El Ejecutivo vetó la Ley General del VIH-Sida y no rige

Ley 7726

VETO.- Ley General sobre el VHI-SIDA

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LEY GENERAL SOBRE EL VIH-SIDA

Título I

Disposiciones Generales

Capítulo Único

Objetivo de la Ley

ARTÍCULO 1.- Objetivo

La presente ley tiene por objetivo la educación, la promoción de la

salud, la prevención, el diagnóstico, la vigilancia epidemiológica y la

atención e investigación sobre el virus de la inmunodeficiencia humana o

VIH y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o Sida; además, trata

de los derechos y deberes de los portadores del VIH, los enfermos de Sida

y los demás habitantes de la República.

ARTÍCULO 2.- Definiciones

VIH: virus de inmunodeficiencia humana causante de la enfermedad

denominada Sida. El término se utiliza además para describir al grupo de

portadores del virus, que no han desarrollado aún síntomas ni signos de la

enfermedad, es decir, pacientes asintomáticos.

Sida: término que define la enfermedad o al grupo de pacientes que la

padecen.

VIH-Sida: incluye los casos de personas infectadas por el virus, pero unas

son asintomáticas y las otras ya han desarrollado la enfermedad.

Infectado: una persona contagiada por el virus.

Seropositivo: término que describe la aparición de anticuerpos en el suero

del paciente, que permiten diagnosticar el estado de infección por un

agente, mediante una prueba de laboratorio.

Portador: persona que tiene en su organismo un microorganismo o una

enfermedad.

Antirretrovirales: grupo de medicamentos que actúan, específicamente,

contra el VIH, inhibiendo su reduplicación.

Allegado: persona con la que habitualmente se relaciona el paciente.

Pruebas positivas: exámenes de laboratorio que reportan la existencia de

evidente infección por el VIH.

Tratamiento ambulatorio: terapia que el paciente recibe sin necesidad de

internarse en un centro de atención de la salud.

Enfermedad infectocontagiosa: enfermedad producida por la transmisión del

agente causal que la causa, ya sea por contacto directo con la persona

afectada o por otra vía, como el aire, los alimentos, el agua, u otras.

Título II

Capítulo Único

Ente Rector

ARTÍCULO 3.- Departamento Nacional de Control del VIH-Sida

Créase el Departamento Nacional de Control del VIH-Sida, como

dependencia especializada del Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 4.- Funciones del Departamento

a) Diseñar y ejecutar, en coordinación con las autoridades sanitarias

competentes, un Programa Nacional de Sida para el control y la prevención

del VIH-Sida, utilizando como base el programa desarrollado por el

Ministerio de Salud. Este programa incluirá las políticas y los planes

nacionales en materia de prevención y control del VIH-Sida.

b) Coordinar las acciones de las organizaciones no gubernamentales en

relación con la materia.

Título III

Derechos fundamentales, VIH y Sida

Capítulo Único

Derechos de las personas infectadas

ARTÍCULO 5.- Respeto de los derechos fundamentales

Las acciones relacionadas con la prevención y atención del VIH y el

Sida garantizarán el respeto de los derechos fundamentales de las personas

infectadas y de todos los habitantes de la República.

ARTÍCULO 6.- Prohibición de discriminación o trato degradante

Prohíbese toda discriminación contraria a la dignidad humana y

cualquier acto estigmatizador o segregador en perjuicio de los portadores

del VIH-Sida, así como de sus parientes y allegados.

Asimismo, se prohíben las restricciones o medidas coercitivas de los

derechos y las libertades de las personas infectadas por el VIH-Sida,

excepto los casos previstos en esta ley relativos a comportamientos

riesgosos o peligrosos de estas personas.

Salvo las excepciones contenidas en esta ley, a todo portador del

VIH-Sida le asiste el derecho de que no se interfiera en el desarrollo de

sus actividades civiles, familiares, laborales, profesionales, educativas,

afectivas y sexuales, estas últimas de acuerdo con las respectivas

recomendaciones de protección.

ARTÍCULO 7.- Regulación de derechos y obligaciones

Toda persona portadora del VIH-Sida tiene los derechos y las

obligaciones consagrados en la Constitución Política, los instrumentos

internacionales sobre derechos fundamentales ratificados por Costa Rica,

los estipulados en la Ley General de Salud, esta ley y demás legislación

relacionada con la materia.

La violación de cualquier derecho o garantía será denunciable ante

las autoridades judiciales, para reclamar las responsabilidades penales,

civiles y administrativas del caso.

ARTÍCULO 8.- Derecho a información sobre la salud

Todo portador del VIH-Sida tiene derecho a contar con información

exacta, clara, veraz y científica acerca de su condición, por parte del

personal profesional y técnico.

ARTÍCULO 9.- Derecho a la atención integral en salud

Todo portador del VIH-Sida tiene derecho a asistencia médico-

quirúrgica, psicológica y de consejería; además, a todo tratamiento que le

garantice aminorar su padecimiento y aliviar, en la medida de lo posible,

las complicaciones originadas por la enfermedad.

Para lo anterior, la Caja Costarricense de Seguro Social deberá importar, comprar, mantener en existencia y suministrar directamente a los

pacientes los medicamentos antirretrovirales específicos para el

tratamiento del VIH-Sida.

Los médicos tratantes deberán presentar, a la Caja Costarricense de

Seguro Social, reportes sobre la aplicación de dichos medicamentos. El

reglamento de esta ley determinará condiciones, periodicidad y demás

requisitos de esos informes.

ARTÍCULO 10.- Confidencialidad

Con las excepciones contenidas en la legislación, la confidencialidad

es un derecho fundamental de los portadores del VIH-Sida. Nadie podrá,

pública ni privadamente, referirse al padecimiento de esta enfermedad, sin

el consentimiento previo del paciente.

El personal de salud que conozca la condición de un paciente

infectado por el VIH-Sida, guardará la confidencialidad necesaria

referente a los resultados de los diagnósticos, las consultas y la

evolución de la enfermedad.

El portador del VIH-Sida tiene derecho a comunicar su situación a

quien desee; sin embargo, las autoridades sanitarias deberán informarle su

obligación de comunicarlo a sus contactos sexuales y advertirle, a su vez,

sus responsabilidades penales y civiles en caso de contagio.

ARTÍCULO 11.- Excepción de la confidencialidad

Para efectos exclusivamente probatorios en un proceso penal o de

divorcio en materia de familia y a solicitud de la autoridad judicial

competente, el personal de salud que atienda al paciente con VIH-Sida

deberá reportar la situación de infección por el VIH, con el debido

respeto a la dignidad humana del paciente.

ARTÍCULO 12.- Derechos y condiciones laborales

Queda prohibida toda discriminación laboral contra cualquier

trabajador con VIH-Sida. En caso de desarrollar alguna enfermedad que le

impida continuar con sus actividades habituales, recibirá el trato

establecido en la legislación laboral vigente.

Ningún patrono, público o privado, nacional o extranjero, podrá, por

sí mismo ni mediante otra persona, solicitar dictámenes ni certificaciones

médicas a los trabajadores sobre la portación del VIH para obtener un

puesto laboral o conservarlo.

El empleado no estará obligado a informar a su patrono ni compañeros

de trabajo acerca de su estado de infección por el VIH. Cuando sea

necesario, podrá informarlo a su patrono, quien deberá guardar la debida

confidencialidad y, en su caso, procurar el cambio en las condiciones de

trabajo para el mejor desempeño de las funciones, según criterio médico.

ARTÍCULO 13.- Derechos en los centros de enseñanza

Ningún centro educativo, público ni privado, podrá solicitar pruebas

ni dictámenes médicos sobre la portación del VIH como requisito de ingreso

o permanencia. Ningún estudiante podrá ser discriminado, excluido ni

expulsado por ser portador del VIH o estar enfermo de Sida; tampoco cuando

alguno de sus familiares o allegados resulte infectado.

ARTÍCULO 14.- Registro expedito de la medicación antirretroviral

Los medicamentos para el tratamiento del VIH-Sida deberán ser

inscritos, mediante un trámite expedito, en los registros que para el

efecto lleva el Ministerio de Salud, siempre que estas medicinas hayan

sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados

Unidos de América (FDA) y el Committee for Proprietary Medicinal Products

(CPMP) de la Unión Europea. El procedimiento mencionado se regirá por el

reglamento de esta ley.

Título IV

Prevención y Atención

Capítulo I

Acciones de Prevención

Sección I

La Prueba

ARTÍCULO 15.- Carácter de la prueba

Las pruebas para el diagnóstico clínico de la infección por el VIH y

sus resultados serán confidenciales entre el médico, el personal del

sector salud involucrado y el paciente, con las excepciones establecidas

en esta ley.

ARTÍCULO 16.- Autorización excepcional para la prueba

La prueba diagnóstica de infección por el VIH no es obligatoria,

salvo en los siguientes casos:

a) Cuando exista, según el criterio médico que constará en el

expediente clínico, necesidad de efectuar la prueba exclusivamente para

atender la salud del paciente, a fin de contar con un mejor fundamento de

tratamiento.

b) Cuando se requiera para fines procesales penales y de divorcio,

previa orden de la autoridad judicial competente.

c) Cuando se trate de donación de sangre, hemoderivados, leche

materna, semen, órganos y tejidos.

En los casos anteriores, los resultados de la prueba se utilizarán en

forma confidencial.

Sección II

Vigilancia Epidemiológica

ARTÍCULO 17.- Obligación de comunicar

Exclusivamente para fines epidemiológicos y estadísticos, los

médicos, microbiólogos, directores de los servicios de salud y los

directores o responsables de laboratorios que atiendan casos de detección

del VIH, deberán informar sobre las pruebas que resultaron positivas, al

Ministerio de Salud, el cual elaborará los formularios oficiales para los

fines indicados y los distribuirá.

ARTÍCULO 18.- Formalidades de la comunicación

Para proteger la identidad de las personas infectadas, la información

relativa a la vigilancia epidemiológica del VIH será codificada y

confidencial. Toda comunicación será escrita, para garantizar la

uniformidad en los trámites, según el sistema de reporte que el Ministerio

de Salud establezca.

ARTÍCULO 19.- Notificación al paciente

El médico tratante o el personal de atención en salud capacitado que

informe a un paciente sobre su condición de infección por VIH, deberá indicar, además del carácter infectocontagioso de esta, los medios y las

formas de transmitirla, el derecho a recibir asistencia, adecuada e

integral, en salud y la obligatoriedad de informar a sus contactos

sexuales.

Para ese efecto, el médico tratante o el personal de salud deberá proveer a la persona infectada por el VIH la información necesaria que

deberá facilitarles a sus contactos y la forma de hacerlo.

Cuando el paciente no quiera o no pueda comunicar el resultado de su

diagnóstico por lo menos a sus contactos sexuales actuales, el personal de

atención en salud deberá realizar las gestiones posibles, a fin de lograr

dicha notificación.

La notificación deberá realizarse de tal modo que respete la

confidencialidad de las personas involucradas.

Sección III

Control de sangre, hemoderivados, leche

materna, semen, órganos y tejidos

ARTÍCULO 20.- Gratuidad de la donación

Toda donación de sangre, leche materna, semen, órganos y tejidos

siempre deberá ser gratuita. Se prohíbe la comercialización de estos

productos.

El Ministerio de Salud ejercerá los controles correspondientes.

ARTÍCULO 21.- Acciones de los bancos

Para prevenir la transmisión del VIH, los bancos de productos humanos

deberán ejercer control sobre la calidad y los procesos que apliquen, con

el objeto de procurar garantizar la inocuidad de la sangre y sus

derivados, de la leche materna, el semen y otros tejidos u órganos, desde

la recolección hasta la utilización.

Para ese fin, todos los bancos deberán realizar, antes de utilizar

los productos mencionados, las pruebas correspondientes para determinar la

existencia de hepatitis B, hepatitis C, sífilis, VIH y cualquier otra

enfermedad infecto-contagiosa, según determinen las autoridades

competentes de salud.

ARTÍCULO 22.- Control de los hemoderivados

Los fabricantes de hemoderivados y productos biológicos de origen

humano estarán obligados a certificar que la prueba exigida por el

Ministerio de Salud fue realizada, para determinar que cada donante, sus

productos y la sangre empleada en el proceso no son portadores de

anticuerpos contra el VIH. Además, deberán acreditar que cuentan con las

instalaciones, los equipos, las materias primas y el personal adecuados

para realizar dichas pruebas, sin perjuicio del cumplimiento de otro tipo

de controles y normas de calidad y de cualquier otra medida requerida por

el Ministerio de Salud.

El Ministerio no registrará ni autorizará el desalmacenaje de

productos humanos importados hasta tanto el representante en Costa Rica de

las industrias fabricantes, no haya presentado los certificados aludidos

en el párrafo anterior.

Previo a la autorización del uso de los hemoderivados, el Ministerio

de Salud deberá garantizar que las pruebas referidas en el párrafo

primero, se realizaron a cada donante individualmente y no a productos

diluidos ni homogeneizados que utilicen a varios donantes.

ARTÍCULO 23.- Prohibiciones para donar

A las personas que conozcan su condición de infectados por el VIH se

les prohíbe donar sangre o sus derivados, semen, leche materna, órganos o

tejidos.

ARTÍCULO 24.- Uso de sustitutos sanguíneos

Para evitar el contagio por el VIH, las instituciones competentes de

salud promoverán el uso de sustitutos sanguíneos, especialmente

cristaloides y coloides o el mecanismo de la transfusión autóloga, cuando

sea posible.

Sección IV

Otros medios de prevención

ARTÍCULO 25.- Medidas universales de bioseguridad

Los bancos de productos humanos, los laboratorios y establecimientos

de salud deberán contar con el personal, material y equipo adecuados, de

conformidad con las recomendaciones sobre medidas de seguridad

universales, difundidas por el Ministerio de Salud.

Los trabajadores en servicios de atención de la salud, públicos o

privados, en especial los odontólogos, microbiólogos, profesionales en

enfermería, médicos y todos los que practiquen procedimientos faciales y

capilares, acupuntura, tatuajes o cualquier otro procedimiento, quirúrgico

o invasivo, deberán acatar las disposiciones de bioseguridad del

Ministerio de Salud para el uso de equipos y el manejo tanto de

instrumentos como de material humano.

El Ministerio de Salud se encargará de supervisar la operación

correcta de los establecimientos relacionados con las actividades

mencionadas en los párrafos anteriores.

ARTÍCULO 26.- El preservativo como medio de prevención

El preservativo constituye un medio de prevención contra el contagio

del VIH; consecuentemente, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense

de Seguro Social, procurarán que los establecimientos brinden el acceso a

los preservativos y dispongan de ellos, en lugares adecuados y condiciones

óptimas y en cantidades acordes con la demanda de la población.

Dichas instituciones se encargarán, además, de fortalecer las

campañas educativas sobre la conveniencia y el uso del preservativo.

Los moteles y centros de habitación ocasional que no llevan registro

de huéspedes quedan obligados a entregar como mínimo dos preservativos,

como parte del servicio básico.

ARTÍCULO 27.- Papel de las organizaciones no gubernamentales

Las organizaciones no gubernamentales deberán registrarse ante el

Departamento Nacional de Control del Sida, el cual no podrá rechazar

registro alguno, salvo si la organización postulante se dedicare a otras

actividades ajenas a la prevención y atención de los portadores del VIH,

los enfermos de Sida y las actividades relacionadas.

Las acciones que desarrollen esas organizaciones, dedicadas a

prevenir y atender el VIH-Sida, podrán ser consideradas parte del Programa

Nacional del Sida, según decisión del Departamento Nacional de Control del

Sida. Sin embargo, la ausencia de dicha aprobación no implicará para el

Departamento Nacional de Control del Sida la inexistencia de la acción

desarrollada por la organización de que se trate y se incluirá en los

archivos correspondientes.

Las organizaciones no gubernamentales podrán prestar el apoyo

requerido por las autoridades de salud, con el fin de garantizar mejores

resultados en las acciones relacionadas con la prevención y atención del

VIH-Sida.

ARTÍCULO 28.- Las enfermedades de transmisión sexual

Las acciones de prevención del VIH que desarrolle el Departamento

Nacional de Control del Sida con entidades públicas o privadas, deberán

coordinarse de manera integral con los servicios y programas de prevención

y atención de enfermedades de transmisión sexual, por su relación e

importancia como facilitadoras de la transmisión del VIH.

Capítulo II

Atención integral en salud

ARTÍCULO 29.- Obligatoriedad

Los trabajadores de la salud, públicos y privados, deben prestar

apoyo y atención a los pacientes con VIH-Sida. Asimismo, están obligados

a brindar la atención que requieran las personas afectadas con VIH-Sida

tomando en cuenta las medidas de bioseguridad dispuestas.

ARTÍCULO 30.- Albergues de atención

El Estado podrá destinar los recursos necesarios para la creación y

el fortalecimiento de albergues para la atención de los pacientes que

requieran apoyo, según los lineamientos del Departamento Nacional de

Control del Sida. El Estado está facultado para apoyar, en iguales

términos, los albergues privados sin fines de lucro, que se dediquen a

atender a estos pacientes.

Capítulo III

Investigación en materia de VIH-Sida

ARTÍCULO 31.- Reglas

De conformidad con las reglas vigentes en la materia, las

investigaciones relativas al VIH-Sida deberán respetar las consideraciones

especiales del paciente. Por esta razón, el protocolo de investigación,

los médicos y científicos quedan sujetos a las disposiciones de esta ley,

la Ley General de Salud y la Declaración de Helsinki, dictada por la

Asociación Médica Mundial, así como cualquier otra normativa, nacional o

internacional, dictada para el efecto.

Ninguna persona infectada por el VIH podrá ser objeto de

experimentos, sin haber sido advertida de la condición experimental y de

los riesgos, y sin que medie su consentimiento previo o el de quien

legalmente esté autorizado para darlo.

En todo caso, las investigaciones científicas en seres humanos

relacionadas con el VIH no serán permitidas cuando peligre la vida de las

personas.

Capítulo IV

Educación y Capacitación

ARTÍCULO 32.- Papel del Estado en la educación

El Estado, por medio del Ministerio de Salud, deberá informar

adecuada y oportunamente, a la población en general y particularmente a

los sectores más vulnerables, sobre la problemática del VIH-Sida con datos

científicos actualizados en cuanto a las formas de prevenir esta

enfermedad.

ARTÍCULO 33.- La educación como instrumento preventivo

El Consejo Superior de Educación, en coordinación con el Departamento

Nacional del VIH-Sida, incluirá en los programas educativos temas sobre

los riesgos, las consecuencias y los medios de transmisión del VIH, las

formas de prevenir la infección y el respeto por los derechos humanos.

Además, gestionará, ante las universidades públicas y privadas y sus

respectivas unidades académicas, que se incluyan en las carreras

profesionales de las ciencias de la salud, programas de estudios relativos

a la prevención y atención del VIH-Sida.

ARTÍCULO 34.- Capacitación al trabajador de la salud

Todos los centros de salud, públicos o privados, deberán facilitar a

sus trabajadores capacitación adecuada acerca del manejo del VIH-Sida y de

los medios e instrumentos recomendados por el Ministerio de Salud para

asegurar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, y ofrecerles las

condiciones y los recursos necesarios para evitar el contagio.

Capítulo V

Régimen Penitenciario

ARTÍCULO 35.- Igualdad de la atención integral en salud

Todas las personas privadas de libertad tienen el derecho de recibir

la misma atención integral en salud que el resto de la comunidad, así como

las medidas preventivas.

Quedan prohibidas las pruebas masivas y obligatorias sobre el VIH. La

prueba voluntaria del VIH deberá estar disponible y acompañarse de una

adecuada consejería antes de la prueba y después de ella.

ARTÍCULO 36.- Medidas preventivas en las cárceles

El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud

y la Caja Costarricense de Seguro Social, tendrá la responsabilidad de

definir y llevar a la práctica las políticas y actividades educativas,

tendientes a disminuir el riesgo de la transmisión del VIH tanto para las

personas privadas de libertad como para su pareja sexual y los

funcionarios penitenciarios.

ARTÍCULO 37.- Disponibilidad de preservativos

El Ministerio de Justicia, en coordinación con el sector salud,

dispondrá y facilitará preservativos para las personas privadas de

libertad durante todo el período de su detención.

ARTÍCULO 38.- Atención especializada en salud

Las personas privadas de libertad que requieran atención sanitaria

especializada debido a complicaciones causadas por la infección con el VIH

y no puedan ser atendidas en el centro de reclusión, deberán recibir

tratamiento ambulatorio, internamiento hospitalario o el que se necesite.

ARTÍCULO 39.- Cuidado del menor institucionalizado

El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Departamento

Nacional de Control del Sida y el Patronato Nacional de la Infancia,

deberá desarrollar programas educativos acerca de salud para atender las

necesidades especiales de los menores institucionalizados, con el fin de

introducir actitudes y comportamientos adecuados que eviten la transmisión

de infecciones, en especial del VIH o enfermedades de transmisión sexual.

Las decisiones relacionadas con la notificación a los padres u otra

persona responsable acerca del estado de esos menores infectados por el

VIH, el consentimiento para tratarlos y cualquier otro tipo de

intervención, deben ser tomados en la misma forma que para el resto de la

sociedad, atendiendo especialmente el principio del respeto del interés

supremo de la infancia; todo de conformidad con la presente ley y la

Convención de los Derechos del Niño.

El Patronato Nacional de la Infancia, en coordinación con el

Departamento Nacional de Control del Sida, deberá diseñar y ejecutar

programas educativos y de prevención de enfermedades infecto-contagiosas,

dirigidos a menores trabajadores de la calle.

ARTÍCULO 40.- Prohibición del aislamiento

Prohíbese la segregación, el aislamiento y las restricciones a las

actividades laborales, deportivas, recreativas y de cualquier otra índole,

en perjuicio de las personas privadas de libertad e infectadas por el VIH.

Solamente se exceptúan de lo estipulado en el párrafo anterior, los

siguientes supuestos:

a) Cuando la convivencia con otras personas privadas de libertad

arriesgue la salud del paciente, siempre que medie el consentimiento del

afectado.

b) Cuando la persona privada de libertad haya sido amenazada por

actos de abuso físico o sexual por parte de otros presos, o cuando estos

la traten de manera discriminatoria o degradante, siempre que medie el

consentimiento del afectado.

c) Cuando se trate de una persona privada de libertad que

deliberadamente intente infectar con el VIH a otros sujetos, se le

aplicará una medida de aislamiento, sin perjuicio de aplicar otro tipo de

medidas cautelares.

ARTÍCULO 41.- Ejecución de la pena

Las personas privadas de libertad, en el estado terminal del Sida,

podrán ser valoradas por el juez ejecutor de la pena para los efectos de

los artículos 491 y 492 del Código Procesal Penal.

ARTÍCULO 42.- Reclamación por agravios

De conformidad con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el

tratamiento de reclusos, las personas privadas de libertad tienen el

derecho de denunciar todo tratamiento que incumpla las disposiciones de

esta ley. La denuncia podrá presentarse ante las instancias penitenciarias

competentes, los organismos nacionales e internacionales o la Defensoría

de los Habitantes de la República.

Título V

Infracciones y Sanciones

Capítulo I

Delitos contra la salud por contagio eventual del VIH

ARTÍCULO 43.- Actuación dolosa del trabajador de la salud

Se impondrá prisión de tres a ocho años al trabajador de la salud,

público o privado que, conociendo que el producto por transfundir o

transplantar o el artículo por utilizar están infectados por el VIH, lo

utilice en una persona a sabiendas de los riesgos y admita como probable

el resultado de infección.

La pena será de doce a veinte años de prisión si, como resultado de

la transfusión, el transplante, el suministro o la utilización de un

artículo, algunas personas resultaren infectadas por el VIH-Sida.

Las mismas penas se impondrán a los trabajadores de la salud,

públicos o privados, que conozcan los riesgos y admitan como probable el

resultado de sus actos, así como a quienes faciliten alguna de las

actividades anteriores.

ARTÍCULO 44.- Actuación culposa del trabajador de la salud

Se impondrá de uno a tres años de prisión al trabajador de la salud,

público o privado que, por impericia, imprudencia o negligencia realice

una transfusión de sangre o sus hemoderivados, transplante órganos o

tejidos, suministre semen, leche materna o utilice un objeto invasivo, de

punción o cortante, infectado por el VIH.

La pena será de cuatro a diez años de prisión si, como resultado de

la conducta descrita en el párrafo anterior, se infectare alguna persona.

Las mismas penas se aplicarán a las personas que, con impericia,

imprudencia o negligencia, faciliten alguna de las actividades anteriores.

ARTÍCULO 45.- Violación de la confidencialidad y comercialización de

productos humanos

Se impondrá prisión de seis meses a tres años al trabajador de la

salud, público o privado, o al que tenga restricción por el secreto

profesional que, a sabiendas de que un paciente está infectado por el VIH,

sin su consentimiento, de mala fe y sin justa causa de conformidad con

esta ley, facilite información, se refiera pública o privadamente a la

infección o la comunique a otra persona.

La misma pena se aplicará al trabajador de la salud, público o

privado, que ofrezca dinero a un donante de sangre, leche materna, semen,

tejidos y otros productos humanos, como compensación.

ARTÍCULO 46.- Negativa a brindar atención

Se impondrá prisión de uno a tres años al trabajador de la salud,

público o privado, o al encargado de la institución que se niegue, omita

o retarde la atención sanitaria a una persona infectada por el VIH, sin

perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrir.

Si de esta negativa resultare un daño a la salud de la persona

ofendida, la pena será de tres a ocho años de prisión.

ARTÍCULO 47.- Inhabilitación por conducta dolosa o culposa

Cuando el trabajador de la salud incurra en alguna de las conductas

descritas en los cuatro artículos anteriores, el juez podrá imponer, de

oficio, además de las penas consignadas en cada caso, la inhabilitación

absoluta o especial, de acuerdo con la gravedad del hecho y dentro de los

límites establecidos en el Código Penal.

Capítulo II

Contravenciones

ARTÍCULO 48.- Negativa a comunicar

Se impondrá una multa de uno a tres salarios base del puesto de

oficinista 1 del Poder Judicial a las personas que, de acuerdo con el

artículo 18 de esta ley y para fines epidemiológicos, estén obligadas a

reportar al Ministerio de Salud, los resultados de la infección por el VIH

y no lo hagan.

ARTÍCULO 49.- Solicitud ilegal de la prueba

Se impondrá una multa de cinco a quince salarios base

correspondientes al puesto de oficinista 1 del Poder Judicial al patrono,

médico de empresa o encargado de un centro educativo, público o privado,

que solicite u obligue a un empleado, una persona por contratar o un

estudiante que quiera ingresar o permanecer en un centro educativo, a

realizarse el examen diagnóstico de infección por el VIH, sin perjuicio de

otras responsabilidades en que pueda incurrir.

ARTÍCULO 50.- Discriminación

Quien aplique, disponga o practique medidas discriminatorias por

raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual,

posición social, situación económica, estado civil o por algún

padecimiento de salud o enfermedad, será sancionado con pena de veinte a

sesenta días multa.

El juez podrá imponer, además, la pena de inhabilitación que

corresponda, de quince a sesenta días.

ARTÍCULO 51.- Monto de las multas

Los montos que se recauden por concepto de multas de conformidad con

la aplicación de sanciones según esta ley, serán destinados a la caja

única del Estado, y deberán emplearse para cumplir con las

responsabilidades que impone la presente ley al Ministerio de Salud,

aplicando estrictamente las normas de vigilancia de la Contraloría General

de la República.

Capítulo III

Sanciones Administrativas

ARTÍCULO 52.- Incumplimiento de las medidas universales de

bioseguridad

El Ministerio de Salud apercibirá, mediante una orden sanitaria

escrita, a los establecimientos de servicios de salud, públicos o

privados, y a quienes practiquen la acupuntura, los tatuajes, los

servicios estéticos o cualquier otro procedimiento quirúrgico o invasivo,

sin contar con el material, el equipo, las normas y la capacitación

dispuestos por este para prevenir y atender el VIH. Ante el reiterado

incumplimiento injustificado de la respectiva orden sanitaria, se ordenará la clausura del establecimiento.

Título VI

Disposiciones Finales

Capítulo Único

ARTÍCULO 53.- Reformas del Código Penal

Refórmanse el artículo 262 del Código Penal, Ley

No. 4573, de 4 de mayo de 1970; además se le adiciona al artículo 81 bis

un nuevo inciso d). Los textos dirán:

"Artículo 262.- Propagación de enfermedades infecto-contagiosas

Se impondrá prisión de tres a dieciséis años a quien conociendo que

está infectado con alguna enfermedad infecto-contagiosa que implica grave

riesgo para la vida, la integridad física o la salud, infecte a otra

persona, en las siguientes circunstancias:

a) Donando sangre o sus derivados, semen, leche materna, tejidos u

órganos.

b) Manteniendo relaciones sexuales con otra persona sin informarle de

la condición de infectado.

c) Utilizando un objeto invasivo, cortante o de punción que haya

usado previamente en él."

"Artículo 81 bis.- Son delitos de acción pública y perseguibles solo

a instancia privada:

(...)

d) Los delitos contemplados en la Ley General del VIH-Sida."

ARTÍCULO 54.- Reglamentación

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, dentro del término

de seis meses contados a partir de su publicación.

ARTÍCULO 55.- Supletoriedad

Para todo lo no dispuesto en esta ley, tendrá valor supletorio la Ley

General de Salud, No. 5395, de 30 de octubre de 1973.

Esta ley rige a partir de su publicación.