Una ley de 1997 que repartió plata en Acosta y Aserrí, con partidas anuladas

Qué cambia

La Ley 7662 aprobó el primer presupuesto extraordinario de 1997 y modificó la Ley 7652 1. El texto consolidado que publica SINI (Sistema Nacional de Legislación Vigente) no muestra artículos: la ficha dice "No hay artículos disponibles para mostrar" 2. Por eso lo que se sabe del contenido viene de las observaciones de la Procuraduría General de la República en SINALEVI.

La Sala Constitucional, en la resolución 3771-99 de las 17:51 horas del 19 de mayo de 1999, declaró inconstitucionales varias partidas de esta ley 2. Entre ellas están partidas del artículo 3, inciso a), Título 130, Aportes y Subvenciones a las Comunidades, Provincia de San José, Cantón Acosta, Municipalidad de Acosta.

Las partidas anuladas de Acosta incluyen mantenimiento del camino Tablazo-El Patrio de Vuelta de Jorco, iluminación y mejoras de la cancha de fútbol San Ignacio, construcción del Salón Comunal de Las Vegas, construcción del Salón Comunal de Teruel, iluminación de la cancha de fútbol de Palmichal y electrificación del Barrio Bajo Bermúdez 2. También quedaron anuladas la construcción de graderías y conclusión del gimnasio cantonal, mejoras de la Iglesia Agua Blanca, construcción de aceras de Turrujal, mejoras del salón comunal del Plomo y mejoras del Parque Monseñor Sanabria.

La lista sigue con la ampliación y mejoras de la Escuela Tomás de Acosta, construcción de aceras de Palmichal, mejoras del Salón Comunal Bajos de Jorco, construcción del Salón Comunal La Fila de Palmichal y construcción del Salón Comunal Barrio María Auxiliadora 2. Además, construcción de alcantarillados y cabezales para caminos vecinales del cantón, compra de cemento para obras de infraestructura, construcción del salón comunal de Guaitil, construcción del salón comunal de la Uruca de Acosta, mejoras del Salón Comunal de la Cruz de Acosta, construcción de acueductos rurales y asfaltado de caminos vecinales del Cantón Aserrí.

También se anularon partidas de la Asociación de Desarrollo Integral de Vuelta de Jorco: programa de viviendas de interés social, construcción del Salón Comunal de Vuelta de Jorco, construcción de la Iglesia el Tigre, iluminación y mejoras de la cancha de fútbol de Vuelta de Jorco y mejoras y construcción del Puente Jocotal de Aserrí 2. Y partidas de la Asociación de Desarrollo Integral de Bijagual de Aserrí, de la Asociación de Desarrollo Integral La Legua, de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitrillos, de la Asociación Integral de Tarbaca y de la Asociación de Desarrollo Integral Uruca de Aserrí.

La resolución también anuló partidas del artículo 3, Título 115, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Programa 700-00 Administración central: la construcción del Centro de Capacitación de la Asociación Sendero Interoceánico de Costa Rica y la construcción del Muelle Turístico de la Cooperativa de Servicios Turísticos Limonenses R.L. 2. Y una partida del artículo 2, Título 127, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Programa 860-00 Administración Central, para la Municipalidad de Goicoechea, Gastos Administrativos y de Operación.

La Procuraduría explica que, según el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la declaratoria tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe 2. Como el presupuesto ya se ejecutó en su totalidad, los gastos hechos con las partidas anuladas no deben revertirse.

A quién le toca

A las personas y organizaciones de Acosta y Aserrí cuyas obras aparecen en la lista de partidas anuladas: salones comunales, aceras, acueductos, canchas, iglesias y caminos 2.

A la Municipalidad de Acosta, que tenía partidas para mantenimiento de caminos, alcantarillados y compra de cemento 2.

A la Municipalidad de Goicoechea, cuya partida de gastos administrativos y de operación fue anulada 2.

A la Asociación Sendero Interoceánico de Costa Rica y a la Cooperativa de Servicios Turísticos Limonenses R.L., cuyas partidas para un centro de capacitación y un muelle turístico fueron anuladas 2.

A las asociaciones de desarrollo integral de Vuelta de Jorco, Bijagual de Aserrí, La Legua, Salitrillos, Tarbaca y Uruca de Aserrí, que tenían partidas para vivienda, puentes, acueductos y caminos 2.

Lo que se dijo en la Asamblea

Las grabaciones del dossier no son de la Ley 7662. Son de otros presupuestos extraordinarios: uno de 2023, uno de 2026 y uno de 2014 00:00:10 00:00:00 00:00:11. Por eso no hay declaraciones de diputados sobre esta ley en el material disponible.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente, en su versión 1 de 1, con una fe de erratas publicada en La Gaceta 95 del 20 de mayo de 1997 2.

SINALEVI muestra un texto distinto al aprobado: el consolidado no tiene artículos disponibles para mostrar 2. Las observaciones de la Procuraduría registran la resolución 3771-99 de la Sala Constitucional, que anuló las partidas ya citadas.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre lo que queda de la ley y los artículos de la Constitución en el dossier. La propia Sala Constitucional ya resolvió las inconstitucionalidades de varias partidas en 1999 2.

El artículo 180 dice que el presupuesto ordinario y los extraordinarios son el límite de acción de los Poderes Públicos y solo pueden modificarse por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo §Constitución, art. 180. La ley 7662 es un presupuesto extraordinario, así que calza con esa regla 2.

El artículo 184 encarga a la Contraloría fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República §Constitución, art. 184. La ley no toca esa función 2.

El artículo 181 ordena al Poder Ejecutivo enviar a la Contraloría la liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios, y a la Contraloría remitirla a la Asamblea con su dictamen §Constitución, art. 181. La ley no cambia ese trámite 2.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo por algo relacionado con estas partidas, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos.

Si lo que quiere es atacar una norma general por infringir la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Requiere un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de intereses difusos.

Si sospecha un manejo irregular de recursos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer personalmente en Sabana Sur, llamar al 2501-8000 o al 2501-8025, usar el portal de denuncia electrónica o escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si una institución pública le falla en un servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Para proponer una reforma a esta ley, existe la iniciativa popular: se recogen firmas, el Tribunal Supremo de Elecciones las verifica y traslada el proyecto a la Asamblea Legislativa §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no permite saber cuánto dinero sumaban las partidas anuladas.

El dossier no permite saber si las obras anuladas se hicieron igual con otros fondos.

El dossier no permite saber por qué la Sala Constitucional anuló esas partidas específicas.

El dossier no permite saber si la ley tuvo otras reformas después de 1999.