# Ley 7715: Costa Rica protege inversiones británicas desde 1982 - Página: https://elcenso.com/leyes/7715 - Tipo: Ley de la República de Costa Rica - Título oficial: AUTORIZACION DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, SUSCRITO EL 07 DE SETIEMBRE DE 1982 - Estado: Vigente (SINALEVI: Vigente) - Fuente oficial: https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=43454¶m2=45797¶m3=1 ## En resumen La ley 7715 autoriza un convenio con el Reino Unido que obliga al Estado a tratar las inversiones británicas como las propias y a pagar compensación si las expropia. ## A quién le toca - Inversionistas británicos con bienes, acciones o concesiones en Costa Rica - Sociedades costarricenses con mayoría de acciones en manos británicas - El Estado costarricense, obligado a compensar expropiaciones - Personas cuyas tierras el Estado expropie por interés público ## A quién beneficia - Trato igual al de los costarricenses para inversiones británicas - Acceso al arbitraje internacional del CIADI - Compensación al valor de mercado más intereses si hay expropiación - Libre transferencia de inversiones y rentas ## Qué cambia - El Estado puede ser demandado ante el CIADI por inversionistas británicos - Los laudos del CIADI son obligatorios para ambas partes - El convenio tiene autoridad superior a las leyes ordinarias - La expropiación debe pagar valor de mercado más intereses ## Cláusulas a revisar - **Arbitraje internacional obligatorio** (VIII): El convenio somete las diferencias al CIADI y los laudos son obligatorios para ambas partes, sin que el dossier detalle límites al monto de las condenas. Texto: "Cada Parte contratante de este Convenio consciente en someter al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones" - **Trato igual a inversionistas extranjeros** (III): El convenio obliga a tratar las inversiones británicas igual que las de costarricenses o de cualquier tercer país, lo que puede limitar políticas diferenciadas. Texto: "Ninguna de las Partes contratantes someterá en su territorio las inversiones y rentas de nacionales y sociedades de la otra Parte contratante a un trato menos favorable del que se concede a las inversiones de capital y rentas de sus propios nacionales y sociedades" ## Explicación ### Qué cambia La ley 7715 autoriza un convenio entre Costa Rica y el Reino Unido sobre promoción y protección de inversiones, firmado el 7 de setiembre de 1982 ([art. 1](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=43454¶m2=45797¶m3=1)). El convenio cubre "toda clase de bienes", incluidas acciones, hipotecas, derechos de propiedad intelectual y concesiones para explotar recursos naturales (art. I). El Estado se compromete a dar a las inversiones británicas "un trato justo y equitativo" y "plena protección y seguridad" (art. II). No puede tratarlas peor que a las inversiones de costarricenses ni que a las de cualquier otro país (art. III). Si hay guerra, revolución o motín, los inversionistas británicos reciben el mismo trato que los nacionales en restituciones e indemnizaciones (art. IV). La expropiación solo procede por "razones de uso público" y con "compensación puntual, adecuada y efectiva" al valor de mercado, más intereses (art. V). El afectado puede pedir revisión ante autoridades judiciales o una autoridad independiente. El convenio permite transferir libremente las inversiones y rentas al país de residencia, salvo en casos excepcionales por dificultades de balanza de pagos (art. VI). Un addendum aclara que esa libertad no exime del pago de impuestos. Las diferencias entre un inversionista británico y el Estado se someten al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965 (art. VIII). El convenio dura diez años y se renueva hasta que una parte lo denuncie con doce meses de aviso (art. XIII). ### A quién le toca A los nacionales y sociedades del Reino Unido que inviertan en Costa Rica: el convenio les da trato igual al de los costarricenses y acceso al arbitraje internacional (art. III) (art. VIII). A las sociedades constituidas en Costa Rica cuyas acciones pertenezcan mayoritariamente a británicos: se les da trato como sociedad británica para efectos del arbitraje (art. VIII). Al Estado costarricense: queda obligado a pagar compensación si expropia y a cumplir los laudos del CIADI (art. V) (art. VIII). A los inversionistas británicos que sufran pérdidas por requisición o destrucción de bienes por fuerzas o autoridades: reciben devolución o compensación adecuada (art. IV). ### Cómo está hoy según SINALEVI La ley está vigente. SINALEVI registra la versión 2 de 2, sin observaciones de la Procuraduría General de la República [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=43454¶m2=45797¶m3=1). ### Frente a la Constitución El artículo 2 de la ley interpreta el artículo V del convenio conforme al artículo 45 de la Constitución ([art. 2](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=43454¶m2=45797¶m3=1)). La Constitución dice que "a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley" ([Constitución, art. 45](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El convenio usa "razones de uso público relacionado con (sus) necesidades internas", y la ley aclara que eso significa interés público comprobado. La Constitución permite que en guerra o conmoción interior la indemnización no sea previa, pero exige el pago a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia ([Constitución, art. 45](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley 7715 recoge esa misma regla ([art. 2](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=43454¶m2=45797¶m3=1)). El artículo 7 de la Constitución dice que los tratados aprobados por la Asamblea tienen "autoridad superior a las leyes" ([Constitución, art. 7](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El convenio se incorpora con ese rango. El artículo 121 inciso 4 permite a la Asamblea aprobar o improbar convenios internacionales ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley 7715 cumple ese trámite. El Censo no encontró un choque directo entre el texto y la Constitución. La interpretación auténtica del artículo 2 alinea el convenio con el artículo 45. ### Qué puede hacer usted Si un acto concreto del Estado viola un derecho suyo por aplicación de este convenio, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). Puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones generales que infrinjan la Constitución. También procede cuando en la aprobación de convenios internacionales se haya infringido una norma constitucional ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). Si detecta un manejo irregular de fondos públicos relacionado con este convenio, puede denunciar ante la Contraloría General de la República por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). Si una institución pública le causa un mal funcionamiento en sus servicios, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes ([guía, p. 71](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice en qué fecha exacta se canjearon los instrumentos de ratificación ni cuándo entró en vigor el convenio. El dossier no registra si Costa Rica o el Reino Unido han denunciado el convenio. El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. ## Frente a la Constitución El artículo 2 de la ley alinea la interpretación del convenio con el artículo 45 de la Constitución sobre expropiación e indemnización. ## Qué puede hacer usted - Recurso de amparo: Se presenta por memorial, telegrama u otro medio escrito ante la Sala Constitucional, indicando el hecho, el derecho violado, el nombre del servidor y las pruebas (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22) - Acción de inconstitucionalidad: Se presenta ante la Sala Constitucional; requiere un asunto pendiente ante los tribunales o la vía administrativa, salvo cuando se defiendan intereses difusos (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24) - Denuncia ante la Contraloría General de la República: Presencial en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) - Queja ante la Defensoría de los Habitantes: Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja ante la Defensoría (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Ley 7715: AUTORIZACION DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, SUSCRITO EL 07 DE SETIEMBRE DE 1982. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx 2. Ley 7715 en SINALEVI: Convenio con Gran Bretaña e Irlanda sobre Promoción de Inversiones (Vigente, Versión de la norma: 2 de 2). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 31/10/1997. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=43454¶m2=45797¶m3=1 3. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 4. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo Ley 7715 Convenio con Gran Bretaña e Irlanda sobre Promoción de Inversiones -Usted está en la última versión de la norma- Ir a la última versión Anterior Versión de la Norma: 2 de 2 Siguiente AUTORIZACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, SUSCRITO EL 7 DE SETIEMBRE DE 1982 ARTÍCULO 1.- Autorización Autorízase el Convenio entre la República de Costa Rica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito el 7 de setiembre de 1982. El texto es el siguiente: "CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES ARTÍCULO I DEFINICIONES Para los fines del presente Convenio: a) El término "inversiones" significa toda clase de bienes y en particular aunque no exclusivamente, comprende: i) Bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, como hipotecas y derechos de prenda. ii) Acciones, títulos valores y obligaciones de sociedades o participación en los bienes de dichas sociedades. iii) Reclamo sobre valores o sobre la ejecución de un contrato que tenga valor financiero. iv) Derechos de propiedades intelectual y los derechos intangibles que estén cubiertos por la buena fe. v) Concesiones de tipo comercial otorgadas por disposición legal o bajo contrato, incluidas las concesiones para la exploración, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales. b) El término "rentas" significa las sumas derivadas provenientes de una inversión de capital y en particular, aunque no exclusivamente incluyen ganancias, intereses, ganancias de capital, dividendos, regalías u honorarios. c) El término "nacionales" significa: i) En relación con el Reino Unido: personas naturales que deriven su status como nacionales del Reino Unido, en virtud de las leyes vigentes en el Reino Unido. ii) En relación con la República de Costa Rica: personas naturales que deriven su status como nacionales de la República de Costa Rica en virtud de lo que señala la Constitución Política. d) El término "sociedades" significa: i) En relación con el Reino Unido: Sociedades o Asociaciones incorporadas o constituidas en virtud de las leyes vigentes en cualquier parte del Reino Unido o en cualquier territorio al que el presente Convenio se extienda conforme a las disposiciones del Artículo XI. ii) En relación con la República de Costa Rica: Sociedades mercantiles de acuerdo con lo que señalan las leyes vigentes en el territorio de Costa Rica. e) El término "territorio" significa: i) En relación con el Reino Unido: Gran Bretaña e Irlanda del Norte y cualquier territorio al que el presente Convenio se extienda conforme a las disposiciones del Artículo XI. ii) En relación con la República de Costa Rica: está comprendido entre el Mar Caribe, el Océano Pacífico y las Repúblicas de Nicaragua y Panamá. Los límites de la República son los que determinan el Tratado Cañas-Jerez de 15 de abril de 1858, ratificado por el Laudo Cleveland de 22 de marzo de 1888, con respecto a Nicaragua y el Tratado Echandi Montero - Fernández Jaén del 1 de mayo de 1941 en lo que concierne a Panamá. La Isla del Coco, situada en el Océano Pacífico, forma parte del territorio nacional. ARTÍCULO II FOMENTO Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES 1.- Cada Parte de este Convenio fomentará y creará condiciones favorables para nacionales o sociedades de la otra Parte contratante para realizar inversiones de capital dentro de su respectivo territorio, y conforme a su derecho de ejercer los poderes conferidos por sus respectivas leyes, admitirá dicho capital. 2.- A las inversiones de capital de nacionales o sociedades de cada Parte contratante se les concederá en toda ocasión un trato justo y equitativo y gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra Parte contratante. Ninguna de las dos Partes contratantes de ningún modo perjudicarán, por medidas inmoderadas o discriminatorias, la gestión, mantenimiento, uso, goce o enajenación en su territorio de las inversiones de capital de nacionales o sociedades de la otra Parte contratante. Cada Parte contratante cumplirá cualquier otro compromiso que haya contraído en lo referente a las inversiones de capital de nacionales o sociedades de la otra Parte contratante. 3.- El estímulo de la inversión dentro del marco de este convenio deberá ser consistente con los objetivos de inversión y planes del país recipiente de acuerdo a las prioridades expresadas en sus planes y políticas de desarrollo. En el caso de la promulgación de nueva legislación relativa a inversiones por cualquiera de las Partes contratantes, las inversiones que se produzcan a partir de este momento en su territorio por nacionales o sociedades de la otra Parte contratante deberán establecerse de acuerdo con la nueva legislación. ARTÍCULO III TRATO NACIONAL Y CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA 1.- Ninguna de las Partes contratantes someterá en su territorio las inversiones y rentas de nacionales y sociedades de la otra Parte contratante a un trato menos favorable del que se concede a las inversiones de capital y rentas de sus propios nacionales y sociedades o a las inversiones de capital y rentas de nacionales y sociedades de cualquier tercer Estado. 2.- Ninguna de las Partes contratantes someterá en su territorio a los nacionales y sociedades de la otra Parte contratante, en cuanto ese refiera a la gestión, uso, goce o enajenación de sus inversiones de capital, a un trato menos favorable del que se concede a sus propios nacionales y sociedades o a los nacionales y sociedades de cualquier tercer Estado. ARTÍCULO IV INDEMNIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1.- Los nacionales o las sociedades de una de las Partes contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones de capital en el territorio de la otra Parte contratante a consecuencia de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, rebelión, insurrección, o motín, en el territorio de la otra Parte contratante, no serán tratados por esta menos favorablemente que sus propios nacionales y sociedades o los nacionales y las sociedades de cualquier otro Estado en lo referente a restituciones, indemnizaciones, ajustes u otros pagos. 2.- Sin perjuicio del párrafo (1) de este Artículo, a los nacionales o las sociedades de una Parte contratante que sufran pérdidas en situaciones señaladas en dicho párrafo en el territorio de la otra Parte contratante a consecuencia de: a) La requisición de bienes por parte de las fuerzas o las autoridades. b) La destrucción de bienes por parte de las fuerzas o las autoridades no ocasionada como consecuencia de combates o requerida por las necesidades de la situación, les concederá una devolución o compensación adecuada. Los pagos correspondientes serán libremente transferibles. ARTÍCULO V EXPROPIACIÓN 1.- Las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una Parte contratante no podrán en el territorio de la otra Parte contratante, ser nacionalizadas, expropiadas o sometidas a medidas que en sus efectos equivalgan a nacionalización o expropiación (a las que en lo sucesivo se denomina "expropiación") salvo por razones de uso público relacionado con las necesidades internas de dicha Parte contratante y a cambio de compensación puntual, adecuada y efectiva. Dicha compensación equivaldría al valor de mercado de las inversiones de capital expropiadas correspondiente al momento en que siendo inminente la expropiación se conociere públicamente; comprenderá los intereses conforme al tipo normal comercial hasta la fecha en que se efectuare el pago, sin demora, será efectivamente realizable y libremente transferible. El nacional o sociedad afectado tendrá derecho, en virtud de las leyes de la Parte contratante que efectuare dicha expropiación, a una puntual revisión, por parte de las autoridades judiciales o cualquier otra autoridad independiente de dicha Parte contratante, de sus causas y a la evaluación de sus inversiones de capital conforme a los principios establecidos en este párrafo. 2.- En el caso de que una Parte contratante expropie los bienes de una sociedad, incorporada o constituida conforme a las leyes vigentes en cualquier parte de su territorio y en la que nacionales o sociedades de la otra Parte contratante tengan acciones, la susodicha se satisfará de que las disposiciones del párrafo (1) de este Artículo se cumplan en todo lo necesario para garantizar la puntual, adecuada y efectiva compensación en lo referente a las inversiones de capital de los nacionales o sociedades de la otra Parte contratante que son propietarios de dichas acciones. (INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA: El artículo 2do. de la presente ley de aprobación indica que, para la aplicación del presente numeral, se interpretan las frases "razones de uso público relacionado con (sus) necesidades internas" en el sentido que se refiere al supuesto de expropiación "por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley", regulado en el artículo 45 de la Constitución Política. Igualmente, la expresión "compensación puntual, adecuada y efectiva" no implicará indemnización previa en el supuesto de guerra o conmoción interna; sin embargo, el pago correspondiente se efectuará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Y la palabra "expropiación", mencionada en el numeral de marras, no se refiere a las limitaciones de interés social que la Asamblea Legislativa imponga a la propiedad por motivos de necesidad pública, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución Política). ARTÍCULO VI REPATRIACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL Y RENTAS Cada Parte contratante, en lo referente a inversiones de capital, garantizará a los nacionales o sociedades de la otra Parte contratante la libre transferencia (*) de sus inversiones y rentas de allí al país en que residan, sin perjuicio del derecho de cada Parte contratante, en casos excepcionales por dificultades con el balance de pagos y por un período limitado, de ejercer equitativamente y con buena fe los poderes conferidos por sus respectivas leyes. Las transferencias se efectuarán sin demora en la moneda convertible con la cual se efectuó la inversión de capital originariamente o en cualquier otra moneda convertible convenida por el inversionista y la Parte contratante interesada. (* NOTA: En el Addendum al presente Convenio se aclara que la frase "libre transferencia", incluida en el presente numeral, no exime a las inversiones y rentas del pago de impuestos conforme a las leyes y reglamentos vigentes). ARTÍCULO VII EXCEPCIONES Las disposiciones del presente Convenio, en lo referente al trato no menos favorable que se ha de conceder a los nacionales o sociedades de una u otra Partes contratantes o de cualquier tercer Estado, no se han de interpretar de modo que obliguen a una Parte contratante a conceder a los nacionales o sociedades de la otra Parte contratante los beneficios de cualquier trato preferencia o privilegio proveniente de: a) Cualquier unión aduanera o convenio de integración económica existente o futura, o cualquier convenio internacional semejante al que una u otra de las Partes contratantes se haya adherido o pueda eventualmente adherirse. b) Cualquier convenio o acuerdo internacional que esté relacionado en todo o principalmente a tributación o cualquier legislación interna que esté relacionada en todo o principalmente a tributación. ARTÍCULO VIII SUMISIÓN DE DIFERENCIAS AL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 1.- Cada Parte contratante de este Convenio consciente en someter al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (en adelante denominado "El Centro") por conciliación o por arbitraje, conforme a las disposiciones del Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cualquier diferencia de naturaleza jurídica que surja entre dicha Parte contratante y un nacional o sociedad de la otra Parte contratante con relación a las inversiones de este en el territorio de aquél. A una sociedad incorporada o constituida en virtud de las leyes vigentes en el territorio de una de las Partes contratantes y de la que con anterioridad a tal diferencia la mayor parte de las acciones sean propiedad de nacionales o sociedades de la otra Parte contratante, de conformidad con el apartado (b) del párrafo 2 del Artículo XXV del Convenio antes citado y para los fines del Convenio, se le concederá trato parejo al de una sociedad de la otra Parte contratante. Si una diferencia de tal índole surgiere, y no se pudiere llegar a ninguna solución de la misma dentro de un plazo de tres meses entre las Partes por aplicación de medidas locales o de otro modo; en tal caso, si el nacional o la sociedad afectados además consintieren por escrito en someter la diferencia al Centro para que se solucione la misma por conciliación o por arbitraje de conformidad con el Convenio; cualquiera de las Partes podrá incoar un procedimiento mediante una solicitud a tal efecto dirigida al Secretario General del Centro conforme a las disposiciones de los Artículos XXVIII y XXXVI del Convenio. En caso de desacuerdo con respecto a si la conciliación o el arbitraje fueren el mejor procedimiento, el nacional o la sociedad afectados tendrán el derecho de elegir. La Parte contratante que sea parte a la diferencia no podrá poner como obstáculo durante ninguna etapa del procedimiento o de la ejecución de un laudo el hecho de que el nacional o la sociedad que fuere parte a la diferencia hubiere recibido, en virtud de un contrato de seguros, una indemnización con respecto a una parte o a la totalidad de sus pérdidas. 2.- Ninguna de las Partes contratantes podrá proseguir por la vía diplomática diferencia alguna que se haya sometido al Centro a menos que: a) El Secretario General del Centro, o una Comisión de Conciliación un Tribunal de Arbitraje constituidos por el mismo, decidan que la diferencia se halla fuera de la jurisdicción del Centro. b) La otra Parte contratante deje de atenerse a o cumplir un laudo dictado por un tribunal de arbitraje. ARTÍCULO IX DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 1.- Las diferencias que surgieren entre las Partes contratantes sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio deberán, en lo posible, ser dirimidas por la vía diplomática. 2.- Si una diferencia entre las Partes contratantes no pudiere ser dirimida de esa manera, será sometida a un tribunal de arbitraje a petición de una u otra de las Partes contratantes. 3.- Dicho tribunal de arbitraje será constituido para cada causa individual en la siguiente forma; cada Parte contratante, dentro de un plazo de dos meses de recibirse la petición de arbitraje, nombrará un miembro del tribunal. Los dos miembros luego elegirán un nacional de un tercer Estado que, aprobado por ambas Partes contratantes, será nombrado presidente del tribunal. El presidente será nombrado dentro de un plazo de dos meses de la fecha de nombramiento de los antedichos dos miembros. 4.- Si dentro de los plazos previstos en el párrafo (3) de este Artículo no se hubieren efectuado los nombramientos necesarios, una u otra de las Partes contratantes podrá, a falta de otro arreglo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los nombramientos necesarios. En caso de que el Presidente sea nacional de una de las dos Partes contratantes o se halle por otra causa impedido en desempeñar dicha función, el Vicepresidente será invitado a efectuar los nombramientos necesarios. Si el Vicepresidente fuere nacional de una de las Partes contratantes o si se hallare también impedido en desempeñar dicha función, el miembro de la Corte Internacional de Justicia que siga inmediatamente en el orden jerárquico y no sea nacional de una de las dos Partes contratantes será invitado a efectuar los nombramientos necesarios. 5.- El Tribunal de Arbitraje tomará su decisión por mayoría de votos. Tal decisión será obligatoria para ambas Partes contratantes. Cada Parte contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad de su miembro del tribunal, así como los gastos de su representación en el procedimiento arbitral; los gastos del presidente así como los demás gastos serán sufragados en partes iguales por las dos Partes contratantes. No obstante, el tribunal arbitral podrá adoptar un reglamento diferente en lo que concierne a los gastos. Por lo demás, el tribunal arbitral determinará su propio procedimiento. ARTÍCULO X SUBROGACIÓN Si una de las Partes contratantes realiza pagos en virtud de una garantía otorgada con respecto a una inversión de capital o cualquier parte de la misma en el territorio de la otra Parte contratante, la última Parte contratante Reconocerá: a) La asignación de cualquier derecho o reclamo que corresponde a esta Parte indemnizada, a la primera Parte contratante (o su agente designado), o bien sea por disposición legal o por acto jurídico. b) Que la primera Parte contratante (o su agente designado) tiene derecho en virtud de la subrogación a ejercer los derechos y hacer valer los reclamos de la Parte indemnizada. La primera Parte contratante (o su agente designado) por consiguiente, si así lo deseare, tendrá derecho a hacer valer tal derecho o reclamo en la misma medida que su precedente titular sea ante un Juzgado o tribunal en el territorio de la última Parte contratante o en cualesquiera otras circunstancias. Si la primera Parte contratante adquiere cantidades en el medio de pago legal de la otra Parte contratante o créditos derivados de las mismas por asignación de conformidad con las condiciones de una garantía, se concederá a la primera Parte contratante, con respecto a las mismas, un trato no menos favorable que aquél que se conceda a los fondos de sociedades y nacionales de la última Parte contratante o de cualquier tercer Estado que provengan de actividades inversionistas semejantes a las en que la Parte indemnizada se ocupaba. Estas cantidades y créditos se harán libremente disponibles para la primera Parte contratante para los fines de sufragar sus gastos dentro del territorio de la otra Parte contratante. ARTÍCULO XI EXTENSIÓN TERRITORIAL En la fecha de la ratificación del presente Convenio o en cualquier fecha subsiguiente, se podrá extender las disposiciones del presente Convenio a los territorios de cuyas relaciones internacionales el Gobierno del Reino Unido sea responsable mediante mutuo acuerdo de las Partes, que se podrá concertar entre las Partes contratantes mediante intercambio de notas. ARTÍCULO XII ENTRADA EN VIGOR El presente Convenio será sometido a ratificación y entrará en vigor en la fecha de intercambio de los instrumentos de ratificación respectivos. ARTÍCULO XIII DURACIÓN Y DENUNCIA 1.- El presente Convenio permanecerá en vigor por un período de diez años. Posteriormente continuará en vigor hasta la expiración de un período de doce meses contado a partir de la fecha en que una de las dos Partes contratantes haya notificado la denuncia por escrito a la otra. No obstante, en lo referente a inversiones efectuadas mientras el Convenio permanezca en vigor, sus disposiciones continuarán teniendo efecto en lo referente a dichas inversiones por un período de diez años contados a partir de la fecha de la terminación del mismo y sin perjuicio a la aplicación posteriormente de las reglas de Derecho Internacional general. 2.- El presente Convenio podrá ser modificado en cualquier momento por mutuo acuerdo de las Partes. Las modificaciones resultantes entrarán en vigor una vez que cumplan con los trámites constitucionales respectivos y se produzca el canje de notas entre las Partes contratantes. San José, 7 de setiembre de 1982. Fernando Volio Jiménez, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Michael Brown, Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ======================================================================== ADDENDUM PÁRRAFO ACLARATORIO: En referencia entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre protección y fomento de inversiones, firmado hoy en San José, se entiende que en el artículo VI del Convenio la frase "libre transferencia" no exime a las inversiones y rentas del pago de impuestos conforme a las leyes y reglamentos vigentes. San José, 7 de setiembre de 1982. Fernando Volio Jiménez, Michael Brown." ARTÍCULO 2.- Interpretación Para la aplicación del artículo V del Convenio, el Estado de Costa Rica deberá interpretar lo siguiente: a) La expresión "razones de uso público relacionado con (sus) necesidades internas" se refiere al supuesto de expropiación "por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley", regulado en el artículo 45 de la Constitución Política. b) La expresión "compensación puntual, adecuada y efectiva" no implica indemnización previa en el supuesto de guerra o conmoción interna; sin embargo, el pago correspondiente se efectuará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. c) La palabra "expropiación" mencionada en el artículo V no se refiere a las limitaciones de interés social que la Asamblea Legislativa imponga a la propiedad por motivos de necesidad pública, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución Política. Rige a partir de su publicación. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/7715). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.