La ley castiga con cárcel a quien espíe mensajes o altere datos ajenos

Qué cambia

La Ley 8148 agregó tres artículos al Código Penal. El primero castiga a quien espíe sus mensajes. El artículo 196 bis sanciona con prisión de seis meses a dos años a quien, sin su consentimiento, se apodere, acceda, modifique, intercepte o difunda mensajes, datos e imágenes guardados en soportes electrónicos, informáticos, magnéticos o telemáticos (art. 196 bis). La pena sube a uno a tres años si quien hace eso es la persona encargada de esos soportes.

El segundo castiga el fraude informático. El artículo 217 bis impone de uno a diez años de prisión a quien, buscando un beneficio económico para sí o para un tercero, influya en el procesamiento o el resultado de los datos de un sistema de cómputo (art. 217 bis). El texto menciona programación, datos falsos o incompletos, uso indebido de datos o cualquier otra acción que incida en el proceso de los datos.

El tercero castiga la alteración de datos y el sabotaje. El artículo 229 bis impone de uno a cuatro años a quien acceda, borre, suprima, modifique o inutilice sin autorización los datos registrados en una computadora (art. 229 bis). Si eso entorpece o inutiliza un programa, una base de datos o un sistema informático, la pena va de tres a seis años. Si esos sistemas contienen datos de carácter público, la pena llega hasta ocho años.

La ley rige desde su publicación (art. único).

A quién le toca

A cualquier persona que use una computadora o un teléfono. Los tres artículos hablan de "la persona que" realiza las conductas, sin pedir cargo ni profesión (art. 196 bis) (art. 217 bis) (art. 229 bis).

A quienes administran sistemas o dan soporte técnico. El artículo 196 bis les pone una pena mayor, de uno a tres años, cuando son ellos quienes espían los mensajes (art. 196 bis).

A quien trabaje con datos públicos. El artículo 229 bis sube la pena hasta ocho años si el sistema alterado contiene datos de carácter público (art. 229 bis).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no anota observaciones de la Procuraduría 2.

Hay un detalle que conviene mirar. El Código Penal que cita SINALEVI tiene hoy un artículo 196 bis distinto, llamado "Violación de datos personales" 3. Ese texto sanciona con uno a tres años a quien, en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad, se apodere, modifique, acceda, copie, transmita o difunda datos de una persona sin autorización del titular. La pena sube a dos a cuatro años en tres casos: cuando lo hace alguien encargado de administrar el sistema, cuando la información es de un menor de edad o incapaz, o cuando los datos revelan ideología, religión, creencias, salud, origen racial, preferencia o vida sexual. Ese mismo artículo aclara que no es delito publicar información de interés público, documentos públicos o datos de registros públicos de acceso irrestricto, si se tuvo acceso conforme a los procedimientos y limitaciones.

El dossier no permite saber si el artículo 196 bis de la Ley 8148 sigue vigente tal como se aprobó, o si fue sustituido por el texto que hoy muestra el Código Penal. Tampoco permite saber cuándo ni con qué ley cambió.

Frente a la Constitución

El artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones §Constitución, art. 24. También dice que son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. El artículo 196 bis de la Ley 8148 castiga justamente a quien intercepta o difunde mensajes sin consentimiento (art. 196 bis). En ese punto, el texto calza con la protección que ordena la Constitución.

El mismo artículo 24 permite que la ley fije en qué casos los Tribunales de Justicia podrán ordenar el secuestro, registro o examen de documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer un asunto §Constitución, art. 24. También ordena que la ley indique los delitos en cuya investigación se podrá intervenir comunicaciones y durante cuánto tiempo. La Ley 8148 no regula ese procedimiento: solo define el delito y la pena (art. 196 bis). El Censo no encontró en el dossier una norma que fije esos plazos y casos para este delito en particular.

El artículo 35 de la Constitución dice que nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino por los tribunales establecidos de acuerdo con la Constitución §Constitución, art. 35. Los tres artículos de la Ley 8148 remiten a los tribunales comunes y no crean tribunales especiales (art. 196 bis) (art. 217 bis) (art. 229 bis). El Censo no encontró choque en ese punto.

El artículo 121, inciso 1, de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar las leyes §Constitución, art. 121. La Ley 8148 se aprobó por esa vía 1.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio. Se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra las leyes y otras disposiciones generales que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. El artículo 75 pide que exista un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo donde se invoque esa inconstitucionalidad. No hace falta ese caso pendiente cuando no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si alguien cometió uno de estos delitos contra usted, puede denunciarlo. Quien tenga noticia de un delito de acción pública puede denunciarlo al Ministerio Público, a un tribunal con competencia penal o a la Policía Judicial §guía, p. 126. La denuncia puede ser escrita o verbal, personalmente o por mandatario especial. Recoja pruebas en el lugar de los hechos lo antes posible: testigos, documentos, fotos. Denunciar sin aportar pruebas es inútil, porque los jueces deben basar la sentencia en pruebas.

Si quiere cambiar la ley, existe la iniciativa popular. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no permite saber si el artículo 196 bis de la Ley 8148 sigue vigente tal como se aprobó, o si fue sustituido por el texto de "Violación de datos personales" que hoy muestra el Código Penal.

El dossier no permite saber cuándo ni con qué ley cambió ese artículo, si cambió.

El dossier no permite saber cuántas personas han sido condenadas con estos tres artículos.

El dossier no permite saber qué plazos y casos fija la ley para intervenir comunicaciones en la investigación de estos delitos.