La ley que obliga a rotular en español sigue vigente

Qué cambia

La Ley 7623 sigue vigente y obliga a escribir correctamente en español, o en lenguas aborígenes de Costa Rica, varios textos que usted ve todos los días (art. 1).

La obligación cubre los rótulos y anuncios, la publicidad, los lemas y emblemas de propaganda, y las explicaciones impresas en instrucciones, envases, empaques o embalajes de productos, para informar a los consumidores (art. 1). También cubre los documentos públicos y las publicaciones y revistas de la Administración Pública. Y alcanza los folletos y afiches de información turística y los menús, sin perjuicio de que puedan publicarse o imprimirse, junto con su traducción, en otras lenguas.

Junto a los rótulos y anuncios podrá colocarse su traducción a otro idioma, siempre que no se destaque sobre lo escrito en español (art. 2).

Los registros públicos negarán la inscripción de documentos que no se ajusten a las disposiciones del artículo 1 (art. 3).

Las normas prosódicas, ortográficas y gramaticales de la lengua española serán de uso obligatorio en la Administración Pública, la cual deberá prever el asesoramiento y los mecanismos necesarios para cumplir con esta disposición (art. 4).

Según la gravedad del hecho, las infracciones contra lo dispuesto en los artículos 1 y 2 deberán sancionarse con una multa equivalente al monto de una a cinco veces el salario mínimo mensual establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República (art. 9). El producto de las multas irá a la caja única del Estado, que lo girará a la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma, a fin de que lo destine a financiar campañas dirigidas a la divulgación del uso correcto del español.

La ley también modificó el inciso b) del artículo 31 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, No. 7472, del 20 de diciembre de 1994 (art. 10). Ese texto ahora ordena informar suficientemente al consumidor, en español, de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo.

La ley rige a partir de su publicación (art. 12).

A quién le toca

A los comercios y anunciantes que colocan rótulos, anuncios, publicidad, lemas y emblemas de propaganda (art. 1).

A quienes venden productos con instrucciones, envases, empaques o embalajes que informan al consumidor (art. 1).

A los folletos y afiches de información turística y a los menús de restaurantes (art. 1).

A las instituciones de la Administración Pública que emiten documentos públicos y publicaciones y revistas (art. 1). A esas mismas instituciones se les exige usar las normas prosódicas, ortográficas y gramaticales del español (art. 4).

A los registros públicos, que deben negar la inscripción de documentos que no cumplan el artículo 1 (art. 3).

A los consumidores, porque la información de los bienes y servicios debe darse en español, de manera clara y veraz (art. 10).

Cómo está hoy según SINALEVI

SINALEVI registra la ley como vigente, en la versión de la norma 4 de 4, sin observaciones 2.

El texto que rige hoy no es el que se aprobó en 1996. La Sala Constitucional anuló por completo el artículo 1, incisos a), b) y f), y el transitorio único, mediante la Resolución Nº 4764-99 de las 11:45 horas del 18 de junio de 1999 (art. 1). El inciso c) también fue anulado por esa resolución, en adición hecha mediante la resolución No. 541-00 de las 13:18 horas del 12 de enero de 2000.

El artículo 2 y el artículo 3 quedaron modificados por esa misma resolución de la Sala Constitucional (art. 2) (art. 3).

Los artículos 5, 6, 7 y 8, que creaban la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma, sus dietas, sus funciones y las comisiones cantonales, fueron derogados por el artículo 2° aparte c) de la ley N° 9668 del 21 de febrero del 2019 (art. 5) 3.

El artículo 9 todavía manda girar el producto de las multas a la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma, aunque esa comisión ya fue derogada (art. 9).

Frente a la Constitución

El artículo 76 de la Constitución dice que el español es el idioma oficial de la Nación §Constitución, art. 76. La misma norma agrega que el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. La ley calza con ese artículo cuando exige el español en rótulos, etiquetas y documentos públicos, y cuando permite escribir en lenguas aborígenes de Costa Rica (art. 1).

El artículo 41 de la Constitución dice que, ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales §Constitución, art. 41. Las multas del artículo 9 se imponen según la gravedad del hecho, sin una escala fija en el texto (art. 9). El Censo no encontró en el dossier una tabla que fije esa gravedad, así que queda la duda de cómo se calcula el monto entre una y cinco veces el salario mínimo.

El artículo 39 de la Constitución dice que a nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente §Constitución, art. 39. Las multas del artículo 9 son una sanción y la ley no detalla en el texto quién las impone ni con qué procedimiento (art. 9). El Censo no encontró en el dossier esa información.

El artículo 105 de la Constitución reserva la potestad de legislar al pueblo, que la delega en la Asamblea Legislativa, y permite derogar leyes por referéndum cuando lo convoca al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral §Constitución, art. 105. Esa vía existe para cambiar esta ley, siempre que el proyecto no sea de materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.

El Censo no encontró un choque directo entre el texto vigente y los artículos de la Constitución del dossier.

Qué puede hacer usted

Si una institución pública le exige o le aplica una multa por esta ley y usted cree que viola un derecho fundamental, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El recurso se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparezca como presunto autor del agravio.

El amparo se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación, la amenaza, la perturbación o la restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado §guía, p. 22.

En el recurso de amparo se expresa, con la mayor claridad posible, el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del servidor público o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y las pruebas de cargo §guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho lesionado.

Si lo que quiere es atacar la ley misma por contradecir la Constitución, la vía es una acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Cabe contra las leyes y otras disposiciones generales que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional.

La acción de inconstitucionalidad requiere que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o el interés que se considera lesionado §guía, p. 24. No será necesario el caso pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si una institución pública le presta un servicio mal o le cobra una multa que usted considera irregular, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en alguno de sus derechos e intereses por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios puede presentarla.

Si sospecha que una institución pública usó mal los fondos que recauda por las multas, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La denuncia se presenta de modo escrito o verbal para poner en conocimiento de la Contraloría un hecho que se presume irregular con respecto al manejo de los recursos públicos.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para la redacción de los proyectos.

Lo que no sabemos

El dossier no dice qué autoridad impone las multas del artículo 9 ni con qué procedimiento.

El dossier no explica cómo se calcula la gravedad del hecho para pasar de una a cinco veces el salario mínimo.

El dossier no dice qué pasó con el dinero de las multas después de que se derogó la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma.

El dossier no incluye el texto completo de la resolución 4764-99 ni el de la resolución 541-00, solo las referencias en el texto consolidado.

El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.