Costa Rica exonera impuestos a Aldeas SOS y da residencia a su personal extranjero

Qué cambia

La Ley 7650 aprueba un acuerdo firmado con Aldeas SOS el 17 de mayo de 1995 en San José (art. 1). El acuerdo reconoce a la organización como entidad con personalidad jurídica plena en Costa Rica.

El Estado se compromete a exonerar a Aldeas SOS de los derechos de importación de maquinaria y equipo. El límite es de hasta cuatro vehículos cada cinco años (art. 3). Esos vehículos no se pueden vender en Costa Rica antes de que pasen esos cinco años. Si se venden antes, deben pagar los impuestos que fija la ley.

También exonera la importación y exportación de publicaciones, libros, textos educativos, filmes y documentos de promoción de la organización (art. 3).

Los funcionarios extranjeros de Aldeas SOS que no vivan en Costa Rica y estén destinados a sus sedes aquí reciben cinco facilidades (art. 4). No pagan impuesto sobre la renta ni otros impuestos sobre su salario. No les aplican las restricciones de inmigración. Obtienen de inmediato permisos especiales de residencia para ellos, su cónyuge y familiares a cargo. No están obligados a la seguridad social costarricense si están protegidos por la de otro Estado. Reciben las mismas facilidades monetarias y cambiarias que las misiones internacionales acreditadas ante el Gobierno.

El acuerdo entra en vigor cuando Costa Rica notifique por escrito a la organización que obtuvo aprobación legislativa (art. 6). Cualquiera de las dos partes puede terminarlo con un aviso escrito. El acuerdo cesa doce meses después de ese aviso (art. 7).

A quién le toca

A Aldeas SOS: recibe personalidad jurídica plena y exoneraciones de impuestos de importación y exportación (art. 1) (art. 3).

A los funcionarios extranjeros de Aldeas SOS no residentes en Costa Rica: reciben exención de renta, facilidades migratorias, residencia inmediata para su familia y exención de seguridad social bajo condición (art. 4).

A los cónyuges y familiares a cargo de esos funcionarios: obtienen permisos especiales de residencia de inmediato (art. 4).

Al Gobierno de Costa Rica: puede facilitar a la organización los instrumentos para cumplir sus objetivos (art. 2). También puede firmar acuerdos complementarios por canje de notas (art. 5).

Cómo está hoy según SINALEVI

La norma está vigente. SINALEVI registra la versión 2 de 2 y no tiene observaciones 2. El texto consolidado que publica SINALEVI es el que se cita en este artículo (art. 1).

Frente a la Constitución

El artículo 121 de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la atribución de aprobar o improbar los convenios internacionales §Constitución, art. 121. La Ley 7650 hizo exactamente eso: aprobó el acuerdo en cada una de sus partes (art. 1).

El artículo 140, inciso 10, permite al Presidente y al ministro respectivo celebrar convenios y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa §Constitución, art. 140. El acuerdo se firmó el 17 de mayo de 1995 y la ley lo aprueba (art. 1).

El artículo 18 dice que los costarricenses deben contribuir para los gastos públicos §Constitución, art. 18. La ley exonera de impuestos a una organización privada internacional (art. 3). El Censo no encontró una contradicción directa: la Constitución no prohíbe que una ley apruebe exoneraciones dentro de un convenio internacional. Queda la duda de si una exención amplia de impuestos a una entidad privada choca con el deber de contribuir, pero el dossier no permite resolverla.

El artículo 51 ordena protección especial del Estado a la familia, la niñez y la madre §Constitución, art. 51. El acuerdo tiene como objeto dar hogar a niños abandonados y necesitados de un ambiente familiar (art. 1). En ese punto el texto calza con el mandato constitucional.

El artículo 55 pone la protección especial de la madre y del menor a cargo del Patronato Nacional de la Infancia §Constitución, art. 55. El acuerdo no menciona al Patronato ni le asigna funciones. El Censo no encontró choque entre ambos textos.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo por causa de esta ley, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. También procede cuando en la aprobación de un convenio internacional se haya infringido una norma constitucional.

Para la acción de inconstitucionalidad normalmente se requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa §guía, p. 24. No se necesita ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos relacionados con esta organización, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza los fondos públicos y revisa los contratos que las instituciones públicas firman §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le da un mal servicio relacionado con este tema, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede usar la iniciativa popular para proponer una reforma. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero deja de recibir el Estado por estas exoneraciones.

El dossier no dice si el acuerdo ya fue notificado a la organización ni la fecha exacta en que entró en vigor.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.