Exportadores de banano deberán marcar cada caja con "Banano de Costa Rica"

Qué cambia

Quien exporta banano producido en Costa Rica tiene que señalar que la fruta es costarricense (art. 1). La obligación recae en personas físicas o jurídicas exportadoras.

La forma de cumplirla es poner un sello en cada mano de banano y en las cajas o bultos de cualquier peso (art. 2). En ese sello debe decir la frase "Banano de Costa Rica".

No hace falta un sello nuevo. Se pueden usar los sellos que ya llevan la marca bajo la cual se exporta el banano (art. 3). La condición es que la frase "Banano de Costa Rica" se vea y se lea bien.

Si no se cumple, el Ministerio de Hacienda no tramita las solicitudes de incentivos o exoneración que presente el exportador, o suspende su conocimiento (art. 4). Hacienda actúa a solicitud del Ministerio de Comercio Exterior y con base en un informe técnico de la Corporación Bananera Nacional, S.A..

La ley rige desde hace años: entró a regir noventa días naturales después de su publicación (art. 5). SINALEVI la muestra vigente, en su versión 1 de 1, sin observaciones 2.

A quién le toca

A las personas físicas o jurídicas que exportan banano producido en Costa Rica (art. 1). Son las que deben señalar el origen costarricense de la fruta.

A esas mismas exportadoras les toca decidir cómo cumplen: con un sello propio o con el sello de la marca bajo la cual exportan, siempre que la frase se consigne de forma visible y legible (art. 3).

Al Ministerio de Hacienda le toca no tramitar o suspender el conocimiento de solicitudes de incentivos o exoneración cuando hay incumplimiento (art. 4).

Al Ministerio de Comercio Exterior le toca pedir esa medida a Hacienda (art. 4).

A la Corporación Bananera Nacional, S.A. le toca emitir el informe técnico que fundamenta la medida (art. 4).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente 2. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la 1 de 1, y no le anota observaciones.

El texto consolidado que publica SINALEVI coincide con el aprobado: los cinco artículos tratan la obligación de identificar el origen, la forma de cumplirla, el uso de los sellos de marca, la sanción y la vigencia (art. 1) (art. 2) (art. 3) (art. 4) (art. 5).

El dossier también incluye el Decreto No 38.013/MAG, que reglamenta parcialmente la ley 3. Ese decreto establece que se tendrá por válido el empleo del sello de la indicación geográfica en el caso del producto autorizado a emplearla por el Consejo Regulador de la indicación geográfica.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.

El artículo 50 manda al Estado organizar y estimular la producción y procurar el mayor bienestar a todos los habitantes §Constitución, art. 50. Identificar el origen del banano exportado encaja con ese mandato de estimular la producción (art. 1).

El artículo 18 dice que los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes §Constitución, art. 18. La obligación de marcar el origen es una obligación legal para quienes exportan (art. 1).

El artículo 11 exige que los funcionarios públicos cumplan los deberes que la ley les impone y no se arroguen facultades no concedidas §Constitución, art. 11. La ley le da a Hacienda una facultad concreta: no tramitar o suspender solicitudes de incentivos o exoneración (art. 4).

El artículo 124 regula cómo se convierte un proyecto en ley: dos debates, aprobación de la Asamblea, sanción del Poder Ejecutivo y publicación en La Gaceta §Constitución, art. 124. El dossier no permite verificar esos pasos para la ley 8063.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública le viola o amenaza violar un derecho, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado del todo sus efectos directos §guía, p. 22. En el escrito se expresa el hecho o la omisión, el derecho violado o amenazado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas de cargo §guía, p. 23. No requiere otras formalidades ni autenticación.

Si lo que quiere es atacar la ley misma por infringir la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional. El artículo 75 pide, por regla, un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa donde se invoque la inconstitucionalidad. No se necesita ese caso pendiente cuando no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si el problema es el manejo de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La CGR fiscaliza el uso de los fondos públicos de las instituciones del Estado. La denuncia se presenta de forma escrita o verbal para que se investigue un hecho que se presume irregular. Puede hacerlo personalmente en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, o llamando al 2501-8000 o al 2501-8025. También por el portal de Denuncia Electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si lo que falla es un servicio de una institución pública, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en sus derechos o intereses por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios puede presentar la queja. La Defensoría no investiga casos que estén a la espera de una resolución judicial.

Si quiere cambiar la ley, existe la iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto y seguir el procedimiento.

Lo que no sabemos

El dossier no dice la fecha exacta de publicación de la ley en La Gaceta, así que no se puede fijar el día en que empezó a regir.

El dossier no incluye el texto completo del Decreto No 38.013/MAG, solo un resumen.

El dossier no dice cuántas exportadoras han sido sancionadas por incumplir la ley.

El dossier no permite verificar los debates legislativos ni la sanción del Poder Ejecutivo de la ley 8063.