La Asamblea puede convocar concursos de ensayo y pagar premios

Qué cambia

La ley autoriza a la Asamblea Legislativa a convocar concursos nacionales de ensayo por medio del Directorio Legislativo (art. 1). Los concursos van dirigidos a especialistas, estudiantes y público en general.

La Asamblea queda facultada para hacer las transferencias necesarias para dar contenido económico a la premiación que disponga la comisión organizadora (art. 1).

El Directorio Legislativo crea una comisión que organiza los concursos (art. 2). Esa comisión conforma el jurado de cada concurso según el tema, fija el tema de cada año, determina los tipos de premio y sus montos, y define los plazos para presentar las obras.

Las bases dicen que los ensayos tratan sobre el tema que fije la comisión cada año (art. 3). Deben ser originales, inéditos, escritos en español y con un máximo de dos autores. No deben haber sido premiados en ningún otro concurso.

Para concursar hay que entregar tres ejemplares del ensayo en la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa (art. 3). Cada ejemplar va firmado con un seudónimo y dentro de un sobre cerrado y lacrado. Ese sobre contiene el nombre del autor y la indicación del seudónimo usado.

El Directorio de la Asamblea se reserva el derecho de publicar los ensayos premiados y cualquier otro que, aunque no haya sido premiado, se considere de interés (art. 4).

El primer concurso se hace para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la Constitución Política, y ese será el tema (art. Transitorio Único). La ley rige a partir de su publicación.

A quién le toca

A especialistas, estudiantes y público en general que quieran participar: la ley abre los concursos a esos tres grupos (art. 1).

A quienes presenten un ensayo: deben ser originales, inéditos, en español y con un máximo de dos autores (art. 3).

A quienes ya ganaron otro concurso con el mismo texto: ese ensayo no puede participar porque no debe haber sido premiado en ningún otro concurso (art. 3).

A los autores que entregan obra: deben llevar tres ejemplares a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa, firmados con seudónimo y en sobre cerrado y lacrado con su nombre y el seudónimo (art. 3).

Al Directorio Legislativo: le toca convocar los concursos y crear la comisión organizadora (art. 1) (art. 2).

A la comisión organizadora: le toca conformar el jurado, fijar el tema anual, determinar premios y montos, y definir plazos (art. 2).

A los autores premiados o considerados de interés: el Directorio puede publicar sus ensayos (art. 4).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente 2. SINALEVI registra la versión 2 de 2 de la norma y no le pone observaciones.

El texto consolidado que publica SINALEVI es el que se cita en este artículo (art. 1). No aparece en el dossier una versión anterior distinta del articulado que obligue a comparar dos textos.

Frente a la Constitución

La Constitución dice que la potestad de legislar reside en el pueblo y que este la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio §Constitución, art. 105. La ley 7966 es una ley de la Asamblea que autoriza a su propio Directorio a convocar concursos y a girar transferencias para premios (art. 1). El Censo no encontró choque entre esa autorización y el artículo 105, porque se trata de una ley ordinaria aprobada por la Asamblea.

El artículo 121 enumera las atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa, entre ellas dictar las leyes §Constitución, art. 121. La ley 7966 encaja en esa atribución: es una ley que la Asamblea dictó y que ordena a su Directorio organizar los concursos (art. 1).

El artículo 124 dice que para convertirse en ley todo proyecto debe pasar dos debates, aprobación de la Asamblea, sanción del Poder Ejecutivo y publicación en La Gaceta §Constitución, art. 124. El dossier no incluye el expediente de aprobación de la ley 7966, así que no permite verificar esos pasos. El Censo no encontró en el texto de la ley nada que contradiga ese trámite.

El artículo 184 da a la Contraloría la función de fiscalizar la ejecución de los presupuestos y de visar las órdenes de pago contra fondos del Estado §Constitución, art. 184. La ley 7966 faculta a la Asamblea a hacer transferencias para la premiación (art. 1). Esas transferencias siguen sujetas al control de la Contraloría por mandato constitucional. El Censo no encontró choque en ese punto.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de la comisión organizadora o del Directorio le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado o amenazado, el nombre del servidor u órgano autor y las pruebas §guía, p. 23. No necesita citar la norma constitucional infringida si determina claramente el derecho lesionado.

Si considera que la propia ley 7966 infringe la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Cabe contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional.

La acción de inconstitucionalidad requiere, por regla, un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento administrativo donde se invoque §guía, p. 24. No hace falta ese caso pendiente cuando no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos públicos destinados a los premios, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos de las instituciones del Estado.

La denuncia se presenta de forma personal en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club §guía, p. 68. También puede llamar al 2501-8000 o al 2501-8025, usar el portal de Denuncia Electrónica o escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le falla en la organización del concurso, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública puede presentarla.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero se ha girado para premios ni cuáles montos fijó la comisión organizadora.

El dossier no dice cuántos concursos se han convocado desde que rige la ley.

El dossier no incluye el expediente de aprobación de la ley 7966 ni la fecha de su publicación en La Gaceta.

El dossier no permite saber si la comisión organizadora está integrada hoy ni quiénes la forman.