Cables submarinos: quién los pone, quién los aprueba y qué pasa al vencer

Qué cambia

La ley autoriza que cables de telecomunicaciones internacionales pasen por el suelo o el subsuelo del mar donde Costa Rica tiene jurisdicción. También permite que toquen tierra firme y se conecten a la red nacional por una estación de anclaje (art. 1).

El plazo máximo de la autorización es de veinticinco años. Se puede prorrogar hasta por otros veinticinco, si las partes contratantes lo acuerdan (art. 1).

Cuando el contrato termina, la autorización caduca de pleno derecho. El Estado pasa a ser dueño del cable y de las obras complementarias, tanto en territorio nacional como en el mar territorial (art. 1).

El Poder Ejecutivo decide después si sigue explotando esos bienes, los vende o los suprime (art. 1).

La estación de anclaje forma parte del sistema de cable. El desarrollador puede construirla y operarla (art. 2).

Si el cable solo pasa o pasa y ancla, el desarrollador debe obtener autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Como alternativa, puede firmar un contrato con un operador de redes o proveedor de servicios autorizado para operar en el país (art. 2).

Ese contrato debe incluir los derechos y deberes de las partes, las causas de extinción y la obligación de indemnizar si alguien incumple. También debe dejar claro que los bienes de dominio público son inembargables e imprescriptibles (art. 2).

Los operadores autorizados pueden firmar contratos de interconexión y acceso a capacidad en los cables con los desarrolladores (art. 3).

Los desarrolladores están obligados a ofrecer capacidad a cualquier operador autorizado. Deben hacerlo en términos, precios y condiciones competitivas a nivel internacional (art. 3).

Después de firmado el contrato de interconexión, la Sutel debe aprobarlo para que tenga efecto. La Sutel puede recomendar modificarlo para proteger el interés público (art. 3).

El tráfico internacional que no nace ni termina en Costa Rica y pasa por los cables tiene paso franco. Está exento de cargas, sobretasas o impuestos y no se puede interrumpir, controlar ni regular (art. 4).

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, junto con la Presidencia de la República, autoriza por decreto la ruta de cada cable (art. 5).

Para fijar la ruta, el Poder Ejecutivo se basa en criterios técnicos del desarrollador y de la Sutel (art. 5).

El Poder Ejecutivo puede autorizar que los cables toquen tierra cuando tenga acreditado un contrato de interconexión entre el desarrollador y un operador o proveedor (art. 5).

El desarrollador debe presentar una solicitud con datos técnicos del sistema, especificaciones de materiales, planos del anteproyecto y duración estimada de la obra (art. 5).

También debe incluir la ruta del cable en territorio costarricense, las condiciones de interconexión y un estudio de impacto ambiental (art. 5).

La instalación necesita los permisos de construcción que exige la ley y debe cumplir las normas ambientales vigentes. La responsabilidad civil debe quedar prevista de forma expresa (art. 6).

El Poder Ejecutivo debía reglamentar la ley en un plazo máximo de seis meses desde su vigencia (art. 8).

La ley rige tres meses después de su publicación (art. 8).

A quién le toca

A los desarrolladores de sistemas de cable submarino. Deben obtener autorización de la Sutel o firmar contrato con un operador autorizado, y presentar la solicitud completa al Poder Ejecutivo (art. 2) (art. 5).

A los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones autorizados para operar en el país. Pueden firmar contratos de interconexión y tienen derecho a que se les ofrezca capacidad en condiciones competitivas (art. 3).

Al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y a la Presidencia de la República. Les corresponde autorizar por decreto la ruta de cada cable (art. 5).

A la Sutel. Le toca autorizar al desarrollador, aprobar los contratos de interconexión y aportar criterios técnicos para fijar la ruta (art. 2) (art. 3) (art. 5).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra la versión 4 de 4 y no anota observaciones de la Procuraduría 2.

Los artículos 2, 3 y 5 fueron reformados por el artículo 75 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley 8642 del 4 de junio de 2008 3.

El artículo 7 fue derogado por ese mismo artículo 75 (art. 7).

El texto vigente que muestra SINALEVI es el consolidado con esas reformas. No hay una versión anterior distinta que el lector deba comparar 2.

Frente a la Constitución

El artículo 1 de la ley se apoya en el artículo 6 de la Constitución. Ese artículo dice que el Estado ejerce soberanía en sus aguas territoriales hasta doce millas y jurisdicción especial sobre los mares adyacentes hasta doscientas millas §Constitución, art. 6 (art. 1).

El artículo 4 exime de impuestos al tráfico internacional que solo pasa por el país. El Censo no encontró choque directo con la Constitución en ese punto, porque la propia ley lo enmarca en el tránsito internacional (art. 4).

El artículo 3 obliga a los desarrolladores a ofrecer capacidad en condiciones competitivas. Eso calza con el artículo 46, que prohíbe los monopolios particulares y protege la libertad de comercio §Constitución, art. 46 (art. 3).

El artículo 1 dice que, al vencer el plazo, el Estado adquiere el cable y las obras sin que el texto mencione indemnización. El artículo 45 de la Constitución dice que nadie puede ser privado de su propiedad sin interés público comprobado y previa indemnización §Constitución, art. 45 (art. 1).

Ahí hay una duda que el Censo no puede resolver: el texto no aclara si esa transferencia se pacta en el contrato o si opera sin pago. La Sala Constitucional tendría que interpretarlo (art. 1) §Constitución, art. 45.

El artículo 5 permite al Poder Ejecutivo autorizar por decreto la ruta del cable. El artículo 140 de la Constitución le da al Presidente y al Ministro la potestad de reglamentar y ejecutar las leyes §Constitución, art. 140 (art. 5).

El Censo no encontró choque entre esa potestad y la Constitución.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo por esta ley, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

Debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas. No necesita citar la norma constitucional infringida §guía, p. 23.

Puede presentarlo por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades §guía, p. 23.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para interponerla normalmente se requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa. No se necesita ese caso cuando se defienden intereses difusos o colectivos §guía, p. 24.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en la autorización o los contratos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza el uso de fondos públicos y revisa contratos de instituciones públicas §guía, p. 68.

La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si una institución pública le falla en un servicio relacionado, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

La Defensoría no investiga casos que estén esperando una resolución judicial §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26.

La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántos cables submarinos operan hoy bajo esta ley ni cuántas autorizaciones se han otorgado.

El dossier no permite saber si el Poder Ejecutivo emitió el reglamento que ordena el artículo 8.

El dossier no aclara si la transferencia de propiedad al vencer el plazo se pacta con indemnización en cada contrato.