Multas por llamadas falsas al 9-1-1 llegan al recibo del ICE

Qué cambia

La ley 7949 reforma la Ley de Creación del Sistema de Emergencia 9-1-1, número 7566, del 18 de diciembre de 1995 (art. 1). Agrega reglas para cobrar multas por uso indebido del 9-1-1 y cambia la numeración de varios artículos.

El artículo 1, inciso a, suma un párrafo final al artículo 8. El Sistema dicta las resoluciones de cobro por uso indebido (art. 1). Si alguien presenta recursos ordinarios o extraordinarios, el caso pasa a la Comisión coordinadora del Sistema. Cuando la resolución queda firme, se envía al departamento de facturación del Instituto Costarricense de Electricidad. El ICE la incluye en el recibo mensual del derecho telefónico.

El artículo 16 prohíbe usar el 9-1-1 para llamadas obscenas, morbosas o insultantes (art. 16). También prohíbe reportar falsas emergencias que obliguen a gastar a las instituciones de salud y seguridad.

El artículo 17 fija la multa. Es un 25% del salario base de oficinista 1 del último presupuesto ordinario de la República (art. 17). Se aplica cuando se comprueban de una a diez llamadas prohibidas en un mes calendario, desde el mismo derecho telefónico. La multa sube a un 50% si se comprueban más de diez llamadas. El salario base es el definido en el artículo 2 de la Ley 7337, del 5 de mayo de 1993.

El artículo 18 da audiencia al presunto infractor por cinco días hábiles (art. 18). Ahí puede presentar alegatos y pruebas de descargo. Si el Sistema obtiene prueba nueva, da otra audiencia por tres días hábiles. Después dicta resolución definitiva. Contra ella caben los recursos del artículo 343 de la Ley General de la Administración Pública. La notificación de apertura del proceso se entrega junto con el recibo telefónico.

El artículo 18 también dice qué prueba vale. La información del sistema de cómputo, certificada por el Director del Sistema, constituye plena prueba (art. 18). También valen otros medios probatorios que permitan la tecnología y las leyes.

El artículo 19 ordena al ICE incluir la multa en la factura del titular del servicio telefónico convencional o celular (art. 19). Lo hace cuando la multa ya está impuesta mediante resolución firme.

El artículo 20 dice a dónde va el dinero. El monto entra al presupuesto del Sistema 9-1-1 (art. 20). Se usa para campañas publicitarias y actividades educativas sobre el uso correcto del Sistema. También se puede invertir en mejorar el equipo de las instituciones afectadas y resarcir daños por desplazamientos en falso, previa demostración.

El artículo 2 deroga el artículo 3 de la Ley 7740, del 19 de diciembre de 1997 (art. 2). La ley rige a partir de su publicación.

A quién le toca

A cualquier persona con servicio telefónico convencional o celular en Costa Rica. El ICE incluye la multa en su factura si hay resolución firme (art. 19).

A quien haga llamadas obscenas, morbosas o insultantes al 9-1-1, o reporte falsas emergencias (art. 16). Esa persona se expone a la multa del artículo 17 (art. 17).

Al titular del derecho telefónico desde donde salen las llamadas. La multa se calcula por llamadas emanadas del mismo derecho telefónico (art. 17).

Al presunto infractor, que tiene derecho a audiencia de cinco días hábiles y a presentar pruebas (art. 18). También tiene derecho a una segunda audiencia de tres días si aparece prueba nueva.

Al Instituto Costarricense de Electricidad, que debe facturar la multa (art. 19).

Al Sistema de Emergencia 9-1-1, que recibe el dinero para campañas educativas y para resarcir daños (art. 20).

Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación disponible no trata sobre la ley 7949. El video V1 es un noticiario de la Asamblea Legislativa del 26 de abril de 2021 00:00:03. Habla de otros temas: un proyecto sobre adultos mayores, un informe sobre campañas del PAC y contratación pública 00:00:18.

Sobre el 9-1-1 no hay ninguna intervención en esa grabación. Por eso esta sección no puede citar opiniones de diputados sobre esta ley.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no anota observaciones de la Procuraduría 3.

El texto consolidado que publica SINALEVI coincide con el aprobado. No hay una segunda versión que cambie lo que dice la ley 3.

La Ley 7740 sigue vigente, pero su artículo 3 quedó derogado por el artículo 2 de la Ley 7949 4. Ese artículo 3 trataba de nombramientos de personal nuevo en el ICE.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 18 de la Constitución dice que los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes y contribuir para los gastos públicos §Constitución, art. 18. La multa es una contribución que la ley autoriza, y la ley fija el monto y el procedimiento (art. 17).

El artículo 121, inciso 1, da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar las leyes §Constitución, art. 121. Esta reforma salió de la Asamblea y rige desde su publicación (art. 2).

Hay una duda posible sobre el debido proceso. La ley da audiencia de cinco días hábiles antes de la multa (art. 18). También permite recursos contra la resolución definitiva. Eso calza con un procedimiento administrativo, pero la Constitución no detalla plazos de audiencia en el dossier §Constitución, art. 18.

Otra duda posible: la notificación de apertura del proceso se entrega junto con el recibo telefónico (art. 18). Una persona podría no enterarse a tiempo para usar sus cinco días de audiencia. Eso podría chocar con el derecho de defensa, pero el dossier no trae el artículo constitucional que lo regula. El Censo no puede afirmar que sea inconstitucional.

Qué puede hacer usted

Si le llega una multa en el recibo, puede presentar un recurso de amparo. Procede contra actos u omisiones de servidores públicos que violen derechos fundamentales §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos §guía, p. 22. Si el asunto es patrimonial, el plazo es de dos meses desde que usted tuvo noticia fehaciente de la violación.

Para redactarlo, exprese con claridad el hecho que lo motiva, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano autor y las pruebas §guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida. No requiere autenticación y puede presentarse por memorial o por escrito.

También puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley si considera que infringe la Constitución §guía, p. 24. Para eso necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa. No hace falta ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si el problema es el mal funcionamiento del servicio del 9-1-1 o del cobro, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si fue maltratada en sus derechos por una institución pública.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos que recauda el Sistema, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría revisa presupuestos de empresas públicas como el ICE. Las denuncias se presentan en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, o al teléfono 2501-8025. También por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Lo que no sabemos

El dossier no dice el monto exacto en colones del salario base de oficinista 1, así que no se puede calcular la multa en dinero.

El dossier no dice cuántas multas se han impuesto desde que rige la ley.

El dossier no trae el texto del artículo 343 de la Ley General de la Administración Pública, que regula los recursos contra la resolución.

El dossier no trae el artículo constitucional que regula el derecho de defensa, para comparar con la notificación que llega en el recibo.