Junta de Protección Social puede donar su superávit a hospitales

Qué cambia

La ley autoriza a la Junta de Protección Social de San José a donar recursos de su superávit a las asociaciones y fundaciones pro hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social que estén constituidas conforme a derecho (art. 1). Esos recursos solo se pueden usar para comprar equipo médico y para proyectos de infraestructura.

El dinero donado no puede afectar los programas de ayuda social que ya tiene la Junta de Protección Social (art. 2). Las organizaciones beneficiadas y los proyectos se escogen después de que cada organización presente su proyecto específico. La Junta Directiva de la institución donante debe aprobarlo.

Para recibir el dinero, la asociación o fundación debe cumplir seis requisitos y presentarlos a la Junta de Protección Social (art. 3). Debe tener un año de constituida. Debe tener como únicos fines el mejoramiento y mantenimiento del hospital. Debe tener el aval de la Junta Directiva del hospital respectivo. Debe aportar una certificación de la Corte Suprema de Justicia que demuestre que sus miembros no han sido condenados por sentencia firme por hechos ilícitos. Debe adjuntar un detalle de los proyectos con plazos, costos y fuentes de financiamiento. Debe tener personería jurídica vigente.

Si hay más de una asociación o fundación pro hospital, la Junta de Protección Social reparte los recursos según el reglamento de la ley (art. 4).

Las organizaciones beneficiadas deben entregar un informe anual a la Contraloría General de la República y a la Junta de Protección Social sobre el uso y destino de los fondos recibidos (art. 5). El plazo es a más tardar el último día hábil del año fiscal correspondiente a la ejecución del programa o proyecto.

Si no presentan el informe o si hay evidencia de irregularidades en el uso de los fondos, la organización queda imposibilitada temporalmente para recibir los recursos (art. 5). La sanción es permanente si, después de una investigación que respete el debido proceso, se comprueban irregularidades. En ese caso pierde su condición de beneficiaria y esta se otorga a otra institución que cumpla los requisitos del artículo 3. La Contraloría informa de oficio a la Procuraduría General de la República.

El Poder Ejecutivo debe dictar los reglamentos necesarios a más tardar sesenta días después de que la ley entre en vigencia (art. 6). Si no hay reglamento, la ley se puede aplicar igual. La ley rige a partir de su publicación.

A quién le toca

A las asociaciones y fundaciones pro hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social que quieran recibir dinero del superávit de la Junta de Protección Social. Deben cumplir los seis requisitos del artículo 3 y presentar sus proyectos a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social (art. 3).

A la Junta de Protección Social de San José, que es la que dona los recursos y aprueba los proyectos (art. 1) (art. 2).

A la Contraloría General de la República, que recibe el informe anual de las organizaciones beneficiadas y puede informar a la Procuraduría General de la República si encuentra irregularidades (art. 5).

A la Procuraduría General de la República, que recibe el aviso de la Contraloría cuando se comprueban irregularidades (art. 5).

Al Poder Ejecutivo, que debe dictar el reglamento de la ley en sesenta días (art. 6).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI muestra la versión 2 de 2, que es la última versión de la norma 2. No tiene observaciones de la Procuraduría General de la República. El texto consolidado de SINALEVI es el que se usa en este artículo (art. 1).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier. La ley ordena a la Contraloría General de la República revisar el uso de fondos públicos, y la Constitución le da a la Contraloría la función de fiscalizar y glosar las cuentas de las instituciones del Estado §Constitución, art. 184. La ley también respeta el debido proceso antes de imponer una sanción permanente (art. 5), y la Constitución garantiza que nadie sufra una pena sin sentencia firme y sin oportunidad de defensa §Constitución, art. 39.

Hay una duda posible sobre el artículo 180 de la Constitución, que dice que el presupuesto es el límite para usar los recursos del Estado y que solo se modifica por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo §Constitución, art. 180. La ley permite donar un superávit sin pasar por una modificación presupuestaria. No se puede afirmar que eso sea inconstitucional. Es una duda que solo la Sala Constitucional podría resolver.

Qué puede hacer usted

Si usted es parte de una asociación o fundación pro hospital y cree que la Junta de Protección Social no le está dando los recursos que le corresponden, puede presentar un recurso de amparo. El amparo procede contra actos u omisiones de servidores públicos que violen o amenacen violar derechos fundamentales §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

Si lo que quiere es impugnar la ley misma por un posible choque con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Para interponerla, por regla general debe existir un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento administrativo. No se necesita ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si sospecha que una asociación o fundación está usando mal los fondos públicos que recibió, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos y revisa los fondos que administran privados, como las transferencias a fundaciones §guía, p. 68. Puede presentar la denuncia personalmente en Sabana Sur, llamar al 2501-8000 o al 2501-8025, usar el portal de denuncia electrónica o escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le está dando un mal servicio relacionado con esta ley, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero ha donado la Junta de Protección Social desde que rige la ley.

El dossier no dice cuántas asociaciones o fundaciones pro hospitales han recibido recursos.

El dossier no incluye el reglamento que el Poder Ejecutivo debía dictar en sesenta días.

El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.