Diputados cotizan en la CCSS y el Poder Judicial tiene nuevo tope de jubilación

Qué cambia

La ley 7605 metió a los diputados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (art. 1). Para calcular la pensión se toman en cuenta los años servidos y los salarios por los que cotizaron en el cargo, más los años cotizados en cualquier régimen obligatorio.

El Ministerio de Hacienda traslada a la Caja los aportes que los diputados hicieron a otros regímenes de pensiones, mediante una liquidación actuarial (art. 1). Si después de ese traslado queda un saldo a favor del cotizante, el Estado le emite un certificado por esa suma (art. 2).

El artículo 3 original ponía un tope a las pensiones. La ley 9388 lo derogó en 2016 2. La versión que rige hoy es la de la ley 7858: el techo es diez veces el salario base más bajo de la Administración Pública 3. Ese tope lo aplica el Ministerio de Hacienda junto con la Dirección General de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El artículo 3 bis deja subir ese tope en un caso: cuando se aplique el beneficio de postergación y la ley del régimen lo permita (art. 3 bis). El inciso a) de ese artículo, que era otra excepción, quedó derogado por la ley 9381 en 2016 4.

La ley también reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 224 fija la jubilación de los servidores judiciales en el salario promedio de los últimos veinticuatro mejores salarios mensuales ordinarios (art. 4). Para tenerla hay que cumplir sesenta y dos años de edad y treinta años trabajados en la Administración Pública. La jubilación no puede pasar del equivalente al ingreso de un diputado, contando dietas y gastos de representación.

El artículo 226 da jubilación a los servidores judiciales separados para el mejor servicio público y a los funcionarios de período fijo que no son reelegidos, si tienen más de diez años servidos (art. 4). La jubilación es proporcional al tiempo servido y se cobra solo la mitad de ese tiempo, salvo que hayan trabajado más de veinte años. En ese caso el disfrute es vitalicio.

El artículo 236 sube el aporte de los servidores judiciales activos y de los jubilados a un nueve por ciento de sus sueldos (art. 4). La Corte puede aumentar ese porcentaje hasta un quince por ciento si el Fondo lo necesita y hay estudios actuariales.

La ley derogó el capítulo IV de la ley 7302 y el artículo 227 y el transitorio XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 5). El Poder Ejecutivo tenía seis meses para reglamentarla (art. 6). Rige desde su publicación (art. 7).

A quién le toca

A los diputados: quedan dentro del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS y sus aportes a otros regímenes se trasladan a la Caja (art. 1).

A los diputados que tengan saldo a favor después del traslado: el Estado les emite un certificado por esa suma (art. 2).

A los servidores judiciales que se jubilen: su pensión se calcula con el promedio de los últimos veinticuatro mejores salarios y tiene un tope ligado al ingreso de un diputado (art. 4).

A los servidores judiciales separados para el mejor servicio público y a los funcionarios de período fijo no reelegidos con más de diez años: les da derecho a jubilación proporcional (art. 4).

A los servidores judiciales activos y a los jubilados del Fondo: les retiene un nueve por ciento mensual, que puede llegar al quince por ciento (art. 4).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 7605 sigue vigente, en su versión 6 de 6 5. La Procuraduría General de la República anota que la ley dice reformar los artículos 224, 226 y 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 7333. Pero la ley afectada es en realidad una reforma a la ley No. 8 de 1937, así que las reformas se practicaron sobre esa.

El texto aprobado y el vigente no son iguales. El artículo 3 original tenía un tope de pensión; la ley 9388 lo derogó en 2016 2. La ley 7858 ya había reformado ese artículo en 1998 3. El artículo 3 bis se adicionó en 1998 y perdió su inciso a) en 2016 4.

La Sala Constitucional interpretó el artículo 3 en dos resoluciones de 2018: no es contrario a la irretroactividad si sus efectos se aplican solo a quienes obtuvieron la pensión después de que entró a regir la ley 7858 3.

Lo que se dijo en la Asamblea

Las grabaciones del dossier no tratan sobre la ley 7605. La sesión del 20 de agosto de 2026 se dedicó a votar mociones, casi todas rechazadas 00:26:38 00:41:17. La del 24 de agosto de 2026 se dedicó a mociones del proyecto de jornadas 4x3 00:01:50. La del 2 de setiembre de 2026 trató el presupuesto y el régimen municipal 00:06:00 01:04:24.

En la sesión del 2 de setiembre, una diputada dijo que el presupuesto del Poder Judicial baja 1.9% y el de Seguridad Pública 1.7% 01:00:53. El diputado Villalta Flores Estrada dijo que Hacienda le quita al Poder Judicial 10,552 millones y le congela otros 29,843 millones 01:00:30. Esos datos son del presupuesto, no de la ley 7605.

Frente a la Constitución

El artículo 73 de la Constitución pone los seguros sociales a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social y prohíbe usar sus fondos para fines distintos §Constitución, art. 73. La ley 7605 manda a los diputados a ese régimen y ordena trasladar sus aportes a la Caja (art. 1). El Censo no encontró choque en ese punto.

El artículo 121 inciso 1 da a la Asamblea la potestad de dictar, reformar y derogar leyes §Constitución, art. 121. La ley 7605 se aprobó por esa vía y después fue reformada por las leyes 7858, 9388 y 9381 3 2 4. El Censo no encontró choque en ese punto.

El artículo 177 manda asignar al Poder Judicial no menos del seis por ciento de los ingresos ordinarios §Constitución, art. 177. La ley 7605 no toca ese porcentaje: cambia reglas de jubilación y aportes (art. 4). El Censo no encontró choque en ese punto.

Hay una duda sobre el artículo 3 bis. La ley deja subir el tope de pensión cuando se aplique el beneficio de postergación (art. 3 bis). El texto no dice cuánto puede subir ni con qué límite. Eso podría chocar con el artículo 73, que protege los fondos de los seguros sociales §Constitución, art. 73. Es una duda, no una conclusión: la Sala Constitucional no se ha pronunciado sobre ese punto en el dossier.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Lo puede poner cualquier persona, contra el servidor o el órgano que causó el agravio §guía, p. 22. Se presenta en cualquier tiempo mientras subsista la violación, o hasta dos meses después de que cesen sus efectos.

Si cree que la ley 7605 choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales §guía, p. 24. Necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo que defienda intereses difusos.

Si sospecha un mal manejo de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La denuncia se presenta en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, o al teléfono 2501-8025. También por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le falla en un servicio, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Puede hacerlo cualquier persona que habite en Costa Rica y haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular §guía, p. 26. El Tribunal Supremo de Elecciones revisa las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea. La Asamblea debe votarlo en un plazo máximo de dos años.

Si tiene dudas sobre su pensión, puede consultar o denunciar ante la Superintendencia General de Pensiones §guía, p. 114. SUPEN atiende denuncias y consultas sobre el otorgamiento de pensiones o las entidades que las administran.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto es hoy el salario base más bajo de la Administración Pública, así que no se puede calcular el tope del artículo 3.

El dossier no dice cuántos diputados o servidores judiciales se han acogido a estas reglas.

El dossier no incluye el reglamento que el Poder Ejecutivo debía dictar en seis meses.

El dossier no dice si la Sala Constitucional ha resuelto acciones contra el artículo 3 bis.