Ley 7640 cambia reglas de árbitros, domicilios, alimentos y tutelas

Qué cambia

La ley 7640 reforma el artículo 508 del Código Procesal Civil, los artículos 36 y 63 del Código Civil, ocho artículos del Código de Familia y el artículo 18 de la Ley Orgánica de Notariado (art. 1). Rige desde su publicación, el 14 de octubre de 1996 (art. 4).

El Estado, sus instituciones y las municipalidades podrán someter a árbitros o peritos las pretensiones estrictamente patrimoniales donde sean parte interesada (art. 1).

La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia, de modo absoluto y general (art. 2). En personas físicas se modifica o limita por su estado civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva o su capacidad legal; en personas jurídicas, por la ley que las regula.

Se pueden establecer domicilios especiales por ley o acto jurídico (art. 2). Si se elige en documento privado, vale desde que sea reconocido. No se puede dejar a un tercero el encargo de elegir un domicilio especial. Si alguien renuncia a su domicilio sin elegir uno especial, la otra parte puede demandar en el domicilio que el renunciante tenía al celebrar el contrato o en el suyo.

No ejerce la patria potestad el padre ni la madre cuya negativa a reconocer al hijo haya hecho necesaria una declaración judicial de filiación (art. 3). La excepción: que el Tribunal decida lo contrario según la conveniencia de los hijos.

Deben alimentos los cónyuges entre sí; los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres (art. 3). También los hermanos a los hermanos menores o con discapacidad que les impida valerse por sí mismos. Los abuelos a los nietos menores y a los que por discapacidad no puedan valerse, cuando los parientes más inmediatos no puedan darles alimentos. Los nietos y bisnietos a los abuelos y bisabuelos en las mismas condiciones.

La prestación alimentaria podrá modificarse por el cambio de circunstancias de quien la da o de quien la recibe (art. 3).

Quienes ejerzan la patria potestad podrán nombrar en testamento tutor a sus hijos cuando estos no queden sujetos a la patria potestad del padre sobreviviente (art. 3).

No podrá ser tutor el menor de edad ni la persona declarada en estado de interdicción (art. 3). Tampoco quien presente una discapacidad que le dificulte tratar personalmente sus negocios. La lista sigue con quien tenga deudas con el menor, quien tenga litigio pendiente con él, quien no tenga domicilio en el territorio nacional, quien haya sido removido de otra tutela, quien haya incurrido en ofensa o daño grave contra el menor o sus padres, quien no tenga oficio ni medio de vida conocido, los funcionarios del Tribunal que conocen del caso y quien haya sido privado de la patria potestad.

Será separado de la tutela quien se conduzca mal respecto del menor o en la administración de sus bienes, y el declarado en estado de interdicción o inhábil desde que sobrevenga su incapacidad (art. 3).

Al tutor se le prohíbe contratar con el menor, disponer a título gratuito de sus bienes, arrendar los bienes del menor por más de tres años y aceptar ser beneficiario en seguros suscritos por su pupilo (art. 3).

Estarán sujetos a curatela los mayores de edad que presenten una discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que les impida atender sus propios intereses, aunque tengan intervalos de lucidez (art. 3).

Estará impedido para ejercer el notariado quien tenga impedimento para dar fe, el declarado en estado de interdicción, el que esté en insolvencia o quiebra mientras no sea rehabilitado, el enjuiciado por delito que merezca inhabilitación para profesiones titulares, el condenado a esa pena, el ebrio habitual o escandaloso y el que acepte empleo o cargo público incompatible con las funciones del Notario (art. 4).

A quién le toca

A las personas que tramitan una declaración judicial de filiación: el padre o madre que se negó a reconocer al hijo no ejerce la patria potestad, salvo que el Tribunal decida lo contrario (art. 3).

A los cónyuges, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos y bisnietos con obligación de dar alimentos, y a quienes los reciben (art. 3).

A los padres que quieran nombrar tutor en testamento a sus hijos (art. 3).

A las personas que puedan ser nombradas tutores o curadoras, y a los mayores de edad con discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que necesiten curatela (art. 3).

A los notarios públicos y a quienes quieran ejercer el notariado (art. 4).

Al Estado, sus instituciones y las municipalidades que quieran someter pretensiones patrimoniales a arbitraje (art. 1).

A quienes firman contratos con domicilio especial o renuncian a su domicilio (art. 2).

Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación disponible es del 24 de julio de 2013 y trata sobre el expediente de reforma al Código Procesal Civil y el monitorio arrendaticio, no sobre la ley 7640 00:00:18.

Un diputado explicó que con ese proyecto se instauran los procesos de oralidad en los juicios 00:00:24. Dijo que "prácticamente un 80% los procedimientos que hoy son escritos van a ser orales" 00:00:35.

Otro diputado, Danilo Cubero Corrales, se expresó sobre el monitorio arrendaticio 00:01:01. Dijo que significa "seguridad jurídica para costa rica para la inversión tanto para la renta ante como para el arrendatario" 00:01:11.

Esas opiniones son sobre otro expediente. No hay grabación en el dossier sobre la ley 7640.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 7640 está vigente 3. SINALEVI muestra una sola versión de la norma, la número 1 de 1, y no registra observaciones de la Procuraduría.

El texto consolidado que publica SINALEVI coincide con el texto aprobado que reproduce el dossier. No hay dos versiones distintas que comparar 3.

Frente a la Constitución

El artículo 43 de la Constitución dice que "Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente" §Constitución, art. 43. El artículo 508 reformado permite al Estado, sus instituciones y las municipalidades someter pretensiones estrictamente patrimoniales a árbitros o peritos (art. 1). El Censo no encontró choque: la reforma usa una vía que la Constitución reconoce.

El artículo 53 dice que "Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él" y que "Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, conforme a la ley" §Constitución, art. 53. El artículo 156 quita la patria potestad al padre o madre que se negó a reconocer al hijo y hizo necesaria la declaración judicial (art. 3). Esa regla no impide conocer a los padres; regula quién ejerce la patria potestad. El Censo no encontró choque directo, aunque la ley deja la decisión final al Tribunal según la conveniencia de los hijos.

El artículo 121 inciso 1 dice que corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" §Constitución, art. 121. La ley 7640 reforma artículos de cuatro cuerpos legales, lo que calza con esa atribución (art. 1).

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo en aplicación de esta ley, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Lo puede interponer cualquier persona, contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se presenta en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado o amenazado, el nombre del servidor u órgano autor y las pruebas de cargo §guía, p. 23. No necesita citar la norma constitucional infringida si determina claramente el derecho lesionado.

Si considera que la ley 7640 infringe la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Para interponerla se requiere un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, donde invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar su derecho. No será necesario el caso pendiente cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si una institución pública le da mal servicio o maltrata sus derechos, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo. Los casos que estén a la espera de una resolución judicial no pueden ser investigados por la Defensoría.

Si quiere proponer una reforma a esta ley, puede usar la iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas personas se han visto afectadas por las reformas de 1996.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre la ley 7640.

El dossier no explica por qué la Procuraduría no registra observaciones sobre esta ley.