# Ley 7696: Seis países se ayudan a investigar delitos, pero no entregan a nadie - Página: https://elcenso.com/leyes/7696 - Tipo: Ley de la República de Costa Rica - Título oficial: APROBACION DEL TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, HONDURAS, GUATEMALA, NICARAGUA Y PANAMA, SUSCRITO EL 20 DE OCTUBRE DE 1993, EN SAN JOSE, COSTA RICA - Estado: Vigente (SINALEVI: Vigente) - Fuente oficial: https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=29616¶m2=31309¶m3=1 ## En resumen Costa Rica puede pedir a cinco países vecinos pruebas y testigos en casos penales, y ellos pueden pedírselo a Costa Rica, con límites claros. ## A quién le toca - La Procuraduría General de la República, que tramita las solicitudes como Autoridad Central - Los tribunales costarricenses que deben ejecutar solicitudes de otros países - Los testigos que declaren en Costa Rica por pedido de otro país - Las personas detenidas cuyo traslado a otro país se solicite para declarar ## A quién beneficia - Costa Rica puede pedir pruebas y testigos a cinco países vecinos en casos penales - Un testigo que viaja a declarar recibe garantía temporal de no ser detenido por actos anteriores - La información obtenida solo se usa para el fin declarado en la solicitud ## Qué cambia - El país que pide la ayuda paga los gastos de viajes de testigos y honorarios de peritos - El país requerido puede negar la ayuda por soberanía, seguridad u orden público - La información compartida se mantiene confidencial salvo que se use en el proceso penal ## Cláusulas a revisar - **Negación por soberanía u orden público** (6): El país requerido puede negar la ayuda si considera que afecta su soberanía, seguridad u orden público, sin más detalle en el texto. Texto: "El Estado Requerido considere que el cumplimiento de la solicitud de asistencia puede perjudicar su soberanía, seguridad u orden público." - **Gastos extraordinarios a cargo del requirente** (18): Si la tramitación revela gastos extraordinarios, las partes se consultan y esos gastos los paga el Estado Requirente. Texto: "Dichos gastos deberán ser sufragados por el Estado Requirente." ## Explicación ### Qué cambia Costa Rica aprobó un tratado con El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá para ayudarse en investigaciones penales ([art. único](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=29616¶m2=31309¶m3=1)). La ley 7696 aprueba ese texto y rige desde su publicación [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=29616¶m2=31309¶m3=1). La ayuda incluye recibir declaraciones de testigos, obtener pruebas, notificar resoluciones judiciales, ejecutar medidas cautelares y localizar personas (art. 2). El tratado no cubre impuestos ni asuntos fiscales (art. 2). Tampoco cubre extradiciones, traslado de procesos penales, traslado de reos para cumplir sentencia ni ejecución de sentencias de otro país. Cada país tiene una Autoridad Central que recibe y tramita las solicitudes (art. 3). En Costa Rica esa autoridad es la Procuraduría General de la República. La solicitud debe ir por escrito con la autoridad que la pide, el propósito, los hechos del delito y el texto de las leyes aplicables (art. 4). El país requerido puede negar la ayuda si cree que afecta su soberanía, seguridad u orden público (art. 6). También puede negarla si el delito es político o si hay motivos para creer que se persigue a alguien por raza, sexo, religión, nacionalidad u opiniones políticas. Un testigo que viaja a declarar a otro país recibe una garantía temporal: no puede ser detenido ni enjuiciado por actos anteriores a su viaje (art. 10). Esa garantía caduca si no se va del país en diez días después de que le avisen que puede marcharse. El país que pide la ayuda paga los gastos ordinarios de presentar pruebas, como viajes de testigos y honorarios de peritos (art. 18). El país que recibe la solicitud paga los gastos dentro de su territorio, salvo peritos, traducción y viajes. La información obtenida solo se puede usar para el fin declarado en la solicitud, salvo consentimiento escrito del otro país (art. 19). Toda información se mantiene confidencial, salvo que se use en el proceso penal descrito (art. 20). ### A quién le toca A la Procuraduría General de la República, que es la Autoridad Central de Costa Rica y remite cada solicitud a la autoridad judicial competente (art. 3). A los tribunales costarricenses, que pueden expedir citaciones y órdenes para ejecutar una solicitud de otro país (art. 5). A los testigos que declaren en Costa Rica por pedido de otro país, que deben hacerlo según las reglas costarricenses (art. 7). A las personas detenidas en Costa Rica cuyo testimonio se pida en otro país: solo las trasladan si la persona consiente (art. 9). A los funcionarios que tienen bajo custodia documentos u objetos pedidos por otro país, que deben firmarlos y certificarlos con el sello de la Autoridad Central (art. 7) (art. 15). ### Cómo está hoy según SINALEVI El tratado está vigente [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=29616¶m2=31309¶m3=1). SINALEVI muestra la versión 2 de 2 y no registra observaciones de la Procuraduría. Hay una diferencia de fechas en el dossier. El título de la ley dice que el tratado se suscribió el 20 de octubre de 1993 en San José [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx). El texto aprobado dice que se firmó el 29 de octubre de 1993 en la ciudad de Guatemala ([art. único](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=29616¶m2=31309¶m3=1)). El dossier no permite saber cuál fecha es la correcta. ### Frente a la Constitución El tratado calza con el artículo 121 de la Constitución, que da a la Asamblea Legislativa la atribución de aprobar o improbar los convenios internacionales y tratados públicos ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 31 de la Constitución dice que la extradición se regula por ley o por tratados internacionales y que nunca procede en casos de delitos políticos ([Constitución, art. 31](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El tratado excluye expresamente las extradiciones de su ámbito (art. 2), así que no choca con esa norma. El artículo 37 de la Constitución exige indicio comprobado de delito y mandato escrito de juez para detener a alguien ([Constitución, art. 37](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El tratado permite trasladar a una persona detenida solo si consiente (art. 9), lo que deja la detención bajo las reglas del país requerido. El artículo 36 de la Constitución dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra parientes cercanos ([Constitución, art. 36](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El tratado permite que quien declare invoque inmunidad o privilegios bajo las leyes de su país (art. 7). El artículo 24 de la Constitución protege los documentos privados y las comunicaciones ([Constitución, art. 24](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El tratado permite pedir documentos y pruebas, pero siempre según las leyes del país requerido (art. 2) (art. 13). El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos revisados de la Constitución. ### Qué puede hacer usted Si un acto concreto de una autoridad costarricense viola un derecho suyo al aplicar este tratado, puede presentar un recurso de amparo ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). Cualquier persona puede interponerlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio. El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). Si considera que el tratado o su aplicación infringe un principio constitucional, puede presentar una acción de inconstitucionalidad ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). Para eso necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo que se trate de intereses difusos o de la defensa de la colectividad. Si una institución pública maneja mal los recursos en la aplicación del tratado, puede denunciar ante la Contraloría General de la República ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). Las denuncias se presentan en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, o al teléfono 2501-8025. Si una institución pública le da mal servicio o actúa irregularmente, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes ([guía, p. 71](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71)). Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo. ### Lo que no sabemos El dossier no aclara cuál fecha de suscripción es la correcta: el título dice 20 de octubre de 1993 en San José y el texto aprobado dice 29 de octubre de 1993 en Guatemala. El dossier no dice cuándo entró en vigor el tratado para Costa Rica ni cuándo se depositó el instrumento de ratificación. El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. ## Frente a la Constitución El tratado calza con la atribución de la Asamblea de aprobar tratados y excluye las extradiciones, que la Constitución regula aparte. ## Qué puede hacer usted - Recurso de amparo: Se presenta contra el servidor u órgano autor del agravio, en cualquier tiempo mientras subsista la violación o hasta dos meses después (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22) - Acción de inconstitucionalidad: Se presenta ante la Sala Constitucional; no requiere asunto pendiente si se defienden intereses difusos o de la colectividad (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24) - Denuncia ante la Contraloría General de la República: En Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, o al teléfono 2501-8025 (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) - Queja ante la Defensoría de los Habitantes: Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentarla (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Ley 7696: APROBACION DEL TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, HONDURAS, GUATEMALA, NICARAGUA Y PANAMA, SUSCRITO EL 20 DE OCTUBRE DE 1993, EN SAN JOSE, COSTA RICA. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx 2. Ley 7696 en SINALEVI: Tratado Centroamericano de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales (Vigente, Versión de la norma: 2 de 2). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 03/10/1997. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=29616¶m2=31309¶m3=1 3. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 4. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo Ley 7696 Tratado Centroamericano de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales -Usted está en la última versión de la norma- Ir a la última versión Anterior Versión de la Norma: 2 de 2 Siguiente APROBACIÓN DEL TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE LAS REPÚBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMÁ ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase, en cada una de sus partes, el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, suscrito el 29 de octubre de 1993 en la ciudad de Guatemala. El texto es el siguiente: "TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE LAS REPÚBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMÁ Los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, deseosos de fortalecer y facilitar la cooperación de los órganos administradores de justicia en la región, a través de un instrumento jurídico que permita la asistencia legal en asuntos penales entre los Estados del Istmo centroamericano con pleno respeto a la legislación interna de cada Estado, han acordado el presente tratado. ARTÍCULO 1 Definiciones Para los fines del presente Tratado, estos términos tendrán el siguiente significado: 1.- Estados Contratantes: Todos los Estados que han ratificado o se han adherido al presente Tratado. 2.- Estado Requirente: El Estado que solicita la asistencia legal. 3.- Estado Requerido: El Estado al que se le solicita la asistencia legal. 4.- Delito: Cualquier conducta punible tanto bajo las leyes del Estado Requirente como del Estado Requerido. 5.- Tráfico Ilegal de Armas: Todo acto de importación, exportación, trasiego interno, fabricación, almacenamiento o posesión de cualquier tipo de armas, municiones, explosivos, elementos de guerra o equipo de uso militar y sustancias esenciales para la fabricación de los mismos, realizado en contravención del ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados Contratantes. ARTÍCULO 2 Ámbito de aplicación 1.- Los Estados Contratantes, de conformidad con lo que establece el presente Tratado, deberán procurarse asistencia legal en asuntos penales relacionados con cualquier hecho punible tipificado como tal tanto en el Estado Requirente como en el Estado Requerido. 2.- La asistencia legal, de conformidad con lo que dispone el presente Tratado incluye: a) La recepción de declaraciones testimoniales. b) La obtención y ejecución de medios de prueba. c) La notificación de resoluciones judiciales y otros documentos emanados de autoridad competente. d) La ejecución de medidas cautelares. e) La localización de personas; y f) Cualquier otra asistencia legal acordada entre dos o más Estados Contratantes. 3.- El presente Tratado no se aplica a: a) Todo asunto relacionado directa, o indirectamente, con impuestos o asuntos fiscales. b) La detención de personas con el fin de que sean extraditadas, ni a las solicitudes de extradición. c) La transferencia de procesos penales. d) La transferencia de reos con el objeto de que cumplan sentencia penal. e) El cumplimiento en el Estado Requerido de las sentencias penales dictadas en el Estado Requirente. 4.- El presente Tratado tiene por único objeto la asistencia legal mutua en asuntos penales y su propósito no es suministrar dicha asistencia ni a particulares ni a terceros Estados. 5.- Todas las solicitudes de asistencia que se formulen bajo el presente Tratado, serán tramitadas y ejecutadas de conformidad con las leyes del Estado Requerido. ARTÍCULO 3 Autoridad Central 1.- En cada uno de los Estados Contratantes se establecerá una Autoridad Central con capacidad administrativa suficiente, a través de la cual las solicitudes de asistencia deberán ser tramitadas de conformidad con el presente Tratado. Para la República de Costa Rica la Autoridad Central será la Procuraduría General de la República, quien en cada caso remitirá la solicitud a la autoridad jurisdiccional competente. Para la República de El Salvador la Autoridad Central será la Corte Suprema de Justicia. Para la República de Guatemala la Autoridad Central será la Corte Suprema de Justicia. Para la República de Honduras la Autoridad Central será la Corte Suprema de Justicia. Para la República de Nicaragua la Autoridad Central será la Procuraduría General de Justicia. Para la República de Panamá, la Autoridad Central será el Ministerio de Gobierno y Justicia. 2.- Cualquier modificación en la designación de la Autoridad Central deberá comunicarse al depositario del presente Tratado, quien lo notificará a los demás Estados Contratantes. ARTÍCULO 4 Requisitos formales de la solicitud de asistencia 1.- La solicitud de asistencia deberá formularse por escrito y contendrá la siguiente información: a) La autoridad competente que solicita la asistencia. b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia solicitada. c) Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la asistencia de conformidad con las leyes del Estado Requirente. Debe adjuntarse o transcribirse el texto de las disposiciones legales pertinentes. d) Detalle y fundamento de cualquier procedimiento particular que el Estado Requirente desea que se lleve a cabo. e) Especificaciones sobre el término dentro del cual el Estado Requirente desea que la solicitud sea cumplida. 2.- En los casos pertinentes, la solicitud de asistencia también incluirá: a) La información disponible sobre la identidad y supuesto paradero de la persona o personas a ser localizadas. b) La identidad y supuesto paradero de la persona o personas que deben ser notificadas y la vinculación que dichas personas guardan con el caso. c) La identidad y supuesto paradero de aquellas personas que se requieran a fin de obtener pruebas. d) La descripción y dirección precisa del lugar objeto de registro y de los objetos que deben ser aprehendidos; y e) Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la solicitud de asistencia. 3.- Si el Estado Requerido considera que la información contenida en la solicitud de asistencia no es suficiente para permitir el cumplimiento de la misma, podrá solicitar información adicional al Estado Requirente. ARTÍCULO 5 Del cumplimiento de la solicitud de asistencia La Autoridad Central del Estado Requerido cumplirá prontamente con la solicitud de asistencia o, cuando fuere conducente, la remitirá a la autoridad competente. Dicha autoridad usará todos los medios legales a su alcance para cumplir con la solicitud. Los tribunales del Estado Requerido tendrán jurisdicción, de conformidad con sus leyes, para expedir citaciones, órdenes u otros procedimientos necesarios para ejecutar la solicitud de asistencia. ARTÍCULO 6 Limitaciones en el cumplimiento de la solicitud de asistencia 1.- La Autoridad Central del Estado Requerido podrá negar una solicitud de asistencia en la medida que: a) El Estado Requerido considere que el cumplimiento de la solicitud de asistencia puede perjudicar su soberanía, seguridad u orden público. b) El Estado Requerido considere que la solicitud de asistencia se refiere a un delito político. c) Existan suficientes motivos para creer que la solicitud de asistencia ha sido formulada con el objeto de procesar a una persona por razones de raza, sexo, religión, nacionalidad u opiniones políticas. d) Si la solicitud de asistencia formulada por el Estado Requirente se refiere a un delito que no está tipificado como tal en el Estado Requerido; y e) Si la solicitud de asistencia se refiere a un delito que está siendo investigado en el Estado Requerido y cuya asistencia puede perjudicar la investigación que adelanta el Estado Requerido. f) El Estado Requerido podrá posponer el cumplimiento de lo solicitado, si la ejecución inmediata del mismo interfiere negativamente con una investigación que está siendo llevada a cabo por el mismo. 2.- El Estado Requerido podrá considerar antes de negar o posponer el cumplimiento de una solicitud de asistencia, sujetarla a ciertas condiciones, las cuales serán establecidas de acuerdo a cada caso en concreto, y se cumplirá la solicitud si el Estado Requirente acepta dichas condiciones. 3.- Todo rechazo o posposición de asistencia debe estar debidamente fundamentado. ARTÍCULO 7 Del testimonio en el Estado Requerido 1.- La persona a quien se solicite, por razón de una solicitud de asistencia, declarar o que proporcione información documental u objetos en el territorio del Estado Requerido, podrá ser requerida a hacerlo de conformidad con los requisitos legales del Estado Requerido. 2.- Si el declarante o la persona requerida a proporcionar documentos en el Estado Requerido invocara inmunidad, incapacidad o privilegios bajo las leyes del Estado Requirente, su reclamo será dado a conocer a este a fin de que resuelva lo conducente. 3.- El Estado Requerido comunicará con suficiente antelación al Estado Requirente la fecha y lugar en que se tomarán las declaraciones del testigo. 4.- El Estado Requerido autorizará la presencia de las personas nombradas en la solicitud de asistencia durante el cumplimiento de esta y, con sujeción a las leyes del Estado Requerido, permitirá a las mismas interrogar a la persona cuyo testimonio se hubiere solicitado. Cualquier omisión del Estado Requirente que entorpezca o impida la participación por derecho de una persona en las diligencias, será responsabilidad exclusiva de aquel. 5.- Los documentos comerciales presentados al tenor de este artículo, serán firmados por la persona que los tenga bajo su custodia y certificados por la Autoridad Central, mediante sello cuyo formato aparece en el anexo del presente Tratado. No se requerirá ninguna otra certificación o autenticación. Los documentos certificados como lo dispone este párrafo serán admisibles como prueba de la veracidad del asunto en ellos expuesto. ARTÍCULO 8 Del testimonio en el Estado Requirente 1.- Cuando la comparecencia de una persona que se encuentra en el territorio del Estado Requerido sea necesaria en el territorio del Estado Requirente, con el propósito de cumplir con una solicitud de asistencia al tenor de lo dispuesto en el presente Tratado, la Autoridad Central del Estado Requirente podrá solicitar que la Autoridad Central del Estado Requerido invite a dicha persona a que comparezca ante la autoridad competente en el territorio del Estado Requirente. La persona requerida será informada de la clase y monto de los gastos que el Estado Requirente haya consentido en pagarle. La respuesta de la persona será prontamente comunicada a la Autoridad Central del Estado Requirente. Dicha persona no estará obligada a aceptar la invitación. 2.- Cualquiera solicitud para que se notifique la invitación a una persona con el propósito de que comparezca ante una autoridad en el Estado Requirente, se hará por lo menos con treinta (30) días de antelación a dicha comparecencia, salvo acuerdo en contrario. 3.- El Estado Requerido enviará al Estado Requirente una constancia de haberse efectuado la notificación, detallando la manera y la fecha en que fue realizada. ARTÍCULO 9 Traslado de personas detenidas para fines testimoniales 1.- Toda persona que por cualquier causa se encuentre detenida en el Estado Requerido y cuyo testimonio se requiera en el Estado Requirente, en relación con el cumplimiento de una solicitud de asistencia, será trasladada a ese Estado, con las debidas seguridades, si la persona consiente en ello y siempre que el Estado Requerido no tenga fundamentos razonables para negar dicha solicitud. 2.- Para los fines de este artículo: a) El Estado Requirente será responsable por la seguridad y la salud de la persona trasladada y tendrá la autoridad y la obligación de mantener a dicha persona bajo custodia a menos que el Estado Requerido autorice otra cosa. b) El Estado Requirente devolverá la persona trasladada a la custodia del Estado Requerido tan pronto las circunstancias lo permitan o de la forma que sea acordada. c) A la persona trasladada se le acreditará el tiempo durante el cual estuvo bajo custodia del Estado Requirente para los efectos del cumplimiento de su condena previamente impuesta por el Estado Requerido. ARTÍCULO 10 Garantía temporal 1.- Ninguna persona llamada a rendir testimonio en el territorio del Estado Requirente en cumplimiento de una solicitud de asistencia podrá ser emplazada, enjuiciada, demandada, detenida o sujeta a cualquier restricción de su libertad personal por razón de cualesquiera actos cometidos antes de su partida del Estado Requerido. 2.- La Garantía contemplada en este artículo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, caducará si diez (10) días después de haber notificado a dicha persona que está en libertad de marcharse, no haya dejado el Estado Requirente, o que, habiéndolo hecho, hubiese regresado. ARTÍCULO 11 Términos En toda solicitud de notificación en la que exista un término para efectuarla, el Estado Requirente deberá remitir la solicitud de asistencia al Estado Requerido, por lo menos con treinta (30) días de antelación a dicho término. En casos urgentes, el Estado Requerido podrá renunciar al término para la notificación. ARTÍCULO 12 Obtención de pruebas 1.- El Estado Requerido, de conformidad con su derecho interno y a solicitud del Estado Requirente, podrá recibir declaración jurada de personas dentro de un proceso que se sigue en el Estado Requirente, y solicitar la evacuación de las pruebas necesarias. 2.- Cualquier interrogatorio deberá ser presentado por escrito y el Estado Requerido después de evaluarlo, decidirá si procede o no. 3.- Todas las partes involucradas en el proceso podrán estar presentes en el interrogatorio. El procedimiento estará siempre sujeto a las leyes del Estado Requerido. 4.- El Estado Requerido podrá entregar cualquier prueba que se encuentre en su territorio y que esté vinculada con algún proceso en el Estado Requirente, siempre que la Autoridad Central del Estado Requirente formule la solicitud de asistencia de acuerdo con los términos y condiciones del presente Tratado. ARTÍCULO 13 Documentos públicos 1.- El Estado Requerido suministrará copias de los documentos públicos disponibles en los archivos de una institución gubernamental o de su Órgano Judicial, cuando su legislación lo permita. 2.- El Estado Requerido podrá suministrar copias de documentos o de información en posesión de una oficina o institución gubernamental, pero no disponibles al público, en la misma medida y bajo las mismas condiciones que los suministraría a sus propias autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. El Estado Requerido podrá, a su discreción, negar la solicitud total o parcialmente. 3.- Los documentos suministrados en virtud de este artículo, serán firmados por el funcionario encargado de mantenerlos en custodia y certificados por la Autoridad Central, mediante sello cuyo formato aparece en el anexo del presente Tratado. No se requerirá otra certificación o autenticación. Los documentos certificados al tenor de lo dispuesto por este párrafo serán prueba admisible de la veracidad de los asuntos en ellos expuestos. ARTÍCULO 14 Localización e identificación de personas El Estado Requerido desplegará sus mejores esfuerzos con el fin de ubicar e identificar cualesquiera personas señaladas en una solicitud de asistencia, y mantendrá informado al Estado Requirente del avance y resultados de sus investigaciones. ARTÍCULO 15 Búsqueda y aprehensión 1.- Toda solicitud de búsqueda, aprehensión y/o entrega de cualquier objeto al Estado Requirente será cumplida si incluye la información que justifique dicha acción bajo las leyes del Estado Requerido. 2.- Los funcionarios del Estado Requerido que tengan la custodia de objetos aprehendidos certificarán la continuidad de la custodia, la identidad del objeto y la integridad de su condición; y dicho documento será certificado por la Autoridad Central mediante sello cuyo formato aparece en el anexo del presente Tratado. No se requerirá de otra certificación o autenticación. Los certificados serán admisibles en el Estado Requirente como prueba de la veracidad de los asuntos en ellos expuestos. 3.- El Estado Requerido no estará obligado a entregar al Estado Requirente ningún objeto aprehendido, a menos que dicho Estado convenga en cumplir las condiciones que el Estado Requerido señale a fin de proteger los intereses que terceros puedan tener en el objeto a ser entregado. ARTÍCULO 16 Devolución de documentos y objetos Cualesquiera documentos, registros, objetos o pertenencias que hayan sido entregados al Estado Requirente, bajo los términos del presente Tratado, deberán ser devueltos al Estado Requerido tan pronto sea posible, a menos que este último renuncie de manera expresa a este derecho. ARTÍCULO 17 Asistencia en procedimientos de decomiso 1.- Si la Autoridad Central de uno de los Estados Contratantes se percatara de la existencia de los medios para la comisión del delito y de los frutos provenientes del mismo ubicados en el territorio de otro Estado Contratante, que pudiesen ser decomisados, o de otro modo aprehendidos bajo las leyes de ese Estado, relacionadas con delitos graves, deberá comunicar este hecho a la Autoridad Central del otro Estado. Si ese otro Estado tiene jurisdicción, presentará dicha información a sus autoridades para determinar si procede tomar alguna medida. Estas autoridades emitirán su decisión de acuerdo con las leyes de su país y, por mediación de su Autoridad Central informarán al otro Estado sobre la acción que se haya tomado. 2.- Los Estados Contratantes se prestarán asistencia legal en la medida que lo permitan sus respectivas leyes y el presente Tratado, en los procedimientos relacionados con el decomiso de medios usados en la comisión de delitos y de los frutos provenientes de los mismos, las restituciones a las víctimas de delitos, y el pago de multas impuestas como condena en juicios penales. ARTÍCULO 18 De los costos 1.- El Estado Requirente asumirá y garantizará el pago de todos los gastos ordinarios, previamente acordados, necesarios para presentar pruebas procedentes del Estado Requerido en el Estado Requirente, incluyendo: a) Gastos de viaje e incidentales de testigos que viajen al Estado Requirente, incluyendo aquellos de los funcionarios que los acompañen. b) Los honorarios de peritos. c) Los honorarios del abogado nombrado, con la aprobación del Estado Requirente, para asesorar a testigos. 2.- El Estado Requerido asumirá todos los gastos ordinarios para cumplir con una solicitud de asistencia dentro de sus fronteras, excepto los siguientes gastos, que, previamente acordados, correrán por cuenta del Estado Requirente: a) Los honorarios de peritos. b) Los gastos de traducción y transcripción. c) Los gastos de viaje e incidentales de personas que viajan al Estado Requerido en cumplimiento de una solicitud de asistencia. d) Los costos razonables para localizar, copiar y transportar a la Autoridad Central del Estado Requirente, los documentos o registros especificados en una solicitud de asistencia; y e) Si durante la tramitación de una solicitud de asistencia se hace evidente que será necesario incurrir en gastos de naturaleza extraordinaria para cumplir con dicha solicitud, las Partes se consultarán para determinar los términos y condiciones bajo los cuales continuarán con el cumplimiento de la solicitud. Dichos gastos deberán ser sufragados por el Estado Requirente. Una cantidad razonable, pactada de común acuerdo, será puesta a la orden de la Autoridad Central del Estado Requerido, como paso previo al cumplimiento de las diligencias que acusen los gastos. ARTÍCULO 19 Limitaciones en el uso El Estado Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida bajo el presente Tratado, para otros fines que no sean aquellos declarados en la solicitud, o que sean su consecuencia lógica, sin el previo consentimiento por escrito del Estado Requerido. ARTÍCULO 20 Confidencialidad Toda información o prueba suministradas por razón del presente Tratado, se mantendrán en estricta confidencialidad, salvo que estas sean requeridas en investigaciones que formen parte de un proceso penal descrito en la solicitud de asistencia, o que el Estado Requirente y el Estado Requerido acuerden lo contrario. ARTÍCULO 21 Compatibilidad con otros Tratados y leyes internas La asistencia y los procedimientos establecidos en el presente Tratado no impedirán que uno de los Estados Contratantes otorgue asistencia a otro, de conformidad con las disposiciones de otros Convenios Internacionales de que pueda ser parte o de conformidad con las disposiciones de sus leyes internas. ARTÍCULO 22 Ratificación El presente Tratado estará sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. ARTÍCULO 23 Adhesión El presente Tratado quedará abierto a la adhesión de cualquier otro Estado Americano. Los instrumentos de adhesión serán depositados en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. ARTÍCULO 24 Entrada en vigor 1.- El presente Tratado entrará en vigor en la fecha del depósito del cuarto instrumento de ratificación o adhesión. 2.- Para cada Estado que ratifique el presente Tratado o se adhiera a él después de haberse depositado el cuarto instrumento de ratificación o de adhesión, el Tratado entrará en vigor en la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. ARTÍCULO 25 Denuncia Cualquiera de los Estados Contratantes podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación escrita al Depositario. La denuncia entrará en vigor ciento ochenta (180) días después de la fecha de su notificación. ARTÍCULO 26 Depositario El original del presente Tratado en idioma español será depositado en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, quien enviará copia certificada del mismo a los Estados Contratantes. ARTÍCULO 27 Registro El presente Tratado será registrado en la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Carta de dicha Organización. EN FE DE LO CUAL, se firma el presente Tratado, en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres. Arturo Fajardo Maldonado José Manuel Pacas Castro MINISTRO DE RELACIONES MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA EXTERIORES DE EL SALVADOR Mario Carías Zapata Ernesto Leal Sánchez MINISTRO DE RELACIONES MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE HONDURAS EXTERIORES DE NICARAGUA Bernd Niehaus Quesada José Raúl Mulino MINISTRO DE RELACIONES EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y EXTERIORES Y CULTO DE PLENIPOTENCIARIO EN MISIÓN COSTA RICA ESPECIAL DE PANAMÁ ====================================================================== ANEXO Para los efectos del presente Tratado, el sello que utilizará la Autoridad Central de cada Estado Contratante para certificar los documentos enviados como consecuencia de una solicitud de asistencia requerida, será la siguiente: TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES DE ______________ DE_____________ DE____________ AUTORIDAD CENTRAL REPÚBLICA DE _________________________________________ CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES AUTÉNTICO EN LA REPÚBLICA DE _________________, EL CUAL CONSTA DE _________ PÁGINAS QUE SE REFIEREN A ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ FECHA ___________________________ ___________________________ FIRMA" Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/7696). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.