El Estado traspasa una finca en San Ramón a una asociación antialcohólica

Qué cambia

La ley autoriza al Estado a traspasar una finca a la Asociación Lucha Antialcohólica Ramonense. La propiedad está inscrita en el Registro Público, Sección Propiedad, Partido de Alajuela, tomo 1988, folio 3, No. 138400, asiento 1, en el distrito 1º de San Ramón, cantón II de San Ramón, provincia de Alajuela (art. 1).

El terreno tiene un uso único: desarrollar programas preventivos contra el alcoholismo en ese cantón (art. 1).

La asociación beneficiaria, con cédula jurídica No. 3-002-045574-01, no puede traspasar la propiedad por ningún título durante diez años contados desde el traspaso (art. 2).

En ese mismo plazo tampoco puede gravarla, salvo para darla en garantía a bancos o instituciones financieras del Estado. Ese gravamen solo sirve para financiar la construcción de edificaciones que cumplan los fines de la entidad (art. 2).

La Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, otorga la escritura pública y la inscribe en el Registro Público (art. 3).

La inscripción queda exenta del pago de todo tipo de timbres, derechos de registro e impuesto de transferencia sobre bienes inmuebles (art. 3).

La ley rige a partir de su publicación (art. 3).

A quién le toca

A la Asociación Lucha Antialcohólica Ramonense, cédula jurídica No. 3-002-045574-01, que recibe la finca y queda atada a usarla solo para programas preventivos contra el alcoholismo en San Ramón (art. 1).

A esa misma asociación se le impide vender o traspasar el terreno por diez años, y solo puede hipotecarlo ante bancos o instituciones financieras del Estado para construir (art. 2).

A la Procuraduría General de la República, que por medio de la Notaría del Estado debe otorgar e inscribir la escritura (art. 3).

A las personas de San Ramón que se beneficien de los programas preventivos contra el alcoholismo que se financien con esa propiedad (art. 1).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI registra el nombre "Instituto de Alcoholismo IAFA Traspasa Terreno" y la versión 2 de 2, sin observaciones de la Procuraduría 2.

El texto consolidado que publica SINALEVI no difiere del aprobado en los artículos que revisa este artículo 2.

Frente a la Constitución

El traspaso de un bien del Estado a una asociación privada toca el artículo 45, que declara la propiedad inviolable y exige interés público comprobado e indemnización previa para privar a alguien de lo suyo §Constitución, art. 45. Aquí el Estado es el dueño que entrega el bien, y la ley fija un destino de interés social: programas preventivos contra el alcoholismo (art. 1). El Censo no encontró un choque directo con ese artículo.

El artículo 121 da a la Asamblea Legislativa la atribución exclusiva de dictar las leyes §Constitución, art. 121. Esta ley es una autorización legislativa para disponer de un inmueble estatal, lo que calza con esa atribución.

El artículo 182 exige licitación para las ventas de bienes pertenecientes a las instituciones del Estado §Constitución, art. 182. La ley no menciona licitación: ordena un traspaso directo a una asociación con nombre y cédula jurídica (art. 1). Esa diferencia deja una duda sobre si el traspaso directo debió pasar por concurso, y solo la Sala Constitucional podría resolverla.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de la Procuraduría o de la asociación viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad contra las leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para esa acción se requiere un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de la defensa de intereses difusos §guía, p. 24.

Si sospecha un manejo irregular de recursos públicos en la ejecución de este traspaso, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Las denuncias se presentan en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, o al teléfono 2501-8025 §guía, p. 68.

También puede acudir a la Defensoría de los Habitantes si una institución pública le brinda un mal servicio o actúa de forma irregular. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, la vía es una iniciativa popular: el proyecto se traslada a la Asamblea Legislativa y debe votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice la fecha de publicación de la ley ni cuándo se hizo el traspaso.

El dossier no indica el valor de la finca ni el monto de los timbres que se exoneran.

El dossier no dice si la asociación ya construyó o si pidió algún crédito con la propiedad en garantía.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.