Ley 7710 cambia cómo se paga a la Junta que liquida el Fondo de Contingencias Agrícolas

Qué cambia

La ley 7710 reforma los artículos 6, 7, 10 y 24 de la Ley de Liquidación del Fondo de Contingencias Agrícolas, No. 7536, del 14 de agosto de 1995 (art. 1). También deroga el artículo 26 de esa ley (art. 2).

Sobre las sesiones de la Junta: los integrantes trabajarán tiempo completo durante la primera fase del procedimiento de liquidación, que está en el artículo 14 (art. 6). Después de ese período, solo el presidente trabaja tiempo completo. Los otros dos directores se mantienen en sus puestos y sesionan con el presidente al menos una vez por semana, y de forma extraordinaria cuando el presidente los convoque.

Sobre los salarios: el Poder Ejecutivo decide cuánto gana cada miembro de la Junta Liquidadora, tanto cuando trabajan tiempo completo como cuando solo asisten a sesiones (art. 7). Los suplentes reciben lo mismo que el titular a quien sustituyen.

La ley también autoriza a los bancos del Estado a aportar dinero para pagar a los miembros de la Junta, en este orden: el Banco Nacional de Costa Rica paga un abogado, el Banco de Costa Rica paga otro abogado y el Banco Crédito Agrícola de Cartago paga un contador público autorizado (art. 7).

Sobre los honorarios del cuerpo de apoyo: los auxiliares de la liquidación cobran según las tarifas, pero de acuerdo con el dinero que de verdad produzcan los activos que gestionaron (art. 10). Además, deben esperar hasta la última etapa de la liquidación para cobrar, sin recargo adicional para el Fondo. Hay una excepción: los abogados contratados para cobros judiciales cobran con un contrato de cuota-litis, cuyo porcentaje se define con apoyo de la Contraloría General de la República, y el pago se hace según el dinero que se recupere.

Sobre el pago a los acreedores: cuando termina el proceso de recuperación de todos los activos y créditos, la Junta distribuye el producto en este orden. Primero devuelve a los bancos estatales acreedores las sumas que aportaron, sin intereses (art. 24). Segundo, paga completos los honorarios profesionales de quienes se contraten para labores distintas a los cobros judiciales, como peritajes y asesoramientos, y los demás gastos del proceso. Tercero, paga a los acreedores hasta donde alcance, en proporción a las deudas legalizadas ante el Fondo, y puede usar cesiones de cobros que la entidad acreedora haya aceptado. Esta etapa dura como máximo dos meses, prorrogables según el artículo 18.

A quién le toca

A los miembros de la Junta Liquidadora del Fondo de Contingencias Agrícolas: la ley les fija cómo sesionan y quién trabaja tiempo completo (art. 6).

A los suplentes de la Junta: reciben la misma remuneración que el titular a quien sustituyen (art. 7).

Al Poder Ejecutivo: le toca determinar la remuneración de los miembros de la Junta (art. 7).

A los bancos del Estado acreedores del Fondo: el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola de Cartago aportan recursos para pagar abogados y un contador (art. 7).

A los auxiliares de la liquidación y a los profesionales en Derecho contratados para cobros judiciales: la ley fija cómo y cuándo cobran sus honorarios (art. 10).

A los acreedores del Fondo: la ley fija el orden en que se les paga (art. 24).

A la Contraloría General de la República: apoya la definición del porcentaje del contrato de cuota-litis (art. 10).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 7710 está vigente y SINALEVI muestra una sola versión de la norma, sin observaciones de la Procuraduría General de la República 2.

El artículo 26 de la ley 7536 aparece como derogado por el artículo 2 de la ley 7710, del 20 de octubre de 1997 3.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre lo que ordena la ley 7710 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.

El artículo 184 de la Constitución le da a la Contraloría la función de fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos y de examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado §Constitución, art. 184. La ley 7710 le pide a la Contraloría apoyar la definición del porcentaje del contrato de cuota-litis (art. 10), lo cual calza con esa función de control.

El artículo 180 de la Constitución dice que el presupuesto es el límite de acción de los Poderes Públicos para usar y disponer de los recursos del Estado §Constitución, art. 180. La ley 7710 autoriza a bancos del Estado a aportar recursos para pagar a la Junta (art. 7). Esos bancos son parte del sector público según la guía de participación ciudadana §guía, p. 71. Queda la duda de cómo se registra ese aporte dentro del presupuesto, pero el dossier no permite resolverla.

El artículo 18 de la Constitución dice que los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes y contribuir para los gastos públicos §Constitución, art. 18. La ley 7710 no crea un impuesto ni un cobro nuevo a las personas; el dinero sale de los bancos estatales acreedores (art. 7).

Qué puede hacer usted

Si usted es acreedor del Fondo y cree que la Junta no respetó el orden de pago del artículo 24, puede presentar un recurso de amparo. El amparo procede contra toda disposición, acuerdo o resolución de servidores y órganos públicos que haya violado o amenace violar un derecho fundamental §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22. En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano autor y las pruebas §guía, p. 23.

Si lo que quiere es atacar la ley misma por contradecir la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Para interponerla se requiere que exista un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo donde se invoque la inconstitucionalidad.

Si sospecha un manejo irregular de los recursos públicos del Fondo, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos y revisa presupuestos de fondos públicos que administran privados §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le está dando un mal servicio relacionado con este Fondo, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede usar la iniciativa popular. Un grupo de ciudadanos puede proponer un proyecto de ley y el Tribunal Supremo de Elecciones lo traslada a la Asamblea Legislativa una vez verificadas las firmas §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto gana cada miembro de la Junta Liquidadora; la ley deja ese monto al Poder Ejecutivo (art. 7).

El dossier no dice cuál es el porcentaje del contrato de cuota-litis que debe definir la Contraloría (art. 10).

El dossier no incluye el texto del artículo 14 ni del artículo 18 de la ley 7536, que la ley 7710 menciona (art. 6) (art. 24).

El dossier no dice cuánto dinero debe el Fondo ni cuántos acreedores tiene.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.