ella y citará a juicio a

las partes.

Si la considera improcedente por vicios de forma, la remitirá al

Ministerio Público para que los corrija; pero si la considera improcedente

por razones de fondo o de oportunidad, dictará a favor del menor de edad

el sobreseimiento o la suspensión del proceso a prueba.

ARTICULO 85.- Vicios de forma en la acusación

EL Ministerio Público estará obligado a corregir, en un plazo no

mayor de veinticuatro horas, los defectos de forma que le indique el Juez.

Si a criterio del Juez, la corrección de esos vicios modifica los

hechos o la calificación legal, se ordenará nuevamente la declaración

indagatoria del menor de edad.

ARTICULO 86.- Procedencia definitiva de la acusación

Recibida por el Juez la acusación, con los vicios de forma corregidos

y practicada la declaración indagatoria por los motivos señalados en el

artículo anterior, el Juez deberá admitir la procedencia de la acusación

en un plazo no mayor de tres días y continuar con la tramitación del

proceso.

ARTICULO 87.- Restricción de derechos fundamentales

En la misma resolución donde se admite la procedencia de la acusación

o posteriormente, el Juez podrá ordenar la detención provisional del menor

de edad o la imposición provisional de cualquier orden de orientación y

supervisión de las que se establecen en esta ley. Las órdenes de

orientación y supervisión provisionales no podrán exceder de seis semanas.

ARTICULO 88.- Sobreseimiento antes de juicio

El sobreseimiento procederá cuando surja cualquiera de las

circunstancias objetivas, subjetivas o extintivas señaladas en el Código

Procesal Penal. Igualmente, cuando se cumpla con el período a prueba

señalado en el artículo siguiente.

Artículo 89- Suspensión del proceso a prueba. Resuelta la procedencia de la acusación, el juez, o a solicitud de parte, podrá ordenar la suspensión del proceso a prueba, en todos los casos en que proceda la ejecución condicional de la sanción para el menor de edad.

Junto con la suspensión del proceso a prueba, el juez podrá decretar cualquiera de las órdenes de orientación y supervisión establecidas en esta ley. Esta suspensión interrumpirá el plazo de la prescripción.

Se podrá acordar la suspensión del proceso a prueba mediante la aplicación del procedimiento establecido en la Ley de Justicia Restaurativa.

(Así reformado por el artículo 50 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 2018)

ARTICULO 90.- Resolución que ordena suspender el proceso La resolución que ordene suspender el proceso a prueba deberá

contener :

a) Los motivos, de hecho y de derecho, por los cuales el Juez ordena esta suspensión.

b) Los datos generales del menor de edad, los hechos que se le atribuyen, su calificación legal y la posible sanción.

c) La duración del período de prueba, que no podrá exceder de tres años.

d) La advertencia de que la comisión de cualquier contravención o delito, durante el período de prueba, conllevará la reanudación de los procedimientos.

e) La prevención de que cualquier cambio de residencia, domicilio o lugar de trabajo deberá ser comunicado de inmediato a la autoridad correspondiente.

f) La orden de orientación y supervisión decretada, así como las razones que la fundamentan.

( La Sala Constitucional mediante resolución N° 6857 del 24 de setiembre de 1998, declaró que el presente artículo no es inconstitucional “… siempre y cuando se interprete que es requisito esencial de la suspensión del proceso a prueba, la libre manifestación de voluntad del infractor, previa información detallada de los alcances y consecuencias de la medida”).

ARTICULO 91.- Incumplimiento de condiciones fijadas para suspender el proceso a prueba

De oficio o a solicitud de parte, el Juez revocará la suspensión del proceso a prueba y ordenará continuar con los procedimientos, cuando constate el incumplimiento injustificado de cualquiera de las condiciones por las cuales se ordenó la suspensión.

( La Sala Constitucional mediante resolución N° 6857 del 24 de setiembre de 1998, declaró que el presente artículo no es inconstitucional “… siempre y cuando se interprete que es requisito esencial de la suspensión del proceso a prueba, la libre manifestación de voluntad del infractor, previa información detallada de los alcances y consecuencias de la medida”).

ARTICULO 92.- Cumplimiento de las condiciones fijadas para suspender el proceso a prueba

Cuando el menor de edad cumpla con las obligaciones impuestas en la resolución que ordena suspender el proceso, el Juez dictará una resolución que las apruebe, dará por terminado el proceso y ordenará archivarlo.

( La Sala Constitucional mediante resolución N° 6857 del 24 de setiembre de 1998, declaró que el presente artículo no es inconstitucional “… siempre y cuando se interprete que es requisito esencial de la suspensión del proceso a prueba, la libre manifestación de voluntad del infractor, previa información detallada de los alcances y consecuencias de la medida”).

ARTICULO 93.- Estudio psicosocial

Admitida la procedencia de la acusación, en los casos en que "prima

fascie" se estime posible aplicar una sanción pr